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JURISPRUDENCIADaños y perjuicios. Accidente de tránsito. Transporte benévolo. Culpa de la víctima. Cruce en rojo
Se mantiene el fallo que condenó al demandado a resarcir a la actora, que era transportada benévolamente, por haber violado la luz roja.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 15días del mes de Julio de Dos Mil Quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: “F. A. R. C/ G.O.F. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 308/323, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores BEATRIZ AREÁN -CARLOS CARRANZA CASARES- CARLOS ALFREDO BELLUCCI-
A la cuestión planteada la Señora Juez de Cámara Doctora Areán dijo:
I. La sentencia de fs. 308/323 desestimó la demanda incoada contra O. F. G., a la par que la admitió parcialmente contra R. M. V., condenándolo a pagar la suma de $…- con más costas. Reguló los honorarios a los profesionales intervinientes.
Contra dicho pronunciamiento se alzó la parte actora a fs. 324, siendo concedido el recurso a fs. 326.
La accionante expresó agravios a fs. 368/381, los que no fueron respondidos. Cuestiona que el Sr. Juez a-quo haya eximido de responsabilidad al conductor del rodado en el que se desplazaba la actora en calidad de pasajera. Ataca que haya analizado en forma conjunta las partidas acordadas para responder al daño físico junto con la incapacidad psicológica. Además, cuestiona el rechazo del rubro daño psíquico y su tratamiento. Protesta por la escasez de los montos fijados en concepto de incapacidad sobreviniente, daño moral y daño emergente y la tasa de interés fijada.
II. Se inician estas actuaciones con motivo del accidente ocurrido el 27 de abril de 2006, cuando la actora viajaba como acompañante en el automóvil V. D. 1500 gris, conducido por G., por el C.G.B. de la localidad de Q.. Al llegar al cruce con la calle Z., colisionó con otro vehículo de similares características, sufriendo lesiones.
Surge de la causa penal que tengo a la vista que a fs. 5 declaró C. A. G., manifestando que en la fecha indicada era transportado en un rodado V. D. 1500, al mando G.. Al llegar a la intersección indicada no pudo evitar colisionar con su frente contra otro vehículo de la misma marca de color negro en la puerta delantera izquierda, experimentando también él lesiones.
A fs. 42 la Dirección de Vialidad provincial informa que en el camino G. B. a la altura del cruce con Z. la velocidad máxima permitida es de 40 Km/h para ambas manos. En cuanto al funcionamiento de los semáforos no se registran cortes de energía en la fecha y hora indicados.
A fs. 52 la aquí actora declara que fue asistida en la clínica Belgrano de Solano, no concurriendo al Cuerpo Médico Departamental porque creyó que no debía ir. Manifestó que no deseaba instar la acción penal.
A fs. 54 G. ratifica su declaración anterior y agrega que el D. circulada de norte a sur de R.C. hacia Quilmes, los semáforos funcionaban, estaba verde para el vehículo en que viajaba
A fs. 58 se dispuso el archivo de las actuaciones por no encontrarse acreditada la materialidad ilícita que les dieran origen.
Al contestar la citación en garantía en estos autos la aseguradora de G. sostiene que fue V. quien violó la luz roja, quien es citado como tercero.
A fs. 37 fue declarada la rebeldía de G. y el tercero no compareció a estar a derecho.
A fs. 198 de estos autos sostiene el perito ingeniero que la mecánica probable del hecho pudo haber consistido en lo siguiente: el VW 1500 conducido por G. llevando como acompañantes a G. y F. – en realidad no queda muy en claro si eran pasajeros porque se trataba de un remis o por un transporte benévolo-, circulaba por el camino Gral. B. de SE a NO, cuando estaba atravesando la intersección con la calle Z., embistió con su parte frontal al otro V. 1500 en su lateral izquierdo, el que era conducido por V.que se desplazaba por esta arteria.
III. Esta contienda debe ser examinada, por un lado, en el marco del art. 1113, 2ª parte, 2º párr. del Cód. Civil, por tratarse de una colisión entre dos automotores en movimiento. Cabe destacar entonces que la intervención de dos factores de riesgo opuestos no conduce a su neutralización, por lo que igualmente resultan aplicables las presunciones de responsabilidad establecidas por el art. 1113, segundo párrafo del Código Civil (Conf. Plenario «Valdez, Estanislao F. c/ El Puente S.A.T. y otro» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del 10 de noviembre de 1994). Se trata de presunciones concurrentes, por cuanto recaen sobre el dueño o guardián de cada una de las cosas riesgosas que han causado el daño, debiendo responder del mismo, salvo que se acredite la existencia de una causal de exoneración, esto es, la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder.
