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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Despido con causa. Competencia desleal. Buena fe. Deber de no concurrencia. Deber de fidelidad
Se rechaza la demanda por despido interpuesta por la trabajadora, habida cuenta de que la desviación de clientela de su empleador a favor de su nuevo emprendimiento configuró una violación al deber de no concurrencia y, por ende, una grave injuria laboral.
Buenos Aires, 01/10/19
El Dr. LEONARDO J. AMBESI dijo:
I- Llegan los autos a conocimiento de esta alzada con motivo de los recursos deducidos por la demandada Imagen y Estética S.A a fs.267I/268I (replicado a fs. 283I/ 284I.), y por la accionante conforme el memorial de fs.270I/277I, (contestado a fs. fs.279I/282I).
II- Se agravia la parte actora contra la sentencia dictada por la Sra. Juez de grado, en cuanto consideró justificado el despido directo fundado en la causal de pérdida de confianza. Critica la valoración realizada por la magistrada de la testimonial obrante en autos, se queja por no haberse tenido en cuenta que los demandados nunca intimaron a la actora, con carácter previo a la ruptura, observa que no se generó daño real a la parte empleadora, lo que indica la falta de nexo causal entre la merma de clientela posterior al distracto y la actitud de la trabajadora durante la relación laboral, advirtiendo asimismo que no hubo contemporaneidad entre la supuesta infracción que se imputa a la accionante y el despido con causa articulado. Por otra parte, apela la regulación de honorarios fijada en origen, donde se determinó que las costas fueran en el orden causado.
La parte codemandada Imagen y Estética S.A se agravia por la multa que le fue impuesta en la sentencia debida a la falta de entrega de los certificados de trabajo correspondientes. A su vez, también cuestiona la fijación de las costas en el orden causado.
III.- Por una cuestión de mérito daré tratamiento a los agravios vertidos por la accionante.
Adelanto que en mi opinión corresponde confirmar la decisión recurrida.
No hay discución entre las partes en cuanto a que el día 03/10/2016, la actora fue despedida a tenor de la comunicación en la cual se invocó, como causal de injuria impeditiva de la continuidad del contrato (art. 242 LCT) , el supuesto de “pérdida confianza” imputándose a la actora “haber incurrido en gravísima falta a los elementales principios de buena fe (art.63, deber de fidelidad (art.85) y de no concurrencia (art.88) actuando en competencia desleal y en manifiesto perjuiciotanto a esta parte empleadora como en perjuicio también al resto de los trabajdroes…Me refiero específicamente a los hechos de público y notorio conocimiento en los que Ud. participara con la evidente y expresa finalidad de derivación de todo tipo de recursos, tanto humanos como materiales y de clientela hacia otra y nueva peluquería que Ud. junto con otros empleados desleales se encuentran conformando y en proceso de apertura a menos de 200 metros de nuestro establecimiento. Exactamente en la calle…mientras continua trabajando en nuestra peluquería arpovechándose de los beneficios que ello le reporta para hasta incluso insólitamente publicitar, dentro de nuesto establecimiento y a favor de aquel otro, avisos promocionales de servicios y precios en condiciones más favorables para la captación de dicha misma clientela” (fs.29).
Frente a la negativa y rechazo de la trabajadora a los hechos e incumplimientos esgrimidos, correspondía a la demandada arrimar a la causa elementos probatorios que sostengan la existencia de la falta atribuida, para así analizar si las circunstancias probadas revestían gravedad suficiente como causal de injuria extintiva del contrato de trabajo.
En este punto, se queja la recurrente pues considera que la sentenciante le ha otorgado validez a los testimonios brindados por Lólpez, Tosti, Spalletta y Fernández quienes, a su entender, carecerían de objetividad al estar bajo la subordinación de las demandadas, a las que intentan favorecer con sus declaraciones.
Al respecto, la apelante no hace más que reiterar las impugnaciones que, respecto de los testigos formuló en su oportunidad, con lo que su argumentación se encuentra lejos de constituir un agravio en las condiciones requeridas por el art. 116 L.O.
Sin perjuicio de ello, cabe coincidir con la magistrada de grado en cuanto a la valoración de los testimonios mencionados, los que demuestran – de modo coincidente y concordante- que Sequira participó en los hechos que se le endilgan.
López (fs.282/283), compañera de trabajo de la actora, ha sido categórica en la descripción de las acciones y situaciones que presenció, vinculadas con las cuestiones que aquí se ventilan (fs.282/283), e idéntica conclusión cabe extraer de lo manifestado por Tosti (fs. 286/287) y Spalletta (fs.288).
No soslayo que la accionada cuestiona la imparcialidad de los testigos por ser o haber sido dependientes de la accionada pero lo cierto es que, tal como lo ha sostenido desde antiguo la jurisprudencia del Fuero, “El hecho de que los testigos sean subordinados de la empresa no los invalida para declara y sus dichos, prestados bajo juramento, tienen validez probatoria en tanto no resulten dudas sobre su veracidad máxime cuando tienen el carácter de deponentes necesarios en virtud de sus intervenciones personales en los hechos en debate (cfr. CNAT, Sala V, 22/04/1997, “Zola, Susana c. Tiempo Empresario S.A.”)
En este aspecto, si bien el testimonio puntual de Fernández (ver fs.276/277) denota carencia de idoneidad respecto de los hechos aludidos, pues no los presenció, se estima que las demás declaraciones aludidas adquieren plena eficacia probatoria para acreditar los extremos en disputa pues, analizadas en su conjunto, resultan coincidentes en sus dichos, por tener conocimiento directo de los hechos que deponen y por haber integrado la comunidad laboral durante el desempeño de la actora. De allí que cabe ratificar su valor de convicción para el juzgador (arts. 90 LO y 386 CPCCN).
