Se hace lugar al recurso de casación deducido y se casa la resolución que dispuso la intervención del patronato de liberados, al concluirse que el juez de ejecución carecía de competencia para adicionar una regla de conducta que no había sido establecida por el tribunal de mérito que condenó al imputado (conforme al artículo 27 bis del Código Procesal), máxime cuando el Ministerio Público Fiscal solicitó que se hiciera lugar al planteo de la defensa, con lo cual tampoco se presentaba un caso que requiriese una solución jurisdiccional.
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