Se hace lugar a la demanda por cumplimiento contractual interpuesta por los actores contra la entidad financiera y, en consecuencia, se condena al banco a cancelar el saldo de un crédito hipotecario y el gravamen real que le accede, habida cuenta de que los actores no fueron debidamente informados de las modalidades y condiciones particulares del seguro de vida obligatorio impuesto por el banco mutuante, no solo privándolos de conocer los límites de edad de las personas comprendidas en la garantía, sino también generándoles una expectativa razonable y legítima de que la muerte de cualquiera de ellos conllevaba la cancelación del saldo impago.
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