Respecto de lo argumentado por la recurrente, en cuanto a que la actora no fue intimada previamente y que tampoco podría ser culpable de la baja de ingresos de los demandados, debe advertirse que las obligaciones en examen constituyen una derivación natural de las reglas -principio de colaboración y de buena fe que rigen la relación de trabajo (arts. 62 y 63 LCT) y que imperan de manera constante en el vínculo. En este esquema, la falta de fidelidad causada por los comportamientos en análisis exhibe una evidente gravedad que, según la prueba testimonial, no ha mermado a través del período en examen, lo que descarta el agravio asociado a la supuesta falta de contemporaneidad entre los hechos y la decisión de ruptura. Asimismo, el deber de no concurrencia ha quedado violentado con los intentos de captación, sin que resulte exigible la existencia de un daño concreto, por cuanto las conductas que buscan acercar oportunidades comerciales para la otra empresa, sin autorización expresa o tácita de su empleadora, puedan llevar a un perjuicio real o potencial, sin necesidad de que el trabajador haya ofrecido servicios o productos a un cliente de la demandada (cfr. Sala X 05/10/2004 “Nervi, Alejandro c. Panalpina Transportes Mundiales S.A”).
En este contexto, teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia según la, cual, los jueces no tienen obligación de expedirse sobre todas y cada una de las alegaciones vertidas por las partes, sino sólo sobre las que resulten conducentes para la dilucidación del pleito, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225, 274:113, 276:132, 280:320), no resultan eficaces las demás argumentaciones vertidas en el memorial recursivo para rebatir la valoración originalmente realizada.
En suma, corresponde ratificar lo resuelto en origen, donde se concluyó que la conducta de la empelada fue violatoria de lo dispuesto en los arts. 85 y 88 de la LCT, en cuanto implicó una afectación de los intereses del empleador que entraña, la violación de los deberes de fidelidad y no concurrencia, con la consiguiente pérdida de confianza que tornó inviable la continuidad del vínculo.
Corresponde, por lo tanto, confirmar la sentencia en cuanto decide en relación.
IV- Cabe ahora dar tratamiento a los agravios vertidos por la parte demandada.
Sostiene la accionada que puso oportunamente a disposición los certificados del art. 80 LCT ya que, al enviar la carta documento en la cual la actora fue despedida, se le hizo saber que estarían a su disposición.
La recurrente no se hace cargo de los argumentos que llevaron a la sentenciante a admitir la procedencia de la multa, ya que solo se limitó a afirmar que por CD se hizo saber que la liquidación final y los certificados de empleo y servicios estaban a su disposición (ver fs. 267I.). Sin embargo, no logra rebatir que la trabajadora la intimó en tiempo y forma a la entrega de los instrumentos exigidos por el art. 80 LCT y que no obra en autos constancia de su realización.
En efecto, ninguna prueba hay en la causa que permita corroborar que, más allá de esa promesa de un hecho futuro, el cumplimiento de la obligación se haya concretado, es decir que los certificados del art. 80 LCT hayan sido confeccionados y hayan estado a disposición en el establecimiento del empleador o en el estudio identificado en la CD de fs.29, dado que ni siquiera los acompañó en sede judicial.
En consecuencia, sugiero confirmar en este aspecto el fallo apelado.
V- En lo que hace al agravio vertido por la parte actora a fs. 270I punto II, denominado “Apela regulación de honorarios”, cabe destacar que si bien en la apelación de honorarios no es necesaria la expresión de agravios, la queja intentada no indica expresamente y con precisión el motivo y sentido de la apelación, por lo que como tal resulta inadmisible.
Sin perjuicio de ello, siendo que la queja parece estar referida únicamente a la forma en que se impusieron las costas y no al monto de la regulación, será tratada en este aspecto, en conjunto con el agravio vertido sobre el tema por la codemandada.
Sobre el particular, en vista a las particulares y específicas características de la causa y en virtud de las cuestiones debatidas, estimo acertada la decisión de la magistrada de grado en cuanto impuso las costas por su orden.
VI- Al considerar el modo en que se resolvió la cuestión debatida en esta instancia, sugiero imponer las costas de alzada por su orden (art. 68, segundo párrafo CPCCN) y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el …%, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia anterior (art.38 L.O. y cctes. ley arancelaria).
VII.- Por todo ello, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia recurrida en todo lo que fue materia de recurso y agravios; 2)Imponer las costas de alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, CPCCN); 3) Regular los honorarios de la alzada a favor de la representación letrada de la parte actora y demandada en el …%, respectivamente, que se calculará sobre lo que les corresponda por su actuación en la etapa anterior (art.38 LO y cctes. ley arancelaria).
El Dr. GREGORIO CORACH dijo:
Adhiero por análogos fundamentos al voto que antecede.
El Dr. DANIEL E. STORTINI no vota (art. 125 de la L.O.).
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: Confirmar el decisorio apelado en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios; 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado (art. 68, segundo párrafo CPCCN); 3) Regular los honorarios de la alzada a favor de la representación letrada de la actora y demandada en el …%, respectivamente, que se calculará sobre lo que les corresponda por su actuación en la etapa anterior (art. 38 de la LO. y cctes. ley arancelaria).
Cópiese, regístrese, notifíquese, oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la acordada de la C.S.J.N. Nº 15/2013 y devuélvase.
Fecha de firma: 01/10/2019
Firmado por: LEONARDO JESUS AMBESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GREGORIO CORACH, JUEZ DE CAMARA
E. C. A. c/Molina, Rubén Norberto y otros s/despido – Cám. Nac. Trab. – SALA VI – 31/05/2019 – Cita digital IUSJU043341E
044168E
