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JURISPRUDENCIADefensa del consumidor. Mutuo hipotecario. Contratos conexos. Seguro de vida colectivo. Derecho a la información
Se hace lugar a la demanda por cumplimiento contractual interpuesta por los actores contra la entidad financiera y, en consecuencia, se condena al banco a cancelar el saldo de un crédito hipotecario y el gravamen real que le accede, habida cuenta de que los actores no fueron debidamente informados de las modalidades y condiciones particulares del seguro de vida obligatorio impuesto por el banco mutuante, no solo privándolos de conocer los límites de edad de las personas comprendidas en la garantía, sino también generándoles una expectativa razonable y legítima de que la muerte de cualquiera de ellos conllevaba la cancelación del saldo impago.
En la ciudad de Mar del Plata, a los 16 días del mes febrero de dos mil dieciséis, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “BIGUERET, ANALÍA E. Y OT. C/ BCO. DE LA PROVINCIA DE BS.AS. Y OT. S/ CUMPLIMIENTO DE CONT. CIVILES/COMERCIALES” habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Ramiro Rosales Cuello:
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
CUESTIONES
1a.) ¿Es justa la sentencia de fs. 1824/1847?
2a.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO MONTERISI DIJO:
I) La sentencia de fs. 1824/1847 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación deducido a fs. 1850.
En lo que aquí interesa, el juez a quo hizo lugar a la demanda promovida por los Sres. Analía Elisa Bigueret y Daniel Alberto Guazzeti contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, condenando a éste último a que en el plazo de diez días de quedar firme la sentencia proceda a cancelar el saldo de un crédito hipotecario y el gravamen real que le accede. Asimismo, condenó a la entidad financiera accionada a reintegrar a los actores las sumas abonadas en exceso, cuya cuantía exacta -resolvió- deberá definirse en la etapa de ejecución e impuso las costas al Banco de la Provincia de Buenos Aires. En paralelo, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia Seguros S.A., admitiendo su intervención en los términos del artículo 96 del CPC y rechazando la defensa de prescripción incoada, con costas.
Para resolver de ese modo, el magistrado entendió incontrovertido que el matrimonio Bigueret-Guazzetti suscribió un mutuo con garantía hipotecaria el 20/12/1995 por la suma de U$D… ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires (entidad donde la coactora Analía Elisa Bigueret), crédito que luego fue ampliado en U$D… en fecha 25/03/1999 y refinanciado conjuntamente con el codeudor Ricardo Horacio Bigueret el 15/11/2004 para ser pagado en 240 cuotas mensuales y consecutivas. Asimismo, se consideró no discutido el hecho de que se pactó la adhesión de los tres codeudores solidarios a un seguro de vida de tipo colectivo (tomado ante la firma Provincia Seguros S.A.) que se deducía, conjuntamente con el crédito, de los haberes que percibía la actora Analía Elisa Bigueret de su empleadora.
Luego de efectuar diversas consideraciones técnico jurídicas con relación a los contratos conexos (en particular, al mutuo hipotecario y al seguro de vida colectivo) así como también a los alcances y efectos seguidos de la aplicación de la normativa consumerista (con relación al deber de información y a las cargas probatorias dinámicas aplicables a este pleito), el sentenciante concluyó que la entidad bancaria accionada omitió brindar una información acabada sobre los términos y condiciones en que se circunscribía una prestación accesoria asumida a partir de una contratación impuesta a sus adherentes (un contrato de seguro de vida colectivo) y en un contexto tal en el que se generó en los mutuarios la convicción de encontrarse amparados ante el acaecimiento del fallecimiento de uno de los adheridos (el Sr. Ricardo Horacio Bigueret, fallecido a los 79 años de edad el 14/04/2005) y con derecho a la cancelación del saldo pendiente a partir de esa fecha.
Destacó el juzgador que la demandada no ha acompañado ningún elemento probatorio que permita inferir un válido anoticiamiento de los actores respectos de los alcances cubiertos por el seguro de vida contratado a su favor (en particular, la finalización de la cobertura a partir de los 75 años de edad), a la vez que ninguna medida adoptó para anoticiar a los actores que uno de los sujetos involucrados en el seguro colectivo iba a acceder al tope máximo previsto en las condiciones del seguro dentro del plazo por el cual se financiaba la deuda.
Agregó a ello que una vez producida la muerte del codeudor solidario y anoticiada de ello, la entidad financiera debió notificar fehacientemente la culminación de la cobertura a sus mutuarios para que éstos eventualmente conduzcan sus derechos y reclamos. Entendió que en el contexto de un seguro de vida colectivo ni el asegurador ni el tomador del contrato de seguro que haya obtenido la adhesión del mutuario puede oponerle a éste cláusulas de exclusión y/o extinción del contrato de garantía que no le fueron debidamente informadas.
Seguidamente, el juez consideró que el Banco de la Provincia de Buenos Aires no logró acreditar que la cuota del seguro de vida colectivo que se le debitaba a la actora no tenía relación con la cantidad de codeudores solidarios adheridos al sistema, y que la cláusula que preveía la devolución de sumas abonadas en exceso por la mutuaria luego de haber superado el adherido los 75 años de edad es parcialmente nula por resultar abusiva y violatoria de lo dispuesto por el art. 37 de la Ley 24.240.
Por último, dejó sentado que lo obrado en las causas “Guazzetti, Daniel Alberto s/ Concurso Preventivo” -Expte. 113.264-, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Guazzetti, Daniel Alberto s/ Incidente de revisión” -Expte. 117.855-, “Bigueret, Analía Elisa s/ Concurso Preventivo” -Expte. 113.300- y “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Bigueret, Analía Elisa s/ Incidente de revisión” -Expte. 117.856- no modifica la solución que el caso merece, en tanto las conductas allí asumidas por las partes (una, intentando verificar un crédito que entiende legítimo; la otra, invocando la injusticia derivada de la no cancelación del saldo con motivo de la muerte de uno de los codeudores solidarios) son coherentes con las posiciones sostenidas en este proceso.
Con esta base entendió procedente el reclamo de los actores para que sea devuelta las sumas ilegítimamente percibidas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en concepto del crédito hipotecario desde la fecha del deceso del codeudor solidario (14/05/2005), cuyo monto exacto -afirmó el magistrado- debe ser definido en la etapa de liquidación. Todo ello, con más intereses moratorios a calcular a partir de la fecha de mora (26/02/2006) y a la tasa pasiva que paga el Banco Provincia en sus depósitos a plazo fijo realizados por Internet (tasa “BIP”) en los períodos en los que dicha modalidad estuviese vigente, y la que paga para sus plazos fijos tradicionales para períodos anteriores al 19/08/2008.
II. Síntesis de los agravios.
a. La apelante expresó sus agravios mediante la pieza que obra glosada a fs. 1854/1866, los que fueron respondidos por la actora a fs. 1868/1875
En primer término, critica la atribución de responsabilidad establecida por el juez en su decisorio. Entiende que se ha incurrido en un error en la valoración de la prueba, se ha atribuido consecuencia disvaliosas y desmedidas a la situación planteada y se han afectados derechos fundamentales de la demandada.
En cuanto a la normativa aplicable, y luego de describir la estructura de la relación contractual habida entre las partes (mutuarios, mutuante y compañía aseguradora), alega que el actor es un tercero con relación al vínculo asegurativo existente entre el Banco Provincia y la firma Provincia Seguros, y que la normativa consumerista no es aplicable a este negocio, sino solo a la relación crediticia existente entre los reclamantes y la entidad financiera.
Detalla las condiciones particulares de la póliza de seguro colectivo de vida n° … de Provincia Seguros y del anexo II del Convenio de Refinanciación de fecha 15/11/04 y alega que el Sr. Bigueret no se encontraba asegurado por haber superado la edad límite de permanencia en el seguro, en razón de haber fallecido el 14 de abril de 2005 a la edad de 79 años de edad.
Refiere haber cumplido todos los aspectos que hacen al alcance y contenido de las disposiciones contraídas en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria y su posterior refinanciación, a la vez que la accionante -dice- ha sido negligente en el ejercicio de su derecho en tiempo y forma.
Señala que no le fue retaceada información a la actora sobre el estado de su deuda ni de los pormenores del seguro contratado. Con esa base, afirma, no puede volver sobre sus pasos y cuestionar la composición de la deuda que reviste con su empleadora.
Entiende que hacer lugar a la pretensión de la actora de cancelar el saldo impago de la deuda configura una intervención de la justicia en las convenciones privadas sin limitación y fundamento legal, afectando la seguridad jurídica.
En lo tocante a la citación en garantía, se agravia de que el juez ha omitido considerar que al contestar la demanda el Banco de la Provincia de Buenos Aires solicitó la citación en garantía de la firma Provincia Seguros S.A. en los términos del artículo 118 de ley de Seguros, por lo que resulta fuera de lugar el pedido de excepción de falta de legitimación pasiva en tanto la apelante nunca sugirió su presentación en tal calidad. Invoca el principio iura curia novit e insiste en que nunca se consideró a la aseguradora como legitimada pasiva o parte demandada, sino solo su participación ante una sentencia desfavorable.
Por ello, entiende debe revocarse la sentencia en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y la condena en costas, dado que se hace lugar a la intervención de la aseguradora como coadyuvante o adhesiva simple respecto del banco.
Seguidamente, se aboca al tratamiento de la cuestión de fondo poniendo de resalto que la Sra. Analía Elisa Bigueret fue empleada del Banco Provincia y conocía el sistema interno para lograr la concesión de préstamos. Detalla los cargos que ocupó en la entidad luego de fallecido su padre y alega que tenía conocimiento cierto de las características de su crédito y de las condiciones del contrato de seguro. Refiere que el Estatuto y Reglamento de Disciplina del Empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires surge la obligación del personal de conocer el contenido y la totalidad de las Circulares y Resoluciones, dentro de las que se incluyen las Circulares A 19.911 y C- 28475 y las resoluciones del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires nros. 941/01 y 1245/01. Se duele que el juez haya considerado a la actora como un consumidor más sin tener en cuenta su particular situación.
Invoca la doctrina de los actos propios y el enriquecimiento sin causa, y critica que el juez a quo haya favorecido la pretensión de la actora dejando de lado los contratos celebrados.
Alega que el Banco Provincia es una institución autárquica de derecho público con origen, garantías y privilegios excepcionales, motivo por el cual las relaciones que tienen con su personal se rigen por normas de derecho público. Con esa premisa, argumenta que la Sra. Bigueret no puede invocar el desconocimiento sobre las características del préstamo y del seguro (por su obligación de conocer las circulares y resoluciones del directorio) así como tampoco puede aplicarse los principios del derecho del consumidor.
En lo que hace a la pretensión de repetición de sumas de dinero, califica como improcedente e incongruente lo resuelto por el sentenciante. Afirma que no se ha probado que se hayan cobrado cuotas indebidas -antes o después del fallecimiento del Sr. Bigueret, o luego de que cumpliera 75 años de edad- y tal cuestión debe dilucidarse en la sentencia, y no en la etapa de ejecución.
Manifiesta que el juez resolvió en forma extra petita al disponer una tasa de interés que no fue solicitada por el actor. Afirma que la tasa “BIP” es una tasa que no es la legal y por ello no puede ser tomada como parámetro. Cita jurisprudencia de la Suprema Corte que abona su postura.
Por último, alega que es arbitraria y absurda la sentencia impugnada, y solicita la revocación de la imposición de las costas, debiendo ser soportadas por la parte actora.
III. Tratamiento del recurso.
Por razones de orden lógico y claridad expositiva analizaré en primer lugar los agravios vinculados a la procedencia de la demanda de incumplimiento de contrato.
Seguidamente, me detendré en el estudio de las cuestiones vinculadas a la repetición de las sumas de dinero, a la tasa de interés moratoria y a la imposición de las costas de la acción principal. Finalmente abordaré las quejas vinculadas a la citación en garantía y costas generadas por la defensa de falta de legitimación pasiva.
Sin perjuicio del tratamiento integral que se dará a las cuestiones planteadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en su recurso, me interesa aclarar que en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. Éstas expresan que los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino tan sólo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2ª ed. act. y amp., Bs.As. 2009).
III.1. Sobre la cuestión de fondo.
a. Previo a ingresar al estudio particular de los agravios expuestos por la parte apelante, entiendo necesario repasar brevemente los negocios jurídicos que vinculan a las partes, cuyos alcances y modalidades -de una u otra manera- resultan de interés a los fines de dar solución a la controversia.
Conforme surge de una lectura atenta de los escritos postulatorios y de la prueba producida en la causa, ha quedado debidamente acreditado -o en su caso, no devino controvertido- que el 20 de diciembre de 1995 los cónyuges Daniel Alberto Guazzetti y Analía Elisa Bigueret de Guazzetti celebraron con el Banco de la Provincia de Buenos Aires un contrato de mutuo con garantía hipotecaria por medio del cual la entidad financiera le prestó a los actores la suma de … dólares a devolver en 180 cuotas mensuales y consecutivas a una tasa del 12% nominal anual. Los deudores facultaron al mutuante a retener de sus haberes mensuales la cuota del préstamo. En garantía del reintegro el préstamo, los cónyuges mutuarios constituyeron derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio a favor de la mutuante sobre un inmueble ubicado en calle Falkner … de esta ciudad. Por último, y en lo que aquí resulta relevante destacar, en la cláusula octava el Sr. Ricardo Horacio Bigueret -padre de la mutuaria Analía Elisa Bigueret- asumió la calidad de codeudor solidario, fiador, liso y llano pagador del préstamo y sus accesorios (v. testimonio de fs. 270/277, cláusulas primera, segunda, séptima y octava).
