Lavado de activos narcotrafico dolo eventual condena prision

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JURISPRUDENCIA

 

 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente, y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo como Vocales, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos a fs. 32.827/32.844, 32.849/32.857 y 32.866/32.895 vta. del presente expediente FRE 2021/2014/TO1/CFC33 del registro de esta Sala, caratulado: “V. P., S. S. y otros”; del que RESULTA:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, provincia del Chaco, mediante sentencia de fecha 8 de marzo de 2019, cuyos fundamentos fueron leídos el 8 de abril de 2019, dispuso, en lo que aquí interesa: «…1º) RECHAZAR la nulidad planteada por el Dr. Luis Antonio Sasso por la defensa de los imputados Santiago V. F. y S. S. V. P. 3º) CONDENAR a S. S. V. P., DNI N° …, a la pena de SIETE (7) años y SEIS (6) meses de prisión como coautora penalmente responsable del delito de Lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda”, art. 303, incs.1 y 2 ap. ‘a’ del CP, multa de CINCO (5) veces el monto de la operación, que será determinado en el incidente respectivo y deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 40, 41, 45 y 304 del CP, arts. 530, 531, 533 y 535 del CPPN). 4º) CONDENAR a S. V. F., DNI N° …, ya filiado en autos, a la pena de SIETE (7) años de prisión como coautor penalmente responsable del delito de Lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda, art. 303, incs.1 y 2 ap. “a” del CP, multa de CINCO (5) veces el monto de la operación, que será determinado en el incidente respectivo y deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma; más accesorias legales y costas (arts. 40, 41, 45 y 304 del CP, arts. 530, 531, 533 y 535 del CPPN). 5º) ABSOLVER a C. Y. S. D’U., DNI N° …, ya filiada en autos, de los delitos que fuera requerida, sin costas; levantar las restricciones y medidas cautelares que pesan en su contra una vez firme la presente (arts. 402, 530 y 531 del CPPN). 6º) DECOMISAR, una vez firme este pronunciamiento, los bienes muebles e inmuebles, que fueran objeto y/o medio del delito de lavado de activos, que debidamente individualizados tramitarán en los incidentes respectivos, a fin de no afectar posibles derechos de terceros adquirientes de buena fe, y serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes (arts. 23 y 305 del CP, 522 del CPPN, art. 27 inciso b, Ley 25.246 t.o. ley 26.683). 7º) DECOMISAR, una vez firme este pronunciamiento, el dinero (moneda nacional y extranjera) en efectivo y depósitos, y demás elementos que fueron objeto y/o medio del delito de lavado de activos, que se encuentran debidamente inventariados a fs. 25.163/25.164; 25.638/25.642; 25.643/25.645 26.158/26.159, oficio de remisión del expediente de fs. 30.623/30.628, fs. 60/68 y vta. – incidente No 2021/2014/TO1/45- como así también de todo otro bien cuyo oportuno embargo se hubo dictado en esta causa, los que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes debiendo formarse los incidentes respectivos (arts. 23 y 305 del CP, art. 522 CPPN, art. 27 inciso b, Ley 25.246 t.o. ley 26.683), con excepción de aquellos no sujetos a decomiso que deberán ser restituidos y/o remitidos en devolución a quienes acrediten fehacientemente su propiedad…» (cfr. fs. 32.644/32.770).

II. Contra la citada resolución se interpusieron los recursos de casación por las siguientes partes: el Fiscal General ante el tribunal a quo, doctor Federico Carniel (cfr. fs. 32.827/32.844); la doctora María Eugenia Talerico, en representación de la Unidad de Información Financiera, en calidad de parte querellante (cfr. fs. 32.849/32.857); y los doctores Luis Antonio Sasso y Carlos Augusto De Cesare, por la defensa de S. S. V. P. y S. V. F. (cfr. fs. 32.866/32.895 vta.).

Las impugnaciones mencionadas fueron concedidas por el tribunal a quo (fs. 33.015/33.016) y mantenidas en esta instancia (fs. 33.032, 33.033 y 33.034).

III. En el marco de su recurso de casación, el representante del Ministerio Público Fiscal planteó que el sentenciante efectuó una errónea aplicación de la ley tanto sustantiva como procesal al absolver a C. Y. S. D ´U.

Adujo, en dicho sentido, que los magistrados de la instancia anterior omitieron valorar elementos probatorios que acreditan que la imputada contribuyó dolosamente -mediante su labor en el mercado de intermediación inmobiliaria- a que bienes originados en hechos ilícitos adquirieran apariencia de licitud. De esa forma, alegó que se encuentra configurado el tipo penal previsto por el art. 303 del Código Penal, con respecto al accionar de la nombrada.

Asimismo, el Fiscal General sostuvo que la absolución mencionada adolecía de vicios de fundamentación, tanto por haber valorado erróneamente prueba dirimente para la resolución del caso, como por haber utilizado argumentos contradictorios y afirmaciones dogmáticas. Frente a ello calificó a dicho tramo de la sentencia como un pronunciamiento arbitrario.

Por lo tanto, solicitó a esta Alzada que case la absolución de C. Y. S. D´U. y que se condene a la imputada como autora penalmente responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo (art. 303, inc. 1, del CP) a la pena de cinco años de prisión, multa, accesorias legales y costas.

Hizo reserva del caso federal.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera sostuvo que en la sentencia recurrida (en cuanto dispuso la absolución de C. Y. S. D´U.) el tribunal previo había incurrido en una errónea aplicación de la ley sustantiva, así como también en una inobservancia de las normas relativas a la fundamentación de sentencias. Manifestó, concretamente, que el a quo había valorado erróneamente y omitido ponderar elementos de convicción con incidencia en la acreditación, tanto de la materialidad de los hechos objetos del proceso, como en la responsabilidad penal de la nombrada.

En dicho sentido, expresó que se encuentra acreditado que C. Y. S. D´U. insertó en el mercado formal capitales provenientes de la actividad ilícita de su padre –C. S.-mediante la efectiva comercialización de inmuebles. Ello, con conocimiento concreto de «…las propiedades, los negocios y la situación de C. S. ante la justicia…».

Como corolario del esquema reseñado, la U.I.F. solicitó que esta C.F.C.P. case la absolución de C. Y. S. D., y que dicte un fallo condenatorio a su respecto de conformidad a lo solicitado por aquella parte en el alegato efectuado durante el debate.

Hizo reserva del caso federal.

La defensa de S. S. V. P. y de S. V. F. introdujo una solicitud de nulidad de la sentencia condenatoria -en orden a sus asistidos-. Motivó la petición en que el tribunal de juicio había rechazado la pretensión de aquella parte de realizar el peritaje contable solicitado por C. A. S., a los fines de justificar su incremento patrimonial. Privar a la parte de la medida probatoria -según los recurrentes- implicó una afectación al derecho de defensa en juicio.

Por otra parte, cuestionaron la determinación que el tribunal a quo desarrolló en torno a los hechos precedentes al delito de lavado de activos y expresaron que los sentenciantes «… nunca han podido dar precisión sobre los hechos precedentes y su eventual relación con la adquisición de bienes o aumentos patrimoniales…».

Puntualmente, manifestaron que la mención del suceso denominado «Operación Trabajo» como delito precedente vulnera el principio de congruencia por haber acaecido previamente al año 2005. Ello, toda vez que, según la defensa, el fiscal habría determinado aquel año como el inicio de las actividades ilícitas.

A su vez, alegaron que los hechos precedentes detallados no arrojaron ganancias ilícitas por haberse frustrado su perfeccionamiento.

Seguidamente, dicha asistencia legal invocó que la sentencia no fundó de una forma adecuada el conocimiento de S. S. V. P. y S. V. F. relativo a las actividades ilícitas que desarrollaba C. A. S. Por tal motivo concluyó que no se probó el dolo directo que, según la defensa, requiere la figura penal atribuida a los nombrados.

Por otro lado, adujo que algunos de los hechos no fueron cometidos en el territorio nacional, motivo por el cual el tribunal se habría extralimitado en su competencia y afectado el principio de territorialidad previsto por el art. 1º del Código Penal. En razón de ello, consideró que la resolución recurrida resultaría inválida.

Subsidiariamente la defensa cuestionó el decomiso de una serie de inmuebles, toda vez que éstos -según el impugnante- habrían sido adquiridos previamente al año fijado como inicio de los sucesos delictivos.

Por último y también de manera subsidiaria, se agravió de la decisión criticada en tanto determinó la sanción de multa «…de cinco (05) veces el monto de la operación para cada uno de los imputados…». Ello, bajo el argumento de que dicha merituación punitiva no se encuentra fundada y que además impide conocer el concreto monto de la sanción.

En virtud de tales agravios, la defensa de V. P. y V. F. solicitó que se case la sentencia y se absuelva a sus asistidos, efectuando reserva del caso federal.

IV. A fs. 33.068 se dejó constancia que durante el término previsto en los arts. 465, cuarto párrafo y 466 del C.P.P.N. la defensa particular de C. Y. S. D´U. y el representante del Ministerio Público Fiscal hicieron presentaciones.

La defensa de C. S. D’U. solicitó que se rechacen los recursos de casación interpuestos por el Fiscal General y por la parte querellante, deducidos contra la absolución de la nombrada. Efectuó reserva del caso federal (fs. 33.036/33.045).

Por su parte, el Fiscal General ante esta instancia, Mario A. Villar peticionó, por un lado, que esta Alzada haga lugar a los recursos de casación interpuestos por la U.I.F. y el representante del Ministerio Público Fiscal, se case la absolución de S. D´U. y se la condene por los hechos que fueron materia de acusación.

Asimismo, requirió que se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa de V. P. y V. Fe. y que se confirme la condena condenatoria impuesta con relación a aquéllos (33.046/33.067).

V. En la oportunidad prevista en los arts. 465, segundo párrafo, y 468 del C.P.P.N., presentaron breves notas las defensas de C. S. D’U., de S. S. V. P. y de S. V. F. (cfr. fs. 33070/33072 y 33073/vta., respectivamente).

VI. Superada dicha etapa (de lo que se dejó constancia a fs. 33074) quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:

I. El recurso de casación interpuesto por la defensa de V. P. y V. F. es formalmente admisible, a tenor de lo normado por los arts. 456, 457, 459 y 463 del C.P.P.N.

También resultan formalmente admisibles las impugnaciones casatorias articuladas tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la doctora María Eugenia Talerico, en representación de la Unidad de Información Financiera -parte querellante- (en adelante «U.I.F.»), de conformidad con lo prescripto por los arts. 456, 457, 458, 460 y 463 del C.P.P.N.

II. Previo a ingresar al tratamiento de los agravios introducidos en los recursos de casación bajo análisis, y a fin de imponer un orden expositivo al presente sufragio, me referiré a los hechos que fueron materia de estudio de la sentencia cuestionada.

Liminarmente, cabe destacar que esta Sala IV -con una integración parcialmente distinta a la actual, con voto del suscripto y por unanimidad-, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la UIF y revocó la resolución del a quo por la cual dispuso la implementación del juicio unipersonal en la presente causa (cfr. causa FRE 2021/2014/TO1/62/CFC15, caratulada «S., C. Y. y otros s/ recurso de casación», Reg. nro. 106/18, rta. el 12/3/18).

Contra dicha decisión se interpusieron recursos extraordinarios federales, los que fueron declarados inadmisibles (cfr. Reg. nro. 598/18, del 31/5/18). Aquel pronunciamiento fue impugnado mediante un recurso de hecho interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que fue desestimado con fecha 21/11/19 (cfr. C.S.J.N., causa FRE 2021/2014/TO1/62/1/RH10).

