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JURISPRUDENCIA
Buenos Aires, a los días del mes de noviembre de 2014, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “Hobre Rogelio Rubén y otros c/ Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. y otros s/ daños y perjuicios”
La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:
I. La sentencia obrante a fs. 931/940 rechazó la demanda incoada en todas sus partes contra la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. con costas a cargo de la actora vencida.
El hecho motivo de autos fue el accidente ocurrido el día 29 de diciembre de 2008 siendo las 21.30 hrs, cuando Florencia Gabriela Hobre intentó cruzar las vías del ferrocarril, línea Belgrano Sur, a la altura del paso a nivel peatonal ubicado en la calle Conde, de la localidad de González Catan, Provincia de Buenos Aires, siendo arrollada y arrastrada varios metros y quedando muy malherida prácticamente debajo de la locomotora.
La sentenciante de grado concluyó en que fue el desacierto de la actora lo que produjo el daño y que no hay elementos que admitan siquiera una concurrencia, que permita excluir total o parcialmente la responsabilidad endilgada, porque su conducta ha sido irresistible e imprevisible al interponerse en la línea de marcha del tren. Que los daños padecidos han sido introducidos en el marco de la causalidad adecuada (Art 901 del Código Civil) por la propia víctima.
Contra la sentencia expresa agravios la actora a fs. 977/984. Corrido el pertinente traslado de ley obran a fs. 988/992 y fs. 993/995 los respectivos respondes de las accionadas, solicitando el rechazo de la queja esgrimida.
A fs. 997 se dicta el llamado de autos para sentencia, providencia que se encuentra firme, quedando los presentes en estado de dictar sentencia.
II. Corresponde, en primer término, establecer si resulta procedente la declaración de deserción del recurso aducida respectivamente por la demandada y citada en garantía, por incumplimiento de los requisitos contenidos en el art. 265 del Código Procesal.
La expresión de agravios supone la existencia de dos elementos: el perjuicio que se infiere a la parte quejosa, aspecto endógeno con sus consecuencias, y que dicho perjuicio, para llegar al ámbito conceptual de agravio, provenga de errores de la sentencia, los que deben ser indicados claramente.
Por ello, resulta inviable la apelación en mérito a lo establecido por el art. 265 del Código Procesal, cuando los agravios de los recurrentes se limitan a reiterar los mismos argumentos que fueron expuestos ante el a quo en el escrito de inicio, sin hacerse cargo de las consideraciones que aquél expresó al fundar su sentencia, por cuanto se pone en evidencia la falta de un agravio específico respecto de las apreciaciones efectuadas por el magistrado de la instancia previa.(Conf. CNCiv. esta Sala, 15/7/2010, Expte. Nº 72.250/2002 “Celi, Walter Benjamín y otro c/ Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios”; Idem., id., 23/6/2011, Expte. 90.579/2003 “Rivera Cofre José Alejandro y otros c/ Clínica Gral. de Obstetricia y Cirugía Nstra. Sra. de Fátima y otros s/ daños y perjuicios”, entre otros).
He de señalar, en primer término, que reiteradamente hemos sostenido que el recurso de apelación no implica una pretensión distinta o autónoma con respecto a la pretensión originaria, sino una eventual derivación de ésta que constituye el objeto, la que ya no se puede modificar en sus elementos. Se ha declarado que únicamente es fundado cuando en razón de su contenido sustancial es apropiado para la obtención de una resolución que reforme, modifique, amplíe o anule el pronunciamiento impugnado. Caso contrario, debe declararse desierto el recurso (C.N.Civ., esta Sala, 1/10/09, expte. Nº 2.575/2004 “Cugliari, Antonio Carlos Humberto c/ BankBoston N.A. s/ cancelación de hipoteca”. Idem., 23/6/2010, expte. Nº 59.366/2004 “Berdier, Tristán Marcelo c/ Snitovsky, Luis y otro s/ daños y perjuicios”).
Este Tribunal ha sostenido que es imprescindible a los efectos de abrir la posibilidad revisora de la Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que tornan injusta la solución adoptada por el magistrado de la instancia anterior, para lo cual debe aportar consistentes razonamientos contrapuestos a los invocados en la sentencia, que demuestren argumentalmente el error de juzgamiento que se le atribuye. La expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, ya que ésta no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales o las quejas que no dedujo (Conf. CNCiv., esta Sala, 24/9/09, Expte. Nº 89.532/2006, “M. R. E c/ F, R A”; Idem, 18/2/2010 expte. Nº 100.658/2000 “Coronel, Juan Carlos y otros c/ Cerzosimo, Claudio Fabián y otros s/ daños y perjuicios” Ídem. Id, 15/7/2010, expte. Nº 72.250/2002 “Celi, Walter Benjamín y otro c/ Salvador M. Pestelli Sociedad Anónima s/ daños y perjuicios” entre muchos otros).
La expresión de agravios constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una «crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas». Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Augusto «Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado», t. III, p. 351, Abeledo Perrot, 1988; CNCiv., esta Sala, Expte. Nº 2.575/2004, “Cugliari, Antonio Carlos Humberto c/ BankBoston N.A. s/ cancelación de hipoteca” del 1/10/09).
Este Tribunal se ha guiado siempre por un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de la técnica recursiva exigida por el art. 265 de la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la antes citada norma con la garantía de defensa en juicio, de raigambre constitucional.
De allí entonces, que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio, atendiendo a que, por lo demás, los agravios no requieren formulaciones sacramentales, alcanzando así la suficiencia requerida por la ley procesal cuando contienen en alguna medida, aunque sea precaria, una crítica concreta, objetiva y razonada a través de la cual se ponga de manifiesto el error en que se ha incurrido o que se atribuye a la sentencia y se refuten las consideraciones o fundamentos en que se sustenta para, de esta manera, descalificarla por la injusticia de lo resuelto. (Conf. C.N.Civ. esta sala, 11/5/2010, expte. Nº 75.058/2000,“Peralta, Carlos Raúl y otros c/ Coronel Vega, Carlos Javier y otros s/ daños y perjuicios” Ídem 21/12/2010, expte 108.705/2005, “Comte Olivares Juan Carlos c/ Rekz Miguel Omar y otros s/ daños y perjuicios” entre otros muchos).
Ahora bien, no obstante tal amplitud en la apreciación de la técnica recursiva, existe un mínimo por debajo del cual las consideraciones o quejas traídas carecen de entidad jurídica como agravios en el sentido que exige la ley de forma, no resultando legalmente viable discutir el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista (conf. C. N. Civ., esta Sala, 17/12/2009, expte. Nº 62.375/2006 “Enser, Luis Alberto c/ Empresa de Transporte General Tomás Guido S.A.C.I.F. y otros”; id; 14/08/2009, expte. Nº 70.098/98 “Agrozonda S. A. c/ Jara de Perazzo, Susana Ventura y otros s/ escrituración” y expte. Nº 60.974/99,“Agrozonda S. A. c/ Santurbide S. A. y otros s/ daños y perjuicios”; id; 21/12/2009, Expte. Nº 43.055/99, “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”).
Esto es –a mi criterio lo que ocurre en el caso de autos, por lo que propiciaré se declare desierto el recurso.
La apelante en su escasa fundamentación, sostiene falta de adecuada valoración de la negligencia de la parte demandada, la cual a su criterio coadyuvó a la producción del hecho.
Sin perjuicio de ello, y en orden a lo dispuesto por el art. 266 del Código Procesal, se analizarán las cuestiones que no han sido eficazmente rebatidas.
III. En primer lugar, cabe señalar que tratándose de daños a terceros no transportados la cuestión debe encuadrarse en la segunda parte del art. 1113 del Código Civil, conforme lo sostiene pacíficamente la doctrina y jurisprudencia absolutamente dominantes en nuestro país, incluida la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los accidentes ferroviarios, no mediando relación contractual, cualquiera sea la forma y modo en que se produzcan, caen bajo la órbita de la teoría del riesgo creado (C.S.J.N., 20/12/92, «Coria c. Ferrocarriles Argentinos», Fallos, 312:2412).
Sin embargo las especiales características que reviste el transporte ferroviario, no impiden que dicho régimen legal sea aplicado en forma razonable y adecuada, desde que la conducta de quienes cruzan o se internan en las vías ferroviarias ha de ser juzgada con rigurosidad, pues el peligro eminente del ferrocarril que ellos no pueden desconocer los obliga a obrar con especialísima prudencia (CNCiv., Sala «F», 23/11/92, «Juárez, Omar E. c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos», rec. 107.264, ídem esta sala, 4/2/2014, Expte N° 69346/2009 “Rodriguez Teodoro c/ Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria S.A y otro s/ daños y perjuicios).
En tal sentido, se ha sostenido que toda persona que se propone cruzar un paso a nivel debe adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir el riesgo que ese hecho representa, respetando siempre la preeminencia del ferrocarril (Conf. Kemelmajer de Carlucci en BelluscioZannoni, «Código Civil Comentado, Anotado y Concordado», t. 5, p. 556; Llambías J. J. «Obligaciones», t. IVB, p. 223).
