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JURISPRUDENCIASuplemento del Decreto 2807/93, y el Dto. 1275/05. Suma remunerativa y bonificable
Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda interpuesta, cuyo objeto consiste en que se le abone a los actores como suma remunerativa y bonificable y su incorporación en el concepto sueldo o haber, el suplemento del Decreto 2807/93, y el Dto. 1275/05 desde julio de 2005.
Resistencia, 31 de julio de dos mil dieciocho.
VISTOS:
Estos autos caratulados “GOMEZ, NILDA IGNACIA Y OTRO C/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VARIOS” Expte. Nº FRE 11006843/2005/CA1, provenientes del Juzgado Federal N°1 de Resistencia;
CONSIDERANDO:
La Dra. María Delfina Denogens dijo:
I.Que las accionantes, pensionadas del Servicio Penitenciario Federal, promueven acción ordinaria en fecha 20/12/2005 (fs. 10/12 vta.) contra dicho organismo, a fin de que se les abonen como suma remunerativa y bonificable y su incorporación en el concepto sueldo o haber, el suplemento del Decreto 2807/93, y el Dto. 1275/05 desde julio de 2005. Más intereses y costas. Subsidiariamente plantea la inconstitucionalidad del decreto en cuestión.
Amplían demanda a fs. 45 y 56 (por el Dto. 1223/06); a fs. 57 (por Dto. 872/07); a fs. 59 (por Dto. 1163/07); a fs. 60 (por Dto. 884/08 y 1653/08); a fs. 61 (por Dtos. 752 y 753/09); a fs. 63 (por Dto. 2048/09) y a fs. 64 (por Dto. 784/10, 894/10 y 883/10).
Que a fs. 31/39, el S.P.F. contesta la demanda, en base a argumentos a los que por cuestiones de brevedad remito.
II.El señor Juez de primera instancia dictó sentencia el 12 de septiembre de 2014 (fs. 77/83), haciendo lugar a la demanda promovida por las accionantes y ordenó al Servicio Penitenciario Federal incorpore al rubro “sueldo” de las mismas las sumas que les corresponderían percibir -de encontrarse en actividad como suplementos, compensaciones y/o adicionales creados por el Decreto 2807/93, y actualizados por los Dtos. 1275/05, 1223/06, 872/07, 884/08, 752/09 y los que se hubieran dictado o se dicten en consecuencia, con análoga finalidad, atribuyéndoles carácter remunerativo y bonificable, a partir del 1 de julio de 2005, los que deberán ser integrados en la base de cálculo de los haberes de pasividad de las accionantes, mas los intereses tasa activa a calcular mes a mes desde la fecha indicada y hasta su efectivo pago.
Impuso las costas por el orden causado y fijó los porcentajes a fin de regular honorarios a los profesionales intervinientes.
III.Que contra dicho pronunciamiento el Servicio Penitenciario Federal interpuso recurso de apelación y nulidad a fs. 88, el que fue concedido libremente y con efecto suspensivo a fs. 94. Puestos los autos en la oficina, expresó agravios a fs. 102/112, los que fueron replicados por la actora a fs. 115 y vta.
La recurrente -en síntesis sostiene:
1°) Que el fallo impugnado le causa agravio en tanto, al constituir una unidad lógicojurídica, requiere que la parte dispositiva sea la conclusión final y necesaria por derivación razonada del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación, recaudos que no consulta el decisorio en crisis el que, además, omite considerar cuestiones oportunamente propuestas por su parte para la adecuada solución del juicio y hace una interpretación del Decreto 2807/93 que -reputa no se ajusta ni a su letra ni a su espíritu, sin declarar su inconstitucionalidad.
2°) Que la sentencia es autocontradictoria y tiene defectuosa fundamentación. Señala que sus considerandos se contradicen con los vistos, dado que una cosa es el “rubro sueldo” (o haber de retiro) y otra distinta es el “haber mensual”, señalando que el haber de retiro es el total que percibe cada uno de los retirados y pensionados, por lo que, al requerir que se incorpore al “rubro sueldo” una suma en virtud del carácter general que ostentaría la misma, se está requiriendo que ella se incluya dentro de ese haber mensual, sin que esto implique que se encuentre sujeta a aportes (remunerativa) ni que sea tenida en cuenta para el cálculo de otros suplementos (bonificable), por lo que dicha suma necesariamente estará sujeta a aportes y será la base de cálculo de los demás suplementos que ostente el carácter de bonificable y es uno de los rubros que compone el “haber de retiro”. Analiza el Dto. 213/90 sobre la composición del haber mensual y las Leyes N° 13.018 (sobre haber de retiro para fundar su posición) y N° 20.416 (Ley orgánica S.P.F.).
