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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Accidente de tránsito. Seguro. Omisión de demandar al asegurado
Se confirma la condena de la aseguradora con motivo del accidente de tránsito ocurrido, pues para condenar a la compañía en los términos del art. 118 del decreto ley 17.418 no es menester integrar la litis con quien ha contratado el seguro, ya que basta haberlo hecho con quien conducía el rodado con su autorización.
En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 30 días del mes de septiembre de dos mil diecinueve reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “VACA, Emiliano Martín c/ CORTEZ, Claudio Omar y otro s/ Daños y Perjuicios”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señoras jueces de Cámara doctoras Patricia Barbieri y Liliana E. Abreut de Begher. El señor juez de Cámara doctor Víctor Fernando Liberman no interviene por hallarse en uso de licencia.
A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:
I) Apelación y Agravios.
Contra la sentencia dictada a fs. 302/10 que admitió la demanda y condenó a Claudio Omar Cortez y a Liderar Compañía General de Seguros S.A. a pagarle al actor la suma de $595.000 con más los intereses y las costas, apeló la parte actora y la aseguradora a fs. 315 y 317, con recursos concedidos libremente a fs. 316 y 318 respectivamente.
El actor presentó sus quejas a fs. 329 cuyo traslado no fue rebatido. Solicita la elevación del resarcimiento acordado en concepto de incapacidad psicofísica.
La compañía de seguros presenta sus agravios a fs. 333/40, las que fueron contestadas a fs. 342/4. Se agravia de la extensión de la condena a su parte. Sostiene que la cobertura asegurativa fue emitida a favor de María Teresa González, contra quien fue desistida la acción a fs. 90 y por lo tanto el progreso de la acción quedó supeditado a la traba de la litis con el asegurado atento a que el reclamante carece de acción directa contra la aseguradora conforme lo establece el art. 118 de la ley de seguros. En definitiva pide se revoque la sentencia y se rechace la demanda contra su parte. Subsidiariamente cuestiona la admisión y cuantía de las indemnizaciones acordadas en concepto de incapacidad sobreviniente, daño moral, gastos médicos, de farmacia y varios, y gastos futuros. Por último critica la tasa de interés y pide su reducción.
II) La solución.
1) Extensión de la condena a la compañía de seguros:
Así planteada la cuestión debo señalar en primer lugar que conforme ha sido sostenido reiteradamente, no me encuentro obligada a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.).
Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611).
Como lo señalé más arriba las quejas de la recurrente giran en torno a la decisión del “a quo” de extender la condena a su parte, por cuanto entiende que actora carece de acción directa contra la compañía en atención a que la asegurada fue desistida durante el juicio.
Lo cierto es que, en el caso, se ha demandado a Claudio Omar Cortez, conductor del automóvil Peugeot 207 dominio … «objeto» del contrato de seguro (fs. 33 de las actuaciones), y entonces, en consonancia con la doctrina que comparto -sentada en el Fallo Plenario de la Cámara Especial en lo Civ. y Com. de la Capital Federal in re: «Irago v. Cabrera», procede la acción en contra de la aseguradora pese a no demandarse al asegurado o a quien ha contratado el seguro.
En efecto, dice la doctrina fijada en ese fallo, que «… para condenar a la aseguradora en los términos del art. 118 decreto ley 17.418, no es menester integrar la litis con quien ha contratado el seguro, pues basta haberlo hecho con quien conducía el rodado con su autorización» (JA 1985-III-396).
Expresaron los magistrados de ese Tribunal que conformaron la mayoría, que «…Es propio de las condiciones generales para el seguro de vehículos automotores por responsabilidad civil hacia terceros, aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación…que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado y/o la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro, por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo. O sea que resultan asegurados tanto el celebrante del contrato como el tercero a cuyo favor se estipuló (el conductor) quien acepta tácitamente el beneficio cuando efectúa la denuncia del seguro y de ese modo obtiene un beneficio autónomo (art. 540 CC)…» (cf. Stiglitz-Stiglitz, «Seguro contra la Responsabilidad Civil», Abeledo-Perrot 1991, p. 395).
En definitiva, como lo ha sostenido Halperín, el objeto del seguro de la responsabilidad no es otro que el de relevar al asegurado del daño patrimonial que sufre como consecuencia de la responsabilidad civil (cf. Cámara de Apelaciones en lo Civil del Neuquén, sala II Tarre, María L. c. Medina, Marcos G. * 10/04/2007 Cita Online: AR/JUR/2768/2007).-
Por lo expuesto propicio se desestime la queja en cuestión y se confirme la extensión de la condena a la apelante.
2) Rubros indemnizatorios:
a) Incapacidad sobreviniente y gastos futuros.
El sentenciante admitió la cantidad de $140.000 por daño físico y psíquico y $384.000 para que realice terapia kinesiológica y psicológica recomendada en la pericia médica.
Se ha expedido esta Cámara Civil en el sentido que “la incapacidad sobreviniente comprende, salvo el daño moral y el lucro cesante, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica de la víctima, como así también a su aspecto estético, es decir, la reparación deberá abarcar no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afecten su personalidad íntegramente considerada” (conf. CCiv, sala “M” * 13/09/2010 * Estévez, María Cristina c/ Amarilla, Jorge Roberto y otros, La Ley Online; AR/JUR/61637/2010).-
La reparación del daño físico causado debe ser integral, es decir, debe comprender todos los aspectos de la vida de un individuo, dicho de otro modo, debe resarcir las disminuciones que se sufran a consecuencia del evento y que le impidan desarrollar normalmente todas las actividades que el sujeto realizaba, así como también compensar de algún modo las expectativas frustradas.-
En consecuencia, por incapacidad sobreviniente debe entenderse una disminución en la salud, que afecta a la víctima en sus posibilidades tanto laborativas como de relación y que son consecuencia inmediata de la producción del accidente, prologando sus efectos por cierto tiempo o en forma permanente.-
Por su parte y en cuanto al daño psicológico, el mismo no queda subsumido en el daño moral, pues ambos poseen distinta naturaleza.-
En efecto el daño psíquico corresponde resarcirlo en la medida que significa una disminución en las aptitudes psíquicas, que representan una alteración y afectación del cuerpo en lo anímico y psíquico, con el consiguiente quebranto espiritual, toda vez que éste importa un menoscabo a la salud considerada en un concepto integral.-
Con relación al daño estético, cabe destacar que para su procedencia deben meritarse los efectos que las alteraciones físicas y funcionales ocasionan en la vida individual y de relación, atendiendo a la naturaleza de las mismas, la edad de quien las padece, su estado civil, el sexo, y demás circunstancias que mantengan una estrecha vinculación con el buen aspecto y la integridad física de las personas (cfr. CNCom., Sala “A”, diciembre 16-992, «Gómez Beatriz c/ Giovannoni Carlos y otro», rev. L.L. 1994-A-547, jurispr. agrup. caso 9511) es decir que es necesario que dicha alteración se traduzca en un daño en la vida de relación, poniendo al sujeto en condiciones de inferioridad en cuanto a sus vinculaciones con el mundo externo, impidiéndole la libre expresión de su personalidad con el consiguiente perjuicio económico.
Es que toda persona de existencia visible tiene derecho a la integridad de su aspecto normal o habitual. Por ese aspecto también la conocen, la identifican. Cuando, en las condiciones analizadas, se lesiona esa integridad del aspecto, el derecho otorga soluciones justas (cfr. CNCiv., Sala “H”, mayo 8-995, «C.E. c/ Etmo Remolcador Guaraní S.A.», rev. L.L. del 29-11- 95, pág. 5; íd., «Torres María c/ Mayorga Daniel», del 5-9-85).
Recordemos que en autos se reclamaron los daños y perjuicios sufridos por Emiliano Martín Vaca el día 22 de abril de 2011 en ocasión en que circulando en su motocicleta Honda Wade 110 cc dominio … por la calle Triunvirato en sentido este-oeste cuando al llegar a la intersección con la calle Vicente López resultó embestido por la parte delantera del rodado Peugeot conducido por Cortéz que circulaba por ésta última arteria, por la mano izquierda.
Veamos las pruebas:
A fs. 121 obra constancia en la causa penal que el actor fue trasladado en una ambulancia desde el lugar del accidente hacia el Hospital de Quilmes. Allí fue atendido por politraumatismos. TEC sin pérdida de conocimiento, traumatismo muslo izquierdo (resto a diagnosticar) (v.fs. 126 y fs. 147).
El perito médico Dr. Pablo Magaldi presentó su experticia a fs. 270/4. Relata que el actor presenta dos tornillos de fijación en el tercio medio del muslo izquierdo, con cicatriz de un centímetro cada uno con y centímetros de separación entre ambos. También informó cicatriz hiperpigmentada de 7 cm por 1 cm en el lado izquierdo de la cadera. Padece limitación funcional de miembros inferiores, por exploración de cadera izquierda (flexión 10º y Extensión 10º, total 9% de incapacidad). Valorando las cicatrices descriptas y por la presencia del cuerpo extraño de fijación alojado en miembro inferior izquierdo y la repercusión en la marcha descripta, se encuentra incapacitado en forma parcial y permanente en un 15% de la TO.
Aclara que el actor debería realizar un tratamiento kinesiológico terapéutico no menor a dos años con una frecuencia semanal de dos sesiones.
En cuanto a la faz psíquica, determina que es portador de un cuadro de neurosis depresiva moderada a raíz del accidente que le produce una incapacidad del 10% de la TO y que requiere un tratamiento psicológico de dos años con una frecuencia de dos sesiones por semana, recalcando que la terapia es para mejorar su calidad de vida y no para curar el daño. Básicamente expone que es para disminuir la angustia y aumentar el grado de confort e incrementar la posibilidad de disfrutar y permitir reasumir las actividades necesarias para relacionarse consigo mismo y con su entorno.
A fs. 276/8 Liderar impugna el informe y solicita explicaciones las que fueron evacuadas a fs. 280/1, ratificando el galeno en su totalidad el peritaje oficial. El accionado consintió el informe.
Debe tenerse en cuenta la importancia que en este tipo de procesos presenta la prueba pericial. Es que la solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que esta clase de prueba es la más adecuada, porque el dictamen es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación de ellas a los principios científicos inherentes a la especialidad y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (cfr. Voto del Dr. Mizrahi, Sala “B” de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo civil, in re «Chomsky c/ Palavecino s/ ds. y ps.», del 15/12/2005).-
Es sabido que para poder apartarse el juzgador de las conclusiones allegadas por el técnico debe tener razones muy fundadas, pues si bien es verdad que las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal, no lo es menos que en cuanto el informe comporta la necesidad de una apreciación especifica del campo del saber del perito, técnicamente ajeno al hombre de derecho, para desvirtuarlo es imprescindible traer elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente el error o el inadecuado uso que el experto hubiere hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado (esta Sala, JA, 1981- II 442; íd. CNCiv., Sala A, 1981- III- 227, esta Sala, Rosalez, Martina y ot. c/ GCBA s/ daños y perjuicios, L. 111.931/ 98, del 08-08-05; íd. Settembre Carlos Alberto c/ Ferreira Carlos A. s/daños y perjuicios, L. 101.278/97, del 15-09-05).
Por lo demás, es sabido que los porcentajes de menoscabo a la víctima establecido en la pericia médica sirve como argumento simplemente aparente para la determinación del «quantum» de la indemnización, pero es el juez el que, a partir de aquélla, debe comprender qué posibilidades de actividad restan al damnificado y cuáles ha perdido como consecuencia del hecho (L.270945 TAN, Nancy Beatriz c/ C.U.S.A. del 2/05/00 CN de Apelaciones en lo Civil. Sala “H”).-
En consecuencia, en atención a las constancias objetivas de la causa reseñadas precedentemente, la edad del actor al momento del accidente (25 años), chofer para una remisería, soltero, sin hijos a la fecha de las actuaciones sobre beneficio de litigar sin gastos (v.fs.1/2) y demás condiciones personales, considero que la cantidad fijada en primera instancia para resarcir la incapacidad psicofísica resulta reducida por lo que propicio su elevación a seiscientos cincuenta mil pesos ($650.000), admitiendo los agravios introducidos por el accionante.-
En cuanto a las terapias recomendadas, en atención a lo diagnosticado en la pericia médica, entiendo que la suma acordada en la sentencia de grado es fruto de prudente estimación del dictaminante.
En consecuencia, se desestiman las quejas vertidas por la aseguradora.
b) Daño moral
El resarcimiento que corresponde por daño moral está destinado a reparar al individuo cuando se lesionan sentimientos o afecciones legítimas como persona, es decir cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o cuando de una manera u otra se ha perturbado su tranquilidad y el ritmo normal de su vida.
Se ha decidido en distintos pronunciamientos de esta Cámara que, es tarea delicada la cuantificación de este concepto pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al artículo 1083 del Código Civil.
El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, que no es igual a la equivalencia. La dificultad en calcular dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico, padecimientos propios de las curaciones y malestares subsistentes.
En primera instancia, la sentenciante accedió a una partida de $60.000.
La citada en garantía la considera exorbitante y pide su reducción.
Tomando en cuenta las pautas señaladas, y a la luz de las pruebas rendidas en autos, especialmente las secuelas permanentes psicofísicas descriptas “ut supra”, el tiempo de recuperación y las repercusiones que la lesión provoca en la vida cotidiana del reclamante, además de dolor que este tipo de lesiones genera y demás condiciones personales del demandante, opino que la suma establecida en concepto de compensación del daño moral resulta reducida, más teniendo en cuenta la ausencia de agravio por parte del interesado, en virtud del principio de congruencia, propongo la confirmación de la suma fijada en el fallo recurrido, rechazando las quejas de la compañía de seguros.
c) Gastos médicos, de farmacia, traslados y varios.
El juez de grado incluyó aquí la cantidad de $11.000 para cubrir estos consumos.
De tal suma se la aseguradora limitándose a considerarla excesiva.
Reiteradamente la jurisprudencia ha admitido la procedencia del reintegro de estos gastos a la víctima como consecuencia de un hecho ilícito.
Ello es así aunque no exista prueba documentada que demuestre precisa y directamente su erogación, siempre que resulte razonable su correlación con la lesión sufrida y el tiempo de su tratamiento. Lo propio acontece aún en el caso que el damnificado haya sido atendido en hospitales públicos o que cuente con cobertura social, toda vez que siempre existen erogaciones que no son completamente cubiertas.
La presunción es susceptible de rebatirse por prueba en contrario, que deberá producir quien alega la improcedencia del reclamo, o pretende una suma inferior, o superior, a la fijada por el sentenciante.
Esto no ha sucedido en el caso de marras, pues ningún argumento de peso indica la quejosa sobre las facturas acreditadas en autos (v.fs.3 y 5) más los gastos que habitualmente se consideran al cuantificar este ítem. Por lo tanto los agravios no justifican la reducción de la partida cuestionada.
En consecuencia, se desestiman las quejas al respecto.-
3) Tasa de interés.
La aseguradora cuestiona la tasa de interés fijada por el “a quo” quien dispuso el capital de condena devengará intereses desde la producción del daño, erogación o perjuicio y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal actual a treinta días del Banco Nación Argentina.
La aseguradora pide su reducción a la tasa pasiva o pura del 6% u 8%.
Teniendo en cuenta los datos objetivos de la causa, la fecha del accidente de autos, en base a los fundamentos vertidos en mi voto, en los autos Expediente Nº 81.687/2004 “PEZZOLLA, Andrea Verónica c/ Empresa de Transportes Santa Fe SACEI y otros s/ daños y perjuicios” y su acumulado Expte. Nº 81.683/2004 “PEZZOLLA, José c/ Transportes Santa Fe SACI s/ daños y perjuicios” del 27/11/2017, a los que en honor a la brevedad me remito, a la facultad que por otro lado el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación otorga a los jueces en su art. 767, corresponde confirmar la tasa estipulada por el Sr. Juez de primera instancia.
III) Costas.
Atento al resultado de los recursos, las costas de esta instancia se imponen a la citada en garantía vencida (art. 68 del CPCCN).-
IV) Conclusión.
Por todo ello y si mi distinguida colega compartiera mi decisión propicio al Acuerdo: 1) Admitir las quejas vertidas por el actor y elevar la partida en concepto de incapacidad sobreviniente a la suma de seiscientos cincuenta mil pesos ($650.000); 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravio: 3) Imponer las costas de esta instancia a la aseguradora vencida (art. 68 del CPCCN); 4) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto .-
Así mi voto.-
La señora juez de Cámara doctora Liliana E. Abreut de Begher, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Con lo que terminó el acto. PATRICIA BARBIERI- – LILIANA E. ABREUT DE BEGHER. El señor juez de Cámara doctor Víctor Fernando Liberman no interviene por hallarse en uso de licencia.
Este Acuerdo obra en las páginas n n del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Buenos Aires, de septiembre de 2019.
Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Admitir las quejas vertidas por el actor y elevar la partida en concepto de incapacidad sobreviniente a la suma de seiscientos cincuenta mil pesos ($650.000); 2) confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravio: 3) imponer las costas de esta instancia a la aseguradora vencida; 4) diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto.-
Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. El señor juez de Cámara doctor Víctor Fernando Liberman no interviene por hallarse en uso de licencia.
Patricia Barbieri
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Liliana E. Abreut de Begher
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043714E
