Se confirma la sentencia que admitió la aptitud ejecutiva de los certificados acompañados, en virtud de la ley 23576 y el decreto 677/2001, pues mencionan la existencia de una obligación líquida, cuya exigibilidad deriva de la fecha en que se consignaron registradas en la Caja de Valores las obligaciones negociables descriptas en el instrumento, y del “prospecto” surge la fecha de vencimiento de los intereses y el capital, lo cual satisface los recaudos formales para perseguir el cobro.
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