Se revoca la resolución apelada y se admite la ejecución de la convención hipotecaria, por la cual las partes se pusieron de acuerdo en garantizar todas las operaciones y los contratos que por cualquier concepto celebraren entre ellas. Ello así, al estar individualizados aceptablemente las causas de la obligación, el tipo de operaciones comerciales entre las partes y el contrato al que accedían, por lo que no se apreciaron infracciones a los principios de especialidad y accesoriedad de la hipoteca. Asimismo, se concluyó que tampoco obstaba a esa conclusión la circunstancia relativa a que el monto de la deuda se determinara por un certificado emitido por un profesional contador público.
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