Se decreta la nulidad de la resolución apelada, que había tenido por impulsado el proceso por la parte querellante ante el desistimiento de la acción pública por parte del Ministerio Fiscal, pues existió una falta de fundamentación del juez actuante respecto a las razones del impulso de la instrucción pese a la existencia de posiciones acusadoras discrepantes.
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