A su vez, en las relaciones entre la actora y G. se está ante un supuesto de transporte benévolo.
Sostuve hace más de treinta y cinco años y el tiempo y la experiencia no me han hecho cambiar de posición, que la responsabilidad del transportador benévolo debe encuadrarse en el ámbito extracontractual (Conf. Areán, Beatriz Alicia, «La responsabilidad civil y el transporte benévolo» LL, 1978-C, 986).
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “En materia de transporte benévolo la asunción de los riesgos normales del viaje no es causal de supresión ni de disminución de la responsabilidad por los principios que emanan de los arts. 1109 y 1111 del Cód. Civil. El riesgo que asume quien es transportado benévolamente no alcanza al de perder la integridad física o la vida, a menos que debido a las circunstancias particulares del hecho esa consecuencia hubiera podido habitual y razonablemente sobrevenir, lo cual permitiría una asimilación a la culpa. La supuesta participación en la creación del riesgo del transportado benévolamente no implica -salvo circunstancias excepcionales- la culpa de la víctima, ni constituye una causa o concausa adecuada en la producción del daño que permita excluir la atribución objetiva de responsabilidad que el ordenamiento impone al dueño o guardián del rodado” (Conf. CSJN, 23/10/2001, Melnik de Quintana, Mirna E. y otro c. Carafi, Juan M. RCyS 2002, 763, id. “Tettamanti, Raúl O. y otros c. Baccino, Orlando A. y otros”, 30/4/96, LL, 1996-D-274; id. Tomassetti de Bonicelli, María y otra c/ Ferrocarriles Argentinos, 07/07/1992, Fallos, 315:1570).
La simple aceptación de ser transportado en una cosa riesgosa no supone que la víctima haya propiciado el propio daño mediante una conducta culposa. Toda actividad humana implica una aceptación de riesgo, y tener en cuenta esta circunstancia para exonerar a los responsables del daño importaría en los hechos suprimir esa responsabilidad (Conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, «Nuevamente sobre los daños causados en el llamado transporte benévolo», en Revista de Derecho de Daños, Nº 7, 2000, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 49).
Si la persona que asciende al automóvil para ser trasladada gratuitamente, a su solicitud o por invitación del conductor, al hacerlo acepta los riesgos que genera el viaje y con ello se atenúa la responsabilidad del conductor, habría que llegar a la conclusión que, por más grave que haya sido la negligencia de este último, siempre responderá con menos rigor.
En todo caso, esa persona no asumirá más riesgos que los propios de la circulación normal. “El hecho del viajero a título gratuito de participar en el uso de la cosa que de antemano sabe peligrosa, importa adhesión a los riesgos inherentes a la misma, pero a los riesgos normales, solamente a los que son propios de la circulación de automotores y no a los que pueden derivar de la conducta culposa del conductor» (Conf. Acuña Anzorena, Arturo, «Estudios sobre la responsabilidad civil», p. 356).
Reiteradamente se dice que el mero aprovechamiento de un transporte benévolo no puede en modo alguno asimilarse a una «culpa» de la víctima, a los efectos de constituir causa o concausa adecuada en la producción del daño (Conf. esta Sala G, 15/02/1999, Lexis Nº 10/7705; id. id. 24/02/1999, La Ley Online, id. Sala H, 04/10/1996, DJ 1997-3, 686).
Sin embargo, la culpa concurrente del viajero que ha sido víctima de un accidente producido durante la realización de un transporte benévolo no puede confundirse con la teoría de la aceptación del riesgo, pues cuando se trata de bienes como la vida y la integridad física sobre los que las personas no tienen libre disposición, la aceptación de los riesgos por parte del damnificado no importa exonerar o atenuar la responsabilidad del autor del daño, aunque sí constituye uno de los elementos determinantes de la culpa concurrente del transportado en la producción del daño sufrido.
Algo parecido sucede cuando el hecho ha ocurrido por la culpa de un tercero por quien no debe responder el transportador benévolo. No encuentro motivo alguno para no hacer valer la eximente por la sola circunstancia de que se trate de un transporte de esas características y en el caso anticipo el hecho del tercero ha provocado la fractura del nexo causal.
IV. Es cierto que se invoca la rebeldía de G.como elemento determinante de su responsabilidad.
De acuerdo con el art. 60 del Código Procesal: “La rebeldía no alterara la secuela regular del proceso. La sentencia será pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 356, inciso 1. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituirá presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración”.
Se ha entendido que la falta de contestación de la demanda produce una presunción favorable a la pretensión del accionante, la que será plena si no hay otra prueba o si la producida es coadyuvante. Por el contrario, dejará de tener valor si se demuestra que el demandado tiene razón. Si éste no sólo no contestó la demanda, sino que ni siquiera se apersonó, rige el art. 60 (Conf. Colombo, Carlos J., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado”, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1969, Tomo III, pág. 303).
Se ha dicho que la remisión al art. 356 inciso 1º), asimila la rebeldía a la incontestación de la demanda, encontrándose la única diferencia en la inclusión de la expresión «en caso de duda». La ley consagra una presunción favorable a la parte que se beneficia con la rebeldía de su contraria, pero es posible que exista contradicción entre los hechos presumidos y otras constancias del juicio. Si éstas producen plena convicción en el juez, tendrá que atenerse a ellas, pero en caso de duda, habrá de pronunciarse a favor de quien obtuvo la declaración de rebeldía de la otra parte (Conf. Fenochietto, Carlos E.-Arazi, Roland, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires», Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, Tomo 1, pág. 241).
Asimismo y en relación a los efectos de la rebeldía en cualquier tipo de proceso, se ha dicho que: “Las reglas de los arts. 354 inc. 1° (nuestro art. 356) y 60 del Código Procesal Civil y Comercial no imponen a la judicatura el deber de ceder automática o mecánicamente a las pretensiones del actor, sino que le otorga la «facultad» de tener por ciertos los hechos, pero esa atribución no es discrecional ya que tiene por límite la eventual arbitrariedad” (Conf. Sup. Corte Bs. As., 30/5/2001, Lexis Nº 14/76449
“La rebeldía no exonera al demandante de la carga de la prueba ni produce la inversión de dicha carga. «La declaración de rebeldía no entraña sin más el reconocimiento ficto, por parte del rebelde, de la verdad de los hechos alegados por la otra parte como fundamento de su pretensión» , ni «…constituye causal para tener por configurada una presunción iuris tantum acerca de la verdad de esos hechos.» «Los ordenamientos procesales vigentes en nuestro país adhieren al sistema en cuya virtud la declaración de rebeldía constituye fundamento de una presunción simple o judicial, en forma tal que incumbe al juez, valorando los elementos de juicio incorporados al proceso, estimar si la incomparecencia o el abandono importan o no, en cada caso concreto, el reconocimiento de los hechos afirmados por la otra parte» (Conf. (Palacio, Lino E.: «Derecho Procesal Civil», T. IV, 359, c), a), p. 202; C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 01/10/1998, Lexis Nº 7/563).
“La declaración de rebeldía, no obliga necesariamente a condenar al rebelde, sino que autoriza al tribunal a relacionar la presunción con los demás elementos de juicio que la causa ofrezca” (Conf. STJ Rawson, 03-10-1997, elDial – ASC76).
En el caso, la citada en garantía ha contestado la demanda, negando expresamente la mayoría de los hechos invocados en ella.
Se ha expresado con remisión a un antecedente de otra Sala, que, «en cuanto a los efectos de la no contestación de la demanda, la negativa expresa y detallada de los hechos sostenidos por el actor, formulada por la citada en garantía, impone al accionante la necesidad de probar los extremos en que fundamentó su petición (in re «Broteau de Granieri, Clara Ester c/Transportes Bernardino Rivadavia SATA s/daños y perjuicios», L.234.243, del 14/5/98 y su cita)» (Conf. CNCivil, Sala H, 3/11/98, «Díaz, María Aurora c/Luciano, Héctor Alberto s/daños y perjuicios», El Dial, Record Lógico, SUMDIAL 100.229).
Sostiene en tal sentido Daray que, en materia de accidentes de tránsito, a los fines de valorar los efectos de la incontestación de la demanda o de la rebeldía, en su caso, deberá tenerse en cuenta si se ha completado o no la citación en garantía de la aseguradora de la parte demandada. Ello debe ser así, porque conforme las relaciones que surgen del contrato de seguro y las obligaciones recíprocas, normalmente la compañía se hará cargo de la condena, lo que torna sumamente relativo el interés del accionado asegurado en el resultado del litigio. Tal circunstancia lo puede llevar a actuar con desidia, dado que esa actitud no le acarreará ningún perjuicio patrimonial. Por lo tanto, el juzgador debe adoptar un criterio restrictivo en lo que hace a la evaluación del silencio del demandado, ya que es su deber investigar la realidad de lo acontecido y, en especial, la magnitud de los daños, a fin de no distorsionar el espíritu que informa su misión de resolver el litigio (Conf. Daray, Hernán, “Accidentes de tránsito”, 2ª. Ed. Actualizada, Astrea, Tomo 1, pág. 428).
“La rebeldía no exonera al demandante de la carga de la prueba ni produce la inversión de dicha carga. afirma Palacio (Palacio, Lino E.: «Derecho Procesal Civil», T. IV, 359, c), a), p. 202) que «la declaración de rebeldía no entraña sin mas el reconocimiento ficto, por parte del rebelde, de la verdad de los hechos alegados por la otra parte como fundamento de su pretensión» , ni «…constituye causal para tener por configurada una presunción iuris tantum acerca de la verdad de esos hechos.» y añade que «los ordenamientos procesales vigentes en nuestro país adhieren al sistema en cuya virtud la declaración de rebeldía constituye fundamento de una presunción simple o judicial, en forma tal que incumbe al juez, valorando los elementos de juicio incorporados al proceso, estimar si la incomparecencia o el abandono importan o no, en cada caso concreto, el reconocimiento de los hechos afirmados por la otra parte», afirmados por la otra parte.»(Conf. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 01/10/1998, Lexis Nº 7/563).
“La declaración de rebeldía, no obliga necesariamente a condenar al rebelde, sino que autoriza al tribunal a relacionar la presunción con los demás elementos de juicio que la causa ofrezca”. .(Conf. STJ Rawson, 03-10-1997, elDial – ASC76).
En síntesis, en el caso, es indiscutible que G., no ha contestado la demanda, como tampoco V. ha hecho lo propio con la citación de tercero, pero en el primer caso, el silencio ha sido suplido por la actuación de la aseguradora.
V. Pasaré ahora a evaluar las conductas de G. y V..
De acuerdo con el art. 50 de la ley 24.449, el conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación.
Según el art. 51 los límites máximos de velocidad son: a) En zona urbana: en calles: 40 km/h; y en avenidas: 60 km/h; en vías con semaforización coordinada y sólo para motocicletas y automóviles: la velocidad de coordinación de los semáforos
A su turno, el art. 44 de la ley 24.449, establece que: “En las vías reguladas por semáforos: a) Los vehículos deben: 1. Con luz verde a su frente, avanzar; 2. Con luz roja, detenerse antes de la línea marcada a tal efecto o de la senda peatonal, evitando luego cualquier movimiento; 3. Con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a transponer la encrucijada antes de la roja…”.
Cuando en un cruce existen semáforos con el fin de regular el tránsito, carece de virtualidad la invocación de las normas sobre preferencia de paso establecidas para el supuesto en que carezca de los mismos. En tales circunstancias son únicamente esos elementos mecánicos los que indican el libre tránsito para los que cuentan con luz verde habilitante, sin interesar la procedencia desde la derecha o desde la izquierda.
Es evidente entonces que habiendo señales luminosas, los conductores deben atenerse a sus indicaciones antes de intentar el cruce de una bocacalle. Basta con iniciarlo en circunstancias en que la luz del semáforo lo prohíbe para tener por acreditada, en principio, la responsabilidad de quien ha cometido la infracción, dada su gravedad.
Por ello, reiteradamente se ha sostenido que en una bocacalle en la que el ordenamiento de tránsito urbano se encuentra regulado por semáforos, las respectivas velocidades de los automotores y el carácter de embestidor carece de significación, pues lo que evita accidentes es el estricto acatamiento a la señal lumínica (Conf. CNCiv., Sala G, 23/04/1999, elDial – AA161; Id. id. Libre 609.875 del 9/4/13; Sala B, 6/12/99, elDial – AA370; id. Sala A, 2/3/98, elDial – AE267; id. Sala D, 3/3/92, SAIJ; Sumario: C0008106; id. Sala F, Sala F, 30/11/99, elDial -AE1372 SCBA, 17/10/2001, LLBA 2002, 296 – DJBA 161, 275, entre muchos otros).
La presencia de los semáforos, en tanto funcionen normalmente, va a constituirse en un factor primordial para juzgar la conducta de quien efectúa el cruce de esas encrucijadas violando la luz que le veda el paso.
Ha dicho la Sala que en una bocacalle en la que el ordenamiento de tránsito urbano se encuentra regulado por semáforos, las respectivas velocidades de los automotores y el carácter de embestidor carece de significación, pues lo que evita accidentes es el estricto acatamiento a la señal lumínica, especialmente la amarilla que es advertencia de detención y no de avance ante cualquier circunstancia (Conf. esta Sala G, 23/4/99, elDial – AA161).
Como normalmente las partes del proceso se acusan recíprocamente de haber cruzado con luz roja, entra a jugar la regla consagrada por el 377 del Código Procesal, esto es que, cuando uno de los intervinientes en un accidente de tránsito afirma que fue el otro conductor el que lo embistió luego de violar la luz roja y éste niega ese hecho trascendental de la litis, corresponde al primero acreditarlo. Y si los dos formulan idéntica aseveración, la carga probatoria pesará sobre ambos.
En síntesis, luego de las apreciaciones que anteceden, sintetizo: la aseguradora atribuyó a V. circular a elevada velocidad y no respetar la luz roja.
Como quedó dicho más arriba, la carga de la prueba de no haber respetado la señal lumínica, así como la velocidad excesiva de la VW, pesaba sobre el demandante.
Se ha sostenido, comentando un fallo en que la que emite este voto preopinante también lo hiciera en igual orden, que el fallo hace una correcta aplicación de la doctrina del Plenario «Valdez, Estanislao F c. El Puente S.A.T. y otro», de acuerdo con la cual, aun en los supuestos de «colisión plural de automotores en movimiento», la responsabilidad debe atribuirse sobre la base de las presunciones fundadas en el riesgo o vicio de la cosa. Significa que estos accidentes entre dos vehículos en movimiento -ambos riesgosos-, caen igualmente en el ámbito de la responsabilidad objetiva, determinando que el dueño o el guardián de cada uno de los automotores tiene que hacerse cargo, en principio, de las consecuencias dañosas derivadas de la intervención del vehículo de su propiedad o confiado a su guarda. “El gran mérito del fallo de la Sala G de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil es que, a partir de este encuadre general en la órbita de la responsabilidad objetiva,-de conformidad con la doctrina obligatoria del Plenario-, la autora del primer voto, -al que se adhieren los otros integrantes del Tribunal-, profundiza su análisis y avanza en la valoración de todos los aspectos que tuvieron incidencia en el desenvolvimiento de los hechos y en la caracterización de los riesgos. La sentencia no se limita a una apreciación exterior o fija del riesgo de la cosa. Tratándose de cosas en movimiento, el riesgo puede adoptar distintas fisonomías y adquirir alcances diversos, de acuerdo a la ubicación relativa y al comportamiento de las personas encargadas de la custodia de tales cosas. Con esta idea, el fallo destaca que, si en la intersección de las calles en donde se produjo el accidente había un semáforo, la víctima del daño también tiene que probar «que la contraparte ha sido quien ha violado la indicación del semáforo que facultaba o vedaba su avance». La afirmación es irrebatible. Porque, en una esquina con semáforo, lo que realmente importa un riesgo es la violación de sus indicaciones. Es cierto que los dos vehículos que intervienen en una colisión son, en teoría, igualmente riesgosos, pero la dinámica del accidente puede mostrar que el riesgo se concentra en uno de ellos, -el que desatendió las señales luminosas del semáforo- y que el otro, -teóricamente riesgoso-, no generó en la práctica ningún riesgo, pues ajustó su comportamiento a las reglas de tránsito…El riesgo deja de ser una categoría estática para convertirse en un factor variable que se corporiza o se concreta en función de la mecánica de cada accidente…Ambos constituyen una cosa riesgosa, y por eso es muy importante desbrozar la mecánica del accidente, para precisar la distribución más adecuada y más justa de los riesgos…Aunque la atribución de la responsabilidad tiene un fundamento objetivo, el análisis sobre el encadenamiento y la concreción de los respectivos riesgos remite a una ponderación sobre el comportamiento de todas las personas que intervinieron en el accidente. La sentencia no se limita a proclamar la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa en función de una titularidad formal. El fallo desentraña los hechos, y pone a la luz la incidencia de los distintos riesgos en la configuración del resultado dañoso” (Conf. Mazzinghi (h.), Jorge Adolfo, El riesgo de la cosa y la valoración de la conducta de los protagonistas de un accidente de tránsito, LL, 2010-A, 158).
Frente a una situación dudosa, los jueces necesariamente deben recurrir a la apreciación conjunta de la prueba. Se trata también de un proceso intelectual, en el que deben desplegar todos sus conocimientos, su experiencia de vida y su intuición, tratando de arribar al resultado que juzga más próximo a la verdad.
Como ya dije, los jueces no deben buscar la certeza absoluta, basta con que lleguen a la certeza moral, lo que no significa más que lograr al grado máximo de probabilidad acerca del modo en que pudieron haberse producido los hechos.
Puede suceder que, no obstante los esfuerzos desplegados por el juzgador subsista la duda: la pericial mecánica no puede referirse obviamente al tema, pues el perito no ha presenciado el accidente, careciendo de relevancia el lugar en que se produjo la colisión o las partes de los vehículos que han entrado en contacto o el color de las luces del semáforo, que ignora el experto por no haber estado presente.
Sin embargo, en este caso en particular, la objetividad de los dichos de la propia actora “testigo involuntaria e imparcial del hecho”, favorece la interpretación de la parte codemandada, todo ello claramente corroborado con el testimonio de Gallardo.
En lo referente a la valoración de la prueba testimonial, el art. 456 del Cód. Procesal dispone que “el juez apreciará, según las reglas de la sana crítica… las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones”.
Queda en claro, en consecuencia, que en concordancia con el principio general emanado del art. 386, se subordina la apreciación de la prueba testimonial a las reglas de la sana crítica.
En tal sentido el magistrado goza de amplias facultades: admite o rechaza la que su justo criterio le indique como acreedora de mayor fe, en concordancia con los demás elementos de mérito obrantes en el expediente (Conf. Fenochietto-Arazi, ob. cit., Tomo 2, pág. 446).
En general se entiende que en un juicio por daños y perjuicios es conveniente prestar especial importancia a los testigos que depusieron en sede penal, por ser los más próximos a la ocurrencia del accidente.
Las apreciaciones referidas a percepciones tomadas en el mismo lugar del hecho, a poco de haber sucedido, cobran mayor valor probatorio, dada la inmediatez y en especial a la espontaneidad de su exposición.
Ha sostenido la Sala que el juez debe meritar los dichos de los testigos que le merecen mayor poder de convicción, entre los cuales se encuentran los de los testigos presenciales del hecho (Conf. esta Sala, 12/05/1999, LL, 1999-F, 64).
Por todas razones expuestas precedentemente, y porque considero debidamente acreditado que fue V. quien violó la indicación del semáforo, corresponde confirmar la sentencia en cuanto a la atribución de responsabilidad que realiza.
VI. Analizaré a continuación las quejas del actor con respecto al monto dado por incapacidad sobreviniente.
Las secuelas físicas y psíquicas que le han quedado como consecuencia del accidente han sido adecuadamente descriptas por el juez a-quo.
Tales secuelas se traducen en una incapacidad parcial y permanente, que ha sido estimada en el 2% de la total, por el perito médico.
A este levísimo grado de incapacidad física para una persona que, afortunadamente, no ha perdido ningún miembro, ningún órgano vital y ni siquiera un diente, y que puede seguir andando, llamativamente debe sumarse otro 30 % de incapacidad psíquica.
