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JURISPRUDENCIAJuicio abreviado. Homicidio con dolo eventual. Conducción de automotor. Recurso de la parte querellante
Se rechaza el recurso interpuesto por los representantes de la parte querellante y se confirma la sentencia homologatoria del acuerdo de juicio abreviado que presentaran conjuntamente la Fiscalía y la defensa del imputado, condenándolo como autor material y penalmente responsable de los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa en concurso ideal, encuadrando una muerte provocada en la conducción de automotor como homicidio con dolo eventual.
En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los siete días del mes de septiembre de dos mil quince, reunidos los señores miembros de la Excma. Cámara de Casación Penal de Paraná, a saber: Presidente Dr. HUGO DANIEL PEROTTI y Vocales, Dres. MARCELA DAVITE y RUBÉN ALBERTO CHAIA, asistidos por la Secretaria autorizante, Dra. CLAUDIA A. GEIST, fue traída para resolver la causa caratulada: «D., S. R. S/HOMICIDIO SIMPLE Y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA – RECURSO DE CASACION».-
Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación tendría lugar en el siguiente orden: Dres. PEROTTI, DAVITE y CHAIA.-
Estudiados los autos, la Excma. Cámara planteó las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto a fs. 564/566 por los Representantes de la parte querellante, Dres. Marciano E. MARTINEZ y Victoria CARGNEL?.-
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Cómo deben imponerse las costas causídicas? ¿Deben regularse honorarios profesionales?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SEÑOR VOCAL, DR. PEROTTI DIJO:
1- La Sala 1ra de la Cámara Penal de Paraná decidió en Audiencia rechazar la oposición formulada por la parte Querellante, homologando el acuerdo de juicio abreviado que presentaran conjuntamente la Fiscalía y la Defensa del imputado S. R. D.-
En consecuencia, y mediante la sentencia dictada en fecha 06 de Abril del cte. año, el referido Tribunal resuelve declarar al imputado S. D. autor material y penalmente responsable de los delitos de HOMICIDIO y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA en concurso ideal, imponiéndole la pena de OCHO AÑOS y CUATRO MESES de prisión efectiva con más las accesorias legales y costas.-
2- Contra esa decisión dedujeron recurso de casación -fs. 564/566- los Representantes de la parte querellante, Dres. Marciano E. MARTINEZ y Victoria CARGNEL, expresando -tanto en el referido escrito recursivo como en la Audiencia Casatoria- que si bien estuvieron de acuerdo con la imputación de los hechos y la calificación legal, rechazaron el monto de la pena por resultar el mismo de un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa. Sostuvieron que sus representados no aceptaron acordar con el victimario de sus hijos, considerando que la publicidad del debate es muy importante para estos delitos, criticando el instituto del Juicio Abreviado, el que debería estar limitado por el monto de la pena.-
Agregaron que el presente recurso fue interpuesto por violación al art. 1 de la CN y los arts. 95 inc. 6 y 439 bis del CPPER, solicitando que se haga lugar al remedio intentado y se case la sentencia, estableciendo que se realice el juicio oral y público, dejándose sin efecto el Juicio Abreviado, haciendo expresa reserva del caso federal.-
3- En la audiencia prevista en los arts. 485 y 486 del C.P.P. (Ley 4.843) se hicieron presentes, además de los recurrentes MARTINEZ y CARGNEL, el Sr. Procurador General de la Prov. de E. Ríos -Dr. Jorge A. L. GARCIA-, y en representación del imputado D. asistió su Defensora Dra. Corina BEISEL.-
3.a- El titular del Ministerio Público Fiscal respondió los agravios expuestos por la Querella, remitiéndose a la argumentación efectuada por la Fiscalía en la audiencia de visu, en la cual se legitimó la celebración del juicio abreviado.-
Consideró que los quejosos no han demostrado la arbitrariedad de la sentencia, destacándola como uno de los pocos casos en el país en el cual se ha llegado a una construcción forense del dolo eventual. Afirmó que no existió en el caso disparidad de armas, y que el recurrente no planteó la inconstitucionalidad del Instituto del Juicio Abreviado, aclarando que el mismo ha sido celebrado bajo el paragua de la ley y no en forma caprichosa, arribando -luego del acuerdo- a una sentencia autosuficiente como solución racional de lo ocurrido con la imposición de una pena razonable, siendo el monto de la sanción lo que en definitiva cuestionan, pese a las explicaciones que el MPF hizo a los familiares de las víctimas.-
Aclaró que el planteo de la intervención de un solo juez para estos delitos le compete a la Defensa, ello conforme lo prevee el art. 409 del CPPER. En relación a la legitimidad del Juicio Abreviado, citó el fallo «WOLFERT» de la Sala Penal del STJ, y los precedentes «SCHLEGEL» y «BERNS» de este Tribunal de Casación.-
Concluyó entendiendo que el recurso impetrado expresa una mera disconformidad con la solución arribada, sin desarrollar concretamente agravio alguno, solicitando -por todo lo expuesto- el rechazo del remedio intentado y la confirmación de la sentencia en crisis.-
3.b- Por su parte, la Dra. Corina Andrea BEISEL afirmó que su defendido ha reconocido el hecho ante los Tribunales, y que acepto la propuesta de un Juicio Abreviado porque quería paz. Explicó que el acuerdo se realizó con las formalidades de ley, sin renunciarse al juicio, sino que se prescindió del debate en virtud de la cantidad de prueba de cargo que había recolectada, lo que no hacía necesario la discución oral, sin que ello afecte el principio de legalidad, agregando que su asistido renunció a la publicidad por ser un derecho del imputado, tal como lo consagra el art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica.-
Finalizó solicitando que se mantenga la sentencia en crisis y se rechace del recurso interpuesto.-
4- Reseñado así el marco de controversia abierto por el recurso traído a conocimiento de este Tribunal, y sintetizadas las posturas asumidas por las partes en la audiencia celebrada al efecto, corresponde ingresar al «thema decidendi».-