Tiempo después, el 3 de mayo de 1999, las mismas partes celebraron un contrato complementario que denominaron «Convenio privado» por medio del cual ampliaron el préstamo originalmente otorgado en la suma de … dólares que serían destinados a la ampliación de la finca hipotecada. En la cláusula décima de ese contrato se consignó que el deudor se obliga a ampliar el seguro vigente en un monto equivalente a la ampliación (U$D …) y en las condiciones pactadas en el contrato de origen, refiriéndose al aquél que los deudores debían contratar sobre el inmueble gravado (v.convenio de fs. 299/301 y fs. 274 cláusula 12va).
Un tercer y último negocio fue celebrado entre las partes el 15 de noviembre de 2004.
En el marco de un programa de “Regularización de deudas del personal” (Circular “A” 19.911, fs. 332 y sig.) el Banco de la Provincia de Buenos Aires y los codeudores del mutuo hipotecario (Sres. Analía Elisa Bigueret de Guazzeti, Daniel Alberto Guazzetti y el -luego fallecido- Sr. Ricardo Horacio Bigueret) refinanciaron la deuda original, modificando las condiciones del préstamo. En particular, y conforme surge del tenor del instrumento, consolidaron un capital de U$D… al 30/06/2001 a abonar en 240 cuotas mensuales y consecutivas y reconocieron además deber U$D… en concepto de cuotas del préstamo original prorrogadas (fs. 336/7, cláusulas primera y segunda).
No fue controvertido por las partes que poco tiempo después de la ampliación del mutuo hipotecario original (esto es, el convenio privado de ampliación de 03/05/1999 de fs. 299/301), el Banco de la Provincia de Buenos Aires emitió una Circular interna -la “A” 15.944, v. fs. 549 y s.- por la que se informaba a las distintas sucursales que se había instrumentado un seguro de vida obligatorio cancelatorio de saldos para los codeudores de créditos hipotecarios al personal con una prima mensual del 0,15 por mil sobre el total de la deuda. Según allí se lee, la Superioridad de la entidad indicó que «ante el fallecimiento de cualquiera de los asegurados se cancelaría el total de la deuda a la fecha del deceso, lo cual sería beneficioso para los titulares de los préstamos en cuestión proceder a la contratación de los mismos» (fs. cit.).
Señaló la perito contadora Susana Graciela Rivero en su informe de fs. 983/6 -al analizar la limitada documentación que fue puesta a su disposición- que el primer cobro de la prima del referido seguro de vida se produjo en los haberes de la coactora de noviembre de 2001 y sucesivamente hasta la cuota 60 (v. fs. 984, punto de pericia 6°).
Por último, ha sido acreditado que el codeudor solidario del mutuo hipotecario, Sr. Ricardo Horacio Bigueret, falleció el 14 de abril de 2005 a los 79 años de edad (v. fs. 64/65). La Sra. Bigueret informó esta circunstancia al banco y solicitó la cancelación del saldo de deuda que tenía con la entidad (invocando a tal efecto el ya referido seguro de vida obligatorio cuya prima abonaba mes a mes). El Banco Provincia le informó que la petición no era admisible en razón de que el causante -el codeudor solidario Ricardo Horacio Bigueret- superaba la edad límite de permanencia en el seguro (v. fs. 919/921 y testimonios de fs. 935 y 937).
b. De lo expuesto en los párrafos precedentes se desprende que la relación crediticia existente entre los Sres. Guazzetti y Bigueret y el Banco de la Provincia motivó dos tipos de contrataciones que deben ser diferenciadas: (a) por un lado, las vinculadas al crédito de base, el mutuo hipotecario original celebrado el 20/12/1995, su ampliación de fecha 03/05/1999 y su posterior refinanciación de fecha 15/11/2004.
Estos contratos fueron celebrados entre el banco demandado (en calidad de mutuante) y los Sres. Daniel Alberto Guazzetti, Analía Elisa Bigueret y el luego fallecido Ricardo Horacio Bigueret, en calidad de mutuarios; (b) por otro lado, un contrato de seguro de vida colectivo tomado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires frente a la firma Provincia Seguros S.A., siendo la entidad bancaria la beneficiaria de la eventual indemnización.
Ambos negocios, amén de su diferente naturaleza y estructura subjetiva, resultan íntimamente vinculados en el contexto de la relación crediticia de base que les da origen. Son, como bien lo ha marcado el juez de grado, contratos conexos en tanto «para la realización de un negocio único se celebra, entre las mismas partes o partes diferentes, una pluralidad de contratos autónomos, vinculados entre sí a través de una finalidad económica supracontractual» (XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999, Comisión 3, punto 1.2., cit. Por Mosset Iturraspe, Jorge – Piedecasas, Miguel A. “Código Civil Comentado. Contratos, parte general” Santa Fe: Rubinzal Culzoni, pág. 32.).
Tuve oportunidad de exponer en la causa “Gorga, Lidia Josefa” c/ Banco Hipotecario Nacional s/ Cumplimiento de Contrato” (esta misma sala, Expte. 137.878, sent. del 27/05/2014) los caracteres de este tipo de modalidad (por cierto, muy frecuente) conforme la cual la entidad bancaria incorpora como anexo a un mutuo hipotecario un contrato de seguro de vida que le garantice el cobro del crédito ante el eventual fallecimiento del deudor, actuando el acreedor como tomador y beneficiario de dicho seguro y permaneciendo el deudor como un tercero ajeno al contrato (v. Louge Emiliozzi- Giuffo, “La reticencia en seguros de vida conexos a contratos bancarios”, LLonline AR/DOC/3468/2009; Schiavo-Castro Sanmartino, “Los seguros colectivos de vida “deudores de un acreedor”, LL 2009-F,397, entre otros).”
Esta conexidad entre varios contratos no obsta considerar una única relación comercial de base a la cual -ninguna duda cabe, y como la propia apelante ha reconocido a fs. 1857- le es aplicable el estatuto legal tuitivo de los derechos del consumidor.
Y en lo que aquí más interesa: dentro del plexo de obligaciones de origen contractual y legal se destaca el deber legal de información que pesa sobre el proveedor de bienes y servicios (art. 1, 2, 4 y ss. de la Ley 24.240, 42 de la CN y 38 de la CP).
b. Memoro que en su redacción original -vigente al momento de los hechos ventilados en este pleito-, el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor prescribía que el proveedor de servicios, debe suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de aquéllos.