En este sentido, concluye en que la sentenciante de la instancia anterior se aparta de la línea jurisprudencial sentada por la CSJN en las causas “Bovarí de Díaz” y “Villegas”, pues el “haber de retiro” está expresamente definido por el art. 9 de la Ley 13.018 (que implica el total de las sumas que perciben cada uno de los retirados y pensionados, aplicándose los descuentos jubilatorios) por lo que no cualquier suplemento integra el “sueldo”, sino sólo aquéllos por los que se efectúan aportes provisionales, y los decretos reclamados en autos fueron instituídos y aplicados con carácter particular y por lo tanto, al carecer de generalidad, no pueden ser considerados como sueldo, y menos aún para el personal retirado, ya que los mismos son temporales y mientras el agente se encuentre en actividad, por lo que el a quo hace una errónea interpretación de los suplementos al considerarlos “generales”.
Realiza otras consideraciones a las que por cuestiones de brevedad remito, puntualizando el carácter particular conforme jurisprudencia de la CSJN (analiza los fallos “Bovarí de Díaz, Aída”, “Villegas, Osiris”, “Papich Germán”, “Ayerbe, Lázaro”, “Domínguez, Roberto”, “Machado, Pedro”, “Pedreira”, “Costa”, “Torres”, “Klein de Groll”, entre otros), por lo que -reitera no pueden ser considerados como sueldo. Efectúa un análisis de los distintos suplementos particulares del Decreto 2807/93 -arts. 1° a 4°(“por funciones jerárquicas de alta complejidad”, “por responsabilidad por cargo o función”, “por mayor dedicación” y “por servicios de constante imprevisibilidad”) -ver fs. 106 y ss., consignando los requisitos establecidos para percibirlos, lo que justificaría -a su entender el carácter con que fueron creados.
Considera que la sentencia es arbitraria por ser ultra petita, (ver fs. 110 y vta.) toda vez que se expide más allá de los rubros y del objeto en si mismo reclamado en la demanda.
Solicita que, de confirmarse la sentencia de primera instancia, expresamente se establezca que la solución importa para el actor la obligación de efectuar aportes previsionales, obra social y cualquier otro descuento que debiere realizarse sobre sus remuneraciones por el período no prescripto (ver apartado 4 -fs. 112).
3°) Lo agravia que la sentencia en crisis se aparte dice del Decreto 243/15 el que establece una nueva escala salarial retributiva que deroga los decretos en cuestión, por lo que su implementación, tal como lo ha establecido el a quo, sobre las liquidaciones que se practiquen podrían arrojar como resultado sumas diferentes a las que ya percibían, incurriendo en una intromisión en las facultades del Poder Ejecutivo (fijación de escalas salariales a todo el personal de las fuerzas) atentando contra la división de poderes consagrada en la Constitución Nacional.
Cuestiona asimismo (ver fs. 1111 y vta.), que se haya determinado como fecha de inicio para la liquidación el 01/07/2005 y no la fecha de interposición de la demanda (20/12/2005), generando a favor de los actores -diceacreencias injustificadas e ilegítimas que no corresponde ser abonadas por su mandante.
4°) Reputa aplicable la Ley de Consolidación de Deudas N°25.344 (BO 21/11/00). Asimismo, por toda deuda posterior a la fecha de corte, solicita la aplicación de la previsión presupuestaria normada por la Ley de Presupuesto N° 11.672 (t.o. 2005).
Formula reserva del Caso Federal y finaliza con petitorio de estilo.
IV.En primer lugar trataré de manera conjunta los agravios identificados como 1°) y 2°), estableciendo la fundabilidad del reconocimiento por parte del aquo del carácter remunerativo y bonificable de las asignaciones fijadas por los decretos en cuestión, realizando un análisis del marco legal que regula las relaciones planteadas en la causa, y una reseña de fallos del Alto Tribunal, la cual es sentada jurisprudencia aplicable al caso de marras.
1) Marco Normativo:
En uso de las facultades especialmente conferidas por la Ley N° 20.416 (Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal, modificatoria de la originaria Ley 17.236), el Poder Ejecutivo creó, a través de los arts. 1, 2, 3 y 4 del Decreto N° 2807/1993, suplementos particulares, no remunerativos y no bonificables (art. 7°), para el personal “en actividad”, en consideración con las exigencias a que se vea sometido. Así creó los suplementos “por funciones jerárquicas de alta complejidad”, “por responsabilidad por cargo o función”; “por mayor dedicación”; “por servicios de constante imprevisibilidad”, asignándose diferentes coeficientes en atención a la tarea efectuada, los que son expuestos en la planilla anexa al Decreto respectivo.
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que los porcentajes fijados por el mencionado Decreto 2807/93 fueron modificados e incrementados por decretos posteriores, los cuales son reclamados en autos por los actores cuando solicitan que se les reconozca “toda otra asignación cualquiera sea su denominación que se le otorgue a la generalidad del personal en actividad”, a saber: Decretos N° 1275/05 (que a su vez, en su art. 5° creó un “adicional transitorio” también no remunerativo y no bonificable, para los que no alcancen un porcentaje ideal de incremento en sus remuneraciones), N° 1223/06, N° 872/07, N° 884/08 y N° 752/09, que actualizaron los porcentajes de los suplementos señalados.
Como resultado de la revisión efectuada, surge que en todos los casos los incrementos han sido otorgados, a través de los instrumentos enunciados, siempre con carácter no remunerativo y no bonificable, lo que implicó que no se calcularan sobre ellos los aportes jubilatorios y demás cargas sociales, como así tampoco, sobre las bonificaciones que correspondieren.
El análisis del marco legal de referencia arroja como consecuencia que los suplementos que nacieron como particulares, atendiendo la modalidad con que fueron pagados, esto es de modo regular, normal, habitual y permanente (incrementándose periódicamente a través de distintos decretos reconocidos por el a quo autos), luego se convirtieron en generales. Por otro lado, a la modalidad del pago deben incorporarse otros ingredientes, como sería la posibilidad de obtener el cobro del “adicional transitorio” en cuestión (el cual compensa el porcentaje “ideal” establecido en el decreto), sin exigir como contrapartida el cumplimiento efectivo de las condiciones y calidades que fueron enumeradas en un principio en el Dto. 2807/93, lo cual deriva -como no puede ser de otra manera en el carácter salarial de dichos adicionales e incrementos.
2-Los precedentes de la C.S.J.N.:
2.1Así, en torno a las diferencias originadas en la omisión de considerar remunerativos los adicionales creados por los mencionados Decretos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hizo eco de esta postura, y comenzó a marcar tendencia en las causas «Torres» (Fallos 321:619) y “Costa” (Fallos 325:2161), donde sostuvo «… Que en las condiciones expuestas, la generalidad que asumió el pago al personal en actividad de los suplementos indicados, muestra de modo indisimulable que su otorgamiento ha tenido connotaciones salariales. Que confirma tal interpretación, no sólo el hecho de que en cada jerarquía se percibe un adicional de similar monto y de que no haya agente que no lo cobre, sino también la circunstancia de que el personal policial involucrado se ha hecho acreedor a los referidos conceptos por la sola situación de revista en actividad o función en el cargo desempeñado, con independencia de si por ello el particular interesado se ve sometido a una exigencia o situación especial…».
2.2-Posteriormente en “Oriolo, Jorge Humberto y Otros c/ EN – M° Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Policía Federal Argentina” (Fallos:333:1909); al decir que aun cuando los Decretos de Necesidad y Urgencia posteriores de 2005, 2006 y 2007 “que fueron convalidados por ambas cámaras del Congreso Nacional” -al igual que los dictados en 2008 y 2009 hayan dicho que los suplementos creados por el cuestionado decreto 2744/93 -similar al Dto. 2807/93 discutido en autos “son particulares, no remunerativos y no bonificables, su carácter general en tanto se aplican según su jerarquía a la generalidad del personal policial, desnaturaliza tal calificación a la luz del artículo 75 de la ley 21.965”, dice la sentencia del Máximo Tribunal, concluyendo en su carácter remunerativo y bonificable.
