Se confirma el rechazo de la demanda por daños y perjuicios pues, en virtud de la libertad de expresión y con el debido respeto a la honra y dignidad de los involucrados, el GCBA, en su carácter de funcionario público, dio cumplimiento a su deber de informar a la sociedad con lo cual cualquier desborde o inexactitud sobre la información no corresponde atribuirlos a una conducta abusiva o arbitraria del gobierno demandado.
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