Se rechaza la defensa de incompetencia, pues si bien la deudora afianzada es una sociedad comercial y esa calidad personal no es por sí sola óbice para desvirtuar la aplicación del régimen de defensa del consumidor, no puede disociarse de otros datos que se presenten, como son el monto del negocio involucrado y las características particulares de la operación, que claramente exceden una relación de consumo.
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