Conforme lo antedicho, procede que este Tribunal se expida sobre la manera en que dichos adicionales deben ser abonados.
2.3-La CSJN, al pronunciarse in re “SALAS, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa s/ Amparo” (Fallos 334:275), en sentencia del 15 de marzo de 2011, confirmó la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en cuanto reconoce la naturaleza general de los ‘adicionales transitorios’.
Para así decidir destacó que los mencionados decretos, a través de sus artículos 1° a 4°, “sustituyeron e incrementaron en diferentes proporciones los suplementos y compensaciones creados por el decreto 2769/93 -idem Dto. 2807/93. Por su parte, mediante el artículo 5° del decreto 1104/05 se creó un suplemento denominado ‘adicional transitorio’ no remunerativo y no bonificable, cuyo cálculo era equivalente al 23% del ‘salario bruto mensual’ o a la diferencia entre dicho porcentaje y el incremento del suplemento o compensación del decreto 2769/93 que percibiera el agente, de manera tal que cada uno de los agentes de la totalidad del personal militar en actividad percibiera, al menos, un 23% respecto del ‘salario bruto mensual´…” (Considerando 5°).
Añadió que: “(…) mediante la creación de similares ‘adicionales transitorios’, los decretos 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 garantizaron incrementos de, al menos, el 19%, 16,50%, 19,50%, y 15% de los salarios brutos mensuales de todo el personal militar….”. (Considerando 6°).
Subrayó que “(…) el art. 54 de la ley 19.101 establece que cualquier asignación que se otorgue al personal en actividad cuando revista carácter general se acordará, en todos los casos, en el concepto ‘sueldo’, determinado por el art. 55 de dicha ley, es decir, en el ‘sueldo’ correspondiente a cada grado que se fija anualmente por la ley de presupuesto general de la Nación”. (Considerando 7°).
Indicó que, en el caso, “(…) no resulta dudosa la naturaleza general de los ‘adicionales transitorios’ creados por los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 -en sus respectivos artículos 5°-, toda vez que aquellos han tenido por objeto garantizar, como mínimo, los porcentajes dispuestos en cada uno de ellos para todo el personal militar en actividad” (Considerando 11°).
Determinó asimismo cuál era el modo de evitar la ruptura de la proporcionalidad establecida en la ley de fondo. Así, sostuvo que “ (…) teniendo en cuenta las distorsiones salariales que se pueden producir al momento de liquidar los haberes de retiro con la incorporación de los adicionales referidos y la debida proporcionalidad que debe existir entre el haber de retiro respecto del de actividad, en ningún caso los derechos que aquí se reconocen podrán conducir a que dichos haberes de retiro superen la retribución que le hubiera correspondido percibir al beneficiario de haber continuado en actividad y habérsele incorporado dichos montos al sueldo, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 54 de la ley 19.101” (Considerando 14°), regla esta que habrá de tener en cuenta en el caso de marras, considerando que los actores son retirados, por lo que -en su caso deberá tenerse en cuenta el nombrado “principio de proporcionalidad” que debe existir entre el haber de retiro respecto del haber de actividad, conforme lo señalado por la CSJN en “Salas”, donde recordó como enunciado general, que sus decisiones “(…)…deben atender a las circunstancias existentes al momento del fallo, aunque ellas sean sobrevinientes al recurso extraordinario, y si durante el transcurso del proceso se han dictado nuevas normas sobre la materia discutida, deben ser consideradas para su solución, pues las sentencias de la Corte, también, deben reparar en las modificaciones introducidas por esos preceptos, en tanto configuren circunstancias sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario de las cuales no sea posible prescindir (Fallos: 319:79, 1558, 2845 y 331:2628, entre otros muchos)” (Considerando 4°).
En este sentido, Amanda Lucía Pawlowski de Pose en “Reajuste del haber de retiro del personal de las Fuerzas Armadas” (publicado en DT 2011 mayo, 1250), al comentar el fallo de referencia, indica que: “… no es óbice al reconocimiento reclamado el dictado de los decretos 1994/06, 1163/07, 1653/08, 753/09, 2048/09 y 894/10 que otorgaron compensaciones no remunerativas ni bonificables para los períodos 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 del 11%, 12,50%, 15%, 11,69%, 7,34% y 8,21% respectivamente de los haberes de retiro o de pensión que correspondieran a cada beneficiario. Sobre el punto, corresponde precisar que la ley 19.101 no prevé la posibilidad de otorgar al personal retirado compensaciones o suplementos de ninguna especie más allá de los expresamente previstos como integrantes del haber de retiro o pensión, esto es, «haber mensual» y «suplementos generales», toda vez que la ecuación de movilidad y proporcionalidad prevista por la ley 19.101 puede resultar vulnerada tanto si se crean asignaciones generalizadas que no se trasladan al personal retirado, cuanto si se crean, como en el caso, compensaciones no previstas por la ley. De tal manera, dichos montos deberán ser considerados como parte integrante de los derechos que se reconocen a los actores y, por tanto, oportunamente descontados al momento de efectuar la liquidación de las respectivas sentencias”, al igual de los montos percibidos -en su caso en concepto de medida cautelar y aportes de ley.
2.4-Meses más tarde, el mismo Tribunal en la causa “Borejko, Carlos Isidoro y otros c. EN -M° Interior -GN-Dtos. 1246/05 1126/06 s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” (12/07/2011, Publicado en: LA LEY 04/08/2011, 7 DT 2011octubre, 2631 DJ 19/10/2011, 38) con remisión a lo decidido en “Salas” dejó sin efecto un fallo de Cámara.-
En tal oportunidad, la Procuradora señaló que los incrementos de los suplementos particulares previstos en el decreto 2769/93 (similar al Dto. 2807/93), se incorporen al concepto «sueldo» y se liquiden como generales, a partir del momento en que comenzaron a regir los decretos 1246/05 (idem al 1275/05) y 1126/06 (idem al 1223/06), mediante los cuales se actualizaron los porcentajes y éstos deben ser integrados en la base de cálculo para la determinación del concepto «sueldo» del personal reclamante, remitiendo para ello a la doctrina sentada en «Salas”.
2.5-Por otra parte, el Máximo Tribunal al pronunciarse in re “Zanotti, Oscar Alberto c/ Ministerio de Defensa Decreto Nº 871/07 s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.” (Z. 115.XLVI), en sentencia del 17 de mayo del 2012, aclaró los alcances de los pronunciamientos anteriores, fijando los parámetros de la liquidación de los derechos reconocidos en él. Sobre el particular determinó que los porcentajes referentes al aumento mínimo asegurado por el art. 5 del Dto. 1104/05 (idem Dto. 1275/05 de autos) y modificatorias, deben calcularse, no sobre el sueldo bruto, sino sobre el haber mensual y sumarse a éste, de modo tal que dicho monto constituya la base para determinar el valor de todos los suplementos que se determinen como un porcentaje o parte proporcional de aquel ítem, con excepción de los particulares previstos en los arts. 1° a 4° de los decretos en cuestión.
Asimismo, indicó que estos últimos suplementos, por su parte, “(…) deben ser calculados mediante la aplicación de los porcentajes dispuestos en cada uno de los reglamentos mencionados sobre el sueldo vigente con anterioridad a la aplicación del decreto 1104/05, para evitar una indebida repotenciación de los aumentos otorgados (…)”, este es, el sueldo a junio de 2005.
Y agregó “(…) la suma que, con posterioridad al incremento dispuesto en cada uno de los decretos por el Poder Ejecutivo, pasa a ser remunerativa por su incorporación al sueldo a partir del derecho aquí reconocido al actor, debe detraerse de los montos percibidos en concepto de rubros no remunerativos ni bonificables, de manera de evitar la duplicación del incremento dispuesto por la autoridad administrativa. El monto resultante de dicha sustracción no podrá ser inferior a la suma que, por los conceptos no remunerativos ni bonificables, percibía el agente en el período inmediatamente anterior a la vigencia del decreto 1104/05” -junio 2005. (Considerando 3°).