Debe tenerse en cuenta la especial situación en que se encuentra el ferrocarril, dada la forzada marcha que delimita el riel, la nula posibilidad de desviarse para esquivar la colisión y el previsible peligro que ello implica. Las vías ferroviarias de tránsito habitual constituyen un riesgo, lo que impone la necesidad de conducirse con la máxima prudencia.(Conf CNCiv esta sala 14/6/2006 Expte: 51.875/01 “Paganini, Susana Beatriz y otros c/ Trenes de Buenos Aires s / daños y perjuicios” ídem id, 17/10/2013, Expte N° 18264/2001 “Verdi Héctor Osvaldo c/ Muñoz Ricardo y otros s/ daños y perjuicios).
Se ha señalado en innumerables oportunidades que el tránsito ferroviario genera un peligro de modalidades distintas que el derivado del tránsito automotor, ya que a diferencia de éste, el ámbito de circulación de los trenes se halla limitado por las vías sobre las cuales se desplazan y el área riesgosa queda circunscripta a este lugar y a sus adyacencias inmediatas.
De ello se desprende que los trenes carecen de aptitud de maniobra para eludir un obstáculo imprevisto. Por otra parte, su capacidad de frenado es mucho menor en virtud de la masa muy superior a la de los vehículos automotores y aumenta, por consiguiente, la distancia que debe recorrer antes de detenerse.
Estas circunstancias imponen un acrecentado grado de prudencia y quienes se introducen en la delimitada zona de peligro, lo hacen asumiendo el riesgo con plena conciencia de él, debe ponerse de resalto que ello no significa en modo alguno invertir la carga de la prueba, sino tan sólo extremar la valoración de los elementos de juicio de modo que las circunstancias especiales de la actividad ferroviaria cobren relevancia a la hora de analizar las responsabilidad que les cabe a los distintos intervinientes en el accidente. (Conf CNCiv sala H, 16/8/2007, “J. J. y otro c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A. y otro s/ daños y perjuicios” ídem 4/2/2014, Expte N° 69346/2009 “Rodriguez Teodoro c/ Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria S.A y otro s/ daños y perjuicios).
Se ha dicho que el principio básico de seguridad que impera en el ámbito ferroviario, se incrementa cuando se toma la decisión de trasponer las vías por un lugar no habilitado, cuando una persona debe trasponer las vías, la prudencia debe extremarse, ante todo, respetando las señales instauradas por el ferrocarril y, si no las hay o funcionan deficientemente, recurriendo ante todo a su instinto de conservación, y no sólo está obligado a acatar las advertencias de la empresa ferroviaria, sino que jamás debe intentar trasponer las vías fuera de los pasos a nivel especialmente habilitados, aunque por fuerza de la costumbre, los vecinos del lugar suelan hacerlo por pasos clandestinos (Conf CNCiv, 24/4/2007, sala G, “A. B. A. y otros c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A. y otros s/ daños y perjuicios”).
Así también se ha sostenido, que quien voluntariamente invade por un lugar no habilitado el territorio reservado al paso de los ferrocarriles, lo hace asumiendo plenamente los riesgos de tal actividad, aún cuando el uso del paso clandestino sea frecuente por los vecinos, pues lo contrario implicaría convalidar que mediante la costumbre contra legem se habiliten de hecho pasos peatonales donde no corresponden (conf. C. Fed. Apel. Rosario, 15/10/2009, expte Nº 4.597C, “Álvarez, Esteban c/ Pucheta, Enzo y/o D’Agostino, Diego y/o FFCC s/ Cobro de Pesos”).
Asimismo es menester destacar que si bien la empresa ferroviaria tiene la obligación de proteger los lugares destinados al cruce y pasos a nivel, con medidas acordes con su peligrosidad, no está obligada en cambio a advertir la proximidad de los trenes mediante señales luminosas o sonoras en lugares no habilitados para el cruce. (Conf. CNCivil, Sala K, 08/11/2006, elDial AA399A).
De las probanzas producidas en la causa hace mérito la sentencia apelada en forma minuciosa y detallada, entre ellas, la determinante causa penal N° 050102696008 caratulada “Florencia Hobre s/ tentativa de suicidio” y los elementos probatorios allí incorporados, el video que se ha incorporado a la causa y la pericia del Ingeniero Mecánico Ferroviario.
El experto designado de oficio se constituyó en el lugar del hecho; tomó fotografías y se expidió conforme lo solicitado sobre las características del cruce, su señalización así como sobre la existencia de los pasos habilitados, mas cercanos a la calle Conde, asimismo brindó explicaciones sobre el material videográfico acompañado por la empresa de transporte (ver fs. 918/919) concluyendo que el accidente, ocurre varios metros después del paso peatonal, al que alude la quejosa en su reproche.
