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JURISPRUDENCIA
En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de octubre del año dos mil trece, reunidos en Acuerdo de Sala «A» de la Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: «Incidente en autos: YOVANOVICH, Ginett Eva c/ Administración Federal de Ingresos Públicos -Amparo Ley 16.986» (Expte. N° 52260001/2013), venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la resolución dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto, y en la que ha decidido: «En Río Cuarto, cinco de julio de dos mil trece… RESUELVO: 1.- Acoger la acción de amparo deducida por la Sra. YOVANOVICH Ginett Eva en contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.). Consecuentemente se deberá ordenar a la accionada la inmediata habilitación de la constancia de inscripción de la actora en la página web que detenta el organismo recaudador por los fundamentos expuestos en el considerando pertinente. Costas a la vencida. 2.- Regular los honorarios profesionales de la Dra. Mariela FILIPPI MARINI en la suma de PESOS … ($ …), no correspondiendo regulación alguna a los letrados del Fisco (art. 2 Ley Arancelaria). 3.- Protocolícese y hágase saber, personalmente o por cédula.-» FDO.: CARLOS ARTURO OCHOA – JUEZ FEDERAL.
Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto en el siguiente orden: Ignacio María Vélez Funes – José Vicente Muscará – Carlos Julio Lascano.
El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo:
I.- Llegan los presentes autos a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, A.F.I.P.-D.G.I. (fs. 152/169), en contra de la Resolución N° 136 dictada el día 5 de julio de 2013 por el señor Juez Federal de Río Cuarto, cuya parte resolutiva fue transcripta precedentemente (fs. 145/151).
II.- En primer lugar, cabe señalar que el presente amparo fue interpuesto con fecha 19/3/13 por la señora Ginett Eva Yovanovich, con el patrocinio letrado de la Dra. Mariela Filippi Marini, en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos (fs. 1/6 vta.), solicitando la habilitación en la página web de A.F.I.P. de la constancia de inscripción en el sistema de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). A tal fin, ofreció prueba documental, pericial contable e informativa. Formuló reserva federal. Posteriormente, pidió medida cautelar en escrito ampliatorio que obra a fs. 11/12 de autos.
El Inferior concedió la precautoria requerida mediante Resolución N° 68 del 10/4/13 (fs. 13/15vta.). Seguidamente compareció el representante legal de la demandada y apeló dicha resolución (fs. 55/63). El recurso fue concedido con efecto devolutivo (fs. 64), motivo por el cual se formó un cuerpo de copias para la prosecución de la causa en primera instancia.
Luego de ello, la parte demandada presentó el informe circunstanciado establecido por el art. 8 de la Ley de Amparo (fs. 100/110), acompañó prueba documental, solicitó el rechazo del amparo e impugnó finalmente la prueba pericial ofrecida por la parte actora.
Corridos los traslados correspondientes, la actora refutó agravios a fs. 115/121 de autos del recurso de apelación interpuesto contra la resolución que acogía la medida cautelar, y luego evacuó el traslado de la impugnación de la prueba pericial, quedando así los autos en condiciones de resolver.