En esa inteligencia, adelanto que mi voto se sostendrá sobre la base de tres pilares o columnas señeras, que son:
a) Facultad de la parte querellante de interponer recurso de casación.-
b) Constitucionalidad del instituto del juicio «abreviado».-
c) Procedencia del recurso de casación interpuesto en autos por el Dr. MARTINEZ como representante de la querella particular.-
Acto seguido, procedo a estudiar -por separado- cada uno de los ítems supra mencionados.-
a) Facultad de la parte querellante de interponer recurso de casación.-
Entiendo necesario iniciar mi pronunciamiento analizando la legitimación activa que tiene el Querellante para arribar a esta instancia casatoria.-
La respuesta a este primer interrogante es positiva, para lo cual parto de la idea -tal vez muy genérica- de que existe un mandato legal -contenido en los Códigos procesales- que una vez que se le reconoce a una de las partes del proceso el derecho al recurso, tal derecho no puede luego restringido.-
Tanto la víctima, como ella constituída formalmente en el proceso como parte querellante, tiene acordada en el ordenamiento ritual legitimación para recurrir en la mismas condiciones que el Fiscal (Arts. 95 sexto y 115 bis, inc. 6º).-
Más aún; entiendo que si a la víctima se le acuerda la tutela judicial permitiéndole que actúe como querellante, mal podría negársele el derecho al recurso pues, sin control sobre lo que se decida, tal tutela judicial lejos de ser efectiva podría resultar meramente ilusoria.-
La Corte Suprema de Justicia ha puesto de realce la dimensión internacional de la cuestión al afirmar que el alcance del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el Art. 18 CN -la posibilidad de ocurrir a algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él una sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes- es coincidente con el que le reconocen los arts. 8, párrafo 1ro de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Fallos 199:617; 305:2150).-
Marcelo SOLIMINE explicó que «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a la categoría de «derecho fundamental del ciudadano» la figura del querellante para los regímenes procesales que, como el argentino, lo han consagrado en su legislación interna, asegurando que su figura constituye -merced a los principios de progresividad, irreversibilidad e interacción entre derecho interno e internacional que campea en materia de derechos humanos- un nuevo y mejor estándar de garantía, que no resulta susceptible de ser revocado».- Agregando el autor citado que «la potestad de interponer recursos por parte de la víctima constituída en querellante en el proceso penal constituye uno de los contenidos de la garantía a la «tutela judicial efectiva», prevista en los Pactos de Derechos Humanos (Arts 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y arts. 2.3.a y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».-
La Corte Federal sostiene que todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, está amparado por la garantía el debido proceso legal del Art. 18 C.N., sea que actúa como demandado o demandante (FALLOS, 321:2021). La misma Corte, en el Fallo «SANTILLAN», dijo que la garantía del debido proceso asegura a todos los litigantes por igual derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma (Consid. 11).-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la República Argentina, en su Informe 28/92 (octubre de 1992) dijo: «En buena parte los sistemas penales de América Latina existe el derecho de la víctima o su representante a querellar en el juicio penal. En consecuencia, el acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un delito, en los sistemas que lo autorizan como el argentino, deviene un derecho fundamental del ciudadano».-
Más allá de las normas convencionales y de la interpretación que el Alto Tribunal hizo del Art. 18 C.N., para quienes vemos el proceso como conflicto entre partes (sistema acusatorio amplio) y entendemos que el derecho de querella está aceptado por la Carta Magna, la cuestión del recurso del querellante tiene una solución más sencilla, que casi no requiere explicación: si un tribunal está llamado a dirimir conflictos y otro está facultado a revisar sentencias, cualquiera de los adversarios puede habilitar indistinta y equitativamente las diferentes competencias jurisdiccionales admitidas en el procedimiento, sin que eso implique desmedro alguno al derecho ajeno.-
Ya no se trata del Estado que, haciendo uso de todos sus recursos para conseguir la condena de quien fue declarado inocente por sentencia de 1ra instancia, sino del simple reclamo de un individuo que ha sido víctima de un delito, para que se aplique la ley en contra de quien considera que es su autor. Porque es real que el Estado y los funcionarios que conforman sus organismos son falibles, y por eso es que se consagra legalmente un juego de controles recíprocos (intra y extra estatales) del que también forman parte el ejercicio de la acción penal por parte de la víctima, la defensa en juicio para el imputado, y el derecho al recurso para ambos.-
La normativa internacional que rige la materia, lo sostenido por la C.S.J.N. en torno al derecho de «ocurrir a un órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a sus derechos» y las reglas que en nuestra Provincia regulan el «derecho de querella» (arts. 95 bis y sgtes CPPER), permiten extraer, como conclusión, que el recurso de casación interpuesto por los Dres MARTINEZ-CARGNEL en representación de los Querellantes S. G.-A. M. Z., es formalmente admisible pues tienen legitimación para ocurrir ante un Tribunal superior que revise la sentencia de 1ra instancia.- Lo cual de ninguna manera es consagrar un «derecho a la condena», sino que es, simplemente, darle justo alcance al derecho constitucional y convencional a quien se cree víctima de un delito de ocurrir a un tribunal de justicia y obtener un pronunciamiento útil a sus derechos.-
b) Constitucionalidad del instituto del juicio «abreviado»:
De una breve lectura del escrito impugnaticio, pero sobre todo, luego de escuchar el alegato del Dr. Marciano MARTINEZ en la Audiencia Casatoria, se desprende con elocuente claridad que el mencionado Letrado basó gran parte de su discurso en una fuerte crítica al instituto del juicio abreviado, deslizando que afecta y altera principios liminares del proceso penal.-
Sobre este punto, mucho ya se ha escrito en doctrina y bastante es lo que ya se ha resuelto en distintos organismos judiciales. Creí que la constitucionalidad y legitimidad del instituto en examen, era un tema ya superado, pero evidentemente, aún hay sectores que cuestionan o se resisten a la operatividad de este instituto.-
Como particularmente ya me he pronunciado al respecto (en las causas «ROUGGIER» (16/04/2010), «MASSAT» (27/05/2010), «FIRPO» (09/08/2010) entre otras, en todos ellos como Vocal de la Sala 1ra de la Cámara Penal de Paraná) voy a reiterar algunos conceptos allí vertidos, pues sigo sosteniendo la misma opinión que entonces. En tales oportunidades dije: «… entiendo que el «juicio previo» y el «debido proceso» son garantías procesales establecidas en el «bloque de constitucionalidad» que se han establecido a favor del imputado frente a la existencia de un conflicto en la persecución penal, lo cual quiere decir que se requiere por una lado una imputación y acusación del actor penal y, por el otro, una resistencia o negación a la imputación/acusación de parte del imputado. Ahora, si no existe ese «conflicto» o «controversia de partes», y el imputado «acepta» la acusación, desaparece la necesidad del juicio previo, ya que en él nada se va a discutir porque ambas partes están de acuerdo (hay consenso entre ambos protagonistas de la disputa). En tales casos, llevar a cabo un «pseudo» juicio es dilapidar recursos económicos y humanos que escasean para otra causa que sí los necesitan, aclarándose que dicho «consenso» se limita al trámite o procedimiento (es decir, no llevar a cabo el contradictorio oral y público) y no a la «conformidad» con la pena solicitada por el Fiscal, la cual sólo cumpliría una función de límite máximo para el Juzgador al momento de fijar la sanción penal.-
Creo entonces que si el imputado ejerce su derecho de defensa renunciando al juicio previo y aceptando la acusación, en estos supuestos la aplicación de pena no se legítima por el «proceso previo», sino por el «consenso» logrado entre las partes, por supuesto que con el debido control por parte de un Tribunal que interviene para verificar no sólo la seriedad y legalidad del trámite sino, por sobre todo, la libre y responsable manifestación de voluntad del imputado.-
Además, recuerdo la opinión de autores (verbigratia, Víctor CORBALAN) que han interpretado la referencia del Art. 18 C.N. (la del «juicio previo») como la exigencia de una «sentencia judicial» que implique un razonamiento lógico y racional de las probanzas colectadas que arriben a la conclusión de la responsabilidad del imputado y resuelvan la imposición de una pena.-
La conclusión es, entonces, que sin conflicto no hay proceso, (así enseñaba ALVARADO VELLOSO en sus clases) y que el consenso legítima la aplicación de una pena mediante el razonamiento fundado de una sentencia judicial.-
Aceptada la constitucionalidad del instituto, no cabe la menor duda en cuanto al alto nivel de eficacia que ofrece el procedimiento abreviado, pues permite la descongestión de los tribunales y hace efectiva la prevención especial respecto del imputado. Entiendo que mediante la correcta aplicación de este instituto, se permitirá que el Estado dé mayores, mejores y más rápidas respuestas a la víctima, a la sociedad y también al imputado (porque tendrá una sentencia dentro de un plazo más que razonable), pero a su vez elevará el nivel de eficacia del sistema en su conjunto, a través de una menor cantidad de juicios, aunque de mayor calidad. SUPERTI decía que con estos institutos (juntos con otros como la suspensión del proceso a prueba, los acuerdos reparatorios y la mediación penal) se trata de transformar al Palacio de Justicia (donde los involucrados normalmente ven profundizar sus conflictos) en un Palacio de Paz, donde encuentren en el consenso una respuesta rápida, racional y efectiva frente al fenómeno del delito».-
Reiterando una vez más tales conceptos, deseo agregar en esta ocasión que es preciso asumir que en el proceso penal moderno, y frente a la amplia existencia de zonas de conflicto, deben preverse algunas zonas de consenso. La mera posibilidad de que en el marco del proceso penal puedan existir esas «zonas de consenso» abre el camino hacia la aceptación del principio de oportunidad el cual, si bien choca en principio con el consagrado principio de legalidad, resulta aceptable a condición que el mismo se conecte con la ley. Por eso se habla -y así lo aceptamos- de una oportunidad «reglada», que debe ser contemplada como un instrumento procesal tendiente a la agilización de la justicia penal.-
Digo esto porque no me termina de convencer que el procedimiento abreviado sea tan sólo un mecanismo que posibilita el descongestionamiento de la labor tribunalicia, o una solución pragmática para la consabida ineficacia del sistema penal en dar respuesta a todos los casos anoticiados; menos aún me persuade la opinión de MAIER en cuanto afirma que se trata de un paliativo que tiene por fin ocultar esa ineficacia.- Considero, en cambio, que significa un avance en el reconocimiento a la «autonomía de la voluntad» del imputado, con los beneficios que trae aparejado en función de la prevención especial positiva.-
C) Procedencia del recurso de casación interpuesto en autos por el Dr. MARTINEZ como representante de la querella particular:
Anticipo que, pese a haber propiciado la legitimidad del Querellante de interponer el presente recurso de casación, creo -en sentido contrario- que en este caso no le asiste razón a los Dres MARTINEZ-CAGNEL, resultando -a mi juicio- improcedente el recurso de casación que plantearon en estos actuados.-
Para fundamentar esta decisión, entiendo conveniente repasar los concretos puntos de agravio que los Letrados fijaron en su escrito recursivo (glosado a fs 564/566). Ellos son: C.1) Que sus poderdantes (los padres de los menores víctimas) querían la realización del juicio oral y público, porque la publicidad del mismo transmitiría a la sociedad un mensaje sobre los efectos perniciosos del alcohol y la droga-. C.2) Que aquéllos (es decir, los progenitores de los menores J. M. y S. M. Z.) no podían acordar la pena con el responsable de la muerte y lesiones graves sufridas por sus hijos, la cual se redujo como consecuencia del acuerdo entre Fiscalía y la Defensa del imputado.-
Pues bien; contestando -y rebatiendo- el primer agravio (C.1) comienzo por decir que el «juicio abreviado» como modalidad procedimental se encuentra vigente en nuestra Provincia desde el año 2.003, fecha en que se publicó la Ley 9.525, incorporándose al Código Procesal (en el anterior sistema mixto, Ley 4843) bajo el Art. 439 bis, continuando después al operarse la reforma del sistema de enjuiciamiento (Ley 9754, que instauró el sistema Acusatorio) bajo los Arts. 479/481, prosiguiendo aún con la reforma por ley 10317 con el mismo articulado e igual redacción.-
De modo que este instituto -que obviamente se encuentra legislado en todos los Códigos Procesales del país, incluso en el Cód. Procesal Penal de la Nación, de ninguna manera implica un regreso al proceso penal «oscurantista», porque ha sido aceptado por la generalidad de la doctrina y por la sociedad toda como una alternativa válida de solución de los conflictos penales, con una respuesta mucho más rápida, con menores costos, y lograda con el consenso de las partes involucradas.-
Y en el caso particular de este juicio abreviado que ha sido puesto en crisis, ha tenido una llamativa difusión periodística (por medios locales, provinciales y aún nacionales) con una Audiencia -donde se consagró el acuerdo en examen-, con presencia de público y amplia repercusión, por lo que rechazo enfáticamente el argumento de la falta de «publicidad». Por el contrario, este caso -las Audiencias judiciales y las resoluciones oportuamente dictadas durante el proceso, hasta su culminación- tuvieron amplia publicidad, la presentación del acuerdo fue efctuada a la vista de todos, la admisión de responsabilidad por parte del imputado se realizó en presencia de partes, público y medios periodísticos, y el Tribunal de Juicio -encabezado por el Dr. GIORGIO- resolvió en Audiencia oral y pública, de modo que el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, en nada se ha visto restringido ni afectado. Por el contrario, se vió ampliamente robustecido.-
De igual manera, con el mismo énfasis, rechazaré el segundo agravio (C2). El mismo contenía el argumento de la imposibilidad de «acordar» la pena por parte de los padres de la víctima, pena a la que consideran insuficiente.-
El Letrado de la parte Querellante mucho se equivoca en este punto, porque en rigor de verdad el juicio abreviado NO es un acuerdo sobre la pena, y mucho menos un acuerdo en el que aquéllos deben participar necesariamente.-
En el juicio abreviado, lo que se «acuerda» entre la Fiscalía y el imputado -éste, actuando en forma libre y voluntaria- se limita a la admisión de la vía elegida, y a la conformidad sobre la existencia del hecho, la calificación legal y su participación en el evento (leer el Art. 439 bis del CPP).-
Diáfano se desprende de las actuaciones en examen, que la parte Querellante también dió, su conformidad sobre la existencia del hecho, la pruebas recopiladas, la calificación legal del injusto y la autoría penalmente responsable del encartado D., de modo que sustancialmente hubo acuerdo -aunque ahora no lo admitan- en la procedencia de esta vía procedimental.-
Dicen los recurrentes que sus poderdantes (los padres de los menores víctimas) «no podían acordar la pena» con el imputado, y que ésta se redujo como consecuencia del acuerdo.-
He aquí un error conceptual de los Abogados impugnantes. La pena no es acordada por las partes, aunque esto así parezca superficialmente, sino que el quantum punitivo es propuesto por el Fiscal (releer el Art. 439 bis, inc. 1º) y el mismo ES FIJADO o ESTIPULADO POR EL JUEZ EN SU SENTENCIA, donde -huelga decirlo- efectúa una valoración de las pruebas recopiladas en la investigación, determinando -repito, el Juez, de manera fundada- la verdadera existencia del hecho ilícito, la participación del imputado en su comisión, y la adecuación típica del accionar reprochado, individualiza la sanción e imponiendo finalmente una pena a la disvaliosa conducta del acusado. Todo esto, se vé perfectamente reflejado en la sentencia que el Tribunal -con el primer voto del Dr. GIORGIO- dictó a fs 549/560 de la presente causa.-
Y en cuanto a la pena en particular, debo recordar que S. R. D. fue sentenciado a cumplir una condena de OCHO AÑOS Y CUATRO MESES de prisión efectiva, por encontrárselo culpable de la comisión del delito de HOMICIDIO y HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, en concurso ideal, bajo la modalidad de DOLO EVENTUAL.-
La queja de los recurrentes, aunque no lo expresa clara y concretamente, es que dicho monto punitivo es bajo, esto es, consideran que la pena debió ser más severa.-
En este punto, aporto que he efectuado un doble repaso acerca de las estadísticas existentes en casos similares al que hoy nos ocupa.-
Por un lado, y pese a una intensa búsqueda jurisprudencial en todo el ámbito nacional, mucho me costó hallar alguna sentencia condenatoria firme que haya calificado una muerte trágica en ocasión del tránsito vehicular como HOMICIDIO DOLOSO. Ni siquiera los publicitados casos «CABELLO», o «HERMOSILLA SOTO» (con tanta repercusión mediática) fueron tipificados de tal manera, encontrando tan solo un caso en la Provincia de La Rioja («NIETO, Andrés», del año 2012, pero no fue recurrido).-
El caso que hoy nos ocupa sería el primero -en el país- donde se confirma una sentencia condenatoria encuadrando una muerte provocada en la conducción de automotor, como HOMICIDIO DOLOSO (obviamente, con dolo eventual).-
