Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por el ente recaudador y se admite el crédito fiscal por el impuesto a los ingresos brutos, conforme a la alícuota dispuesta en la determinación de oficio efectuada por el organismo. Para decidir así, el Tribunal explicó que el acto administrativo de la emisión de las boletas de deuda está amparado por una presunción de legitimidad en cuanto al marco de las atribuciones de los funcionarios que las emiten y la sujeción a las normas legales vigentes, que solo cede cuando la deudora o la sindicatura opongan concretas y fundadas defensas basadas en hechos que necesariamente deben ser acreditados; lo que en el sub examine no ha ocurrido a partir de la orfandad probatoria en la que incurrió la deudora lo que deja incólume tal presunción legal.
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