Finalmente, el día 5/7/13 el Juez de grado mediante Sentencia N° 136, acogió la acción de amparo, y consecuentemente ordenó a la accionada la inmediata habilitación de la constancia de inscripción de la Sra. Ginett Eva Yovanovich en la página web de A.F.I.P. (Fs. 145/151). Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte demandada (fs. 158/169). Los agravios esbozados por la accionada en el escrito presentado son: a) En primer lugar, se queja por considerar que la resolución atacada carece de una debida fundamentación, la que pecaría de arbitraria, toda vez que el Sentenciante confunde la inactivación o cancelación de la C.U.I.T. del contribuyente, con la imposibilidad de obtener la constancia de inscripción en la página web de A.F.I.P.. Manifiesta que dicha C.U.I.T. nunca fue cancelada, por lo que la actora perfectamente puede acceder al sistema y realizar operaciones dentro del mismo. b) En segundo lugar, aduce que el accionar de A.F.I.P. bajo ningún concepto puede ser encuadrado dentro de las vías de hecho administrativas expresamente prohibidas por el art. 9 de la Ley N° 19.549, ya que actualmente gran cantidad de los trámites a efectuar ante el ente recaudador son realizados por medio del sistema informático, y de esa forma la mayoría de los contribuyentes regularizan sus trámites concurriendo a las dependencias del Organismo Fiscal. De esta manera, entiende que lo dispuesto por el Juez de grado convalida efectivamente el accionar caprichoso de la actora, en cuanto evade cumplir con el trámite que le fuera requerido en su oportunidad. c) En tercer lugar, arguye que la parte actora antes de recurrir a sede judicial, debió efectuar un reclamo en sede administrativa conforme a lo establecido por los arts. 23 y 30 de la Ley N° 19.549, y una vez agotado el trámite administrativo previo, podría haber llegado al proceso contencioso. Consecuencia de ello, es que el amparo debió ser rechazado por conculcar lo dispuesto por el art. 2 inc. a) de la Ley N° 16.986 que establece: «La acción de amparo no será admisible cuando: a) Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate;». d) Por último, se agravia la accionada por considerar extemporánea la presentación del amparo, toda vez que la marca en el padrón de la contribuyente fue efectuada con fecha 13 de diciembre de 2011 y la actora recién recurre a sede judicial el 19 de marzo de 2013. Sostiene que esta inacción por un período de más de 16 meses, se contrapone con lo establecido por el art. 2 inc. e) de la Ley 16.986 cuando establece: «La acción de amparo no será admisible cuando: …La demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse». Por otra parte, manifiesta que el accionar de A.F.I.P. en modo alguno fue arbitrario o de ilegalidad manifiesta, sino que por el contrario, obró conforme a derecho, aplicando la normativa correspondiente según las circunstancias de hecho existentes.
Corrido el traslado de ley, la actora refuta agravios solicitando el rechazo de la impugnación impetrada, con especial imposición de costas. (fs.172/180).
III.- A mérito de lo reseñado precedentemente, la cuestión a resolver se circunscribe a analizar si corresponde acoger la acción de amparo presentada por la Señora Ginett Eva Yovanovich.
Uno de los agravios de la recurrente finca en cuestionar la decisión del Inferior por considerar que la acción intentada debió ser rechazada por no cumplimentar con lo dispuesto por el art. 2 inc. a) de la Ley N° 16.986, sin embargo el requisito de «ausencia de recursos o remedios administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate», previsto en el inciso recién mencionado, ha quedado derogado implícitamente por el texto del artículo 43 de la Constitución Nacional, el cual sólo exige para desestimar esta vía rápida y expedita la existencia de «otro medio judicial más idóneo», convirtiéndose el amparo, en reiteradas ocasiones, en la vía alternativa y principal para procurar la defensa de los derechos fundamentales de los habitantes (confr. Morello, Augusto M., «El amparo régimen legal», Editorial Platense, La Plata, 2000; Bidart Campos, Germán J., «Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino», p. 296, Ed. Ediar, Bs. As., 2002-2003). Por lo aquí expuesto, considero que corresponde desestimar esta primera cuestión planteada por la demandada.
El siguiente agravio de la apelante estriba en impugnar la sentencia que acoge la acción de amparo, por considerar que la misma fue incoada en forma extemporánea, en clara violación del art. 2 inc. e) de la Ley de Amparo que establece para su presentación, un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse. Manifiesta que la amparista accionó después de transcurridos 16 meses desde que A.F.I.P. le inhabilitó la constancia de C.U.I.T., por lo que el amparo debió ser rechazado. Sin embargo, cabe poner de resalto que los efectos que produce dicha inhabilitación practicada a la Señora Yovanovich para obtener la constancia de C.U.I.T., se producen de forma continuada, esto significa que, si bien el perjuicio que le acarrea a la amparista el bloqueo de la constancia de C.U.I.T. se inicia el día 13 de diciembre de 2011, el mismo subsiste en el tiempo y se mantiene hasta el momento de accionar. Igual criterio fue seguido por la CSJN en Fallos 307:2174 en cuanto sostuvo » cabe advertir que el escollo que importa el art. 2° inc. e, de la ley 16.986, en cuanto impone la necesidad de presentar la demanda de amparo dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse, no es insalvable en la medida en que con la acción incoada se enjuicia una ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada, es verdad, tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente. No es un hecho único, ya pasado, cuyo juzgamiento tardío comprometa la seguridad jurídica ni un hecho consentido tácitamente, ni de aquellos que en virtud de su índole deben plantearse en acciones ordinarias (confr. dictamen del Procurador General subrogante)».