La incapacidad sobreviniente comprende cualquier disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad laboral del individuo, como la que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba antes del hecho lesivo con la debida amplitud y libertad. Para fijar la cuantía de este perjuicio es menester considerar la naturaleza de las lesiones sufridas, cómo éstas habrán de influir negativamente en las posibilidades de vida futura del damnificado, la específica disminución de sus aptitudes laborales, la edad, su estado civil y demás condiciones personales (Conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado, tomo 5 págs. 219 y 220)
Es decir que para establecer el quantum de la indemnización por incapacidad sobreviniente, debe quedar comprendida la incidencia del hecho dañoso, cualquiera sea su naturaleza, en todos los aspectos de la personalidad de la víctima, tanto en lo laboral como en lo social, en lo psíquico como en lo físico. Es decir que, a los fines de establecer el monto que debe resarcirse por este concepto, deben tenerse en cuenta las condiciones personales de la víctima, así como las familiares y socio-económicas, sin que el grado de incapacidad comprobado científicamente por el perito médico, traduzca, matemáticamente, una cierta cuantía indemnizatoria. Sólo constituye un parámetro de aproximación económica que debe ser conjugado con las múltiples circunstancias vitales que contribuyen a definir razonablemente el monto de la reparación (conf. esta Sala 10/12/2001, Morinigo, Ramón E. y otro c. Giro, Dolores, LL, 2002-D, 962; id. sala G, 27/08/2007, Real, Roberto c. Microómnibus Saavedra SA, La Ley Online id. 27/08/2007, “Real, Roberto c. Microómnibus Saavedra SATACI y otro”, La Ley Online¸ id. 23/03/2007, “Barrera, Carlos A. c. Di Stefano, Felipe G. y otros”, DJ 22/08/2007, 1227, en muchos otros).
Por otra parte, “El grado de incapacidad mencionado en el dictamen pericial médico no traduce matemáticamente una cierta cuantía indemnizatoria, sino que constituye un parámetro de aproximación económica que debe ser conjugado con las múltiples circunstancias vitales que, comprobadas en el proceso, contribuyen a establecer adecuadamente el monto de la reparación pretendida” (conf. esta Sala, 8/4/98, elDial – AA41; id. 27/09/1994, Pacheco Da Costa, Gilda y otro c. Sosa, Roberto, G., La Ley Online; id. 03/11/1993, Luna, Juan B. c. Delfino, Antonio M., LL, 1994-C, 50).).
En este caso la actora tenía unos 47 años al momento del hecho, es de estado civil casada, madre de dos hijos, mora con el esposo, la suegra y los dos descendientes.
Comparto con el juez a-quo la desproporción que existe entre la incapacidad física y psíquica, que no justifica un tratamiento psicoterapéutico de la entidad propuesta.
Por otra parte, la Sala tiene dicho que “El trastorno psíquico, como el daño estético, carecen de autonomía indemnizatoria y en tanto daños patrimoniales indirectos, integran el de incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral” (conf. esta Sala 03/03/2006, LL, 2006-D, 65; id. 04/12/2008, La Ley Online). En realidad, no cabe confundir el bien jurídico afectado, esto es, la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan, que sólo pueden comportar daños patrimoniales indirectos o daño extrapatrimonial (conf. “Mann, Dora c/ Nuevos Rumbos S.A., 12/5/97, elDial – AE3CC; id. 19/10/2004, Vallejos, Pablo A. c. Retambay, Claudio F. y otro, LL, 18/03/2005, 8).
Es improcedente conceder una indemnización por daño psicológico como una partida autónoma, pues si un daño no es patrimonial necesariamente es extrapatrimonial y no queda resquicio ni hendija alguna por la que pueda tener entrada y cabida la recepción de una clasificación tripartita entre el daño patrimonial y el psicológico, atento a que carece de principio divisorio (conf. esta Sala, 14/03/2005, Martínez, Gabriel A. c. Aguas Argentinas S.A., ED 212, 468). Es que el daño psíquico no es un tercer género de daño ni constituye perjuicio autónomo, pues en la medida en que incide en una merma de posibilidades patrimoniales integra la incapacidad y en cuanto a aspectos extrapatrimoniales, el daño moral (conf. esta Sala, 23/03/2001, Campo Castro, Alfonso c. González, Carlos A., La Ley Online, id. 27/08/2007, Real, Roberto c. Microomnibus Saavedra SATACI y otro, La Ley Online; id. 22/08/2007, Leguizamón, Javier E. c. Sciancalepore, Hernán Diego y otros, La Ley Online).
En el caso, la cuantificación se hará al evaluar el daño moral, proponiendo elevar la indemnización por incapacidad y daño emergente a la suma de $ … (art. 165 del Código Procesal).
