Se acoge la demanda por incumplimiento de un contrato de seguro de vida de naturaleza social, pues, proporcionada la información de las actuaciones penales y su radicación por parte del beneficiario, la aseguradora no puede desconocer, bajo este único argumento, no haber tenido un conocimiento efectivo del hecho que le permitiera determinar el alcance de la cobertura del seguro; máxime cuando no ha probado su propia diligencia con el requerimiento de la carga que pretende hacer funcionar como suspensiva de su prestación, ni tampoco ha arrimado elementos de juicio que permitan establecer una necesaria investigación adicional del siniestro.
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