Se declara la nulidad de la resolución que sobreseyó al imputado y se revoca la suspensión del juicio a prueba con que se lo benefició, debiendo reanudarse el curso del proceso, al probarse que incumplió las reglas de conducta y aclarándose que no se encontraba vedada la posibilidad de inspeccionar la decisión del juez de ejecución, pues es el tribunal que otorgó el beneficio quien emitirá opinión sobre la extinción de la acción o la reanudación del proceso, más aún cuando sea el precedente de la decisión judicial que declaró la extinción de la acción penal y sobreseyó al imputado.
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