VII. El daño moral es cuestionado por el actor propiciando el aumento de la partida.
Ante todo, cabe recordar que la reparación de este daño en los términos del art. 1078 del Código Civil, está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial importancia la índole de las lesiones y el grado de las secuelas que dejaren, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración (conf. esta sala, 22/06/1992, Chanquia, Ramona B. c. Pérez, Mario H.).
Si bien se trata de un perjuicio que no requiere de una demostración expresa, no es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de las molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por el afectado. Sólo él puede saber cuánto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.
Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, «El daño resarcible», pág. 187).
Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (Conf. Fischer, Hans A., «Los daños civiles y su reparación», pág. 228).
Por otra parte, la determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquélla (arts.163, inc. 5°, 165, 386, 456, 477 y concs., Cód. Procesal Civil y Comercial; arts.1078, 1083 y concs., Cód. Civil) (conf. esta sala, 18/10/2002, Suraniti, Juan S. c. Ranz, Mónica A. y otro, DJ 2003-1, 247; id. 07/11/2007, Conti, María Elvira c. Autopistas del Sol S.A. y otro s/daños y perjuicios, La Ley Online, id. “Mora de Zabala, Ana c. Lucero, Alberto s/daños y perjuicios”, 18/07/2008, ED Digital, (23/09/2008, nro 18251; id. “Martínez, Adriana Edith c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios”, 23/06/2008, ED Digital, (04/09/2008, nro 04/09/2008).
Ha sostenido la Sala que, a los fines de determinar el monto indemnizatorio correspondiente al daño moral sufrido por la víctima a causa de un accidente de tránsito deben tenerse en cuenta la índole de las lesiones padecidas y el grado de las secuelas que dejaren, para demostrar en qué medida han quedado afectadas su personalidad y el sentimiento de autovaloración (Conf. 31/08/2007, Mundo, Pedro Marcelo c. Palacios, Oscar Alberto y otros, LL, 04/10/2007, 7).
La actora sufrió lesiones leves, no estuvo internada, no fue sometida a intervenciones quirúrgicas, debió soportar la colocación de una férula digital.
Por todo ello propongo elevar el monto de la partida, fijándola en $ …
VIII. Se queja el accionante por la tasa de interés que ordenar aplicar el sentenciante.
Con fecha 11 de noviembre de 2008 el pleno de este Tribunal, en los términos del art. 297, se expidió en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ Daños y perjuicios”, aprobando por mayoría dejar sin efecto la doctrina fijada en aquellos fallos plenarios y aplicar “la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, la que debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.
El magistrado de grado ha ordenado liquidar los réditos a la tasa activa sobre los montos de la condena desde la fecha del plenario “Samudio” y con anterioridad a la tasa pasiva.
Haré lugar al agravio parcialmente y habiéndose fijado los montos a valores actuales, los intereses serán liquidados desde el día del hecho hasta el del plenario al 8 % anual de ahí y hasta el efectivo pago a la tasa indicada en el aludido plenario, a efectos de no incurrir en “reformatio in peius”
IX. Las costas de alzada se aplican en el orden causado al haber sido el actor sustancialmente vencido en todas sus quejas y por la naturaleza del reclamo (arts. 68 y 71 del Código Procesal).
Los Señores Jueces de Cámara Doctores Carranza Casares y Bellucci votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán. Con lo que terminó el acto.
Buenos Aires, de Julio de 2015.-
Y VISTOS:
Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: I. Modificar la sentencia apelada, elevando la indemnización por incapacidad y por daño moral a las sumas de PESOS … ($…) y PESOS … ($…), respectivamente y en la rata del accesorio a devengarse desde el día del hecho y hasta la data del plenario conforme el último párrafo del considerando IX del voto preopinante. II. Costas de alzada en el orden causado. III. Confirmara en todo lo demás que decidió y fue motivo de agravios no atendibles. IV. Vueltos los autos, se arbitrará lo conducente para el logro del ingreso del tributo de justicia, y se recuerda la personal responsabilidad que impone la ley 23.898. Los honorarios en adecuación serán establecidos una vez que exista en autos liquidación aprobada y firme.Regístrese, notifíquese por Secretaría y en el caso de corresponder al domicilio electrónico denunciado o en su caso, en los términos del art. 133 del CPCC, conforme lo dispone la Ley 26.685 y acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN, oportunamente cúmplase con la acordada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
BEATRIZ AREÁN
CARLOS CARRANZA CASARES
CARLOS ALFREDO BELLUCCI
003843E