La norma tiene una justificación clara: el mercado sitúa al consumidor y al proveedor en condiciones sumamente desiguales a la hora de celebrar un contrato. No solo en relación al poder de negociación que una y otra parte posee (en general, es el proveedor quien fija de antemano la totalidad de las condiciones contractuales a las cuales el consumidor no puede más que adherir), sino también con relación a la información de la que disponen sobre el producto o servicio adquirido (de suyo que el proveedor, por su condición de tal, tiene más y mejor información sobre aquello que comercializa).
En este contexto, el derecho a la información del consumidor -y el correlativo deber del proveedor de suministrarla- busca romper con estas asimetrías asignadas por el mercado. Cuanto más pueda saber el consumidor o usuario sobre el producto o servicio que adquiere, más libre y racional será su decisión, descartando o cuanto menos disminuyendo las chances de que su elección se sustente en la publicidad engañosa o capciosa, en el ocultamiento de información sensible u otras prácticas contrarias a la buena fe que terminan por distorsionar el equilibrio que idealmente debiera existir en la contratación.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que una de las prerrogativas fundamentales reconocidas a los particulares en el ámbito de las relaciones de consumo (contracara del deber que paralelamente se coloca en cabeza de los empresarios), es el derecho a una información adecuada y veraz (arts. 42 CN y 38 CPBA), es decir, a ser nutrido de elementos ciertos y objetivos, detallados, eficaces y suficientes sobre las características esenciales del producto respectivo (art. 4 de la ley 24.240). Se trata de una herramienta basilar del sistema protectorio de marras, justificada en la desigualdad material que caracteriza a los partícipes de las relaciones de consumo. (SCBA, C.102.100, en autos “Lucero, Osvaldo Walter s/Amparo”, del 17/09/2008), y ha enfatizado que «el derecho a la información reglado en el artículo 4 de la ley 24.240 constituye la aplicación a las relaciones de consumo del principio de buena fe contenido en el art. 1198 del Código Civil» (SCBA, C.117.760, del 01/04/2015).
Es que solo cuando los consumidores cuentan con la información correspondiente es posible pensar en decisiones libres de su parte y no en otras que no los son, inducidas por la publicidad engañosa o por la desinformación de quienes se encuentran obligados a proporcionarla en los niveles adecuados de certeza, adecuación, precisión, detalles y profundidad (Bersten, Horacio “El derecho-deber de información y la carga de la prueba en las infracciones a la ley de defensa del consumidor”, La Ley. 2004-B, 100).
Trasladando estas premisas al caso en estudio y a la particular relación contractual que media entre las partes, cabe decir que el deber de información que es exigible al proveedor de servicios financieros no puede quedar circunscripto únicamente al negocio principal crediticio (es decir, al mutuo hipotecario), sino que debe extenderse también a todos aquellos contratos conexos que mediata o inmediatamente repercuten en los intereses económicos del cliente bancario, máxime aquellos a los que fueron adheridos en forma imperativa so pretexto de un requerimiento de las autoridades del banco comunicadas mediante una circular interna.
Lo dicho encuentra mayor fundamento si se tiene en cuenta que, como es frecuente en este tipo de seguros accesorios a créditos bancarios, la entidad tomadora del seguro no absorbe el costo de la garantía (v.gr. considerándola comprendida en el precio del préstamo -es decir, en la tasa activa compensatoria-) sino que directamente lo traslada como un costo complementario que debe afrontar el consumidor de su peculio.
Para resumir lo expuesto: ninguna duda me cabe que los Sres. Bigueret y Guazzetti -en tanto consumidores de un producto financiero- tenían derecho no solo a conocer en detalle las modalidades de la contratación crediticia sino también de todas aquellas contrataciones conexas al negocio principal, y más aun a aquellas de las cuales se derivaban costos complementarios que eran obligados a cubrir, dentro de las que cabe incluir al seguro de vida obligatorio que la entidad financiera contrató ante Provincia Seguros S.A. (art. 4 de la Ley 24.240, 42 de la CN, 38 de la CP, 1198 del Cód.Civ. -ley 340-, 7 del Código Civil y Comercial).
Estas apreciaciones resultan relevantes por cuanto: (1) el banco ha reconocido a fs. 1857 de su recurso -y a contrapelo de lo dicho en la demanda a fs. 374- que el negocio de crédito celebrado entre el matrimonio actor y la entidad financiera efectivamente se encuentra alcanzado por la normativa consumerista y (2) tampoco ha discutido en esta instancia el deber de información que -en virtud de aquel estatuto legal- el apelante tenía para con sus clientes con relación a las características tanto del contrato principal como de sus negocios accesorios o conexos (art. 4 y cctes. de la Ley 24.240, 1198 del Cód.Civ. -Ley 340- , 7 del Código Civil y Comercial).
c. Aclarado lo anterior, y adentrándome ahora en el tratamiento particular de las quejas expuestos por el apelante, entiendo oportuno recordar -tal como fuera explicado en párrafos precedentes- que la sentencia de primera instancia ha hecho lugar a la demanda de los actores por entender acreditado el presupuesto fáctico central que sustenta su pretensión. Esto es, que el matrimonio Bigueret-Guazzetti no fue debidamente informado de las modalidades y condiciones particulares del seguro de vida obligatorio impuesto por el banco mutuante y que fue tomado ante la firma Provincia Seguros S.A., no solo privándolos de conocer los límites de edad de las personas comprendidas en la garantía sino también generándoles una expectativa razonable y legítima de que la muerte de cualquiera de ellos conllevaba la cancelación del saldo impago.
He leído con atención el recurso del banco accionado y es posible advertir dos argumentos centrales que sustentan el agravio vinculado a la cuestión de fondo. Por un lado, alega que cumplió sus obligaciones contractuales y no retaceó información a sus clientes (aquí actores) con relación al contrato de seguro. Por el otro, remarcó con insistencia el hecho de que la actora era empleada del banco y que, por esa razón, conocía las modalidades del seguro de vida. (fs. 1858/vta, 1860 a 1863/vta)
Ninguno de los argumentos es fundado.
i. En primer lugar, cabe decir que por fuera de los numerosos pasajes que resultan una reiteración literal de argumentos expuestos en la demanda -y que por tal razón no superan el estándar requerido por el art. 260 del CPC (v. fs. 1857 a 1859; mi voto en causa 143.071, del 28/09/09, Reg. S-844, F. 4609/11, entre otros)- no veo que la entidad financiera haya logrado demostrar de qué forma comunicó a sus clientes las condiciones y modalidades del seguro obligatorio contratado con Provincia Seguros S.A. (en particular, los límites y exclusiones que fueron a la postre la razón por la que se negó a dar por cancelado el saldo adeudado por los accionantes). Esta circunstancia es la que termina por sellar la suerte adversa de su pretensión recursiva.