También se queja la apelante por cuanto entiende que el accionar de A.F.I.P. no fue arbitrario o de ilegalidad manifiesta, sino que por el contrario, obró conforme a Derecho, aplicando la normativa correspondiente según las circunstancias de hecho existentes. Además, aduce que dicho actuar bajo ningún concepto puede ser encuadrado dentro de las vías de hecho administrativas expresamente prohibidas por el art. 9 de la Ley N° 19.549, ya que actualmente gran cantidad de los trámites a efectuar ante el ente recaudador son realizados por medio del sistema informático, y de esta manera los contribuyentes se someten generalmente de forma voluntaria en respuesta a los requerimientos que sobre ellos pesan.
A ello cabe referir que de la documental acompañada por la propia parte demandada a fs. 85 de autos, obra copia de la instrucción interna -E-mail Oficial N° 947/08 (DI PyNR)- que dispone que aquellos contribuyentes que se encuentren en estado de incumplimiento a los requerimientos solicitados por este Organismo, deberán ser caracterizados en el ABM del padrón con la marca de «No respondió al requerimiento», lo que implica que se encuentran imposibilitados de obtener la constancia de inscripción y/o de opción. Evidentemente, considero que dicho accionar por el Organismo Recaudador con respecto a la contribuyente, configura una vía de hecho administrativa expresamente prohibida por el art. 9 de la ley de procedimientos administrativos. Al respecto, Héctor M. Pozo Gowland sostiene: «las vías de hecho administrativas con consideradas las operaciones materiales de la Administración que restringen o afectan derechos individuales, sin apoyarse en una norma habilitante y en un acto administrativo que le otorgue sustento» (Procedimiento Administrativo, Tomo III, Edit. LA LEY, año 2012, pág. 279).
A mayor abundamiento, este Tribunal tuvo oportunidad de expedirse en los autos en referencia, mediante Resolución N° 300 dictada con fecha 30 de agosto de 2013 (Protocolo 194, Folios 132/134), en donde se confirmó el resolutorio del Juez de grado que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora. Para así resolver, en lo atinente a la verosimilitud del derecho, tuvo especial consideración en que las conductas desplegadas por el Organismo Fiscal constituían comportamientos materiales semejantes a los tipificados por el art. 9 de la Ley 19.549. Por otra parte, con respecto al peligro en la demora, sostuvo que las consecuencias ocasionadas a la actora por la inhabilitación de la constancia de C.U.I.T. se producían de forma permanente, afectándose sus derechos de acceso al trabajo y de ejercer industria lícita, circunstancias todas éstas que han quedado plenamente corroboradas con las constancias valoradas aquí para resolver el fondo del asunto. Por todo ello, estimo que este agravio debe ser rechazado.
IV.- En razón de lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en todo lo que decide y ha sido motivo de agravio. Atento al resultado arribado, las costas de la Alzada se imponen a la vencida conforme al principio objetivo de la derrota (art. 68, 1° parte del C.P.C.C.N.). Se difiere la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad. ASÍ VOTO.-
Los señores Jueces de Cámara Subrogantes, doctores Carlos Julio Lascano y José Vicente Muscará dijeron:
Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez de Cámara preopinante, doctor Ignacio María Vélez Funes, votaban en idéntico sentido.-
Por el resultado del Acuerdo que antecede;
SE RESUELVE:
I.- Confirmar la resolución N° 136 de fecha 5 de julio de 2013, dictada por el señor Juez Federal de Río Cuarto, en todo lo que decide y ha sido motivo de agravios.-
II.- Imponer las costas de la Alzada a la demandada perdidosa (art. 68, 1ra. parte del C.P.C.C.N.); difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad.-
III.- Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen.-
FDO. IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES – JOSÉ VICENTE MUSCARÁ – CARLOS JULIO LASCANO – EDUARDO AVALOS (Secretario de Cámara) SENTENCIA N° 378/2013 – PROTOCOLO N° 195 F° 149/151 – SALA A
Ley 16986 – BO: 20/10/1966
Cita digital:
