Se anula el decisorio del Tribunal Oral que fijó la audiencia prevista en el artículo 515 del Código Procesal Penal de la Nación, pues omitió dar intervención al juez de ejecución luego de haber suspendido el proceso a prueba y se arrogó facultades por fuera de su competencia al hacerse cargo del control de las reglas de conducta impuestas.
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