En efecto, la demandada afirma con insistencia que cumplió todas sus obligaciones contractuales (fs. 1858/vta primer párrafo) y que en ningún momento se le retaceó información a la actora sobre los pormenores del seguro (fs. cit., párr. cuarto). Sin embargo, no logra dar ninguna clase de sustento probatorio a sus afirmaciones ni expone cuál es la evidencia de la que se infiere el invocado cumplimiento del deber de información (que, insisto, no discute como exigible en el caso con relación al negocio asegurativo) o cómo es que le fue informado a sus clientes las modalidades del seguro (v.gr. la entrega de una copia de la póliza, una planilla con un sumario de los características principales de la garantía, etcétera).
Deviene insustancial argumentar la legitimidad de la conducta del Banco Provincia al rechazar la cancelación del saldo con base en las cláusulas de la póliza de seguro de vida colectivo -como hace el apelante a fs. 1857 y sig.- en tanto no es aquí controvertido el contenido del negocio celebrado con Provincia Seguros S.A. sino la conducta del banco tomador al no informar debidamente a sus clientes las características del seguro cuyo costo, como ya dije, les fue impuesto como un complemento de la cuota del crédito.
Tampoco es de recibo el argumento expuesto por el banco a fs. 1858 y que reitera a fs. 1861/vta al citar el Convenio de Refinanciación celebrado el 15/11/2004 en tanto la cláusula tercera -aquella que transcribe la parte apelante- versa sobre las prestaciones definidas «en el préstamo e hipoteca originales» (sic, fs. 336), de lo que se desprende que lo que se mantiene intacto es el vínculo negocial crediticio, y ninguna referencia -siquiera implícita- puede considerarse existente con relación al seguro de vida colectivo impuesto a los mutuarios a partir del dictado de la Circular A-15944 de fecha 07/12/1999.
La Casación provincial tiene dicho que «la adecuación y suficiencia de los medios de información se vinculan inexorablemente con su instrumentación en tiempo oportuno y mediante mecanismos comprobables» (SCBA, B. 65834, del 07/03/2007, el resaltado no es original).
En el caso de autos, no puedo sino coincidir con el juez a quo en el sentido de que no obra en el expediente documentación alguna que permita concluir que el Banco de la Provincia de Buenos Aires suministró en forma objetiva y cierta información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características del seguro de vida obligatorio que la entidad tenía contratado en la firma Provincia Seguros S.A y cuyo costo obligaba a abonar al consumidor mutuario (arts. 4 de la Ley 24.240, 42 de la CN, 38 de la CPBA).
ii. Por otra parte, tampoco es fundado el argumento vinculado al carácter de empleada del banco que ostentaba la codeudora Bigueret.
Liminarmente, cabe apuntar que nunca fue acreditado el supuesto deber de los empleados bancarios de conocer las circulares internas. El estatuto que menciona la apelante (del cual nada dijo en su demanda) no obra glosado al expediente ni fue ofrecido como prueba, por lo que no es posible corroborar que esa obligación efectivamente exista (art. 375 del CPC; véase ofrecimiento probatorio de fs. 375/vta).
De hecho, el argumento expuesto en esta instancia es novedoso por cuanto al contestar la demanda el banco accionado se limitó a decir que en razón del empleo de la coactora Bigueret es que «ha tenido todo este tiempo conocimiento cierto de las características de su crédito», sin hacer referencia a deberes legales de sus empleados, a estatutos laborales o a cualquier otra regla de derecho público como las que ahora invoca a fs. 1862 (arg. art. 272 del CPC).
Y aún aceptando por hipótesis que efectivamente los empleados del Banco Provincia tienen el deber de conocer las circulares internas, lo cierto es que esa obligación y sus consecuencias en caso de incumplimiento deben circunscribir sus efectos a la relación laboral entre la entidad empleadora y el trabajador, sin que resulten extrapolables a los negocios comerciales que -por fuera de aquél vínculo- celebran las partes en forma independiente.
Tratándose de un hecho extintivo, era carga de la demandada presentar pruebas convincentes sobre conocimiento efectivo que la coactora supuestamente poseía con relación al seguro de vida obligatorio contratado por el banco ante Provincia Seguros S.A., algo para lo que aquel deber laboral -de existir- no pasa de ser un simple indicio insuficiente para dar sustento a la premisa alegada en su defensa (arg. art. 163 inc. 5 in fine “ a contrario” y 375 segundo párrafo del CPC).
Así todo, no puedo dejar de advertir que las resoluciones y circulares que la recurrente alega como que debieron ser conocidas por la coactora Bigueret ninguna referencia hacen a las modalidades, límites y condiciones particulares o generales del seguro de vida obligatorio cuyo costo afrontó mes a mes.
Véase que las copias simples de la resolución 941/01 de fecha 07/06/2001 y de la circular C-28745 (glosadas a fs. 303/328) únicamente hacen referencia al seguro obligatorio mencionando el deber -por cierto, no controvertido- del agente de abonar la prima y el hecho de que la forma de pago podía ser optada “en función de las condiciones que establezca para tal fin Provincia Seguros” (fs. 307 punto 1.4 y fs. 316 punto 6.4).
Nada dice sobre las características del seguro ni sobre las limitaciones de los sujetos sobre cuya vida se aseguraba.
La Circular A-19911 emitida el 29 de septiembre de 2004 versa únicamente sobre el sistema de refinanciación de créditos hipotecarios previsto en el programa de regularización de deudas del personal (v. fs. 332), y tampoco tiene referencia alguna con relación al seguro de vida obligatorio contratado ante Provincia Seguros S.A.
La Circular A-15499 glosada a fs. 549, aquella mediante la cual se comunica a las sucursales la implementación del seguro de vida obligatorio, nada dice sobre límites o exclusiones de cobertura. Muy por el contrario, el documento destaca que “ante el fallecimiento de cualquiera de los asegurados se cancelaría el total de la deuda a la fecha del deceso” (insisto, sin referenciar límite de edad alguno) y que ello “sería beneficioso para los titulares de los préstamos” (fs. cit.).
Por lo demás, la resolución 1245/01 no obra glosada en el expediente y no fue ofrecida como prueba documental al contestar la demanda (v. fs. 376 y vta.). La planilla vinculada al convenio de refinanciación y reprogramación acompañada por la accionada en copia simple a fs. 331 y por la actora a fs. 81 señala únicamente que el seguro de vida debe ser afrontado conforme las condiciones que están establecidas por Provincia Seguros, no desprendiéndose de ese documento -tomando por cierto que se corresponde con un original- referencia alguna a cuáles son esas condiciones o modalidades de la póliza vigente.