Por otra parte, revisé los archivos de la Sala Penal del Sup. Trib. de Justicia y de nuestro Tribunal de Casación, concluyendo -luego de tal estudio- que éste es el caso en el que recayó la pena más alta de la historia e la Justicia Penal de Entre Ríos. Ver, para mejor ilustración, los casos DIAZ, Martín del año 2004 (3 años de prisión efectiva), COSTICH, Jesús del año 2011 (3 años y 3 meses de prisión efectiva), AGUILAR, Cristian del año 2012 (3 años y 4 meses de prisión efectiva), VIOLLAZ, Daniel del año 2014 (3 años y 4 meses de prisión efectiva), CASTRO, José del año 2014 (3 años y 2 meses de prisión efectiva), FERNANDEZ, Jonathan del año 2015 (3 años de ejecución condicional), GODOY, Aníbal del año 2015 (4 años de prisión efectiva). Completé esa minuciosa búsqueda con precedentes de las Cámaras del Crimen y los Juzgados Correccionales de esta jurisdicción, surgiendo -como dato ilustrativo- infinidad de casos similares donde el imputado obtuvo una suspensión del proceso a prueba («probation», verbigratia, «TAPON, Federico» -confirmada por la STJER-, «NAVONI, Angel Alberto – OLGIATI, Julio Oscar» -confirmada por este Tribunal de Casación-, «GIECO, Miguel Fernando», «RIVERO, Carlos Alberto»).-
Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 564/566 por los Sres. Representantes de la parte querellante, Dres. Marciano E. MARTINEZ y Victoria CARGNEL, y confirmar la sentencia obrante a fs. 549/560 vta emitida por la Sala 1ra de la Cámara Penal de Paraná.-
ASÍ VOTO.-
A la misma cuestión propuesta, la señora Vocal Dra. DAVITE, dijo que adhiere al voto precedente, por análogas consideraciones.-
A su turno el Señor Vocal, Dr. CHAIA, expresa: Habiendo el señor Vocal de primer voto realizado un pormenorizado análisis de las constancias de la causa, las posturas de las partes, habré de remitirme a esas consideraciones en honor a la brevedad y a propósito de evitar inútiles reiteraciones, coincidiendo en un todo con la solución propuesta, sin perjuicio de agregar los siguientes argumentos:
En primer lugar vale destacar que los agravios materia de casación se limitan a los expuestos en el escrito agregado a fs. 564/566 siendo los mismos, los únicos válidos y posibles de tratar a la hora de resolver esta causa -art. 483 CPP- y se ciñen a los siguientes planteos: a) conveniencia de realizar un debate para analizar las condiciones en que se cometieron los hechos, ponderar la pena y transmitir un mensaje a la población de los efectos perniciosos de la droga y el alcohol, b) críticas al procedimiento de juicio abreviado, al que considera contrario a un régimen Republicano de Gobierno.-
Sentado ello, aclaro que en ningún momento el recurrente ha planteado la inconstitucionalidad del procedimiento de juicio abreviado que fue introducido por Ley de la Legislatura provincial en el año 2003, por tanto, estamos ante una ley plenamente vigente, que no ha merecido reprobación en ese sentido.-
a) Liminarmente, es preciso advertir que la querella expresó su total y absoluto acuerdo respecto de la imputación de los hechos y la calificación legal escogida, rechazando el monto de la pena por considerarla «fruto de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa», pero sin efectuar consideraciones concretas sobre su «magnitud» o «extensión», es decir, sin ahondar en fundamentos sobre los términos de la disconformidad esbozada, lo que impide de oficio analizar ese extremo, incluso interpretar en qué consiste la misma una vez que se responde lo relativo a la validez propiamente dicha del juicio.-
Ahora bien, repasando los términos del artículo 439 bis del Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos es dable señalar que el Tribunal cuenta con la posibilidad de rechazar in limine el procedimiento solo si entiende que para dictar sentencia, resulta necesario «un mejor conocimiento de los hechos o su discrepancia con la calificación legal», aspectos que según se pueden apreciar, no ocurren en la especie.-
En otras palabras, no habiéndose verificado la necesidad de una discusión -en debate- respecto de esos concretos aspectos y más aún, al contar con la conformidad expresa de todas las partes -defensa, fiscalía y querella particular-, los jueces se encuentran en condiciones de resolver y en consecuencia dictar sentencia previo verificar, tal como ocurrió en este caso -no existe tampoco alegación en contrario- la presencia de los requisitos condicionantes que exige la ley y que en principio, vale recordar, han sido colocados allí en favor del imputado a propósito de evitar acuerdos que puedan violentar su libertad a la hora de escoger el tipo de procedimiento a que pretende ser sometido.-
Contrariamente a lo que sostiene la querella, la asunción de culpabilidad por parte del sospechoso es absolutamente voluntaria y no importa dejar de lado el juicio -ver voto del Dr. Vázquez; CPyC CABA, 22/12/10, “JUNCO»- el que se realiza, prescindiendo de la producción de pruebas en debate oral. Así, en manera alguna resulta un acto «secreto» toda vez que se materializó mediante una audiencia oral y pública con posibilidad de acceso irrestricto a toda persona que quiera oir cómo y por qué se decide el caso de esa forma.-
En relación a la difusión de los «efectos perniciosos del consumo de alcohol y drogas», cabe remarcar aquí el carácter de ultima ratio del derecho penal; aún así y para no desentenderme de la cuestión habré de señalar que no veo cómo la producción de pruebas en debate permitiría hacer una suerte de «campaña» en contra de esas conductas abusivas; por el contrario, la publicidad de todo el procedimiento y especialmente del fallo recaído con la pena impuesta pueden tener ya efectos disuasivos o «preventivos generales» -como se quiera llamarlos- sobre el resto de la población puesto que, es de público y notorio, toda la actividad relativa a este caso fue ampliamente difundida desde el comienzo a través del sitio oficial del Poder Judicial y seguida por diversos medios locales y nacionales que se ocuparon en detalles del asunto, lo que lógicamente ha permitido que se conozca la decisión adoptada en todos los ámbitos, siendo además «colgada» en diversos sitios de la web lo que ha maximizado las posibilidades de acceso a la información, todo lo cual -entiendo- impide razonablemente hablar de una especie de cónclave «secreto» a la hora de resolver el caso y permitió hacer saber a la sociedad que, bajo ciertas circunstancias, la conducción vehicular puede acarrear la pena de prisión efectiva, tal como sucedió en este supuesto.-
Más allá de ello, y a partir de la inquietud que refleja el querellante sobre la concientización respecto de las adicciones, nada obsta que se propicie la organización de talleres o charlas con el fin de difundir y/o discutir la temática, para lo que se encontrará una gran cantidad de entidades, organizaciones civiles y seguramente operadores del sistema judicial dispuestos a colaborar por tratarse de una actividad evidentemente saludable; pero reitero, no considero que la simplificación del trámite del juicio oral omitiendo la producción de pruebas se erija en suficiente obstáculo para tan loable propósito que puede -insisto- ser canalizado por diversas vías de basta difusión.-
En síntesis, no encuentro en los agravios expuestos motivo suficiente para entender arbitraria la decisión adoptada mediante el procedimiento de juicio abreviado, la que -coincido con el señor vocal Perotti- merece ser confirmada.-
b) El procedimiento escogido: despejada la primer cuestión, habré de abordar el tema relativo al procedimiento de juicio abreviado que ha sido escogido por el imputado a quien la Constitución Nacional y los diversos Instrumentos Internacionales han querido brindar efectiva protección al establecer el «juicio previo» como condición infranqueable a la hora de dictar una sentencia en su contra.-
En efecto, tal vez sin decirlo expresamente pero sí se advierte, el recurrente deja entrever una suerte de «tensión» sobre el destinatario -¿imputado y/o víctima?- respecto de la garantía de «juicio previo» consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Entiendo que esa garantía ha sido colocada en favor de los acusados en tanto que las víctimas cuentan con el derecho a ser oídas en la jurisdicción, lo que podría traducirse como derecho a una efectiva «tutela judicial».-
Así, la «tutela judicial efectiva» es considerada como la Constitucionalización expresa del viejo derecho a la «acción» y superadora del «derecho a la jurisdicción» en un desarrollo conceptual que, afirman -Ferrer Mac-Gregor (coord.), Derecho Procesal Constitucional, Porrúa, 2003, p.3226 y ss.-, comenzó con la Constitución Italiana de 1947, al reconocer en su art. 24.1 que «todos pueden actuar en juicio para la tutela de los propios derechos e intereses legítimos» -su expresión más fuerte puede verse en la Constitución Española de 1978-, y continuó con previsiones similares en el plano internacional, a saber: Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1967 y Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.-
De esta forma, se acepta que toda persona tiene derecho a acceder a los tribunales para obtener la tutela efectiva y continua de sus derechos e intereses legítimos -artículo 65 de la Constitución Provincial-, lo que implica la positivación y concreción de un derecho básico de la persona como es el derecho a la defensa jurídica; esto es, el derecho a «defenderse» -NOSETE, Constitución y proceso, Bosch, 1984, p. 21-.-
Con ello se sostiene que la jurisdicción existe con independencia de su reconocimiento en convenciones internacionales de derechos humanos y de las constituciones estatales que, si bien le dan la fuerza de su técnica, no la crean, pues es un «derecho humano» que corresponde a todo hombre por el hecho de serlo y no sólo es inherente a su personalidad sino que también es inalienable e irrenunciable -GONZALEZ PEREZ, El derecho a la tutela jurisdiccional, Civitas, 1989, p. 22, GIMENO SENDRA, Fundamentos del derecho procesal, Civitas, 1981, p. 130, COUTURE, Las garantías constitucionales del proceso civil, p.22-.-
De este modo la tutela judicial puede resumirse en el derecho que tiene toda persona de acceder a un procedimiento dentro del cual se le garantice un «debido proceso» como medio de arribar a una sentencia, lo que verdaderamente ha sucedido en este caso, donde cumpliendo la totalidad de las fases legalmente previstas, luego de ser oídas las partes, el Tribunal dictó sentencia.- No caben dudas que el artículo 95 bis -Ley 8958 sancionada en el año 1995- introducido al Código Procesal Penal receptó esta idea de permitir a las víctimas u ofendidos por el delito, ser oídos y participar activamente en el proceso penal tal como ha ocurrido aquí, pero tampoco existen dudas, que esa potestad se debe complementar con lo dispuesto en el artículo 6º -cfr. Ley 4843, sancionada en el año 1969, norma que no recibiera modificación alguna- que dispone expresamente «Salvo en los casos de acción privada, previstos por el Código Penal, la acción penal es pública y se ejerce exclusivamente por el Ministerio Fiscal …».-
Por tanto es dable sostener que la querella debe ser oída -tal como se ha verificado en el caso de marras-, pero quien se encuentra en definitiva legitimado para el ejercicio de la acción penal pública y en su caso, llevar adelante los mecanismos de simplificación procesal, como se encuentra legislado en el artículo 439 bis del CPP, es el MPF, sin que a esta Magistratura le competa analizar la conveniencia o inconveniencia de ese proceder -pues resultan aspectos propios de la «política criminal» y como tal, son resortes de ese Organismo, que es en definitiva el que debe gestionar los casos penales y a la postre, rendir cuentas a la sociedad por la gestión que realiza en carácter de responsable de la legítima persecusión penal pública en un estado democrático de derecho-.-
De este modo, es perfectamente compatible la actividad seguida por todos los actores que queda en definitiva subordinada a la Ley vigente y a lo que resuelva el Tribunal competente en el caso concreto, tal cual ha sucedido en este expediente, sin que de ello se colija una evidente arbitrariedad o conculcación de garantías constitucionales.-
c) La afirmación de que el procedimiento abreviado deja como víctima al «sistema Republicano» no resulta atendible si se toma en cuenta que precisamente, ha sido una Ley sancionada por el gobierno de una provincia federal de la República Argentina -Ley 9525 sancionada en el año 2003- la que prevé ese mecanismo, que por otra parte es receptado en la mayoría de los ordenamientos provinciales y también a nivel internacional -por ejemplo: España, Alemania, Italia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, entre otros-.-
Siendo entonces una Ley vigente, debo advertir que desde antiguo se ha sostenido que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones -CSJN, Fallos, 252:288; 302:232-, toda vez que es el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución -CSJN, Fallos, 321:1252-, y de ahí que un avance de este poder en desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público -CSJN, Fallos, 155:248; 311:2580- máxime cuando, tal como lo adelanté, no se ha puesto en tela de juicio la validez constitucional del instituto.-
En ese sentido, como hemos dicho con anterioridad -en especial en «BERNS», CCPenal Sala I, 17/11/14, «LATORRE», CCConcepción del Uruguay, Leg. Nº12.636- este trámite ha traído aparejadas arduas discusiones al tiempo de ser introducido en la Legislación pudiendo citarse solo a título ilustrativo a diversos autores en su contra como por ejemplo: ALMEYRA, DÍAZ CANTON, LANGBEIN, MARGARIÑOS disidencia en «OSORIO SOSA», TOC Nº23, c. 451, y a favor: BRUZZONE, CHIARA DIAZ, CAFERATTA NORES, VIVAS -entre otros- girando la discusión especialmente en el impacto que trae aparejado sobre «la búsqueda de la verdad real» -en términos absolutos- como fin del proceso.-
Considero, como ya lo he manifestado, que se trata de un procedimiento perfectamente válido que permite a las partes, a las que la ley les acuerda voluntad para decidir -acusación pública y defensa-, evitar las contingencias que acarrea la producción de pruebas en debate, tal como lo advertía PAGANO, Principi del Codice Penal, Milán 1803, p. 71 y ss., «La transacción suspende o extingue la acusación; es una convención entre el reo y el acusador, en la incerteza de la litis y del éxito del juicio» agregando que «no es inútil en los juicios criminales»- dándose acabadamente los presupuestos de la relación procesal necesarios para el dictado de una sentencia puesto que concurren: «acusación», «defensa» y «prueba», lo que habilita al juez natural de la causa a emitir una «sentencia» -CSJN, Fallos: 125:10, 127:36, 189:34, 272:188, 308:1557-, que tiene como sustento los presupuestos sustanciales del delito -«lesión», «acción» y «culpabilidad»-.-
En ese orden, al momento de brindar los fundamentos de su proyecto de ley sobre el Juicio Abreviado, Cafferata Nores puso esto de resalto al afirmar que “…no se advierte que el juicio abreviado ponga en crisis el principio del debido proceso, pues las exigencias de éste se respetan. Hay acusación, defensa -que se ejercita a través de un reconocimiento de participación en el delito libremente formulada, y estimada conveniente a sus intereses por el imputado, debidamente asesorado por el defensor- prueba -la recibida en la investigación preparatoria estimada idónea por el ministerio público fiscal, imputado, defensor y tribunal-, sentencia -que se fundará en las pruebas de la investigación preparatoria y en el corroborante reconocimiento de culpabilidad del acusado-, y definirá el caso- y recursos -que procederán por las causales comunes-”.-
A esta altura cuadra aclarar los alcances del vocablo «juicio» por cuanto «proceso», «juicio» y «sentencia» hoy bien diferenciados eran empleados de manera alternativa o equivalente tanto en doctrina como en la legislación, cuestión advertida por CARNELUTTI quien en su artículo «Volvamos al Juicio» -Rivista di Diritto Processuale, 1949, I, p. 165- intenta rescatar «el valor de las palabras» indicando que: «antiguamente, lo que hoy todos, incluso en Italia llaman proceso, se decía juicio», destacando que processus significa actus procedendi -acto de proceder- y juicio sería la discusión y el esclarecimiento ante el juez: «legitimae causae seu rei controversae apud iudicem inter duos aut plures litigantes contentio et disceptatio».-
La doctrina, al respecto, no es unánime al interpretar el sentido de «juicio previo» distinguiéndose «juicio» de «sentencia». Con MAIER podemos decir que en la expresión del texto Constitucional «son sinónimos» -Derecho Procesal Penal, Del Puerto, 2004, I, p. 478- en tanto la «sentencia» de condena es el «juicio» del tribunal que al declarar la culpabilidad del imputado, determina la aplicación de la pena, lo que emerge del propio artículo 18, al exigir que ese juicio «esté fundado en ley anterior al hecho del proceso». De esta manera, el «juicio» en sentido ideológico, se inicia con el «proceso» como conjunto de actos disciplinados por la ley procesal cuyo objetivo final es posibilitar la operación intelectual que llamamos «sentencia» -ver MAIER, ídem, p. 479-.-
De ello se colige que el «juicio» visto como la última fase del proceso, resulta una conclusión lógica del razonamiento judicial fundado en las premisas del caso y representado en la estructura argumental que técnicamente llamamos «sentencia», valla ineludible para la realización del derecho penal que coincide con lo estipulado por el artículo 1º del Decreto de Seguridad Individual del 23 de noviembre de 1811 cuyo texto reza: «Ningún ciudadano puede ser penado ni expatriado sin que preceda forma de proceso y sentencia legal».-
En este caso es posible aseverar que la sentencia ha sido dictada en respeto de las disposiciones legales vigentes y su contenido sustancial se asienta sobre los antecedentes del caso, partiendo de la base del consenso de todas las partes -incluyo aquí a la querella- respecto del hecho y la calificación legal asignada, lo que deja sin contenido los agravios de la recurrente.-
En el informe de la audiencia de casación, el casacionista hace un ataque al juicio abreviado colocándose en el lugar conferido a la defensa; sin embargo, tal como la propia defensa lo planteó, el imputado prestó su consentimiento de forma libre y voluntaria y ello constituye una fórmula válida para la construcción de la «verdad forense» que se ve auxiliada además por el material probatorio colectado hasta el momento, al que se le acuerda el status de «prueba».-
Por otra parte y como vimos, es claro que el juez no se encuentra «obligado» a aceptar lisa y llanamente el procedimiento, ni limitado por algún acuerdo espurio, «irregular» o «ilícito», pues es su deber -y ello se verifica en esta causa- controlar la confluencia de estos recaudos.-
Así las cosas, suponer que por las características del proceso se aplica el instituto en forma «mecánica» o «formularia», de modo «secreto» o bajo «tortura», equivale a decir que los letrados que participan de la audiencia son «mudos testigos» de un trámite irregular y que los jueces no cumplen con su «rol» de garantes de la Constitución en la aplicación imparcial de la ley, lo que resulta a todas luces inaceptable.-
Surge con claridad que el mayor esfuerzo del Tribunal debe estar -y en el caso evidentemente lo estuvo- dirigido a verificar: a) La «libertad» en la formación y exteriorización del consentimiento por parte del acusado, quien debe asumir la responsabilidad comprendiendo los alcances del acuerdo sin coerción o injerencia en la formación de su voluntad que implique verse obligado a «declarar contra sí mismo»: «nemo tenetur se ipsum accusare», porque como enseña ROUSSEAU -Du Contrat Social, 1762, Cap. III- «ceder ante la fuerza es un acto de necesidad no de voluntad» -ver: art. 11 Federal Rules of Criminal Procedure, sobre control de la voluntariedad y corrección de la confesión: voluntariness and accuracy, atendiendo a la necesidad de control anterior a la resolución condenatoria, poniendo el énfasis en: 1) ausencia de coerción, 2) comprensión de los hechos imputados, 3) conocimiento de las consecuencias de la declaración-, b) La existencia de presupuestos probatorios -reunidos hasta el momento, artículo 349 bis 2) párrafo del CPP- que habiliten el dictado de una sentencia condenatoria, y c) La publicidad -oralidad e inmediación- de la audiencia.-
Además, a partir de la comprobación jurisdiccional de los presupuestos de legitimidad descriptos y situándonos en el lugar de la persona acusada y la hipotética conveniencia que el «acuerdo» pudo haberle acarreado, en términos generales podemos decir que privarle a una persona la posibilidad de someterse libre y voluntariamente a un régimen jurídico que a su criterio le conviene y con el cual pretende rápidamente ponerle fin al «conflicto» en el que se ve involucrada, es desconocerle su condición de ser humano, es degradarla a la categoría de «cosa». Tal como fuera plasmado por la Sala Penal del STJER, en «CÓRDOBA» -sent. Del 30/05/11-, donde sostuvo que negarle validez o vedarle facultades transaccionales al imputado «importaría lisa y llanamente desconocerlo como sujeto de derechos, contrariando además el trato digno y respetuoso que, como persona, debe tener».-
En síntesis, estimo que «la aceptación de la vía abreviada implica por parte del imputado una renuncia a la práctica de actividad probatoria en una audiencia pública y contradictoria (art. 363 C.P.P.N.), la aceptación de que la sentencia se funde en los elementos de prueba recogidos durante la instrucción, la renuncia a alegar y discutir la admisibilidad y validez de esos elementos de prueba» -CNCP, Sala II, 26/08/11, «P.N.F. s/ Recurso de casación»- lo que no repugna los derechos Constitucionales en juego. A ello, debe adunarse que la CSJN -in re: Romano, Hugo Enrique, sent. del 24/12/2008; y Aráoz, Héctor José, sent. 17/05/2011-, ha admitido la validez de los acuerdos composicionales, por lo que queda zanjada la cuestión de la plena capacidad del imputado de decidir libremente acogerse al trámite abreviado, el que además -con los alcances aquí reconocidos- satisface en plenitud la garantía de «juicio previo» -nulla poena sine indicio-, condensada en el artículo 18 de la Carta Magna.-
Por los fundamentos expuestos por el señor vocal Perotti y las consideraciones aquí efectuadas, habré de adherir a la solución expresada en su voto y con ello, a la confirmación de la resolución cuestionada.-
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL, Dr. PEROTTI, DIJO:
No encuentro razón para apartarme de los principios generales que gobiernan esta materia, debiéndose en consecuencia declararse las costas a cargo del recurrente perdidoso (arts. 547 y ccdtes. del C.P.P.E.R. según Ley 4.843).-
Al no haber petición expresa de los Letrados intervinientes acerca de la regulación de sus honorarios profesionales, no corresponde la regulación de los mismos (Art. 97 inc. 1º de la Ley 7046).-
ASÍ VOTO.-
A la misma cuestión propuesta, la señora Vocal Dra. DAVITE, dijo que adhiere al voto precedente, por análogas consideraciones.-
El señor Vocal Dr. CHAIA, a la cuestión propuesta, dijo que adhiere al voto del Dr. PEROTTI, por iguales fundamentos.-
No siendo para más, se dio por terminado el acto, y por los fundamentos que anteceden, ha quedado acordada por unanimidad la siguiente:
SENTENCIA:
I- NO HACER LUGAR al recurso interpuesto a fs. 564/566 por los Representantes de la parte querellante, Dres. Marciano E. MARTINEZ y Victoria CARGNEL, y en consecuencia CONFIRMAR la sentencia obrante a fs. 549/560 vta emitida por la Sala 1ra de la Cámara Penal de Paraná.-
II- DECLARAR las costas a cargo del recurrente perdidoso (arts. 547 y ccdtes. del C.P.P.E.R. según Ley 4.843).-
III- NO REGULAR los honorarios profesionales de los Letrados intervinientes, porque no fueron expresamente solicitados (Art. 97 inc. 1º de la Ley de Aranceles Profesionales).-
IV- TENER PRESENTE la expresa reserva del caso federal formulada por los recurrentes -Dres. MARTINEZ – CARGNEL-.-
V- Protocolícese, notifíquese, y en estado, bajen.-
HUGO D. PEROTTI
MARCELA A. DAVITE
RUBEN A. CHAIA
Ante mi:
CLAUDIA ANALIA GEIST
-Secretaria-
Se protocolizó. Conste.-
CLAUDIA ANALIA GEIST
-Secretaria-
B., F. I. s/infracción a la ley 23737 – Trib. Oral Crim. Fed. Santiago del Estero – 28/03/2014.
003545E
