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JURISPRUDENCIACorte de suministro eléctrico. Cortes de energía. Relación contractual. Daño punitivo
En el marco de un juicio por daños y perjuicios, en el que se persigue un resarcimiento por los daños sufridos a raíz de diversos cortes de energía que sufrieron los actores en su domicilio, se eleva la suma asignada por daño punitivo y daño moral.
En Buenos Aires, a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Fernández, Mariela Karina y otro c/ Edesur S.A. s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo la doctora Graciela Medina dijo:
I. El juez a quo resolvió admitir la demanda promovida por Mariela Karina Fernández y Víctor José Pallero, con el objeto de que les fueran resarcidos los daños y perjuicios sufridos a raíz de diversos cortes de energía que tuvieron en su domicilio, a partir del primer semestre de 2009 y en distintos períodos hasta enero de 2011. En consecuencia, condenó a Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) y a su aseguradora Caja de Seguros S.A., a pagarle a la Sra. Fernández la suma de $13.250 y al Sr. Pallero la suma de $11.750, en ambos casos con más sus intereses y costas. Para así decidir, tuvo por acreditada tanto la relación contractual entre las partes como los cortes del suministro eléctrico alegados. La reparación incluyó la suma de $5.500 en concepto de daño material, $6.000 por el rubro daño punitivo y por el daño moral, $7.500 para la señora Fernández y $6.000 para el señor Pallero (ver fs. 319/330).
Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes y la citada en garantía (ver recursos de fs. 314, 333 y 335 que fueron concedidos a fs. 332, 334 y 338). La parte actora expresó agravios a fs. 346/349 y la demandada hizo lo propio a fs. 350/356. La citada en garantía desistió de su recurso (ver fs. 357/358). Corrido el traslado, sólo la demandada lo contestó (ver fs. 361/364). Asimismo se han presentado recursos contra la regulación de honorarios (ver fs. 331, 333, 336 y 337 y concesiones de fs. 332, 334 y 338), que en caso de corresponder serán tratados en conjunto al final del Acuerdo.
II. Previo al análisis de los agravios articulados, corresponde que me expida sobre el derecho aplicable a la resolución del presente conflicto atento a que a partir del 1° de agosto de 2015, se encuentra vigente un Código Civil y Comercial Unificado que reemplaza al Código Civil y al Código de Comercio que se encontraban en vigor tanto al momento de los hechos, como al tiempo de la traba de la litis. En el caso, nos encontramos frente a una relación generada por un contrato y por ello la ley que rige la responsabilidad civil es la vigente al momento de la producción del hecho generador del daño, es decir el incumplimiento contractual (causa 6.681/1999 del 10/03/2016). No obstante que propicio aplicar a este conflicto el Código Civil de Vélez Sarsfield no descarto citar algunas normas del nuevo ordenamiento como doctrina corroborante con la fundamentación jurídica que adoptaré.
III. Dicho esto cabe señalar que en lo que respecta a la accionada, teniendo en cuenta las sumas por las que ha prosperado la demanda respecto de cada uno de los actores, la decisión resulta inapelable (art. 242 del Código Procesal). En efecto, por tratarse de una cuestión en la cual está comprometido el orden público -toda vez que se refiere a la jurisdicción y a la competencia funcional- esta Sala tiene facultades para examinar la admisibilidad formal del recurso de apelación (conf. Podetti, Tratado de los recursos, 1958, N° 61; Ibañez Frocham, Tratado de los recursos en el proceso civil, 2° ed., N° 46; Morello-Sosa-Berizonce, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Anotados y comentados, 2° ed., tomo III, pág. 392; Sala I, causas 4720, del 11/06/87; 4961, del 30/10/87; 5526, del 19/04/88; Sala II, causas 6722, del 14/09/78; 3347, del 14/12/84; 3994, del 11/10/85; 7806, del 30/10/87).
En este orden de ideas, recuerdo que -como principio-una causa es susceptible de apelación en virtud de su monto cuando el capital reclamado en la demanda supera el mínimo previsto en el art. 242 del código de forma, con las modificaciones de la ley 23.850 (sin computar los accesorios). La apelabilidad subsiste si, una vez dictado el pronunciamiento de primera instancia, éste ocasiona a alguna de las partes un gravamen que supere el aludido mínimo de la ley 23.850. En consecuencia, si la contienda quedó reducida a un monto exiguo que no alcanza ese tope mínimo exigido y que debe ser afrontado por la demandada, la instancia de revisión queda vedada para esta última. Cuando esto sucede, el pleito pierde el régimen de la doble instancia y queda sometido al de única instancia precisamente por la escasa entidad del debate que subsiste.
En este contexto, en lo que atañe al recurso de Edesur S.A., el monto por el cual el magistrado de grado hizo lugar a la presente acción fue de $13.250 en favor de la Sra. Mariela Karina Fernández y de $11.750, en favor del Sr. Víctor José Pallero (ver fs. 329), por lo que -forzoso es concluir- que el gravamen de la recurrente no llega en ninguno de los dos casos al quantum mínimo que contempla el art. 242 citado; circunstancia ésta que veda toda intervención de este Tribunal.
IV. Corresponde ahora abordar los cuestionamientos efectuados por la parte actora respecto de los montos indemnizatorios.
a) En primer término los actores se agravian por las sumas otorgadas en concepto de daño moral ($7.500 para la actora Fernández y $6.000 para el coactor Pallero).