En otras palabras, las resoluciones invocadas por la demandada -aun presumiéndolas conocidas por la actora- no permiten corroborar un suministro objetivo y cierto de información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características del seguro de vida obligatorio que el banco tenía contratado en la firma Provincia Seguros S.A (art. 4 de la Ley 24.240, en su redacción vigente al tiempo de los hechos)
El hecho de que la Circular A-15944 (fs. 549) nada diga en su texto sobre límites de cobertura de los codeudores y que incluso mencione lo “beneficioso” que la garantía resulta para los clientes (en tanto “ante el fallecimiento de cualquiera de los asegurados se cancelaría el total de la deuda”, sic, fs. cit) sumado a que ninguna advertencia verificable fue realizada al momento de la entrada en vigencia del seguro (a los 74 años de edad del codeudor) o al refinanciar la deuda (a sus 79 años) me lleva a concluir que efectivamente los actores tuvieron una razonable y legítima expectativa de que la vida de todos los codeudores se encontraba asegurada sin límite alguno. Esperanza fundada en una apariencia generada por la propia entidad financiera al incumplir su deber de información con relación al seguro de vida impuesto a los mutuarios (art. 4 de la Ley 24.240, 1198 del Código Civil -ley 340- y 7 del Cód.Civ.Com).
El Banco de la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de entidad financiera profesional, de alta complejidad y especialización- no puede oponer a sus clientes cláusulas de exclusión de cobertura previstas en un contrato de seguro de vida colectivo contratado por ella misma en calidad de tomadora beneficiaria, a espaldas de sus cocontratantes consumidores (cuya vida concierne al riesgo asegurado), y cuyas modalidades y condiciones particulares nunca fueron debidamente informadas a quienes obligaba a abonar la prima, todo lo cual supondría -de así consentirlo- una inadmisible violación a las reglas de la buena fe que debe imperar en las relaciones contractuales (art. 1198 del Cód.Civ. -ley 340-).
De allí que, coincidiendo con el juez de la instancia anterior, entiendo fundada la pretensión de los accionantes de que, en el contexto de la relación crediticia, se cancele la deuda a la fecha de la muerte del codeudor Ricardo Horacio Bigueret, en tanto esa fue la expectativa generada en los clientes al serles brindada escasa o nula información sobre el seguro de vida que abonaban mensualmente.
iii. Para terminar, parece oportuno poner de resalto que la resolución que propicio también se acompasa con destacada jurisprudencia de tribunales nacionales y santafecinos.
En el fallo dictado en la causa «Avila, Williams c. Banco del Sud y otro» (18/04/07, LA LEY 09/08/2007 , 7) la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió un caso donde se discutía la demanda que inició una persona por cumplimiento de contrato contra un banco y una aseguradora. El causante respecto del cual la accionante era heredero había adquirido un inmueble mediante un mutuo hipotecario celebrado con el Banco del Sud S.A. y en cuyo contexto se había contratado un seguro de vida e invalidez destinado a cancelar la deuda e hipoteca para el caso en que falleciera. Ocurrida la muerte, y reclamada la cancelación de la deuda ante el banco mutuante, se le negó la cobertura alegando el cambio de compañía de seguro por y la existencia de una enfermedad anterior a la vigencia de la relación asegurativa de la deudora que se encontraba prevista en la póliza y que constituye un supuesto de riesgo no cubierto.
En lo que aquí interesa destacar, afirmaron los magistrados que no puede la aseguradora invocar ex post facto, vale decir luego de producido el fallecimiento del asegurado, una estipulación contractual que excluía el riesgo de muerte por enfermedades preexistentes al inicio de la cobertura, pues la ausencia de una determinación previa de su estado de salud tornaba indecible la preexistencia en sí misma (arg. art. 154, ley 17.418). De modo que tal comportamiento implicó claramente dejar de lado ese extremo, creando ante el beneficiario del seguro la apariencia de que el riesgo de fallecimiento, más allá de la preexistencia o no de su causa, se encontraba cubierto (v. fallo ref., con cita de causa 23934/97, «Martínez Mirta Alicia c/ Diners Club Argentina SAC y de t. s/ ordinario”, CNCom, Sala D, 02/09/2005).
En otro precedente resuelto por la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario se controvirtió el alcance de la cobertura de un seguro de vida cancelatorio del saldo de un crédito hipotecario contratado por dos concubinos, en que la entidad bancaria alegó que la cobertura sólo amparaba a uno de los codeudores.
Dijo allí el citado Tribunal que “el comportamiento omiso e impreciso de la entidad bancaria sobre el particular, que no emitió póliza ni declaración de voluntad expresa en torno a lo resuelto respecto del seguro pactado con ambos codeudores en el mutuo hipotecario, sino que se limitó a exigir y a percibir el pago de la prima de cualquiera de ellos durante todo el desarrollo de la relación contractual, tuvo virtualidad suficiente para crear ante aquéllos la apariencia de que el riesgo al que se hizo alusión en el mutuo hipotecario, de fallecimiento de cualquiera de los codeudores, se encontraba indistintamente comprendido en la cobertura, resultando objetable su pretensión actual de desentenderse de las consecuencias de esa apariencia deliberadamente creada” (v. C.Civ.yCom. Rosario, sala 1, autos “Guzmán, Roberto c/ BH Seguros y/o Banco Hipotecario S.A.” S. 13-12-2010, LLonline AR/JUR/79618/2010, el resaltado me pertenece).
Por ello, en lo que refiere a las temáticas tratadas precedentemente, el recurso debe ser desestimado (art. 1, 2, 4, 36 de la ley 24.240 -en su redacción vigente a la fecha de los hechos-, art. 42 de la CN y 38 de la CP).
III.2. Sobre la procedencia de la pretensión de repetición de sumas de dinero.
En el apartado titulado «Repetición de sumas de dinero» (v. fs. 1863/vta) el apelante califica como improcedente e incongruente la decisión del juez a quo con relación a la repetición de sumas de dinero.
Aclaro, previamente, que resulta dificultoso encontrar visos de verdadera crítica seria y razonada a lo que en sí se resolvió a través de la sentencia atacada (art. 260 del CPCC). No obstante ello, en honor a la segunda instancia prestaré oído a los puntos de disconformidad que -a través de una interpretación favorable al apelante- pueden llegar a vislumbrarse en esta parcela del memorial.
De todos modos, adelanto un resultado contrario a las pretensiones recursivas del apelante.
La recurrente afirma que no ha sido probado en autos la percepción de cuotas indebidas con anterioridad y con posterioridad al fallecimiento del Sr. Bigueret luego de que cumpliera 75 años de edad.
El argumento es infundado: las cuotas percibidas con anterioridad al fallecimiento del codeudor no fueron objeto de reclamo por parte de los actores, motivo por el cual no forman parte de la controversia que motiva este pleito.
En cambio, se encuentra efectivamente acreditado -a la luz de lo resuelto en los apartados anteriores sobre el fondo de la cuestión- que las cuotas abonadas con fecha posterior a la muerte del codeudor Bigueret fueron percibidas en forma ilegítima (v. fs. 573/854, fs. 984, punto de pericia 6°).
Si se ha resuelto que el Banco de la Provincia de Buenos Aires debió dar por cancelado el saldo deudor de los accionantes a la fecha de muerte del Sr. Bigueret, no puede sino concluirse -como lógica consecuencia- que no debió cobrar las cuotas del crédito en los meses subsiguientes a abril de 2005, incluyendo en ese concepto a las sumas correspondientes a la prima del seguro de vida. Esas percepciones, a la luz de lo aquí resuelto, devienen incausadas y justifican su repetición (arg. art. 792, 1198 del Código Civil -ley 340- y 7 del Cód.Civ.Com.).
Por lo demás, la alegada incongruencia no se advierte presente en el fallo atacado, a la vez que el apelante -más allá de una cita jurisprudencial- ningún fundamento expone para persuadir a este Tribunal sobre el vicio alegado (art. 260 y 261 del CPC).
El agravio, por lo dicho, debe ser desestimado (art. cit.)
III.3. Sobre la tasa de interés.
En el apartado “De la tasa de interés” (fs. 1844) el quejoso critica la decisión del juez de fijar la tasa de interés “BIP”. Entiende que esa tasa nunca fue requerida por el actor (calificando como extra petita la sentencia) y que es una tasa excepcional que no puede ser utilizada como referencia. Afirma, que existe doctrina legal sobre el tema y solicita su aplicación.
El agravio no tendrá mejor suerte que los anteriores.
En el escrito de demanda, entre las diversas pretensiones originariamente acumuladas por los accionantes, se solicitó la restitución de las sumas percibidas por el banco con más «los correspondientes intereses desde la fecha en que las mismas fueron cobradas» (fs. 102/vta, apartado “Objeto”).
La decisión del colega de la instancia anterior de fijar la tasa a la cual deben ser calculados los intereses moratorios -la pasiva para plazos fijos contratados por homebanking- configura no otra cosa que el ejercicio de la potestad que la propia ley le asigna, conforme lo normado en el entonces vigente artículo 622 primer párrafo del Código Civil (Ley 340, art. 7 del Cód.Civ.Com). No es posible advertir vicio de congruencia alguno entre lo requerido en la demanda y lo resuelto por el juez en el decisorio atacado (art. 34 inc. 4°, 163 inc. 4, 5 y 6, y cctes. del CPC).
El invocado apartamiento de la doctrina legal que argumenta el apelante no es tal. La Casación bonaerense ha dicho que los intereses moratorios -allí donde no hay tasa pactada ni tasa legal- deben calcularse a la que paga el Banco Provincia en sus depósitos a treinta días, recaudos que se verifican en su totalidad en la modalidad “BIP” de plazos fijos contratados por Internet a través del sistema de homebanking que ofrece la entidad accionada (v. de esta misma Sala, voto del Dr. Loustaunau en la causa “Rojas, Orocimbo c. Delio, Cristian y otro s. Daños y perjuicios” expte. 155.954, del 04/09/14)
No advierte la apelante que la tasa elegida por el a quo es, precisamente, una «tasa pasiva que paga el banco por sus depósitos a treinta días» como la que solicita se aplique en su recurso, caracteres que no se ven alterados por la elección de una modalidad de mejor rendimiento para el deudor.
De hecho, y tal como lo ha puesto de resalto el sentenciador a fs. 1845/vta, la propia Suprema Corte resolvió en el caso “Zocaro” que la denominada “Tasa BIP” no contradice su doctrina en la materia (SCBA, in re “Zocaro, Tomás A. c. Provincia A.R.T., SA y otros s/daños y perjuicios”, RI. 118615 de fecha 11/03/2015, publicado LA LEY 07/05/2015, 7).
Por lo dicho, entiendo que el agravio en tratamiento es infundado y debe ser desestimado (art. 622 del Código Civil -ley 340-, 7 del Código Civil y Comercial)
III.4. Sobre el carácter absurdo de la sentencia e imposición de costas.
En los apartados «Sentencia absurda y arbitraria» (fs. 1865) y «De las costas» el banco demandado descalifica a la decisión atacada (por estar al margen de las reglas del raciocinio y ser ajena a las probanzas del juicio) y critica la imposición de costas alegando que el resultado del pleito es arbitrario.
El recurso, en esta parcela, se encuentra desierto (art. 260 del CPC).
En efecto, doctrina de viejo cuño de este Tribunal tiene dicho que fundar un recurso significa consignar razonadamente los errores de hecho y de derecho incurridos por el inferior, hacer un análisis razonado y serio del fallo y aportar la demostración de que es erróneo, injusto o contrario a derecho (causa 18.014, RSD 484-68 del 25/11/68).
Es principio de común reconocimiento que la expresión de agravios fija el ámbito funcional del Tribunal, toda vez que éste no se encuentra facultado constitucionalmente para suplir el déficit argumental o las quejas que el apelante no dedujo. Por lo tanto, constituye una carga del recurrente precisar los errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo atacado, con expresión de sólidos fundamentos, pues las afirmaciones e impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar una solución dotada de congruencia (CNCiv., Sala J, fallo del 14/9/2007, expte. 22066/00, “Andres c/ Swips Médical”).
En el caso, el apelante impugna la imposición en costas afirmando que la decisión del juez es incongruente y arbitraria, sin brindar -por fuera de esta lacónica afirmación, y al margen de las cuestiones que ya han sido tratadas en párrafos precedentes- ningún argumento serio y atendible que permita superar el estándar demarcado en el artículo 260 del CPC.
Lo mismo cabe decir de las calificaciones que efectúa con relación a la sentencia de primera instancia.
Las adjetivaciones utilizadas a fs. 1865 (v.gr. “decisorio que escapa a las leyes lógicas formales”, “pronunciamiento al margen de las reglas del raciocinio”, “grosera desinterpretación material de alguna medida de prueba”, etcétera) no son acompañadas de un despliegue argumental que les de sustento, quedando reducido a una serie de comentarios vacuos, de opiniones de tipo subjetivo, de expresiones de deseos y descontento con la solución del a quo que no logran conformar una crítica concreta y razonada en los términos del art. 260 el ritual, lo que conduce inexorablemente a declarar su deserción (art. 261 del CPC, esta Sala, causas 100.439, RSI 259-97 del 15/4/97; 138.858, RSD 197-08 del 15/5/08; entre muchos otros)
.III.5. Sobre la citación en garantía.
Critica el apelante la forma en que el a quo resolvió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la firma Provincia Seguros S.A. y la imposición de costas devengadas como consecuencia de esa incidencia.
En síntesis, alega que si el juez ha aceptado la intervención de la aseguradora está haciendo lugar a su pedido, destacando que al contestar la demanda y requerir su citación nunca sugirió que fuese legitimada pasiva. Agrega que resulta de aplicación el principio iura novit curia.
No le asiste razón
.a. La resistencia que ha opuesto Provincia Seguros S.A. con relación a la citación en garantía es fundada.
Los actores no han incoado ninguna pretensión dirigida contra la aseguradora (de hecho, expresamente aclararon a fs. 107 que nada le reclama), no han esbozado -por fuera de los intereses moratorios- ningún reclamo de naturaleza indemnizatoria, no han invocado ningún contrato de seguro de responsabilidad civil (único ámbito donde campea la citación regulada en el art. 118 in fine de la Ley de Seguros) y -consecuencia de lo anterior- no existe fundamento para considerar que media alguna forma de legitimación pasiva para soportar una eventual condena que se dicte en contra de la entidad financiera en los términos y con los alcances previstos en la normativa mercantil citada.
La citación en garantía, cualquiera sea la naturaleza jurídica que se le asigne a esta especial forma de intervención procesal, solo se justifica cuando existe un pleito en el cual se discute una pretensión de condena fundada en un hecho comprendido como riesgo en un seguro de responsabilidad civil celebrado entre el accionado y la citada a juicio, y que eventualmente puede hacer nacer en ésta última el deber de mantener indemne el patrimonio del asegurado. Consecuencia de ello, y de conformidad con la normativa mercantil, la sentencia condenatoria dictada contra el responsable hace cosa juzgada respecto de la compañía aseguradora y le es ejecutable en la medida del seguro (art. 118 de la LS).
En la intervención adhesiva simple, por el contrario, el tercero participa en el proceso para coadyuvar al éxito de la postura -de pretensión o de resistencia- de alguna de las partes respecto de la cual tiene un interés jurídico coincidente (art. 90 inc. 1° y 91 primer párrafo del CPC).
Y si bien es cierto que en razón de su intervención la sentencia dictada en autos afectará a Provincia Seguros S.A. como a los litigantes principales (art. 96 del CPC), no es menos cierto que esa «afectación» no conlleva la posibilidad de tener que afrontar de su peculio la condena que pese sobre su asegurado, efecto que caracteriza la citación regulada en la Ley de Seguros (art. 118, Ley 17.418).
Lo que caracteriza al coadyuvante simple es, precisamente, su falta de legitimación autónoma con relación a la controversia principal (Martinez, Hernán J. Proceso con sujetos múltiples. Buenos Aires: La Rocca, 1987, t.1., pág. 305)
.En suma, el hecho de que el a quo haya admitido la intervención de la aseguradora en calidad de tercero interesado coadyuvante simple no configura un argumento idóneo para justificar -sin más- el error al hacer lugar a la defensa de falta de legitimación para obrar.
Tampoco puede el banco decir que solicitó la citación en garantía “a secas” sin considerar legitimada pasiva a la aseguradora (fs. 1859/vta). Como explica Toribio Sosa (Terceros en el proceso civil”. La Ley, 2011, pág. 195 y 197) la citación en garantía es una citación “para pagar” (pro solvendo) en tanto se busca que en el mismo juicio el tercero (aquí aseguradora) mantenga indemne al asegurado de los costos de la derrota. Es una citación que, por estar regulada en la ley, presupone per se un pedido de condena contra el tercero citado, circunstancia que justifica de sobremanera la excepción opuesta por la aseguradora.
Y si bien por aplicación del principio iura novit curia los magistrados tienen la facultad de efectuar las calificaciones jurídicas de los hechos alegados por las partes con independencia del derecho invocado, lo cierto es que esa prerrogativa reconoce límites.
Como bien ha dicho la Suprema Corte provincial, «el principio (…) tiene como límite en su aplicación el no alterar la relación procesal, para evitar poner en riesgo el derecho de defensa del adversario» (SCBA, C. 109879, del 15/07/2015; art. 18 de la CN, 15 de la CP).
En otras palabras, y a diferencia de lo alegado por el banco recurrente a fs. 1859/vta, no era facultad del juzgador suplir la deficiencia o el defecto en el planteo del demandado al motivar la citación de un tercero al proceso con fundamento en un instituto que, como se vio, no es de aplicación a la controversia que aquí se ventila. Máxime si entre la petición efectuada por la parte y el encuadre que finalmente le dio el a quo existen diferencias prácticas y teóricas sustanciales que refieren al alcance y efectos de la intervención de Provincia Seguros S.A.
Para resumir lo dicho: entiendo correcta la solución que el a quo ha adoptado con relación a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia Seguros S.A., debiendo ser desestimados los agravios que se orientan a criticar estas parcelas del decisorio (art. 345 inc. 3° del CPC).
b. Por otra parte, no son atendibles las quejas del apelante orientadas a impugnar la forma en que el juez impuso las costas motivadas por la defensa de Provincia Seguros S.A.
Las costas procesales se imponen conforme el principio objetivo de la derrota en cuya virtud la parte perdidosa -sea en el juicio principal, sea en una incidencia en particular- es quien debe ser condenada a pagar los gastos en que incurrió la contraria (art. 68 del CPC).
En el caso, y tal lo afirmado, no ha sido otro que el Banco de la Provincia de Buenos Aires quien solicitó la intervención de Provincia Seguros S.A. en calidad de citada en garantía en los términos del artículo 118 de la Ley de Seguros, motivando con su accionar la resistencia de la aseguradora y generación de una incidencia en la que resultó perdidosa.
En definitiva, la decisión del juez con relación a defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Provincia Seguros S.A. (fs. 1833/vta punto IV) y la imposición de las costas generadas en consecuencia (fs. 1846 punto VIII) también deben confirmarse (art. 68, 90.1, 91 y 96 del CPC, art. 118 de la Ley de Seguros).
ASI LO VOTO
El señor Juez Dr. Ramiro Rosales Cuello votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO MONTERISI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs.1850, confirmando en consecuencia la sentencia dictada a fs. 1824/1847. II) Imponer las costas de esta instancia al apelante en su calidad de parte vencida (art. 68 del CPC), III)
Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 del dec.Ley 8904/77).
ASÍ LO VOTO.
El señor Juez Dr. Ramiro Rosales Cuello votó en igual sentido y por los mismos fundamentos. En consecuencia se dicta la siguiente
SENTENCIA Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 1850, confirmando en consecuencia la sentencia de fs. 1824/1847; II) Imponer las costas de esta instancia al apelante en su calidad de parte vencida (art. 68 del CPC), III) Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 del dec. Ley 8904/77). NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). DEVUÉLVASE.
RICARDO D. MONTERISI – RAMIRO ROSALES CUELLO – ALEXIS A. FERRAIRONE SECRETARIO
Manuel Cecilia Adriana c/PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. por cumplimiento de contrato – Cám. Civ. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza – 2ª – 04/02/2015
005987E