V.En suma, la Corte Suprema reconoció la naturaleza general y remunerativa de los incrementos a los suplementos creados por el Dto. 2769 (similar al Dto. 2807/93 de autos) y de los adicionales transitorios creados por el artículo 5° del Decreto 1104/05 (idem Dto. 1275/05) y siguientes, y la manera de liquidarlos de manera conjunta a los suplementos de los arts. 1 a 4 de los mismos decretos, ordenando que ellos sean integrados en la base de cálculo para la determinación de los haberes de pasividad, con los alcances de los considerandos 3° de “Zanotti”, y 13° y 14° de “Salas”, esto es: estableciendo la base y la fórmula de cálculo para determinar dichos rubros, como asimismo indicando que el haber de retiro -en su oportunidadno supere, tras la incorporación de aquellos adicionales en su base de cálculo, el haber que hubiese percibido el agente de mantenerse en actividad.
La claridad de lo expresado, no hace más que confirmar los alcances del fallo de primera instancia y no encuentra contradicción con los invocados por el recurrente, considerando que la sentencia impugnada, cuando circunscribe el período condenado punto 1° del Resuelvo desde el 1 de julio de 2.005, refiere justamente a que ha reconocido con carácter remunerativo y bonificable los aumentos establecidos por el Dto. 1275/05 y siguientes (Dtos. 1223/06; 872/07; 884/08 y 752/09) al Dto. 2807/93, lo que no significa el reconocimiento de tal carácter a los suplementos particulares establecidos en éste último, a cuyo respecto es clara la jurisprudencia de la Corte Nacional in re “Villegas, Osiris” y “Bovarí de Díaz, Aída y otros c/Estado Nacional Ministerio de Defensa” (Sentencia del 4 de mayo de 2000).
También se dispuso la procedencia del adicional transitorio creado por el art. 5° de este último decreto (Dto. 1275/05), y para los casos allí previstos (para el personal que no alcance el porcentaje ideal consagrado por los aumentos a los suplementos de los arts. 1° a 4°). Asimismo, expresamente estableció que tales rubros deben liquidarse conforme los parámetros, alcances y pautas establecidos por la Corte Nacional in re “Zanotti”, por lo que los agravios esgrimidos deben ser desestimados.
VI.Sentado lo anterior y, como se ha adelantado, de existir una medida cautelar decretada y efectivizada, de donde surja que las actoras perciben montos en virtud de la misma, y/o al pasar a situación de retiro se le abona las compensaciones dispuestas por los decretos para el personal pasivo o retirado (por ejemplo Decretos 1994/06, 1163/07, 1653/08, y/o 753/09 o similar para la fuerza respectiva), y teniendo en cuenta lo resuelto en “Salas”, dichos cobros deberán tomarse como pagos a cuenta (montos de la medida cautelar y/o percepción de los suplementos de pasividad), reconociéndose el derecho del actor a percibir las diferencias que se fueron devengando mes a mes entre lo efectivamente percibido y lo que le corresponda por aplicación de lo dispuesto en los decretos reconocidos en autos, teniendo en cuenta que las liquidaciones en ningún caso pueden arrojar como resultado sumas menores a las que los actores hubieran percibido por estricta aplicación de los Decretos cuestionados en la presente litis (conf. CSJN in re “Ibáñez Cejas”). De igual manera, se realizarán los aportes de ley tal lo solicitado por el recurrente a fs. 112 (punto 4).
VII.En el caso, y no aportando el recurrente argumentos que ameriten otra postura, no existen razones para apartarse de lo decidido por la CSJN en el precedente “Salas” con los alcances referidos en “Zanotti”.
En tal sentido debe recordar que lo resuelto por la Corte Suprema en toda cuestión regida por la Constitución Nacional o las normas federales, debe inspirar decisivamente los pronunciamientos del resto de los tribunales. En otros términos, razones fundadas en la previsibilidad, estabilidad y orden aconsejan la adhesión a sus precedentes. En efecto, dicho Tribunal ha resuelto en el caso “Cerámica San Lorenzo” (Fallos 307:1094), que “no obstante que la Corte Suprema sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (…)”.De esta doctrina emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia.
