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JURISPRUDENCIA
En la ciudad de Corrientes, a los diez días del mes de abril de dos mil trece, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Alejandro Alberto Chaín y Fernando Augusto Niz, con la Presidencia del Dr. Carlos Rubín, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº EXP – 40180/9, caratulado: “M. M. C/ DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORRIENTES Y/O ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES S/ AMPARO”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Carlos Rubín, Alejandro Alberto Chaín y Fernando Augusto Niz.
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
SE PLANTEA LA SIGUIENTE:
CUESTION
¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR CARLOS RUBIN, dice:
I.- Contra la sentencia pronunciada por la Sra. Jueza Civil y Comercial N° 7 de esta ciudad (fs.184/200 y vta.), que hizo lugar a la acción de amparo y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2.8 y 6.1 a) del Reglamento General de Suministro Eléctrico aprobado por resolución N° 568/00 y modificatorias N° 620/01, 632/01, 020/02 y 694/03 de la Dirección Provincial de Energía; en su mérito, concedió la franquicia del 100% en las liquidaciones consumidas por la actora, siempre y cuando el consumo real se corresponda con uno básico y elemental conforme la tabla que proporciona la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, la demandada interpuso el recurso de apelación en tratamiento (fs.255/257).
II.- Para así decidir, la jueza de grado halló cumplidos los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo.
Al abordar la cuestión de fondo afirmó que se encontraban en juego los derechos a la salud y por ende a la vida del hijo menor de la actora, teniendo por cierto y acreditado el estado de extrema indigencia de la amparista.
Destacó como una situación fáctica constitucionalmente disvaliosa que el menor G. M., conforme con la patología que padece, sufra un perjuicio en su salud como consecuencia de la falta de suministro de energía, por lo que declaró la inconstitucionalidad de los artículos anteriormente citados del Reglamento General de Suministro Eléctrico que obstaron la realización de los derechos reconocidos.
Invitó a la prestataria a contemplar supuestos extraordinarios, como el de autos, para evitar el corte del suministro de energía eléctrica, no contemplado en la normativa vigente, y como derivación lógica y obligada de las razones humanitarias que inspiraron el decisorio otorgó a la actora el beneficio de competencia (arts. 799/800 del Código Civil) en relación a la deuda pendiente de pago para con el organismo demandado.
III.- La parte recurrente se agravia aduciendo la falta de idoneidad de la vía del amparo y la necesidad de mayor debate y prueba.
Señala que en la especie no se verifican los requisitos de lesividad del acto ni la irreparabilidad del perjuicio.
Alega que la obligatoriedad y generalidad propias de los servicios públicos son fundamentos del derecho del usuario a utilizar el servicio. Por lo que, sobre la base que el suministro de energía es oneroso, se implementó a través de la resolución N° 065/09 un Procedimiento para la Aplicación de Excepciones al Cuadro Tarifario Vigente, denominado Tarifa Social, trámite al que no se avino la actora.
Expresa que la amparista no puede trasladar la responsabilidad a las demandadas cuando nunca acreditó ante los organismos pertinentes la existencia de un menor discapacitado, ni gestionó el trámite para el caso de viviendas precarias, ni para ser encuadrada dentro de las excepciones de la resolución citada, lo que era menester.
Invoca insuficiencia probatoria y violación al derecho de defensa, porque las diligencias probatorias incorporadas exceden las complementarias que podría haber ordenado el Juez dentro de sus facultades, entre las cuales se omitió que el menor tiene asignado un beneficio por parte de la Nación, que cambia radicalmente lo expresado en el memorial de demanda y lo resuelto por el a quo.
IV.- La alegada existencia de otros remedios procesales que hacen inadmisible la vía de amparo no es postulable en abstracto, pues la posición de los representantes de la D.P.E.C. de la mencionada existencia depende -en cada caso- de la concreta situación motivante del pleito. Consecuentemente, en la especie, este argumento es inaudible dado que la recurrente no refiere las pruebas que acaso el proceso sumarísimo le impidió deducir o producir, y menos aún se visualizan las defensas de las que se vio privado. La Corte Suprema ha señalado que la existencia de otras vías procesales aptas no es postulable en abstracto, sino que depende en cada caso de la situación concreta de cada demandante, cuya evaluación como es obvio, es propia del tribunal de grado » (U.C.D.c/ N. de C s/amparo, fallo al 6-6-95).
En ese orden de ideas, advierto que la presente cuestión no requiere un mayor debate y/o amplitud probatoria que justifique ocurrir a las instancias ordinarias. Antes bien, con lo alegado y producido basta para proceder a evaluar el caso a la luz de los derechos constitucionales en juego.
V.- El párrafo 1° del art. 42 incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994, expresa «Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno». Esta norma comprende a los denominados «derechos sustanciales» (a la vida, a la salud, protección de intereses económicos, a la calidad de productos y servicios, a la justicia contractual etc.), y a los llamados «derechos primarios fundamentales» (acceso al consumo, a la libertad de elección, al trato equitativo y digno, a la educación para el consumo, etcétera).
La protección de la salud y seguridad son propias del poder de policía del Estado, que según el artículo citado, debe tratar de resguardar la igualdad en el negocio jurídico (entre los consumidores y los intereses de los proveedores del mercado de bienes y servicios), por lo que se encuentran sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio, ya que no existen derechos constitucionales absolutos sino que todos ellos son susceptibles de reglamentación a los fines de compatibilizarlos con los demás a fin de asegurarles a todos un ámbito de validez y efectividad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que no existen derechos absolutos (C.S.J.N., Fallos: 257:275; 258:267; 262:205), pues todos deben ejercitarse conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, atendiendo a su razón de ser teleológica y al interés que protegen (C.S.J.N., Fallos: 255:293; 262:302; 263:460).
En la órbita provincial el derecho reconocido por la Constitución a favor de los consumidores de energía eléctrica se encuentra limitado por el Reglamento General de Suministro Eléctrico, aprobado por Resolución de Intervención N° 568/00 y sus modificatorias N° 620/01, 623/01, 020/02 y 624/03, que atribuye a la entidad prestataria del servicio público el poder de suspenderlo sin necesidad de previo aviso ni interpelación judicial o extrajudicial cuando medie mora en el pago de facturas, toda vez que la provisión de energía eléctrica es un servicio público de carácter oneroso, que no se presume gratuito y el corte del suministro ante el incumplimiento de pago del usuario es su resultado.
No obstante ello, en pos de proteger a aquellos consumidores que se encuentran impedidos de cumplir con las obligaciones que conlleva la provisión de suministro la D.P.E.C., implementó la tarifa social mediante la resolución N° 205/02, homologada por decreto del Poder Ejecutivo 1289/02, ello para atender a usuarios con dificultades económicas, otorgándole una tarifa diferenciada, y amplias facilidades.
El referido marco de excepción no comprende el caso de autos porque en la especie está comprometido el derecho a la salud del hijo de la actora, derecho que desde el punto de vista normativo, está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22, Constitución Nacional), entre ellos, el art. 12 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1º arts. 4º y 5º de la Convención sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- e inc. 1º del art. 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y que la Corte desde sus inicios entendió que el Estado Nacional está obligado a «proteger la salud pública» (Fallos: 31:273) pues el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho a la vida que es «el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional.» (Fallos: 302:1284; 310:112 -La Ley, 1981- A 401; 1987B, 311). Así resolvió que en el Preámbulo de la Constitución Nacional «ya se encuentran expresiones referidas al bienestar general, objetivo preeminente en el que, por cierto, ha de computarse con prioridad indiscutible, la preservación de la salud» (Fallos: 278:313, consid. 15).
Y esta cuestión es política de Estado. Mediante la ley 24.901 se instituyó un sistema de protección integral para las personas con discapacidad, pretendiendo establecer un régimen especial de derechos de los discapacitados, y la consiguiente obligación a cargo de los órganos del Estado, tratando de otorgar a quienes se encontraren en esas condiciones, prerrogativas y estímulos a fin de intentar contrarrestar el menoscabo que la discapacidad les provoca (C.S.J.N. Fallos: 313:579).
Por consiguiente, el rol del Estado en cualquiera de sus jurisdicciones no se limita a permitir el ejercicio de derechos individuales sino que tiene el deber de realizar prestaciones positivas para garantizarlos, evitando que los mismos se tornen ilusorios.
Cabe señalar también que las personas con discapacidad -además de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado- requieren la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial de su conveniencia viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de estos casos (Fallos: 322:2701; 324:122; 327:2413).
En este contexto entiendo que estando probada la discapacidad del hijo de la actora, su situación sanitaria, las con diciones socio ambientales en las que viven, la percepción de un beneficio de $ … al 22/09/09 y de una pensión por discapacidad del menor de $ … -al mes de agosto de 2010- como únicos sustentos, teniendo en cuenta la jerarquía de los intereses en juego y la gravedad de la situación, considerando además la necesidad de atención que demanda el joven discapacitado y la consecuente dificultad para obtener la actora un trabajo, resulta razonable y justificada -cuanto más que la DPEC es un ente autárquico del Estado Provincial, y que por ende no le es ajeno efectuar acciones protectorias para con los sectores más vulnerables- la decisión de la Juez a quo de otorgar excepcionalmente la franquicia del 100% en las liquidaciones de energía eléctrica de la amparista, en los términos que la concedió. De allí también que los argumentos expuestos por el demandado resulten escasos para lograr el fin perseguido en su recurso, no logrando conmover las sobradas razones humanitarias y constitucionales que condujeron al anterior juez dictar la sentencia ahora impugnada, debidamente motivada.
Por lo que corresponderá entonces, si este voto resultase compartido por la mayoría de mis pares, desestimar el recurso deducido por la accionada. Sin regulación de honorarios, por tratarse de un recurso y de una contestación a él efectuados por letrados de la Fiscalía de Estado y las Defensoras de Pobres y Ausentes y de Cámara Sustituta. Así voto.
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice:
Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Carlos Rubín, por compartir sus fundamentos.
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:
Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Carlos Rubín, por compartir sus fundamentos.
En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:
SENTENCIA Nº 62
1°) Desestimar el recurso deducido por la accionada. Sin regulación de honorarios, por tratarse de un recurso y de una contestación a él efectuados por letrados de la Fiscalía de Estado y las Defensoras de Pobres y Ausentes y de Cámara Sustituta. 2°) Insértese y notifíquese.
Fdo.: Dres. Carlos Rubín-Alejandro Chain-Fernando Niz.
EDESUR SA c/R. (ENRE) 361/2005 – R. (SEn.) 568/2008 (Expte. 157.932/02) – Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. – En pleno – 13/07/2011
Cita digital:
