Se declara de oficio la incompetencia territorial del Justicia Nacional en lo Comercial para entender el presente ejecución de un pagaré. Para decidir así, el Tribunal interpretó aplicable al caso lo establecido en la última parte del art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. El citado artículo fija como competente el Tribunal del domicilio real del consumidor, en los casos de contratos de operaciones financieras para consumo o crédito para el consumo. En el presente caso, el consumidor tenía domicilio real en extraña jurisdicción.
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