En estas condiciones, habida cuenta que la cuestión debatida guarda sustancial analogía con la tratada y decidida por la Corte Suprema en los fallos antes transcriptos, corresponde conforme la referida jurisprudencia que propicia la sujeción a los precedentes del Alto Tribunal, aplicar la doctrina allí sentada.
Sin perjuicio de lo resuelto, respecto de la aplicación del Decreto 243/15 solicitada por el recurrente, donde se estableció una nueva escala salarial para el personal del Servicio Penitenciario Federal (ver fs. 110 vta./111), creando nuevos y suprimiendo en forma expresa los “adicionales transitorios” de los decretos objeto de la presente causa a partir del 1º de marzo del año 2015, lo cierto es que, a los fines de evitar errónea interpretación respecto de la fecha hasta la que deberá confeccionarse las liquidaciones pertinentes, debe tenerse en cuenta lo preceptuado por el mismo, y establecer que las mismas deberán confeccionarse hasta el 27/02/2015 inclusive, oportunidad hasta la cual estuvieron vigentes los decretos reconocidos en autos.
VIII.En relación a la fecha determinada como inicio para proceder a la liquidación (desde el 01/07/2005), no cabe más que remitir a las constancias de la causa, en relación a que el a quo estableció el derecho de las actoras a partir del dictado del Dto. 1275/05 (y no desde el Dto. 2807/93 reclamado), es decir, desde del 01/07/2005 y hasta el 27/02/2015 (lo que aquí se determina por aplicación del Dto. 243/15) por lo que de manera alguna implican acreencias injustificadas a favor del mismo, debiendo liquidarse sólo dicho retroactivo. En consecuencia, este aspecto también debe ser rechazado.
En virtud de lo que antecede, los agravios identificados como 1°), 2°) y 3°) deben ser desestimados, tomando en consideración los alcances fijados en las aclaraciones precedentes.
IX.Por último, corresponde tener en cuenta que el crédito a favor de los actores se generó en el mes de julio de 2005 conforme sentencia, por lo que la Ley N° 25.344 (nov.´00) solicitada por el recurrente no es de aplicación al crédito reconocido, ya que la misma determina la consolidación de deudas del Estado Nacional, de causa o titulo posterior al 31/03/91 y anterior al 01/01/00, y de las deudas previsionales posteriores al 31/08/92 y anteriores al 01/01/00; y la posterior Ley N° 25.725 (ene.´03), consolida las deudas originadas en sentencias judiciales firmes de las fuerzas armadas y de seguridad hasta el 31/08/02; y de las deudas no previsionales al 31/12/01. En virtud de todo lo expuesto, no encuadrando el período reconocido dentro de las fechas de corte establecidas por las distintas leyes, corresponde rechazar también el presente agravio, sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Presupuesto respectiva.
Por lo expuesto, propicio desestimar el recurso interpuesto por el Servicio Penitenciario Federal, con las aclaraciones precedentes.
X.Finalmente, en relación a las costas en esta instancia, y de compartirse el sentido de mi voto, las mismas deben ser soportadas por la demandada, conforme principio objetivo de la derrota (art. 68, 1ra parte CPCCN) La regulación de los honorarios profesionales procede sean diferidos para cuando haya planilla firme. No corresponderá regulación alguna a los representantes de la demandada en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la Ley Arancelaria. ASÍ VOTO.
El Dr. José Luis Alberto Aguilar y la Dra. Rocío Alcalá dijeron :
Que por los fundamentos expuestos por la Vocal preopinante, adhieren a su voto. –
Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1.RECHAZAR el recurso de apelación deducido a fs. 88 por la demandada, con los alcances previstos en los considerandos que anteceden, confirmando en todas sus partes la sentencia de fs. 77/83.
2.IMPONER las costas de segunda instancia a la recurrente, difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad señalada en el Acuerdo que antecede.
3.COMUNICAR a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme Acordada Nº 42/15 de ese Tribunal.
4.REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.
Fecha de firma: 31/07/2018
Firmado por: JOSE LUIS AGUILAR, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SONIA GLADIS VOIQUEVICHI, SECRETARIA
Firmado por: MARIA DELFINA DENOGENS, JUEZA DE CAMARA
Firmado por: ROCÍO ALCALÁ, JUEZA DE CÁMARA
031695E