Vale decir que de conformidad con el material probatorio analizado en los presentes, puede concluirse válida y razonablemente, que la joven no fue sorprendida por la formación ferroviaria de la accionada, tal cual lo manifestara en su pretensión inicial, sino que fue ella quien se interpuso en forma temeraria e imprudente en la trayectoria del convoy.
Configurada la situación de riesgo, la misma no pudo ser evitada por la obligación de seguridad que recaía sobre la demandada, ya que no fue el riesgo o vicio de la cosa, sino la culpa de la víctima la que lo determinó el accidente (Conf CNCiv esta sala, 17/10/2013, Expte N° 18264/2001 “Verdi Héctor Osvaldo c/ Muñoz Ricardo y otros s/ daños y perjuicios exponiéndose inexplicablemente a una situación de peligro extremo para su integridad física, con el lamentable y conocido resultado para la joven.
En el caso la culpa de la víctima ha actuado como factor interruptivo de la relación causal, apareciendo como única causa del daño, revistiendo las características de imprevisibilidad e inevitabilidad, propias del caso fortuito o fuerza mayor, por lo que en este estado de cosas, resulta absolutamente intrascendente ponderar sobre el peligro del paso peatonal, por el que la víctima habría accedido a las vías del tren, pues ello carece de todo vínculo causal con el siniestro, pues la única causa eficiente la constituyó su propia determinación de interponerse en la línea de marcha del convoy, exponiéndose a ser arrollada por el mismo.
Por todo ello, de igual forma que lo hizo la sentenciante de grado, en su prolijo y razonado pronunciamiento, y de conformidad con las reglas de la sana crítica, en orden a lo dispuesto en el citado artículo 1113, apartado 2, último párrafo del Código Civil, no corresponde imputar responsabilidad a la empresa de transporte ferroviario toda vez que las causas que ocasionaron el siniestro resultan ajenas a aquélla. Es que el hecho que no cause daño a la persona que lo sufre sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna. (art.1111 del Código Civil).
En consecuencia, por todo lo hasta aquí expuesto, y si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo:
1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 946 concedido a fs. 954, con costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68 del Código Procesal).
TAL ES MI VOTO
Las Dras. Beatriz A. Verón y Zulema Wilde adhieren al voto precedente.
Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.
Buenos Aires, noviembre de 2014.
Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:
1) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 946 concedido a fs. 954, con costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68 del Código Procesal).
Para conocer los honorarios regulados a fs. 940 vta y que fueran apelados por altos y bajos a fs. 944, 947, 952, 953, 955, y 956 respectivamente.
En atención al monto comprometido, naturaleza del proceso, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, cantidad de etapas cumplidas, resultado obtenido, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9,10, 19,10, 37, 38 y conc. de la ley 21.839, y su modificatoria 24432 asimismo y merituando los trabajos desarrollados por los expertos se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales intervinientes en el proceso (conf. C.S.J.N., Fallos 236:127; 239:123; 242:519; 253:96; 261:223; 282:361) así como la incidencia que han tenido en el resultado del pleito y de conformidad con los arts 505 del Código Civil y 478 del Código Procesal
En virtud de ello y por considerarlos reducidos los honorarios de los letrados apoderados de la demandada UGOFE, en conjunto, se elevan a la suma de $ … (…), los honorarios de los letrados del Estado Nacional y los de los letrados de la Citada en Garantía se reducen a la suma de $ … (pesos …) respectivamente.
Y los honorarios del letrado de la parte actora, por elevados se reducen a la suma de pesos … ($ …).
Asimismo se fijan en la suma de pesos … ($ …) los honorarios del perito ingeniero Jorge Osvaldo Firpo, fijándose en la suma de $ … (pesos …) respectivamente, los honorarios de la perito psicóloga Ester J Siegel y del perito médico Héctor Ullamn.
En atención al monto del proceso resultado obtenido complejidad y labor profesional respecto de la tarea desarrollado en la Alzada de conformidad con lo dispuesto en el art 14 de la ley de aranceles profesionales, según texto ley 24432 se regulan los honorarios del letrado patrocinante de la parte actora Gustavo Alberto Prats, en la suma de pesos … ($ …) y los del Dr. Juan José LLoveras Videla y de la Dra. Denise Mau en la suma de pesos … ($ …) respectivamente.
Regístrese, notifíquese por cédula por Secretaría y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.
BEATRIZ ALICIA VERON, JUEZ DE CAMARA
ZULEMA DELIA WILDE, JUEZ DE CAMARA
MARTA DEL R MATTERA, JUEZ DE CAMARA
Ortiz Giménez, Félix c/Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia y otros s/daños y perjuicios – Cám. Nac. Civ. – Sala F – 07/11/2014
Cita digital:
