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JURISPRUDENCIAResponsabilidad de los buscadores de internet
Se revoca la sentencia que hizo lugar al reclamo indemnizatorio contra la empresa buscadora de sitios de internet por el supuesto incumplimiento, por parte de la demandada, de eliminar en tiempo oportuno de su lista de resultados las páginas violatorias de los derechos del actor una vez notificada.
En Buenos Aires, a los 24 días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Klein Silvio Franco c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:
I. El Sr. Juez de primera instancia dispuso hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr. Silvio Franco Klein con el objeto de que se condene a las demandadas a la reparación de los daños y perjuicios por permitir el descrédito de su imagen y el avasallamiento de sus derechos personalísimos y a tomar medidas técnicas y organizativas para evitar que a través de su buscador se pueda efectuar cualquier tipo de injuria hacia su nombre o imagen. En función de ello condenó a Google Inc. a abonarle al actor la suma de $27.000 en concepto de daño moral, con más sus intereses y las costas del juicio (ver fs. 284/288).
Para así decidir consideró relevantes las constancias de la causa n° 54.526/2010 “Klein, Silvio Franco c/Google Inc. y otro s/medidas cautelares”, que tramitó ante el fuero Civil en la cual se había dictado una medida en julio de 2010 -confirmada por la Alzada- donde se condenó a la aquí demandada y a Yahoo de Argentina S. A. a eliminar el acceso a los sitios que refieran al nombre del actor y a cesar en la difusión de la existencia de los blogs cada vez que un usuario ingrese una búsqueda con el nombre del peticionario más la palabra productor. El fallo expresa que si bien no resulta razonable imponer a la demandada la obligación sistemática de monitorear todas las páginas existentes a fin de ejercer un filtrado previo de todos los contenidos que resulten ilícitos o presumiblemente ofensivos según el criterio de cada usuario, cuando tuvo conocimiento de los sitios en los cuales había contenidos injuriantes o violatorios de los derechos del actor no los eliminó con la premura que el caso exigía lo cual determinó nuevas denuncias en la causa de referencia, incluso con apercibimiento de aplicar sanciones por incumplimiento.
Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes (ver recursos de fs. 290 y 292, concedidos a fs. 291 y 293, respectivamente). La parte actora expresó agravios a fs. 297/300 y la demandada hizo lo propio a fs. 301/310. Corrido el traslado, ambas partes lo contestaron (ver fs. 312/314 y fs. 316/319).
II. Corresponde empezar el análisis por los cuestionamientos a la decisión de fondo para luego, en la medida que resulte pertinente, hacer lo propio con los referidos al monto destinado a reparación del daño moral.
En lo principal, la demandada plantea los siguientes agravios: a) que se efectuó un incorrecto análisis del expediente cautelar, en virtud del cual se le reprochó negligencia en el cumplimiento de la medida que no fue tal y b) que no quedó configurado el daño que da lugar a reparación.
Según expresa en su memorial, la medida cautelar era de alcance genérico e impreciso y para cumplirla debía supuestamente examinar cada uno de los sitios indicados y determinar según su propio criterio las páginas a ser bloqueadas, aun cuando tenían más de quinientos posteos o URLs internos (ver fs. 304vta./305). Expone las dificultades de este mecanismo y destaca que frente a cada una de las presentaciones que efectuó el actor en las que identificó nuevos URLs y que generó una intimación por parte del Tribunal, efectuó siempre los bloqueos solicitados con la mayor premura, sin perjuicio de dejar planteadas las razones por las cuales pensaban que se excedían los términos de la medida. En definitiva, considera que actuó siempre de modo diligente pese a las dificultades que implicaba los términos de la medida que no ordenaba la identificación concreta por parte del actor de los URLs que debían ser bloqueados y por lo tanto no le cabe responsabilidad alguna. Cita en apoyo de su postura distintos fallos de jurisprudencia, incluso de este tribunal.
En segundo término expone sus críticas a que se considerara acreditado el daño moral. Cuestiona que el juez de grado planteara que hubo un daño espiritual “evidente” y por un “lapso prolongado” cuando desde su perspectiva no hay evidencias en el expediente ni del daño concreto ni de su duración. Reitera que frente a cada denuncia de incumplimiento, más allá de haber brindado las explicaciones del caso, cumplió con lo pedido y la información fue rápidamente removida, lo cual refuerza la idea de que no existió daño.
III. La decisión del a quo de hacer lugar al reclamo se funda en el incumplimiento por parte de la demandada de eliminar en tiempo oportuno de su lista de resultados las páginas violatorias de los derechos del actor una vez notificados (ver fs. 287, párrafos, segundo y tercero). También el daño moral que el magistrado ha considerado “evidente” y por “tiempo prolongado” se ha basado en los incumplimientos de la demandada (ver fs. 287vta., segundo párrafo). De allí que corresponde entonces examinar los términos en que fue otorgada la medida cautelar y la conducta posterior de la demandada.
Conforme los términos de la causa 54526/2010 que tengo a la vista, el 12 de julio de 2010 el actor obtiene de la Justicia Civil una medida cautelar que ordenó a Google y Yahoo que “en caso de no contar con autorización del actor procedan a: eliminar el acceso a los sitios www.paginasdeverdad.blogspot.com, www.fotolog.com a través de www.google.com.ar y www.conurbanos.blogspot.com a través de www.yahoo.com.ar que refieran al nombre del actor, y a cesar en la difusión de la existencia de dichos blogs cada vez que un usuario de los buscadores web (…) realiza una búsqueda con el nombre del actor, más la palabra “productor” (ver fs. 52/53).
En cuanto resulta relevante para esta causa, Google apeló la medida y efectuó distintas consideraciones respecto del contenido de su motor de búsqueda, la imposibilidad de filtrar preventivamente cualquier tipo de contenidos, el funcionamiento de la herramienta “Blogger”, la actividad pública y política del actor que justifica que esté mencionado en distintos sitios de internet y las características de los contenidos denunciados por el actor (ver fs. 126/144). El actor contestó el traslado a fs. 206/212.
A fs. 234/236 la Cámara Civil dispuso confirmar la resolución apelada. Para ello consideró que en virtud del alcance de la medida, la documentación acompañada alcanza para tener por acreditada la verosímil existencia del derecho invocado ya que la circunstancia de tratarse de un funcionario público o estar dedicado a la actividad política partidaria no anula la condición de sujeto de derecho merecedor de tutela judicial cuando se afectan aspectos de su vida privada. Según el tribunal, la medida compatibiliza adecuadamente el equilibrio entre las garantías invocadas por las demandadas y los derechos del actor, también de raigambre constitucional (ver fs. 234/235).
Considero que no es posible desvincular el cumplimiento de la medida con la forma en que fue otorgada. En efecto, la línea jurisprudencial seguida por el tribunal al tiempo de disponerla, implicó otorgar una medida cautelar de carácter amplio que importaba la eliminación de todo tipo de información publicada sobre el actor en determinadas páginas o blogs y la obligación de la empresa de monitorear permanentemente la red para evitar que se efectuaran nuevas publicaciones de contenido agraviante para el actor.
De allí que no me parezca procedente una prohibición de estas características ya que como oportunamente señaló este Tribunal, no se pueden soslayar las dificultades que entraña la determinación del cumplimiento de medidas cautelares con el alcance amplio decidido, lo que constituye un indicio de su improcedencia. De hecho, la forma en que ha sido dispuesta persuada de su ineficacia ínsita, puesto que su alcance tan general torna dificultosa, sino imposible, la verificación de su efectivo acatamiento (causa 8805/09 del 14/04/11; Sala I, causa 6103/06 del 31/08/10), máxime cuando el cumplimiento de esa orden involucra un medio altamente dinámico debido a los nuevos sitios que en forma permanente son incorporados (causa 7.489/07 del 29/10/11).
Como ha expresado mi colega el Dr. Recondo al expedirse en la causa 3584/09 del 13/5/2015. No se puede soslayar -por un lado- que no es procedente una prohibición con la amplitud con que fue concebida toda vez que en principio encuentra como impedimento los alcances de la ley 26.032 que establece que “la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión” (art.
1°). Y por el otro, que las medidas cautelares se deben analizar en función de una decisión definitiva a la que tiene por objeto garantizar, ya que están destinadas a asegurar la eficacia práctica de la sentencia e impedir que se tornen ilusorios los derechos de los peticionarios por el transcurso del tiempo que insuma el proceso y es por ello que el proceso cautelar no se justifica por sí solo.
También en dicha oportunidad se recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/daños y perjuicios” resuelta el 28/10/2014 entendió que sobre los buscadores no existe una obligación general de vigilar los contenidos que se suben a la red y que son provistos por los responsables de cada una de las páginas de la web y que se configura un comportamiento antijurídico por parte del buscador cuando toma un conocimiento efectivo de que está causando un perjuicio individualizado y, no obstante ello, no adopta las medidas necesarias como para corregir o hacer cesar dicha situación lesiva de la esfera jurídica ajena (considerandos 15, 16 y 17).
De hecho, esta Sala también ha modificado su criterio frente al dinamismo del medio digital que constantemente incorpora nuevos sitios y los cambios en la jurisprudencia. Así, en el caso de la medida cautelar dispuesta por el juez de primera instancia en el expediente que dio lugar a la causa sobre daños y perjuicios a la que se refiere el voto del Dr. Recondo, (causa 10.646/08 “Sagues, Guillermo E. c/ Google Inc s/medidas cautelares”), si bien en su oportunidad se había confirmado el alcance de la medida (30/07/2009), con posterioridad (28/02/2012) tras verificar la dificultad en determinar su cumplimiento sobre bases amplias y los cambios indicados, modificó sus términos a fin de que “sea el actor quien denuncie los URLs cuyo bloqueo solicite, debiendo el juez fijar un plazo para que la firma cumpla con la orden que dicte”.
Ahora bien, aclarado que los términos en que quedó obligada la demandada resultan un tanto excesivos en atención a la jurisprudencia más reciente en esta materia, es desde esa perspectiva que deben ser considerados también sus supuestos incumplimientos. Y en este aspecto, tampoco comparto la decisión del a quo.
Conforme surge del expediente sobre medida cautelar, cada vez que el actor denunció la existencia de nuevos URLs con contenido infamante hacia su persona, la demandada cumplió con la intimación judicial y dio de baja esas direcciones, en tiempo y forma, de acuerdo con los plazos perentorios exigidos por el tribunal (ver fs. 245, 249, 250, 273/275, 281, 282, 287/292, 295/298 y 300/301)
Al respecto, tal como se resolvió en la citada causa 3.584/09, no puede endilgarse responsabilidad alguna a Google si cada vez que fue puesto en conocimiento efectivo de la existencia de contenidos lesivos y se le proporcionaron datos precisos respecto de las páginas que vinculan al actor, procedió a bloquearlas.
En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar a los agravios de la demandada y revocar la sentencia de primera instancia. Esta decisión torna abstracto el tratamiento de los restantes agravios.
Por ello, propongo al Acuerdo revocar el fallo. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado.
Así voto.
El Dr. Antelo dijo:
I. Los antecedentes de la causa fueron adecuadamente reseñados por mi colega preopinante, doctora Graciela Medina, en el considerando I de su voto, por lo cual a ellos me remito.
El Juez basó el acogimiento de la demanda en el incumplimiento de la medida cautelar dictada en el expediente nº 54.526/2010 caratulado “Klein, Silvio Franco c/ Google Inc. y otro s/ medidas cautelares”, que corre agregado a esta causa y que tengo a la vista (ver nota de elevación de fs. 295vta. y fallo de fs. 284/288, en especial, fs. 287, segundo y tercer párrafos).
En este tipo de conflictos cabe distinguir dos fuentes de responsabilidad: la refleja de la empresa administradora de los motores de búsqueda por hechos ajenos (los que llevan a cabo los dueños de las páginas o autores de contenidos agraviantes); y la propia por la falta de acatamiento de providencias cautelares. La primera debe ser descartada con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (R. 522.XLIX “Rodríguez, María Belén c/Google Inc. s/daños y perjuicios”, sentencia del 28 de octubre de 2014, Fallos 337:1174) y de esta Cámara (conf. mi voto in re “Giovanetti”, Sala II, expte. nº 1841/2008 del 2/6/15, considerandos IX y X). La segunda causa de responsabilidad debe ser examinada atendiendo a las circunstancias de cada caso. Lo que importa es determinar si la resolución por la cual fue admitida la precautoria contenía un mandato susceptible de ser cumplido por la empresa, más allá de los términos genéricos con que algunos magistrados suelen expedirse sobre este tópico.
Aclarado lo anterior, no hay constancias en la causa de que Google Inc. haya incurrido en una conducta lesiva de los intereses del actor que justifique su condena, tal como con acierto se señala en el considerando III del voto que me precede en orden.
En atención a ello y a los fundamentos expuestos por mí en la citada causa “Giovanetti” (expte. nº 1841/2008 cit., considerando XI), a la que remito brevitatis causae, considero que la sentencia debe ser revocada y la demanda rechazada. Una copia impresa del registro del protocolo informático de sentencias (Acordada CSJN 6/14), cuyo texto puede ser consultado en el sitio http://scw.pjn.gov.ar, será adjuntada al expediente e integrará la presente resolución.
En cuanto a las costas del proceso, me sumo a la solución propuesta por mi colega de distribuirlas por su orden, de conformidad con el criterio mantenido en la causa a la que se remite (art. 70, segundo párrafo, del Código Procesal, DJA; Sala II, expte. nº 1841/2008 cit.).
Así voto.
Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.
Buenos Aires, 24 de mayo de 2016.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar el fallo y desestimar la demanda.
En atención a la complejidad, novedad de la cuestión y cambios en la jurisprudencia, las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal).
Firme o consentido que se encuentre el pronunciamiento, se procederá a la regulación de los honorarios que corresponden a los profesionales que intervinieron en el proceso (art. 280 del Código Procesal).
El Dr. Recondo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).
Regístrese, notifíquese, publíquese y devuélvase.
Graciela Medina
Guillermo Alberto Antelo
009536E