Desde su perspectiva, el cúmulo de padecimientos y trastornos sufridos a lo largo del tiempo que duraron los cortes, ha sido insuficientemente compensado con la suma establecida que además no se compadece con la fijada en casos análogos (ver fs. 346vta.).
En tal sentido, corresponde apreciar que de acuerdo a lo informado por el ente regulador (ver fs. 169/172), los actores sufrieron más de 33.700 minutos de corte, lo que representa casi 562 horas. También las declaraciones testimoniales agregadas a fs. 150/151, dan cuenta no sólo de los cortes, sino también de los inconvenientes que los mismos generaron para los actores. Esta cantidad de cortes no se corresponde con la que ha tenido en cuenta el juez de grado (131 horas y fracción -ver fs. 323), que sólo ponderó algunos períodos que si bien fueron mencionados por la parte actora como de mayor intensidad, no implica que no deba ser tenido en cuenta el total a los efectos de la reparación. De hecho, en la demanda se reclamó por los daños y perjuicios “desde la fechas de inicio de los cortes (que surgirán de la prueba informativa al ENRE) (ver fs. 10).
Por otra parte no puede dejar de ponderarse que en el caso de la Sra. Fernández se justifica una suma mayor toda vez que se desempeña como encargada del edificio, con lo cual es razonable suponer que en tal carácter el corte del suministro le ha generado preocupaciones adicionales y ha tenido que atender reclamos y demandas que acrecientan su padecimiento moral, situación que ha sido confirmada por las declaraciones testimoniales de fs. 150/151.
En estas condiciones, la suma establecida por el juez de grado resulta claramente insuficiente en atención a lo prolongado de los cortes sufridos y los múltiples padecimientos que han debido afrontar por tratarse buena parte de ellos de época estival. Por ello, si mi opinión es compartida, corresponde elevar a $14.000 la suma en favor de la Sra. Fernández y $10.000 la del Sr. Pallero. Vale la pena aclarar que la circunstancia de que el reclamo por el rubro fuera inferior no obsta a esta decisión toda vez que se dejó librado a “lo que en más o en menos resultare de las constancias de la causa” (ver fs. 10).
c) Finalmente, los actores se agravian también por la suma fijada en concepto de daño punitivo ($6.000). Según exponen, el monto no guarda relación con las establecidas en casos análogos y desnaturaliza la finalidad del instituto.
Sobre este punto, el tribunal se ha pronunciado in extenso en la causa “Roldán, Silvia B. T. c/Edesur S.A. s/daños y perjuicios” (causa 5.719/12 del 03/9/15) a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad y que en copia certificada acompaña a la presente, sin perjuicio de que puede ser consultada en el sitio http://scw.pjn.gov.ar perteneciente al Sistema de Gestión Judicial del Poder Judicial de la Nación. Interesa puntualizar que la remisión aludida constituye fundamento suficiente de este pronunciamiento, conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 300:916; 300:1020; y 308:1206, entre otros).
En dicha oportunidad se puso de manifiesto la dificultad en la cuantificación de este tipo de daños y la conveniencia de tener en cuenta al menos tres parámetros fundamentales: la gravedad de la falta cometida por el demandado, la posición de mercado del infractor y la consideración de los efectos que la sanción a aplicar tendrá en la resolución de casos posteriores similares. Ello sin dejar de advertir que la ley 24.240 opta definitivamente por aquel sistema que destina la totalidad del monto a la víctima del hecho lesivo, descartando por lo tanto el denominado “sistema mixto”, mediante el cual se divide en determinada proporción el monto de la sanción entre la víctima y el Estado o alguna entidad de bien público.
Considero que en el caso se justifica elevar el monto otorgado por este rubro. En efecto, de acuerdo al informe suministrado por el ENRE, al que ya hice referencia, el actor no sólo ha sufrido una importante cantidad de cortes desde junio de 2009 hasta julio de 2014 (fecha del informe), sino que varios de ellos superaron las 36 horas seguidas (diciembre 2012 -2 veces-, o septiembre 2013, entre otros. Esto muestra a las claras la falta de voluntad de la demandada para dar una respuesta adecuada al problema, y los múltiples contratiempos que durante largo tiempo se ha generado a los actores. De allí que propongo elevar la suma en cuestión a la de $25.000.
No empece a este resultado la circunstancia de que el ENRE impusiera multas ya que, una cosa es el incumplimiento que el ente regulador sanciona en nombre del Estado y otra distinta es la reparación al usuario por los daños sufridos.
IV. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo modificar el fallo apelado con el siguiente alcance: a) elevar la suma correspondiente al daño moral, otorgando $14.000 a la Sra. Fernández y $10.000 al Sr. Pallero; y, b) elevar la suma por daño punitivo a la de $25.000. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (conf. art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Así voto.
Los doctores Guillermo Alberto Antelo y Ricardo Gustavo Recondo por análogos fundamentos adhieren al voto precedente. Con lo que terminó el acto de lo que doy fe.
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: a) elevar la suma correspondiente al daño moral, otorgando $14.000 a la Sra. Fernández y $10.000 al Sr. Pallero; y, b) elevar la suma por daño punitivo a la de $25.000. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (conf. art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Una vez que se encuentre firme la liquidación del crédito que se manda pagar con sus intereses, vuelvan las actuaciones a los efectos de proceder a las regulaciones de honorarios (art. 279 del Código Procesal).
Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.
Guillermo Alberto Antelo
Ricardo Gustavo Recondo
Graciela Medina
022030E
