Relacion de trabajo presuncion legal vinculo sentimental empleada domestica

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Relación de trabajo. Presunción legal. Vínculo sentimental. Empleada doméstica

Se confirma la sentencia que tuvo por no acreditada la relación laboral entre las partes al no quedar demostrado bajo ninguna prueba que la actora desplegara tareas propias del servicio doméstico a favor del demandado, con quien habría mantenido una relación amorosa o de convivencia.

En la ciudad de Corrientes, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil dieciocho, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente N° CXP – 5755/13, caratulado: “MONTIEL MIRTA EUFEMIA C/ HEREDERO DE ACOSTA MIGUEL PAZ S/ LABORAL”. Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Curuzú Cuatiá (fs. 228/235 y vta.), que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó lo resuelto en primera instancia desfavorable a esta parte por no resultar acreditada la relación laboral alegada, dedujo la misma el recurso de inaplicabilidad de ley en tratamiento (fs.243/248).

II.- Se encuentran satisfechos los recaudos de admisibilidad del medio impugnativo en análisis, al haber sido planteado contra sentencia definitiva dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones y dentro del plazo de ley, estando exenta la recurrente de cumplir con la carga del depósito económico (art. 104, ley 3540).

III.- Fundamentó su alzamiento en la circunstancia de haber hecho prevaler el tribunal «a-quo» una relación afectiva o de concubinato sobre la existencia de una relación laboral, no demostrándose aquél vínculo.

Opinó que para catalogar de doméstica a la actora no hacía falta verla barrer, lavar platos, limpiar la casa u otras tareas afines y agregó que se aplicó mal la presunción emanada del art. 23 de la L.C.T.

En ese cometido, se explayó acerca del comportamiento evidenciado al despacharse las misivas o intercambio epistolares; abunda respecto de la exposición policial que citó y acerca de los testimonios producidos en la causa.

IV.- Sin embargo, la conclusión que exhibe el pronunciamiento de grado no logró ser descalificada a través de los vicios que le fueron endilgados, siendo derivación razonada del derecho aplicable (art. 386 y 377 del C.P.C.C. y art. 109 de la ley 3.540).

Debió el impugnante -y no lo hizo- sustentar sus agravios a través de un cuestionamiento concreto y eficaz de los fundamentos esenciales que exhibe el pronunciamiento objetado, tarea que no puede juzgarse cumplida cuando como ocurre en el caso -las alegaciones formuladas por el interesado no exteriorizaron- más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del vicio invalidante en la apreciación de las pruebas, el absurdo.

Es doctrina inveterada de este Superior Tribunal de Justicia que la evaluación del material probatorio, como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren para establecer si entre las partes medió o no un contrato de trabajo, corresponden privativamente a los magistrados de los tribunales de grado, sin que esa decisión sea revisable en esta sede extraordinaria, salvo cabal demostración de aquél motivo (S.T.J. Ctes., Sent. N° 30/2006, 70/2006; 71/2006; 15/2007; 71/2007; 21/2011; 46/2017; 12/2018 entre tantas otras).

Bajo tales premisas, la impugnación deviene insuficiente. Ello desde que el interesado se limitó a oponer a las conclusiones sentadas por el «a-quo» su propia interpretación -naturalmente favorable a sus intereses- sobre los hechos y las pruebas de la causa, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada sólo en razones de preferencia o conveniencia personal en cuanto al modo de apreciar los dichos de los testigos propuestos por su parte, distan -en mucho- de constituir una vía idónea para demostrar el absurdo.

V.- De allí que devienen insuficientes los agravios basados en la sostenida argumentación para probar la causal invocada, toda vez que la teoría del absurdo surgió para evitar que graves y manifiestas anomalías en la apreciación de las pruebas pudieran conducir a una sentencia sin real apoyo en los hechos.

Y solamente el error palmario de sentar conclusiones en abierta contradicción con comprobaciones fehacientes de la causa, o con desvío de las leyes de la lógica, constituirá ese vicio que autoriza la apertura de esta instancia extraordinaria (Cfr.: S.T.J., Ctes., Sentencia Laboral 46/2017).

Causal de excepción que lejos quedó de configurarse en el caso, desde que, como recién lo expresé, el memorial de apelación extraordinario dejó entrever una particular apreciación de lo acontecido en este proceso, señalando lo que entendió como errores en que incurrió el juzgador de origen al aplicar el derecho, aspectos todos ellos que -en su opinión- indicaron la existencia de una relación de linaje laboral.

Sin embargo, del ensamble de las respuestas brindadas por los testigos que declararon a propuesta de la parte actora, pormenorizadamente valorados; de su correlación con las demás motivaciones que fundamentaron el fallo recurrido, no advierto que la parte recurrente haya aportado ningún elemento convincente que verdaderamente demuestre que la solución dada al caso no resultó la correcta.

VI.- Por el contrario, la Cámara examinó detalladamente las pruebas aportadas a la causa. Partió de una clara premisa, aquella según la cual nada impedía que entre cónyuges o parejas nacidas de una unión convivencial pudiera existir también un vínculo de naturaleza laboral, lo cual era perfectamente compatible.

Más, para su acreditación, razonablemente consideró que la aplicación de la presunción contenida en el art. 23 de la L.C.T., hoy aplicable lisa y llanamente a la relación de empleo doméstico en razón de la reforma introducida al art. 2 por la ley 26.844, debe ser apreciada con mayor rigor crítico y no de modo automático e irreflexivo.

En ese cometido, valoró que ninguno de los testigos, ni siquiera Benítez, indicaron en qué hechos o circunstancias basaban su afirmación de que la actora hubiera ejercido el rol de empleada doméstica.

Decisión que sostenida en otras reflexiones relevantes (como aquella vinculada a no encontrar explicación acerca de quién, eventualmente, asistió al demandado mientras duró la estadía de la actora en Buenos Aires, lugar donde todos los testigos coincidieron que fue a cumplir con atenciones y tratamientos médicos durante un largo lapso, si la alegada avanzada edad y el estado de salud del accionado requerían de asistencia personal y domiciliaria), coadyuvaron a desentrañar la existencia de una relación diferente a la laboral.

VII.- A mayor abundamiento, la solución jurídica que contiene el fallo se compadece con el criterio sustentado largamente por este Superior Tribunal, respecto a la interpretación que corresponde dar al art. 23 de la LCT., desde que «…para que juegue la presunción dispuesta en dicha norma se requiere la acreditación en juicio que los servicios prestados por el accionante lo fueron en relación de dependencia para otro…» (S.T.J. Ctes.; Sentencias laborales N° 68/2006, N° 11/2008 y 50/2012, entre otras) y ello no quedó demostrado, no surgiendo de ninguna prueba -como desarrolló la Cámara- haber visto a la actora desplegar tareas propias del servicio doméstico.

Y si bien de conformidad a lo consagrado en el art. 2 de la ley 26.844: «se considerará trabajo en casas particulares a toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar. Se entenderá como tales también a la asistencia personal y acompañamiento prestados a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad», no menos cierto resultó de estos autos que la Cámara tuvo motivos razonables para descalificar los testimonios producidos por la parte actora, pues ninguno apreció que esta última realizó tareas de tal modo que se las pudiera catalogar como propias o típicas de una empelada doméstica, restando también poder de convicción a las respuestas del Sr. Benítez, pues si bien dijo que observó a la reclamante barrer la vereda o limpiar la ventana del frente de la casa; como bien apreció el judicante de grado, ello también lo realiza una persona casada o en unión convivencial; de interpretarse lo contrario, agregó, se llegaría al absurdo de tener que reconocer que todo integrante de una pareja vinculada o no matrimonialmente, resulta un potencial empleado doméstico del otro. Y tal solución escapa -a mi entender- a la existencia del vicio caracterizante de arbitrariedad de sentencia.

Consecuentemente, las críticas explayadas no alcanzaron a refutar los motivos que llevaron a la Cámara decidir del modo que lo hizo, ensamblando lo resuelto armónica y eficazmente la coexistencia de las reglas de la sana crítica -art. 386 del CPCC- y lo dispuesto en al art. 23 de la L.C.T.

De compartir mis pares este voto corresponderá rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, confirmar la sentencia recurrida, con costas. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Aníbal Horacio Alonso, como vencido; los pertenecientes a los Dres. Lucas Martín Musi y Carolina Izquierdo, en conjunto, como vencedores, todos como monotributistas frente al I.V.A., en un …% de la cantidad que, respectivamente, quede establecida para cada uno en primera instancia (art. 14, ley N° 5822).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA N° 60

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, confirmar la sentencia recurrida, con costas. 2°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Aníbal Horacio Alonso, como vencido; los pertenecientes a los Dres. Lucas Martín Musi y Carolina Izquierdo, en conjunto, como vencedores, todos como monotributistas frente al I.V.A., en un …% de la cantidad que, respectivamente, quede establecida para cada uno en primera instancia (art. 14, ley N° 5822). 3°) Insértese y notifíquese.

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN

Presidente