Así conformado, el tribunal a quo tuvo por acreditada la existencia de una organización liderada por C. A. S. (quien falleció el 09/05/18), cuya actividad estuvo orientada a la introducción en el mercado formal de dinero proveniente de actividades ilícitas, con el fin de darle una apariencia de legalidad a dichos activos. El conjunto mencionado se integraba -entre otras personas- por S. S. V. P- (su esposa), S. V. F. (su suegro) y R. G. S.

La base de conocimiento incluida en el debate permitió que el sentenciante concluyera (en lo relativo a los hechos precedentes al lavado de activos investigado) que C. A. S. desplegó una actividad ilícita como organizador y financista de una estructura dedicada al narcotráfico «…que lo proveyó de recursos para la conformación de sociedades y demás operatorias destinadas a intentar darles luego apariencia de legalidad…». El tribunal a quo detalló sobre el particular que S. «…era quien suministraba los ingresos económicos generadores de adquisiciones patrimoniales que fueron administradas y usufructuadas por todos los imputados, configurando el eje común de su vida económica…».

En ese orden de ideas, y para dar cuenta de los elementos que respaldan que -al menos desde el año 2003 y hasta el año 2012- S. dirigía, organizaba y financiaba operaciones de narcotráfico de carácter trasnacional, los jueces de la instancia anterior detallaron una serie de investigaciones judiciales, las cuales se sintetizan a continuación.

«1°) Expediente FLP N° 51008623/2007 “Losano Raúl Fernando y otros s/Inf. art. 5° “C” agravado por el art. 11° “C”, art. 7° y art. 29 bis de la Ley 23.737”, tramitado ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora […]

El hecho consistió en el envío de clorhidrato de cocaína, de alto grado de pureza, desde Campana, provincia de Buenos Aires a Valencia (España). A ese hecho se anexan otros delitos de narcotráfico perpetrados en nuestro país.

Cuantitativamente se estima que la operación involucró el movimiento de unos 1.000 kilogramos de cocaína. A C. A. S. se le endilgó la calidad de jefe, organizador y financista (arts. 210 del Código Penal, arts. 863, 864 inc. ‘d,’ 865 inc. ‘a’ y 866, segundo párrafo, del Código Aduanero ley 22.415 y arts. 5 inc. ‘c,’ y 11 inc. ‘c’ de la ley 23.737) […]

2°) Expediente Nº FLP 4496/2006 ‘S., C. Al. y otros s/infracción art. 866 Código Aduanero y ley 23.737’ (pto. 8, decreto de admisión de pruebas) en la que consta en esa actuación la presentación de fecha 23/10/2003 por la Embajada de Italia en Buenos Aires. Da cuenta que en un procedimiento denominado ‘Operación Trabajo’ se detuvo a Miguel Ángel Nucci y Gerardo Lobos (miembros de la organización) y a quienes se les incautó 50 gramos de cocaína y €1.319.525, además de documentación relacionada con la exportación de carbón vegetal que ingresó al continente europeo a través del puerto de Valencia, como también el hallazgo de una tarjeta de C. A. S. conteniendo teléfonos de contacto […] F. M. B. (mencionado en Expte. FLP N° 51008623/2007) -bajo las directivas de S.- intentó recuperar los €1.319.525 que le fueron incautados a Miguel Nucci […] Además de las transcripciones telefónicas que acreditan aquellas contingencias, glosan en la causa constancias de giros de divisas realizados por los mencionados B., C. S., el personal de su estudio jurídico (por citar G. C. y S. M. G.), C. V. y S. V. F. a L. [se encuentra procesado en el Expte. FLP N° 51008623/2007] y Pescia a Italia y a España […] Por otra parte, la policía de Italia ya había verificado la vinculación -coordinada por S.- de Juan Manuel Lorenzo con el abogado (italiano) Stefano Giorgo a quien Félix Bejar había designado para recuperar el dinero (€1.319.525) letrado de quien era notoria la comunicación directa que mantenía con S…».

En función de ello el tribunal a quo concluyó «…que al menos desde el año 2003, S. dirigía, organizaba y financiaba operaciones de narcotráfico de carácter transnacional, generadoras de significativas ganancias ilícitas, aun cuando en términos formales no le hayan sido endilgados dichos extremos facticos…».

3°) Expediente No 2390 “Schain de la Lastra, Héctor Daniel s/infracción ley 23.737” (“Pulpa de durazno y membrillo” – Año 2008, citado por la fiscalía).

Instruida ante el Juzgado Federal de Campana […] en fecha 16 de junio de 2016 se procesó a C. A. S. como organizador – financista, relacionado con el contrabando de [… estupefacientes…], agravado por encontrarse destinado a su comercialización fuera del territorio nacional y por la intervención de tres o más personas (artículo 7° de la Ley 23.737 en función de los artículos 864, inc. “d”; 865, inc. “a”; 866 y 867, apartado 1, incisos “d”, “e”, “f”, “g” y “h” del Código Aduanero y artículo 45 del Cód. Penal).

La operación que data del año 2008 involucró estimativamente 236 kilogramos de clorhidrato de cocaína enviados a Europa desde Campana, Provincia de Buenos Aires […]

4°) Caso “Peras” (Año 2012). Consistió en el envío de alrededor de 1200 kilogramos de clorhidrato de cocaína disimulada en pulpa de pera desde Zárate (Provincia de Buenos Aires) a Portugal. La sustancia oscilaba sus grados de pureza entre los 63,4 y 73,6%.

Con trámite de instrucción en el Juzgado Federal de Campana, remitida a juicio el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín (Buenos Aires) el 26 de febrero de 2016 dictó condenas contra Carlos Alberto Mulé, Hugo Gabriel Nieves Otero, Fabián Osvaldo Campagna y Ariel Gustavo Spadoni.

El 16 de julio de 2016 se procesó a C. A. S. como organizador y financista de estas actividades (causa “Carlos Mario Ruvolo y otros s/infracción Ley 22.415”, Expte. Nº 76001672/2012 al que se acumula la anterior).

5°) Caso “Carbón” (Año 2010). Resultó del contrabando de 762 kilogramos (aproximados) de clorhidrato de cocaína desde Rosario (Santa Fe) a Bilbao (España) a través de la firma “Agroforestal del Litoral”. Ese cargamento, disimulado en bolsas de carbón vegetal, fue incautado en fecha 2 de agosto de 2010.

6°) Causa No 32000677/2010 caratulada “Sumario Av. s/presunto contrabando de estupefacientes (Agroforestal del Litoral SRL) -pto. 4 decreto de admisión de pruebas-registro del Juzgado Federal de Rosario N° 3 – Secretaría “B”, Provincia de Santa Fe. Se imputó a C. A. S. haber dirigido y financiado una organización conformada -además de él- por Patricio Daniel Gorosito, Andrés Di Renzo y Leonardo Prodan, estos dos últimos cumplen condena en Portugal por narcotráfico.

7) Caso “Carbón” (Año 2011). Sustanciada a partir de la exportación de cerca de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, una porción del cargamento (aproximadamente 12 kilogramos) fueron descubiertos en Torres Vedras, Portugal entre los días 6 y 7 de diciembre de 2011. Se infiere que ese estupefaciente fue comercializado con éxito.

Estos hechos integran el Expediente No FRE 9445/2015 “Gorosito Patricio Daniel y otros s/contrabando -artículo 864 inciso d) Código Aduanero”, a la fecha en trámite ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco).

Dato relevante de la vinculación de C. A. S. en esa actuación fue la circunstancia de que el cargamento (con el estupefaciente) fue consolidado -en términos aduaneros- el 11 de agosto de 2011 en la aduana de Barranqueras (Chaco), ya en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, el container sometido a escaner arrojó una “imagen sospechosa”, pese a lo cual la carga igualmente partió con destino a Europa.

La particularidad del caso es que el reporte del “THSCAN” (instrumento -escaner- de uso exclusivo de la aduana) que reveló la imagen “sospechosa” fue hallado en el estudio jurídico de S. en ocasión de allanarse […]

8) Expediente N° FRE 52000170/2012, “Gorosito Patricio Daniel y otros s/supuesta infracción art. 210 del Cód. Penal; art. 866 párrafos 1 y 2 en función de los artículos 864, inciso “d” y 865, incisos “a” y “c” del Código Aduanero”, rotulada como “Carbón blanco”. Implicó la exportación a Portugal de 1.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína -tres cargamentos-consolidados en Quitilipi (Chaco) en el lapso de diciembre de 2011 a febrero de 2012.

El 16 de octubre de 2015 se dictó la sentencia No 314 que condenó a C. A. S., Patricio Daniel Gorosito, Héctor Ángel Roberto, Juan Carlos Pérez Parga y Rubén Félix Esquivel a las penas de 21, 19, 17, 17 y 12 años de prisión, respectivamente en orden a los delitos de contrabando calificado de estupefacientes -tres hechos concursados materialmente entre sí- y con el delito de asociación ilícita, tipo dentro del cual se atribuyó a S. la calidad de jefe…».

Cabe destacar que, con fecha 2/11/2018, la Sala I de esta Cámara Federal de Casación, en el marco de la causa “Carbón Blanco” -FRE 52000170/2012/TO2/CFC3- resolvió rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas -Reg. 1285/18-. Contra dicho pronunciamiento, se dedujo recurso extraordinario federal, el que fue declarado inadmisible con fecha 3/06/2019 -Reg. 909/19-. De esa forma, el sentenciante indicó, en resumidas cuentas, que a la organización criminal dirigida por S. (inherente al tráfico de estupefacientes) se le atribuyó haber consumado maniobras de exportación por más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína de alta pureza con destino final en países del continente europeo.

Los jueces de la instancia anterior agregaron que el detalle de hechos ilícitos ligados al narcotráfico que fueron detectados por las autoridades no implica suponer que éstas fueron las únicas operaciones efectuadas por la organización delictiva. Ello, bajo la consideración de que «…la lógica y la experiencia, permite concluir -fundadamente- que es innegable la existencia de muchas más operatorias de recaudación cuidadosamente reservadas y sustraídas de la atención de los investigadores…».

Seguido al acápite dedicado a describir los hechos precedentes al lavado de activos investigado, el tribunal a quo abordó los métodos utilizados por la organización delictiva investigada en estos actuados (denominada en la sentencia como «Grupo S.») para dar apariencia de legalidad a los activos generados ilícitamente.

En ese esquema y de modo introductorio, el sentenciante manifestó: «No admite dudas el hecho que C. A. S. creó un emporio empresarial/societario de magnitud y diversas formas operatorias comerciales…», para luego proceder a definir los concretos mecanismos utilizados por el conjunto delictivo.

Así, en primer lugar, detalló que una fracción importante de las actividades imputadas a la organización fue la canalización de activos de origen ilícito mediante su acreditación en depósitos en efectivo, en cuentas bancarias de una serie de sociedades comerciales controladas por los imputados. El sentenciante indicó que: «[e]l ingreso de tanto efectivo en los circuitos legales sólo pudo lograrse articulando el conjunto […] de las empresas y/o sociedades del grupo S. en las que también quedó probado que, con independencia de rubros y/o actividades económicas (v.gr. audiovisual -película-gastronómica, inmobiliaria, concesionaria), que los directorios se integraban con los aquí imputados, quienes ejercían facultades gerenciales y concurrían -en casos- en la participación accionaria.

Así, este tipo de maniobras [depósitos en efectivo] representó el principal concepto de ingresos, en algunos casos, superando el 70% de los mismos. En rigor esa metodología se pergeñó para borrar toda posible huella y disimular el origen de los fondos al utilizar una plataforma bancaria que los confundía, lícitos con ilícitos…».

En segundo lugar, la sentencia mencionó -como otro mecanismo para la puesta en circulación de activos ilícitos- a la compra de bienes muebles e inmuebles (en dólares estadounidenses) a través de aquellas sociedades. Se hizo hincapié en que «…los imputados y las empresas no registraron -o lo hicieron en cifras ínfimas- la adquisición de moneda extranjera que permitiese justificar los respectivos pagos…».

Por otra parte, el colegiado previo señaló que otra de las modalidades estaba constituida por la transferencia de fondos entre sociedades pertenecientes al «Grupo S.».

En esa dirección, reseñó una serie de operaciones bancarias (transferencias y acreditaciones de cheques) y manifestó que hasta ese punto de análisis, podía observarse la creación y utilización de empresas pantallas o vehículos y la colocación a nombre de estas de bienes muebles e inmuebles «…con inyección de fondos mediante aportes, pero sin registrar giro comercial real».

Seguidamente, el a quo se refirió acerca de los negocios inmobiliarios del «Grupo S.» (muchos de los cuales se llevaron a cabo en la ciudad de Mar del Plata) como mecanismo de lavado de activos. En ese orden de ideas expresó que «[d]e los aportes testimoniales brindados en Debate se desprende que las inversiones realizadas por la organización en aquella ciudad, no tenían como objeto primario apostar a un proyecto inmobiliario real ni redituable, sino que se buscaba la colocación del dinero proveniente del narcotráfico en obras, y en dicho esquema, el recupero o ganancia era una consecuencia posible, pero secundaria…».

Así pues, luego de aludir a las distintas modalidades que ponía en práctica el conjunto liderado por C. S.; en la sentencia recurrida se pormenorizaron los sucesos que -concretamente- implicaron puesta en circulación del dinero proveniente del narcotráfico.

A tal fin, se realizó un detalle -conservando la numeración con la que se identificó las operaciones en el requerimiento fiscal de elevación a juicio-, y se las agrupó de acuerdo a la sociedad del «G. S.» que intervino en tales sucesos.

En la resolución cuestionada, también se indicaron las circunstancias relevantes respecto de cada una de las personas jurídicas (constitución, domicilio, ampliaciones de capital, modificaciones de integrantes y administradores, operaciones etc.), y se puso de manifiesto cuál fue la intervención formal de los imputados en ellas.

Las sociedades en cuestión son las siguientes: Lugin S.R.L., Saint Maxime S.A., Abuela Clementina S.R.L., Fundación S. para el Estudio e Investigación, Casilugi S.R.L., CS Entertainment S.R.L., Manos Digitales Animation Studio S.A. Fuerteplan S.A. sucursal Argentina, Milenio Bienes Raíces S.A., Aristóbulo del Valle 2480 S.A., LBC Service & Consulting S.A., General Paunero 2256 S.A., Libres del Sud 2079 S.A., La Próspera S.A., Bartolomé Mitre 4055 S.A., Renthouse S.A., Prodelen S.A., Pure Visión S.A., Katrine S.A., Ka & So S.A., Sacasi S.A., LC Producciones S.R.L., NS Administraciones – Propiedades – Edificios – Construcciones S.A., Anisa S.A., Online 911 Portal de Noticias S.A. y Mitsubiscars y Co. S.A.

Por último, el tribunal mencionó, en el acápite «Otros hechos probados de la acusación» los sucesos llevados a cabo por el «Grupo S.», en los que no medió la intervención de personas jurídicas, pero que -al igual que en los hechos descriptos de forma precedente- fueron consideradas operaciones carentes de justificación relativas al origen de los fondos para materializarlas.

A continuación, los magistrados ponderaron la situación patrimonial de C. A. S., S. S. V. P. y R. G. S., en cuyo marco expresó: «De acuerdo a la prueba arrimada y producida a lo largo del Debate, se llega a la conclusión que los ingresos declarados, inclusive aquellos sobre los que se solicitó la pericia contable, no demuestran la evolución patrimonial del Grupo S.

La situación económica y financiera de los imputados no puede ser justificada en base a las declaraciones juradas presentadas ante el organismo fiscal.

Una falencia común a todos los imputados, investigados C. A. S., S. S. V. y R. G. S. fue la inclusión de ingresos exentos en las declaraciones juradas por el impuesto a las ganancias. La existencia real de estos ingresos declarados no pudo ser verificada, lo que constituye parte de la maniobra para intentar justificar el aporte o la adquisición de las sociedades.

El informe de la DAFI ha trazado la línea de actividad económica de las empresas, demostrando que las declaraciones de obtención de ingresos gravados, eran disfrazadas en concepto de honorarios percibidos por su actuación en los respectivos Directorios y/o como empleados en relación de dependencia de las empresas involucradas, que constituye otra etapa de la operatoria de lavado.

Finalmente, la supuesta actividad societaria empezaba a generar resultados, y las Sociedades iniciaban la distribución entre sus accionistas. De esa manera los aportes que realizaron inicialmente y sobre los que no se estableció su origen, retornaban a los imputados como dividendos.

Este ciclo se realimenta, dado que los supuestos dividendos vuelven a ser invertidos en otras sociedades y de esa manera comienzan nuevamente las etapas mencionadas…».

Seguido al análisis precedentemente reseñado, el tribunal a quo reafirmó que la masa de bienes operada por el “Grupo S.” provino de las ganancias de la actividad de narcotráfico obtenidas por C. A. S., quien pergeñó -mediante la intervención de los imputados-una trama de empresas y operatorias destinadas a disimular el dinero obtenido del tráfico internacional de estupefacientes. En dicho orden de ideas, indicó que «[p]ara ello tuvo socios que se prestaron para formar las sociedades, realizar actos de adquisición y disposición de vehículos, bienes inmuebles, paquetes accionarios, etc., incluyendo operaciones bancarias. Todo esto en la Argentina como en el exterior…».

Por todo ello, concluyó que la base fáctica y los hechos sometidos a juicio se hallaban debidamente acreditados, respecto de las conductas atribuidas a S. S. V. P., S. V. F. y R. G. S.

III. Tratamiento del recurso de casación de la defensa de S. S. V. P. y S. V. F.

Reseñado el sustrato fáctico en base al cual se dictó la sentencia impugnada, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios esgrimidos por la defensa de V. P. y V. F.

Debe hacerse hincapié en que los cuestionamientos de los impugnantes no se dirigieron a menoscabar la materialidad de los sucesos tal como los tuvo por comprobados el sentenciante. Por el contrario, las críticas se centraron en cuestiones procesales (como se verá al tratarse los planteos de nulidad), la valoración probatoria efectuada por el colegiado de la instancia anterior y la subsunción jurídica de dicha plataforma fáctica.

1. Planteos de nulidad

Preliminarmente, corresponde recordar la doctrina sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que la declaración de nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos: 295:961; 298:312). Es inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de la nulidad por la nulidad misma (Fallos: 303:554; 322:507). El principio de trascendencia, que regula el instituto de la invalidación de los actos procesales, exige la existencia de un vicio de tal carácter que afecte un principio constitucional. Ello, sólo se materializa con la generación de un perjuicio que no haya sido subsanado, porque las formas procesales han sido establecidas como garantía de juzgamiento y no como meros ritos formales carentes de interés jurídico.

Debe memorarse que en materia de nulidades rige el principio de interpretación restrictivo. Al respecto, el Máximo Tribunal ha dicho que “…es doctrina reiterada de este Tribunal que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en lo que también está interesado el orden público…” (Fallos: 325:1404).

En esa inteligencia, he tenido la oportunidad de pronunciarme en el sentido de que las nulidades tienen un ámbito de aplicación restrictivo, no son un fin en sí mismas pues se requiere la producción de un gravamen cierto que lleve a justificar una decisión contraria a la adoptada en la sentencia; de adverso, aún a despecho de su irregularidad, el acto no puede ser invalidado en el solo beneficio de la ley (cfr., en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., Sala IV, causa FGR 30024/2017/6/CFC1, caratulada “Valdebenito, Eduvina Elizabeth s/ recurso de casación”, reg. nro. 2186/18.4, rta. -por unanimidad- el 27/12/18; causa FSM 31016298/2012/TO1/CFC6, caratulada “Mora, Roberto Fernando y otros s/ recurso de casación”, reg. nro. 1925/18.4, rta. -por unanimidad- el 6/12/18; causa FCR 22000029/2011/TO1/CFC5 caratulada “Monsalves, Diego Matías y otros s/ recurso de casación”, reg. nº 129/18, rta. -por unanimidad- el 31/8/18 y causa FMZ 14895/2013/TO1/5/CFC2 caratulada “Ortiz Donadell Gerardo Saúl s/ recurso de casación, reg. nº 461/18.4, rta. -por mayoría integrada por el suscripto- el 9/5/18, entre muchas otras).

a. Sentado cuanto antecede, no puede prosperar el planteo de nulidad relativo a la falta de realización del peritaje contable reclamado por la defensa.

Al respecto, corresponde expresar que dicho planteo no resulta novedoso. En efecto, de las constancias de la causa surge que las defensas de R. G. S., S. V. F. y C. A. S. solicitaron la realización de un peritaje contable/financiero en la oportunidad prevista por el art. 355 del C.P.P.N.

No obstante, el tribunal a quo rechazó la petición mediante los siguientes argumentos: «el requerimiento de los oferentes sólo tiene un direccionamiento a lo estrictamente formal y básico -desde los lineamientos contables- a partir de la constitución, conformación y otras generalidades relativas a las empresas vinculadas a la causa, esto es, un informe de expertos sustentado pura y exclusivamente en información (documentación) ya volcada en libros y registros de obligada confección a partir del inicio de la existencia ideal de aquellas.

El tenor que los Letrados pretenden que la pericia contable – financiera informe, soslaya -por caso- aspectos tales como la procedencia y la licitud de los recursos económicos empleados para darles vida y luego los insuflados como aportes de capital (dinero o especie) o la generación de utilidades de las empresas/sociedades cuya individualización dan cuenta el auto de procesamiento, los respectivos requerimientos de elevación a juicio y también el auto de elevación (a juicio).

Por otra parte, […] advierto que la postulada pericial para la que no se explica ni fundamenta su utilidad, en nada alude a un aspecto dirimente atento la naturaleza de los hechos: el origen lícito o no de activos que es, en definitiva, lo que habrá de discutirse en este juicio.

Abundando en la argumentación arriba expuesta, más allá de no advertir un justificativo de entidad, admitir la prueba que se peticiona a esta altura del proceso, próximo a cubrirse tres años de substanciación de la causa, dado la generalización y la cantidad de empresas comprometidas sin lugar a dudas incidirá en el dictado de un pronunciamiento conclusivo en tiempos razonables» (cfr. fs. 31.001/31.026).

En oportunidad de formular su alegato, la defensa de Ricardo Gassan Saba, reiteró su disconformidad con la resolución que no hizo lugar a la medida probatoria.

Los jueces de la instancia anterior rechazaron nuevamente la petición mediante los siguientes argumentos: «En relación a la pericia solicitada por las defensas, en primer lugar debe señalarse que la documentación secuestrada pertenece a las sociedades que conformaron los imputados, por lo que la pericial ofrecida debía realizarse sobre la compulsa de la actividad que ellos mismos desarrollaron para determinar el origen del dinero con el que se las adquirieron, el peculio con el que fueron capitalizadas las sociedades -mediante aportes no reintegrables-, y las supuestas ganancias que estas personas jurídicas fueron produciendo durante su funcionamiento […] los libros mencionados no reflejan información relevante para dilucidar el origen de los fondos. Son meramente formalidades, declaraciones, presentaciones de declaraciones juradas, pero sin remisiones concretas ni referencias a las fechas, o incluso lo que ellos representan en sí mismos (contratos, boletos de compraventa, facturas, recibos comerciales, recibos de haberes, etc.). De su compulsa no se puede […]discernir una explicación de los ingresos con que se fueron realizando las operaciones del giro económico de cada una de las empresas.

Del alegato efectuado por el Dr. Rodríguez parecieran emerger respuestas a los interrogantes planteados, pero luego de una prolija confrontación documental se ha comprobado que los Libros no contienen fecha cierta, faltan firmas, no existen papeles de trabajo que indiquen ingresos comprobables para las operaciones efectuadas, etc.».

En virtud de lo expuesto, el sentenciante concluyó que la peticionante no presentó prueba que «…pueda dar soporte a sus alegatos sobre el origen del dinero que se invirtió en las sociedades del G. S…».

En ese esquema, la defensa de V. P. y V. F. no exhibió, en esta etapa recursiva, argumentos con entidad suficiente para contrarrestar los fundamentos del tribunal de la instancia previa para rechazar el peritaje contable en cuestión. En efecto, dicha parte alegó que los resultados de un hipotético estudio técnico contable podrían haber despejado las sospechas en torno a los orígenes de los activos que ingresaron en el patrimonio de las sociedades. Sin embargo, no refutó los motivos centrales por los cuales el a quo consideró que la medida no resultaría de utilidad, inherentes a la falta de idoneidad -señalada en la resolución recurrida- de los documentos en base a los cuales se solicitó realizar el peritaje.

Por lo tanto, debido a la carencia de un sustento argumentativo suficiente, el agravio se presenta como un mero disenso respecto de lo resuelto por la instancia anterior y no logra respaldar la alegada afectación al derecho de defensa.

En ese orden de ideas, la parte recurrente no demuestra la calidad de pertinente y útil de la medida de prueba en cuestión, para la dilucidación de alguno de los extremos de los hechos sub examine. Ello, teniendo en cuenta los restantes elementos probatorios que llevaron al sentenciante a concluir acerca del origen ilícito de los activos que ingresaron en el patrimonio de las sociedades comerciales controladas por el G. S. (cfr. voto del suscripto, en lo pertinente y aplicable, Sala IV, C.F.C.P., causa CFP 9909/2017/TO1/CFC3, caratulada “Amarilla, Mauro Damián y otro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 1203/19.4, rta. -por unanimidad- el 13/06/2019).

En razón de ello y de conformidad con lo manifestado por el Fiscal General ante esta Cámara durante el término de oficina, se rechaza el agravio en trato.

b. Tampoco habrá de prosperar la pretensión de la defensa de invalidar el resolutorio, en virtud a la alegada trasgresión a «… la competencia territorial del Tribunal de Juicio…» y al «…principio de territorialidad previsto en el art. 1 inc. 1º del Código Penal».

Puntualmente, la asistencia técnica de V. P. y V. F. cuestionó «…la competencia de la Justicia Argentina…» para el juzgamiento de una serie de adquisiciones de inmuebles en los Estados Unidos de América, por tratarse de «…hechos cometidos fuera del territorio nacional…».

Al respecto, cabe recordar que en la sentencia sub examine se afirmó lo siguiente con relación a las operaciones comerciales mencionadas: «…Respecto de los inmuebles imputados […] los dos primeros fueron adquiridos por S. y luego transferidos a sus sociedades, y que respecto de un tercero se habría valido de la asistencia de Pablo Carrena para la recepción de la transferencia de los fondos.

– La propiedad sita en Av. Collins al …, …, Miami Beach, Florida, fue adquirida por C. A. S. en el mes de diciembre de 2004, y luego transferida a Casilugi Corp en el mes de enero de 2007 (Cfr. a fs. 8447/8451 de la causa 170/2012, Informe de Homeland Security).

– En junio de 2010, S. compró la propiedad sita en … Collins Avenue …, Miami Beach, Florida, transferida en septiembre de 2010 a la firma Ruth Steinberg LLC.

– En noviembre de 2009, S. compró la propiedad sita en … NE … Street #…, Aventura, Florida del Sr. Pablo Buscaglia. Para concretar dicha operatoria, suscribió un poder a favor de Alice Ferrerira. Como testigo en el documento intervino el Sr. Carrena.

Sobre ésta última adquisición, la prueba colectada en el allanamiento de calle La Pampa permite evidenciar que los fondos fueron transferidos por S. a Pablo Buscaglia, en los meses previos a noviembre de 2009, para lograr su adquisición, junto al Sr. Pablo CARRENA quien se encargó de efectuar las gestiones bancarias para que se recibieran los fondos en EEUU…».

Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación territorial de la ley penal, corresponde expresar que «…dado que la ley es una manifestación de voluntad soberana, aquélla se aplica dentro de los límites del Estado, el que establece su ámbito espacial de vigencia. Sin embargo, hay delitos cuyas particulares circunstancias de ejecución requieren la aplicación de la ley del Estado en hechos cometidos fuera de su territorio, ya sea, por ejemplo, porque el resultado disvalioso se produce en él o porque siendo parcialmente ejecutado en éste, su iter criminis termina en otro» (cfr. Horacio Días -director-, «Código Penal de la Nación Argentina Comentado», Rubinzal – Culzoni editores, Santa Fe, 2018, pág. 18).

Las particulares circunstancias aludidas por la cita precedente, se encuentran acreditadas en el caso sub examine, lo que se deduce de lo expresado por el a quo en tanto «…la organización ilícita, especialmente constituida con individuos ligados por vínculos parentales o conyugales, se valió inclusive de conexiones internacionales, que le permitieron ampliar su zona de actuación a lugares lejanos como Miami (EEUU), España, Andorra, etc….».

En este sentido, y de conformidad con la postura adoptada sobre el particular por el Fiscal General ante esta instancia, cabe concluir que en los supuestos de hecho bajo estudio se advierte una ejecución típica desplegada en el territorio argentino, a pesar de que finalmente parte de los fondos de origen ilícito hayan sido transferidos a otro país. Ello, con la finalidad de continuar realizando operatorias comerciales buscando brindarle apariencia de legitimidad.

Lo expresado precedentemente (en lo atinente al lugar donde primordialmente se materializó el plan delictivo) se reafirma al considerar que el a quo caracterizó los hechos sometidos a juicio como un delito continuado integrado por «…pluralidad de actos propios del lavado de activos que materializaron los encausados a lo largo del lapso que va desde el 2004 al 2015…» (cfr. fs. 32.757); conceptualización que no fue controvertida por las partes.

En efecto, en razón de ello, se advierte que las operaciones comerciales en cuestión tan solo constituyen una fracción cuantitativamente y cualitativamente menor en comparación con la concatenación de actos que, en su conjunto, fueron caracterizados como delito continuado por el tribunal de juicio.

Por lo tanto, corresponde rechazar el agravio de la defensa.

c. Los impugnantes alegaron que la inclusión, por parte del sentenciante, de la «Operación Trabajo» (cfr. punto II del presente voto) como «hecho precedente» afectó el principio de congruencia. En ese sentido, indicaron que el tribunal de la instancia anterior incorporó al fallo hechos relevantes que no fueron mencionados en el requerimiento de elevación a juicio ni en las declaraciones indagatorias. Por ello, tacharon de nulo el pronunciamiento recurrido.

Respecto al cuestionamiento aludido, es criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cualquiera sea la calificación jurídica que en definitiva efectúen los jueces, el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva (in re «Sircovich», Fallos: 329:4634).

Frente a tal lineamiento, corresponde indicar que el objeto procesal de las presentes actuaciones, entendido como acontecimiento fáctico que constituye la hipótesis imputativa, se mantuvo incólume en todas las etapas del proceso.

En dicho orden de ideas, las conductas imputadas a S. V. F. y a S. S. V. P. se precisaron de la siguiente forma (tanto en las declaraciones indagatorias como en el requerimiento fiscal de elevación a juicio): «… participar de manera habitual en la puesta en circulación, administración, venta y transferencia de activos de procedencia ilícita por montos que superan el tipo penal…» (cfr. fs. 2.424/2.429, 2.430/2.433, 30.063 y 30.074). Asimismo, se detallaron puntualmente las operaciones comerciales en las que ambos acusados habían, respectivamente, intervenido.

Por su parte, también debe ponerse de resalto que una vez declarado abierto el debate, se dio lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio mencionado (cfr. fs. 32.562) y que -tal como surge del punto II del presente voto-, la condena recurrida se sustentó en los mismos sucesos.

De la lectura del agravio en trato se advierte que la parte recurrente intentó -a fin de sustentar su cuestionamiento- adscribir la calidad de «objeto del proceso» a elementos probatorios mediante los cuales el a quo tuvo por acreditado el origen ilícito de los activos. Sin embargo, los hechos precedentes desarrollados por el tribunal (reseñados en el punto II de este voto) no integran la materia imputativa del sub lite.

En este sentido se manifestó que: «…[l]a condena por lavado requiere la prueba de la existencia de un hecho ilícito del cual provienen los bienes. Pero hay que recordar que ese hecho no es el objeto del proceso…» (cfr. Córdoba, Fernando J., «Delito de lavado de dinero», 2da reimpresión, ed. Hamurabbi, Buenos Aires, 2016, pág. 148).

Con base a lo expresado no se advierte ni los recurrentes no han logrado demostrar la afectación al principio de congruencia que invocan, lo cual sella negativamente la suerte del agravio.

2. Agravios vinculados con la valoración de los elementos probatorios y la subsunción jurídica.

Además del planteo nulificante previamente tratado, la defensa alegó otras supuestas falencias en la resolución recurrida al incluir la denominada «Operación Trabajo» como hecho precedente del lavado de activos.

Señaló que «…resulta contradictorio señalar como momento de ´corte´ los inicios del 2004 cuando se hace referencia a un suceso ocurrido en el 2003…».

Al respecto corresponde aclarar que los magistrados de la instancia anterior circunscribieron el lapso temporal en que tuvieron lugar los hechos juzgados (lavado de dinero) «…desde el año 2004 hasta el momento de la detención de los imputados en el año 2015». Es decir, el momento de «corte» relativo al año 2004, se vincula con el inicio de las operaciones de lavado de dinero.

Por dicho motivo, no se advierte ni los recurrentes logran fundar adecuadamente la invocada contradicción en la que habría incurrido el a quo al ponderar sucesos acaecidos previamente al año 2004 -como la denominada «Operación Trabajo»- como hechos precedentes. En este sentido cabe recordar que, como corolario del desarrollo de la «Operación Trabajo», se indicó en la sentencia que «…es dable inferir que al menos desde el año 2003, S. dirigía, organizaba y financiaba operaciones de narcotráfico de carácter trasnacional…».

Por lo demás, la circunstancia de que C. A. S. no haya sido imputado formalmente en la investigación inherente a la “Operación Trabajo” no le quita eficacia al razonamiento citado en el párrafo anterior.

La defensa de V. P. y V. F. también alegó que los sucesos considerados como hechos precedentes no generaron ganancias, pues se trató de «…embarques capturados por las policías de diversos países europeos…». En virtud de ello, expresó que no se encuentra acreditada la vinculación entre los hechos precedentes y los aumentos patrimoniales de los imputados.

El mencionado agravio ya había sido esgrimido en la etapa de alegatos, frente a lo cual, el tribunal explicó que, independientemente que los montos totales de las operaciones de narcotráfico terminaran de abonarse con posterioridad a que se completara el envío, pudo comprobarse la percepción de dinero en tramos iniciales de las mismas.

En la sentencia impugnada se referenciaron diversos elementos probatorios en sustento del rechazo de dicho argumento defensista: «…el e-mail glosado a fs. 2.354/2.370 […] que puntualmente explica que el estupefaciente se cobraba “por etapas” pero se realizaban ´adelantos´”; los correos electrónicos enviados por S. en los cuales le expresaba a su interlocutor que «…no pagaron todo hasta que terminemos nuestro trabajo. Nosotros nos quedamos con cosas que son de ellos y obviamente cambian algunas reglas de juego. Al margen del dinero que nos adelantaron, que usamos antes, así como el que usamos todos sacando de donde no había para llegar a este principio de final feliz…»; y «…a fs. 8.355/8.357 vta. del Expte. No 170/2012 con fecha 9 de diciembre de 2012, C. A. S. en condición de prófugo y en vísperas de su detención en la ciudad de Rosario (Santa Fe) mantuvo contacto telefónico con una persona de sexo femenino. En el diálogo, según se aprecia, referían a un cargamento que llegaría en esos días, que todo culminaría el 11 y que cada uno había recibido dinero anteriormente».

Sumado a la mecánica mencionada, mediante la cual se generaban los ingresos ilícitos, el colegiado anterior también ponderó -como respuesta al agravio en trato- que «…la actividad ilegal se prolongó por diez años, en los que evidentemente obtuvieron rédito económico, siendo la actividad muy lucrativa a la luz del patrimonio adquirido desde el año 2004…».

En dicho esquema, el recurrente no presentó en su impugnación argumentos superadores -en contra de los fundamentos ya afirmados en la instancia anterior- para menoscabar la conclusión a la que arribó el tribunal, por lo que corresponde rechazar el planteo.

Por lo demás, la sentencia da cuenta de un plexo probatorio completo y concordante, valorado a partir de la sana crítica racional, que permite concluir con la certeza requerida que los activos de los que se valió el grupo investigado se originaron en hechos delictivos.

En otro orden de ideas, la defensa alegó que tanto S. S. V. P. como S. V. F. desconocían las actividades ilícitas de C. A. S. En base a ello, indicó que no correspondía atribuir a sus asistidos el delito de lavado de activos, toda vez que -según dichos impugnantes- la figura solo admitiría para su configuración dolo directo.

Sobre el particular, cabe hacer referencia a los roles que en la sentencia se les atribuyó a cada uno de los imputados (en el marco de las operatorias de legitimación de activos de origen delictivo), conjuntamente con la fundamentación realizada por el a quo para endilgar las conductas a título doloso.

Conforme lo expresó el sentenciante, S. V. P. intervino en las sociedades utilizadas para las maniobras delictivas en numerosos actos y a través del ejercicio de cargos directivos.

En ese sentido, los jueces de la instancia anterior indicaron que la nombrada fue directora de Katrine S.A. y KA&SO S.A., vendió acciones de Lugin S.R.L., y percibió dividendos de Aristóbulo del Valle 2480 S.A., Casilugi S.R.L., Purevision S.A. y Milenio Bienes Raíces S.A. Asimismo, que realizó aportes de capital en CS Entretainment S.R.L., Katrine S.A., Saint Maxime S.A., Casilugi S.R.L., Fundación S., La Próspera S.A., Mitsubiscars y Co. S.A., Online 911 Portal de Noticias S.A., Fuerteplan S.A. y Purevision S.A. El tribunal de la instancia anterior referenció además que la nombrada adquirió acciones de Purevision S.A., Aristóbulo del Valle 2480 S.A., Bartolomé Mitre 4055 S.A., Gral. Paunero 2256 S.A., Lugin S.R.L., Milenio Bienes Raíces, NS Administraciones S.A., Prodelen S.A. y Sacasi S.A.; que efectuó préstamos a Purevision S.A. y a Casilugi S.R.L.; y adquirió propiedades ubicadas en Ciudad de la Paz … y en Condarco …, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El colegiado también señaló que V. P., como cónyuge de C. A. S., le brindó cobertura para crear empresas que no tenían actividad ni empleados y que su única función era adquirir bienes a nombre de las mismas.

De esta manera, el sentenciante referenció lo expresado por la imputada en oportunidad de prestar declaración indagatoria en punto a que: «… las sociedades solo se formaron para poner el departamento a nombre de la sociedad, las sociedades no se dedican a ninguna actividad, no trabaja la sociedad…». Asimismo, el a quo recordó que en una de las comunicaciones interceptadas C. Y. S. D´U. le manifestó a Ricardo Gassan Saba «pero no, pero ella maneja los hilos», en alusión a S. S. V. P.

En dicho contexto, el tribunal previo valoró los elementos probatorios e indicó que: «S. S. V. P. no era una novata en cuestiones societarias, ni podía ignorar los compromisos que implicaban formar parte del directorio de una persona jurídica. Para sus primeras participaciones societarias debemos remontarnos al año 2000, cuando constituyó LUGIN SRL con su padre S. V. F. Esto demuestra que [no] desconocía las responsabilidades inherentes a la creación de una sociedad comercial.

En este orden de ideas, la vorágine de sociedades, compraventas y operaciones, en la Argentina y en el exterior, con vertiginoso crecimiento que experimentó a partir del año 2004 debieron ser una llamada de atención.

De allí que no resulta comprensible que integre sociedades solo para adquirir bienes, asumiendo responsabilidades formales e incluso percibiendo dividendos u honorarios, pero sin actividad alguna […]

La administración y participación societaria permitió que la adquisición y aplicación de fondos de procedencia ilícita, y habilitó mantenerlos en circulación en el mercado formal, por lo que se le reprocha haber intervenido en los negocios dentro ámbito inmobiliario que concretamente se le atribuyen […]

Además de ser socia y directora, fue un invaluable aporte para C. A. S., prestándose para consolidar las operaciones de su esposo […] La conducta desplegada la debió hacer presumir que actuaba como testaferro de su esposo, en razón de la magnitud del dinero que se aplicaba a la operatoria de lavado».

En otro orden de ideas, en la sentencia se recordó que S. S. V. P. exteriorizó en sus declaraciones juradas como ingresos anuales gravados sumas vinculadas con su actividad como directora de Katrine S.A. y KA & SO S.A. (2005) y como empleada en relación de dependencia de Milenio Bienes Raíces S.A. (2006). En base a ello, el tribunal de la instancia anterior señaló la inconsistencia de que sus ingresos provengan -según lo declaró fiscalmente la imputada- de empresas, muchas de las cuales solo se dedicaban a la compra de bienes, sin empleados ni actividad alguna.

En la decisión cuestionada, también se puso de relieve el manejo operativo y económico que tenía V. P. respecto de los bienes de la organización. Indicó, como circunstancia demostrativa de ello, que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América informó que, estando S. detenido, V. P. ingresó a los Estados Unidos de América con un poder general extendido por su marido, el cual le permitía operar en representación de las firmas de la organización.

Asimismo, en aras de demostrar la injerencia de V. P. en cuanto a su rol en la organización, el sentenciante expresó: «…de las transcripciones surgidas de las interceptaciones telefónicas en la causa No 170/2012, se desprende una conversación en la que S… le indica a S. su esposa, que si ella quiere mande a buscar la plata que poseen en Europa, porque la debe ir trayendo -no le sirve la plata allá-, a lo que la esposa dice que no, que deje la plata en España (Cfr. fs. 7180 vta. Comunicación N° 6633302). También coordinan arreglos de las cuentas americanas y la tarjeta del CITIBANK, entre otros (ver fs. 7181. Comunicación N° 6643956)».

Como conclusión, el sentenciante ratificó con relación a la acusada que «[l]os negocios ilícitos de su esposo no podían resultarle ajenos…».

Por su parte, con relación a S. V. F., el colegiado previo señaló: «De la información de la AFIP surge que estuvo como gerente en LUGIN SRL desde el 12/06/03, en CASILUGI SRL desde el 15/12/05, y en ANISA SRL desde el 16/10/08, y como vicepresidente de NS Administraciones desde el 26/05/11.

Fue empleado de las Sociedades KATRINE SA y KA & SO SA durante los períodos 11/04 a 11/06 y 11/06 a 03/09 respectivamente. Se jubiló desde diciembre de 2011.

Formó parte de las sociedades LUGIN SRL, CASILUGI SRL, SACASI SA, ANISA SA, LC PRODUCCIONES SRL, ARISTOBULO DEL VALLE … SA, y conformó la FUNDACIÓN S.

Compartió con C. A. S. titularidades de cuentas bancarias, vínculos societarios y realizó transacciones de adquisición o venta de bienes por su encargue (tanto a título personal como empresarial); actuando en diversas ocasiones como apoderado de las firmas cuestionadas…».

Asimismo, recordó la intervención de S. V. F. en la maniobra urdida para recuperar el dinero incautado en la denominada «Operación Trabajo», valorada por el a quo como un suceso que da cuenta de la actividad de S. ligada al narcotráfico internacional. En ese esquema, el sentenciante expresó: «…surge de los delitos precedentes generadores de ganancias, que en el año 2003 S. dirigió las gestiones para recuperar €1.300.000 incautados en el marco de la denominada “Operación Trabajo”. En ese escenario, S. V. F. fue quien efectuó giros de divisas a Lorenzo y Pescia a Italia y España, y es del caso recordar que Juan Manuel Lorenzo se encuentra procesado en el marco del Expediente FLP N° 51008623/2007 de Lomas de Zamora…».

A continuación, hizo referencia a la existencia de numerosas constancias que indican que V. F. tenía amplia disposición sobre el dinero y conocimiento de su origen «…por cuanto además de ser del entorno familiar, contaba con su absoluta confianza [de S.] para tomar decisiones por sí mismo». Como prueba de lo expresado detalló correos electrónicos y producidos de intervenciones telefónicas de los cuales derivó que V. F. era quien recibía y administraba el dinero de la organización, e intervenía en operaciones de compra de bienes para la misma.

En base a ello, el tribunal a quo concluyó: «…del plexo probatorio producido e incorporado, se ha acreditado su responsabilidad conforme la acusación efectuada por la querella y la fiscalía, en relación a que realizó exteriorizaciones patrimoniales que carecen de toda justificación económica, ha constituido sociedades, adquirido inmuebles que luego transfería, utilizando para ello fondos que provenían de las actividades ilícitas de C. A. S…».

En este contexto los agravios de la defensa vinculados con la falta de conocimiento de los imputados respecto del origen espurio del dinero no pueden prosperar.

Por el contrario, el razonamiento seguido por el tribunal de juicio para establecer tanto la materialidad de los hechos como para sustentar el conocimiento de los imputados relativo a los elementos del tipo objetivo está exento de fisuras lógicas o de violación alguna a las reglas de la sana crítica. En efecto, el plexo probatorio producido en la encuesta y admitido en el debate configura un cuadro cargoso contundente y suficiente para alcanzar la certeza apodíctica que exige un pronunciamiento de condena y, correlativamente, desvirtuar la presunción de inocencia de que goza todo imputado durante la sustanciación del proceso.

En tales condiciones, la arbitrariedad denunciada se encuentra desprovista de todo sustento. Ello es así, ni bien se observa que el colegiado de la instancia previa, en su inteligencia, realizó un tratamiento concreto y pormenorizado sobre las particularidades los hechos ventilados en la encuesta y descartó las diferentes defensas articuladas en favor de los imputados a través de un razonamiento lógico y crítico de los distintos elementos de prueba incorporados al legajo.

Por lo demás, con relación al delito de lavado de activos, expresé en otra oportunidad que se trata de un tipo penal que admite dolo eventual; motivo por el cual el agravio de la defensa relativo a la falta de configuración del tipo subjetivo, no puede prosperar (cfr. C.F.C.P., Sala IV -con una integración parcialmente distinta-, causa CFP 17147/2008/30/CFC2, «Álvarez, Guillermo y otros s/recurso de casación», reg. nro. 1130/15, rta. -por mayoría integrada por el suscripto- 12/06/2015; decisión firme por haber desestimado la C.S.J.N. en fecha 17/05/2016 las quejas interpuestas contra los recursos extraordinarios federales declarados inadmisibles por esta Sala IV -Reg. 2229/15.4- y de la Sala III, voto del suscripto, causa CPE 748/2013/TO1/CFC1, “Colombo, Fleitas y otro s/ recurso de casación”, reg. nro. 1907/15, rta. el 5/11/2015).

En sentido coincidente, Gustavo F. Trovato ha expresado al analizar el tipo penal en cuestión que “Con respecto al tipo subjetivo, el texto de la ley mantiene la anterior redacción, siendo suficiente con que el autor del delito de lavado tenga dolo eventual” (Baigún, David y otros, Código Penal y normas complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial, T. 12, 1º Edición, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2013, p. 577).

Sobre el punto, también se ha destacado que “…con el fin de cumplir con el estándar del conocimiento necesario para atribuir la responsabilidad penal, suele resultar suficiente con demostrar que el acusado tenía <sospechas> (dolo eventual) sobre el origen o naturaleza criminal de los activos involucrados” (Durrieu Figueroa, Roberto, La ganancia económica del delito, Lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo, 1º Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ed. Marcial Pons, 2017, p. 381).

3. Los recurrentes alegaron que el a quo decomisó erróneamente una serie de inmuebles, a saber:

«…1. Av. Congreso 4778/4800, C.A.B.A […] Fecha de compra […] 12/7/2004

2. Campo ´La Pipina´. Dirección: Km 113, Ruta Nacional Nº 5 […], Mercedes, Provincia de Buenos Aires

3. Inmueble rural. Dirección: Cuartel V, próximo al Km. 113, Ruta Nacional Nº 5 […], Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Los dos últimos […] adquiridos […] el 2 de marzo de 2004.

4. Inmueble. Dirección: calle Andonaegui … CABA. Fecha de compra 21/1/2013.

5. Nahuel Huapi Nº … […], CABA. Cuya compra original está fechada el 16 de febrero de 2004 […]

Condarco … […] Ciudad Autónoma de Buenos Aires […] pertenece a S. S. V. -quien figura como titular del bien-En la escritura Nº … del 09/12/08…» (cfr. recurso de casación de la defensa, fs. 32.892/32.893).

Los impugnantes se agraviaron por considerar que determinados bienes no debieron ser objeto de decomiso por haber sido adquiridos por el “Grupo S.” con anterioridad al año 2005. Ello, toda vez que, según la defensa, el Ministerio Público Fiscal fijó aquel año como límite temporal de la maniobra.

A fin de abordar el tratamiento del agravio, corresponde recordar que en la sentencia se caracterizó a los hechos sometidos a estudio como una «…pluralidad de actos propios del lavado de activos que materializaron los encausados a lo largo del lapso que va desde el 2004 al 2015…».

En efecto, el sentenciante hizo especial hincapié en que el Ministerio Público Fiscal había indicado que el inicio de las maniobras de lavado habían acaecido «como mínimo» desde mayo de 2005 (cfr. requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 30.011/30.114).

No obstante, el a quo aclaró que los elementos probatorios recolectados permitían acreditar que la actividad ilícita podía verificarse «varios años antes». En base a ello, concluyó que «tomaremos como fecha de corte los inicios del año 2004».

En consecuencia, no se advierte ni los recurrentes demuestran la contradicción que alegan con relación al dictado de decomiso respecto de los inmuebles referenciados. Ello, toda vez que -contrariamente a lo alegado por la parte- los mismos fueron adquiridos por la organización en el período en el cual se determinó fundadamente que se habían desarrollado los sucesos bajo estudio.

Por último, la defensa se agravió por el decomiso del inmueble sito en la calle Melián … de esta ciudad. La crítica también residió en que V. F. adquirió dicho bien con anterioridad al límite temporal fijado como inicio de los sucesos de lavado de dinero.

Al respecto, cabe señalar que no se encuentra controvertido que, no obstante que S. V. F. adquirió el inmueble en cuestión el 11/7/2003 en carácter de gestor de negocios para su hija, lo cierto es que S. S. V. P. aceptó tal compra el 15/9/2005.

En este esquema, los recurrentes no logran rebatir los argumentos y parámetros utilizados por los jueces de la instancia anterior para fundar la consecuencia punitiva cuestionada. En efecto, la defensa se opuso a dicha medida mediante su impugnación, mas no ofreció argumentos de orden normativo o probatorio con la entidad de conmover la decisión en crisis; de modo que solo se demuestra una mera discrepancia con lo resuelto por el tribunal a quo y no la arbitrariedad que la parte alega. En virtud de ello, el agravio debe ser rechazado.

4. Los defensores de S. S. V. P. y S. V. F. se agraviaron de la multa impuesta a sus asistidos. Al respecto, señalaron que la cantidad resultaba infundada a la vez que se colocó a esa parte en un estado de incertidumbre en la medida en que no le fue posible conocer el verdadero valor económico de la sanción impuesta.

A fin de ingresar en el análisis que reclaman los recurrentes cabe recordar, en cuanto a las pautas mensurativas de la sanción penal, que su individualización es la fijación por el juez de las consecuencias jurídicas de un delito según la clase, gravedad y forma de ejecución de aquéllas, escogiendo entre la pluralidad de posibilidades previstas legalmente, por lo cual este arbitrio se encuentra condicionado. Está vinculado jurídicamente, constituyendo sus límites la culpabilidad -que también es su fundamento- y los principios establecidos por el artículo 41 del Código Penal; es decir el grado de injusto.

Las mencionadas directrices no se pueden definir dogmáticamente de modo de llegar a un criterio totalmente objetivo y casi mecánico, ya que tal ponderación debe ser realizada en base a variables que no pueden ser matemáticamente tabuladas desde que nos hallamos ante un derecho penal de acto, que incluye un juicio de reprobación jurídica, sin contar con que el fondo de la tarea judicial, al menos en su modelo ideal, impone al juez el esfuerzo humano, que en modo alguno puede ser suplido por una cuantificación determinada.

Sobre el significado de aquellos parámetros fijados legalmente para la cuantificación de la pena, cabe tener en cuenta que los supuestos previstos en el primer inciso del artículo 41 no pueden catalogarse de meramente objetivas, toda vez que del análisis de ellos se evidencia la mayor o menor culpabilidad del autor que aparece como pauta fundamental de individualización de la pena.

De manera que la enumeración efectuada en el código de fondo es puramente enunciativa y explicativa, y no excluye ninguno de los elementos referentes a la persona o al hecho dignos de ser considerados y que representen la mayor o menor gravedad del delito cometido.

Conforme surge de la decisión cuestionada, S. S. V. P. y S. V. F. fueron condenados a pagar en concepto de multa cinco veces el monto de la operación, para cada uno de los nombrados (arts. 303 inc. 1º y 304 inc. 1º del Código Penal, según ley 26.683).

En la tarea de mensuración de las penas, el tribunal ponderó en primer término, la suficiente madurez psíquica y capacidad de los imputados para motivarse normativamente, pues a la luz de sus distintos niveles formativos, a criterio del a quo, podía inferirse que los imputados conocían la prohibición de las conductas que ejecutaron y pudieron abstenerse de realizarlas.

Aunado a ello, los sentenciantes tuvieron en cuenta que S. S. V. P. y S. V. F. contaban con una estructura familiar y se hallaban insertos social y laboralmente a través de actividades cotidianas (tareas de oficina, domésticas, comerciante, productores agrícolas) y que objetivamente no surge que alguno de los nombrados hubiere estado inserto en una situación de indigencia o imposibilidad de procurarse medios de subsistencia lícitos (cfr. fs. 32.760).

Por otro lado, en la decisión impugnada se valoró la gravedad del delito por el que S. S. V. P. y S. V. F. resultaron condenados. Sobre este aspecto, el sentenciante precisó que “Debe tenerse presente que el injusto cometido, esto es, hacer ingresar al mercado legal, de manera dinámica, una cantidad importante de dinero (moneda nacional y extranjera) bienes muebles e inmuebles, saneando de esta manera su origen ilícito, utilizando distintas sociedades para ocultar el origen del dinero, repercute en la comunidad toda, ya que las consecuencias nocivas que lleva consigo el delito de lavado de activos implica un proceso mediante el que se introducen ganancias provenientes del narcotráfico y de otras actividades delictivas -contrabando, tráfico de armas, etc.- repercute en toda la sociedad que ve debilitada su administración de justicia, su sistema socio-económico y financiero, así como su sistema democrático” (cfr. fs. 32.760 vta.).

En cuanto a las condiciones de tiempo, lugar y modo en que los imputados desarrollaron sus conductas, el tribunal hizo hincapié en que los mismos desplegaron sus acciones participando de manera habitual -desde el año 2004 al año 2015- en la puesta en circulación, administración, venta, cesión y transferencia de activos de procedencia ilícita, comprando, vendiendo, cediendo bienes muebles e inmuebles, organizando emprendimientos inmobiliarios, fideicomisos de construcción y venta de las unidades funcionales, en las Localidades de Mar del Plata, Mercedes y Carmen de Patagones en la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el extranjero en la ciudad de Miami (E.E.U.U.) entre otros lugares.

Por otra parte, los magistrados de la instancia previa tuvieron presente “la gran cantidad de medios y recursos con los que contaban [los imputados] y usufructuaban (vehículos, empresas, propiedades, teléfonos, dinero, Cuentas Corrientes etc.) que le permitía, a partir de la compleja estructura que habían armado con las distintas sociedades comerciales, fundación, fideicomiso, dinero involucrado etc. lavar el dinero de procedencia ilícita y asegurar su impunidad” (cfr. fs. 32.761 vta.).

Asimismo, los jueces tuvieron en cuenta que S. S. V. P. y S. V. F. son personas mayores de edad y con experiencia, que se encontraban debidamente instruidos y pudieron comprender la criminalidad de sus actos.

En síntesis, el tribunal concluyó que “Las condiciones personales de los imputados, el grado de instrucción que poseían y sus condiciones familiares, no nos permiten evidenciar motivo suficiente para presumir algún justificativo que redunde en un menor reproche penal” (cfr. fs. 32.761 vta.).

De lo expuesto, se advierte que al determinar el múltiplo de la multa finalmente impuesta a S. S. V. P. y S. V. F. de cinco veces el monto de la operación para cada uno de los imputados, los magistrados valoraron correctamente las pautas mensurativas establecidas por los arts. 40 y 41 del Código Penal en función del art. 21 de ese mismo cuerpo normativo.

En este escenario, cabe destacar que los jueces sentenciantes se apartaron del quantum de pena de multa requerido por el señor Fiscal General ante la instancia anterior -diez (10) veces el monto de la operación- y del solicitado por la parte querellante -ocho (8) veces-, imponiéndole a los imputados una pena sensiblemente menor -cinco (5) veces el monto de la operación-. Cabe reiterar que solo la defensa cuestionó el monto de la multa impuesta por considerarlo alto.

En orden a ello, considerando que S. S. V. P. y S. V. F. fueron condenados en orden al delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda (art. 303 incs. 1 y 2, ap. “a” del Código Penal), las defensas no han logrado demostrar -ni se advierte- que la pena de multa dispuesta por el a quo resulte desproporcionada y carezca de fundamentación suficiente.

Por el contrario, la sanción determinada luce proporcional con sus condiciones personales, las circunstancias objetivas del suceso investigado, el grado de culpabilidad de cada uno, la magnitud del injusto cometido y el grado de afectación del bien jurídico involucrado en virtud de lo previsto por los artículos 40 y 41, en función del art. 21, todos del Código Penal, sin que las críticas de los impugnantes logren conmover la fundamentación expuesta en el pronunciamiento recurrido para mensurar la pena.

Con respecto al planteo deducido por la defensa por el cual expresó que no le resultó posible conocer el verdadero valor económico de la sanción impuesta, colocando a sus asistidos en una situación de incertidumbre, se advierte que el mismo no debe prosperar, en la medida en que los jueces de la instancia anterior, al momento de resolver, dispusieron que “Las multas precedentemente impuestas deberán ser determinadas en el incidente respectivo y deberá hacerse efectiva en el término de treinta (30) días de quedar firme la misma” (cfr. fs. 32.762 vta.).

Por lo expuesto, los agravios articulados por la defensa dirigidos a cuestionar el quantum de la multa impuesta establecido en la sentencia impugnada no habrán de prosperar.

IV. Tratamiento de los recursos de casación interpuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal y la parte querellante.

Previo a dar respuesta a los planteos efectuados por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante, Unidad de Información Financiera, corresponde recordar que al momento de formular sus alegatos el señor Fiscal General le atribuyó a C. Y. S. D’U. haber participado en la puesta en circulación, administración, venta y transferencia de activos de origen ilícito, conforme los siguientes hechos:

«Junto con Fernando Esteban Croitoru, haber puesto en circulación mediante la adquisición con fondos de procedencia ilícita, el vehículo dominio …, marca Ford Ecosport 1.6 L 4×2 XLS, con fecha de adquisición el 04/07/2013.

Junto con Fernando Esteban Croitoru, haber puesto en circulación mediante la adquisición con fondos de procedencia ilícita, el vehículo dominio …, marca Fiat Palio Adventure 1.6, con fecha de adquisición el 30/08/2013.

Haber puesto en circulación mediante la adquisición con fondos de procedencia ilícita el inmueble dominio …, ubicado en la CABA.

Junto con Esteban Fernando Croitoru, haber puesto en circulación mediante la adquisición con fondos de procedencia ilícita el inmueble identificado bajo la matrícula N° …, del partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

Junto con Esteban Fernando Croitoru, haber ingresado al sistema financiero fondos de procedencia ilícita, en el período agosto de 2012 – diciembre de 2012, en la caja de ahorro en pesos N° … del Banco Francés por un monto total de $265.724, de los cuales $165.125 fueron realizados en efectivo.

Haber ingresado en el circuito legal, fondos de origen ilícito en el período que va del 03/04/2013 al 30/08/2013, en la Caja de ahorro N° …, de titularidad de C. Y. S. D’U. En dicha cuenta, se acreditaron fondos productos de transferencias y depósitos en efectivo, que no fueron respaldados con la documentación correspondiente, indicando el sujeto obligado reportante que la totalidad de los créditos ascendió a $117.415 (fs. 3/5, Reporte de Operación Sospechosa N° …)”.

Con respecto a la comercialización de bienes de la firma SALCROI S.R.L., el representante del Ministerio Público Fiscal consideró acreditado que “C. Y. S. D’U., junto a su cónyuge Esteban Fernando Croitoru, integran la firma Salcroi SRL, cuyo nombre de fantasía es ‘CEC Brokers’. Dicha empresa operaba en el rubro inmobiliario en el local de la calle Laprida N° … de CABA, así como en la calle Corrientes …, dpto. … de la ciudad de Mar del Plata” y habría sido constituida al solo efecto de brindar apariencia lícita a la comercialización de determinados inmuebles vinculados al Grupo S.

Con base en la plataforma fáctica descripta, el señor Fiscal General solicitó que se condene a C. Y. S. D’U. a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas.

Por su parte, conforme se desprende de la sentencia impugnada, los representantes de la Unidad de Información Financiera en sus alegatos agregaron que “los imputados tomaron conocimiento de las actividades ilícitas de C. S., y las excusas que han planteado no logran explicar los actos de administración y disposición realizados con posterioridad a la detención; encontrando probadas las conductas que realizaron no individualmente sino formando parte de una organización que se dedicaba a estas cuestiones”. Por ello, entendieron que correspondía condenar a C. Y. S D’U. a la pena de 7 años de prisión en orden al delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse realizado como miembro de una asociación o banda formada para su comisión, en calidad de coautora penalmente responsable.

En sus impugnaciones, ambos acusadores -representante del Ministerio Público Fiscal y la parte querellante Unidad de Información Financiera- sostuvieron, en lo medular, que el tribunal de la instancia anterior dispuso la absolución de C. Y. S. D’U. a partir de una valoración arbitraria del plexo probatorio reunido en el debate.

En esta inteligencia, se agraviaron de que el sentenciante haya considerado, a través de una ponderación parcial y aislada de la prueba, que las conductas desplegadas por C. Y. S. D’u. resulten atípicas.

Pues bien, para resolver como lo hizo el tribunal de la instancia anterior tuvo en consideración dos parámetros. El primero de ellos, inherente a que -a criterio del a quo- el patrimonio de la imputada se encuentra justificado en su actividad comercial (intermediación inmobiliaria). Y en segundo lugar se basó en que no se pudo acreditar una conexión entre S. D´U. (junto con Salcroi S.R.L. -sociedad que integraba con su marido, Esteban Fernando Croitoru-) y las maniobras de lavado de activos verificadas en el marco del denominado «Grupo S».

En efecto, en la decisión recurrida se expresó lo siguiente: «Siendo […] la intermediación inmobiliaria una actividad a la que estaba ligada, en razón de tener como profesión ser martillera pública con título universitario, haberse establecido en dos locales comerciales para desarrollar esa tarea (en CABA y en Mar del Plata), no puede determinarse de manera inequívoca que toda la organización haya sido montada para comercializar los departamentos que correspondían a su padre […]

El patrimonio de C. S. no es exorbitante y durante todos los años analizados puede demostrar actividad lícita, con dos locales comerciales donde funciona la inmobiliaria, con ingresos provenientes de su profesión, lo que nos inclina a desechar la acusación formulada por lavado de activos a su respecto.

Como conclusión debe señalarse que no se encontró conexión de los bienes de C. Y. S. D’U. con la operatoria de las empresas del Grupo S. Tampoco formó parte de las empresas bajo ningún concepto, ni de su actividad comercial puede deducirse que haya incorporado dinero proveniente de actividad ilícita, para disfrazar sus activos y darle una apariencia de legalidad.

Por todo ello, no se halla probada bajo ningún aspecto la acusación respecto a C. Y. S. D’U., no constituyendo delitos los hechos imputados”.

Frente a la argumentación citada del a quo, lucen suficientemente fundados los agravios de arbitrariedad esgrimidos tanto por del Ministerio Público Fiscal como por la parte querellante (U.I.F.).

En efecto, el tribunal previo efectuó una valoración sesgada de los elementos probatorios incorporados al debate en torno a la dilucidación del rol de la sociedad comercial Salcroi SRL (que tenía giro comercial con el nombre de fantasía «CEC Brokers») en el marco de las maniobras de lavado de activos verificadas.

En este contexto corresponde recordar que la sentencia indicó, como modalidad de lavado de dinero del «Grupo S.», «…la creación y utilización de empresas pantallas o vehículos y la colocación a nombre de éstas de bienes muebles e inmuebles con inyección de fondos mediante aportes, pero sin registrar giro comercial real.

El rubro inmobiliario y dentro de éste respecto a la comercialización de departamentos en la ciudad de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), las ofertas efectuadas por la organización, comparadas con valores de mercado fueron cuanto menos, atípicas.

De los aportes testimoniales brindados en Debate se desprende que las inversiones realizadas por la organización en aquella ciudad, no tenían como objeto primario apostar a un proyecto inmobiliario real ni redituable, sino que se buscaba la colocación del dinero proveniente del narcotráfico en obras, y en dicho esquema, el recupero o ganancia era una consecuencia posible, pero secundaria…».

En su recurso de casación, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo alusión a una serie de correos electrónicos, en virtud de los cuales alegó -respecto de Salcroi S.R.L.- que «…su constitución, evolución y utilización -bajo las directivas de C. S.- fue clave en el esquema de reciclaje de activos de origen ilícito, conforme se desprende de la prueba presentada».

El tribunal a quo había descartado dicha hipótesis haciendo referencia a uno de los mensajes. Mediante el correo electrónico referenciado por el sentenciante, C. S. había encomendado a un estudio contable la creación de Salcroi S.R.L. en los siguientes términos:

“Asunto: SRL Chicos…

Caro: Necesito que me mandés armar una SRL con Ana Palesa, con estas condiciones, obviamente la necesitan rápido y pagan ellos su costo completo:

Nombres alternativos: SALCROI SRL. CROISAL SRL.

Socios Gerentes: C. Y. S. D’U. y Esteban Fernando Croitoru. 50% de cuotas sociales cada uno. Socio Administrador Carla.

Domicilio sociedad: Sarmiento Nº … piso 5to. «…» (…) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (fijate si te sirve la Agencia, sino pone como domicilio fiscal el del estudio de Uds.) Caso contrario todo en ese domicilio de Sarmiento.

Objeto: Bien amplio, inmobiliario, compra de bienes muebles e inmuebles, automóviles, importadora y exportadora…..tal como armaste la de los Morón.

Capital Social: El mínimo.

Inscripción: Tramite Urgente.

Necesitan cuanto antes la Sociedad, comienzan a trabajar con art. importados de EEUU, y quieren adquirir teléfonos por flota, cambiar el auto etc. etc. es realmente urgente. Obviamente con trámite de Cuit. y lo que necesiten.

Gracias,

Carlos. un beso!” (cfr. fs 32.750).

No obstante, frente a dicho elemento probatorio (que había sido esgrimido por el representante del Ministerio Público en el debate como demostrativo de la «conexión de C. Y. S. D’U. con el Grupo S.»), el colegiado expresó que aquella comunicación debe ser interpretada solo como «un asesoramiento de alguien con amplio manejo del tema sociedades».

Como se señaló precedentemente, el razonamiento desarrollado por el tribunal a quo exhibe una valoración parcializada del plexo probatorio y desprovista de un análisis conglobado de los medios de conocimiento incorporados al debate.

Ello, en virtud de que, a título de ejemplo, y como se afirma en el recurso de casación del Ministerio Público Fiscal, el sentenciante «…no tuvo presente que el Banco Central de la República Argentina informó que la sociedad SALCROI no registró producto bancario…». De la misma manera, tampoco se ponderó -conforme lo indica el recurrente mencionado- que en el «…mail enviado con fecha 19/6/12 (desde la cuenta …) a Gabriela Córdoba (empleada de jerarquía de su estudio), se brindan los datos de la «comercializadora de S. Construcciones» y refiere que dicha empresa es «CEC Brokers», que maneja C. S.».

En suma, de la sentencia impugnada se desprende que la argumentación ensayada por el tribunal estuvo fundamentalmente orientada a atender a la justificación efectuada por C. Y. S. D’U. respecto de su evolución patrimonial, sin tener en consideración la totalidad de los elementos probatorios aportados por la acusación en torno a la relación entre el ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria -por parte de la imputada- y las maniobras de lavado de activos del «Grupo S.».

De lo expuesto se advierte que le asiste razón a los recurrentes en cuanto postulan que en el decisorio cuestionado se han vulnerado las reglas que hacen a la motivación de las sentencias, lo que determina su arbitrariedad y, por consiguiente, su invalidez como acto jurisdiccional.

En esa línea de pensamiento, las conclusiones al respecto expresadas por el a quo, no lucen como una derivación razonada de las constancias comprobadas de autos.

Debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que es arbitraria la sentencia en la cual la interpretación de la prueba se limita a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, sin integrarlos y armonizarlos debidamente en su conjunto, cuando ello conduce a la omisión valorativa de indicios que pudieron ser decisivos para alcanzar un resultado distinto en el caso (C.S.J.N., Fallos: 308:640, 319:1878, entre otros).

En ese orden de ideas, deviene aplicable el criterio seguido por el Más Alto Tribunal, al decir que: “[c]orresponde dejar sin efecto la sentencia que absolvió […] si tal conclusión liberatoria sólo fue posible por haber considerado los indicios en forma fragmentaria y aislada, incurriendo en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio, prescindiendo de una visión de conjunto y de la necesaria correlación de los testimonios entre sí, y de ellos con otros elementos indiciarios, lo que desvirtúa la esencia del medio probatorio de que se trata y presta al fallo un sustento sólo aparente” (Fallos: 311:2402).

Así, la apreciación acerca del modo en que ocurrieron los hechos, gestada en el fuero íntimo del magistrado tras la inmediación con la prueba en el debate, no puede reposar, en puridad, en una mera subjetividad en el sentido establecido en Fallos: 314:346 y 833; 321:2990 y 3423; y 324:1365, entre muchos; sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva valoración de todos los elementos de convicción que, de acuerdo con la doctrina de Fallos: 307:1456; 311:512 y 2547; 312:2507; 314:346 y 833; 315:495: 321:2990 y 3423, deben ser apreciados en forma conjunta, requisito esencial que, frente a lo reseñado, no se cumplió debidamente en el caso.

En este sentido, se advierte que el a quo prescindió de valorar todos los elementos probatorios reunidos en autos de forma conjunta y, de esta forma, efectuó una valoración sesgada y parcializada de la prueba.

En tal contexto, las falencias antes expuestas permiten concluir que el pronunciamiento aquí revisado, en lo que respecta a la absolución de C. Y. S. D’U., contiene una motivación sólo aparente, lo que equivale a la ausencia de fundamentación suficiente, correspondiendo su descalificación como acto jurisdiccional válido (cfr. arts. 123 y 404, inc. 2º del C.P.P.N.).

V. En razón de lo expresado, y en consonancia con lo postulado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia a fs. 33.046/33.067, propicio al Acuerdo:

I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de S. S. V. P. y S. V. F. a fs. 32.866/32.895 vta. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

II. HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la parte querellate -U.I.F.- a fs. 32.827/32.844 y 32.849/32.857, respectivamente, ANULAR el punto dispistivo 5º) del pronunciamiento recurrido en cuanto dispuso absolver a C. Y. S. D’U. y remitir a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

III. TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas por las defensas.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. En primer término y con relación al examen de admisibilidad formal, entiendo que corresponde a este Tribunal entender en el presente caso por cuanto la sentencia que se impugna es de aquéllas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), las partes recurrentes -defensas, Ministerio Público Fiscal y querella- se encuentran legitimadas para impugnarla (arts. 458 inc. 1º, 459 y 460 del C.P.P.N.) y los planteos esgrimidos se enmarcan dentro de los motivos previstos por el art. 456, inciso 1º y 2º del C.P.P.N., habiéndose cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código ritual.

II. Que doy por reproducidos los hechos del caso, y habré de adherir, por compatir en lo sustancial con las consideraciones efectuadas por el doctor Mariano Hernán Borinsky en su voto, a la solución allí propuesta.

Es que, de la lectura de lo actuado no se advierte la configuración de las irregularidades del proceso alegadas en la presentación recursiva, que ameriten la declaración de nulidad pretendida.

Así, se vislumbra que el trámite de la causa se ajustó, desde su génesis, a las pautas del debido proceso impuestas por nuestra Constitución Nacional. Al respecto, y como bien ha sido descripto en el voto precedente, las impugnaciones presentadas por la defensa describen un marco situacional que se aleja del plexo probatorio reunido en autos que, corresponde señalar, demuestra de forma evidente que las actuaciones se han desarrollado correctamente sin vulnerar las garantías que le asisten a los recurrentes.

En efecto, los argumentos en los cuales la defensa apoya la nulidad de las actuaciones por la falta de realización del peritaje contable solicitado en la oportunidad prevista en el art. 355 del C.P.P.N., no logran demostrar el perjuicio concreto que el trámite otorgado por el Tribunal al tratamiento de la presente cuestión le causó, ni el interés jurídico concreto que tiene esa parte en la declaración de nulidad pretendida.

En este marco de análisis y de acuerdo a los motivos casatorios esgrimidos por la defensa, cabe recordar que la declaración de nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos: 298:312), resultando inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de la nulidad por la nulidad misma (Fallos: 322:507).

En el caso, la defensa no logra demostrar -ni se advierte- cuál es el perjuicio concreto que le causó el hecho de que no se haya realizado el peritaje contable reclamado en la oportunidad prevista en art. 355, más aún cuando el Tribunal a quo brindó suficientes fundamentos por los cuales consideró que la prueba pretendida no resultaba indispensable ni necesaria para dirimir la cuestión sometida a juicio, y cuando existieron otros medios de prueba que permitieron acreditar la existencia de los significativos ingresos patrimoniales no justificados en el marco de la actividad registrada por el grupo “S. ”, y que dichos activos fueron originados en el narcotráfico.

Así, no se advierte, ni la defensa logra demostrar la violación a las garantías constitucionales alegadas, ni arbitrariedad en el procedimiento cuestionado; pues más allá de lo pretendido por la defensa, no se ha hecho cargo de demostrar ni de especificar cuál ha sido el agravio concreto que la falta de realización del peritaje contable reclamado le ha causado a sus asistidos. Ello toda vez que sus cuestionamientos se reducen a una crítica meramente abstracta respecto de cuestiones formales del procediendo cuya invalidez pretenden, sin demostración del perjuicio concreto que en el caso significaron.

En cuanto a la nulidad solicitada por la violación al principio de territorialidad previsto en el art. 1, inc. 1, del C.P., alegado por la defensa, entiendo que tampoco le asiste razón en relación a dicha pretensión.

Es que, corresponde recordar que el delito de lavado de activos es un delito complejo que en general requiere la actuación coordinada de varias personas y a través de varias sociedades, puesto que es un proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita, y que además está compuesto por varios actos unidos por una misma finalidad delictiva que puede esquematizarse en tres fases diferentes: colocación, estratificación e integración.

De las constancias probatorias reunidas en autos se encuentra acreditado -en lo pertinente a al planteo de nulidad en tratamiento- que la operatoria desplegada consistió en la transferencia de fondos ilícitos a E.E.U.U., para afectarlos a la adquisición de bienes inmuebles, respecto de los cuales dos de ellos fueron transmitidos a sociedades constituidas en dicha jurisdicción y administradas por a C. A. S. y S. S. V., en las que revestían como accionistas y directivos.

Por la complejidad de las maniobras involucradas y la magnitud que suele alcanzar este tipo penal -y que se evidencian en autos-, no resulta extraño que parte de la ejecución del delito se desarrolle y transpase las fronteras del territorio nacional. Como fue referido por el representante del Ministerio Público Fiscal en esta instancia la doctrina de la ubicuidad permite que la justicia argentina juzgue los actos constitutivos del delito de lavado aún cuando parte de su ejecución se haya realizado en la Argentina y su consumación tenga lugar en otra jurisdicción. Ello siempre que se constate que parte del iter criminis se haya cometido en la Argentina, circunstancia que se encuentra acreditada en autos toda vez que las maniobras investigadas fueron realizadas principalmente en el territorio argentino, a pesar de que parte de los fondos de origen ilícito hayan sido transferidos a otro país.

Por lo demás, también entiendo que se debe rechazar el planteo nulificante efectuado por la defensa en cuanto alegó que la inclusión de la “Operación Trabajo” como “hecho precedente” afectó el principio de congruencia.

Es que, el principio de congruencia no es un principio abstracto basado en una formalidad procesal sino que su operatividad se proyecta en el adecuado ejercicio del derecho de defensa. En el caso de autos, la defensa conoció los hechos enrostrados desde el inicio mismo de la causa y las posibles calificaciones legales en torno a esa conducta.

En esta instancia la defensa no concretiza su perjuicio al no explicar de qué defensa se habría visto privada de ejercer, y en qué medida habría influido en la solución adoptada, conforme la doctrina de la Corte Suprema in re: Fallos: 310:2085; 311:904 y 2461; razón por la cual este agravio debe ser rechazado.

III. Seguidamente, a fin de ingresar en el examen de los puntos discutidos por las defensas de S. V. F. y S. S. V. P. en cuanto cuestionan la valoración de los elementos probatorios reunidos en autos y la subsunción jurídica, corresponde recordar que en el fallo “LÓPEZ, Fernando Daniel s/recurso de queja” (causa Nro. 4807, Reg. Nro. 6134.4, rta. el 15/10/04) y en mi voto en la causa Nro. 4428 “LESTA, Luis Emilio y otro s/recurso de casación” (Reg. Nro. 6049.4, rta. el 22/09/04), se estableció el alcance amplio de la capacidad revisora en materia de casación, con sustento en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”.

Sostuve en esos precedentes que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 14.5- y la Convención Americana sobre Derechos Humanos -art.8.2- consagran el derecho al imputado a someter el fallo condenatorio a un Tribunal Superior con una revisión amplia y eficaz, y que ese compromiso internacional asumido por la Nación impide que mediante formulaciones teóricas se niegue el tratamiento del planteo del recurrente en segunda instancia. Es así que, aun cuando se trate de enunciados o razonamientos relativos a cuestiones de índole fáctica, la suficiencia del apoyo que las premisas -explícitas o implícitas- presten a la conclusión o la propia fuerza de convicción que surge de las actas incorporadas al expediente, entre otras cuestiones objeto de agravio, deben ser controladas en su relación deductiva o inductiva desde las clásicas herramientas de la lógica, asegurando de esta manera la misión que a esta Cámara de Casación compete: garantizar la efectiva vigencia de un doble juicio concordante en caso de condena.

Esta interpretación amplia luego fue considerada y sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la única compatible con los derechos y garantías invocadas por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la aplicación que de éstos han efectuado los diversos organismos y tribunales competentes (“Casal, Matías Eugenio”, Fallos 328:3399).

Sentado cuanto precede, cabe recordar que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, provincia del Chaco, sobre la base de la prueba reunida durante el debate oral y público, consideró probados los hechos atribuidos por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera respecto de S. S. V. P. y S. V. F., calificados en orden al delito de lavado de activos agravado.

Ahora bien, cabe señalar, con relación a la calificación legal en la que fueron encuadrados los hechos juzgados, que sobre el tópico, ya he tenido oportunidad de señalar que la figura de lavado de activos de origen delictivo fue incluida en el Código Penal por la ley 25.246 (BO 10/05/2000) -antes estaba prevista en la ley 24.072 (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas) y en la ley 23.737-, y la circunstancia de que se hubiese incluido en el Capítulo correspondiente al encubrimiento, revela que se presentó como una modalidad particular de ese delito, a diferencia de la normativa vigente en el art. 303 incorporado al nuevo Título XIII del Libro Segundo del Código Penal como delito contra el orden económico y financiero, en función de la reforma operada a dicha norma por ley 26.883 (B.O. 21/06/2011) (cfr. causa CFP 17147/2008/30/CFC2, caratulada “ÁLVAREZ, Guillermo y otros s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1130/15.4, rta. el 12/6/2015).

Al respecto, cabe destacar que aún antes de la sanción de la ley 25.246, cuando sólo existía la figura autónoma de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el art. 25 de la ley 23.737, adelanté una reflexión en este sentido acerca de su naturaleza jurídica al sostener que consistía en un “encubrimiento calificado por la especificidad del delito o del hecho delictivo precedente” (cfr. Hornos, Gustavo M., “Ley de Estupefacientes, Inversión, Venta, Transferencia o Cesión de las ganancias provenientes de su tráfico ilícito. Reserva Bancaria y Tributaria. Experiencia Judicial”, en “III Jornadas Internacionales sobre Prevención del Fraude”, Ed. La Ley, 1996, pág. 103).

“Lavado de activos” es el proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.

Se ha dicho que se trata de un delito pluriofensivo, en tanto menoscaba simultáneamente a la administración de justicia, al orden socioeconómico, a la transparencia del sistema financiero o la legitimidad de la actividad económica, e incluso a la salud pública, como en los casos de narcotráfico (cfr. Llerena, Patricia, “Lavado de Dinero”, Revista del Ministerio Público Fiscal, Nº 0, pág. 39 y ss.).

En la descripción de la figura se enumeran varios verbos típicos, pero todos parecieran ser distintas especies del género “aplicar”, ya que la enunciación de acciones punibles finaliza con la expresión “aplicare de cualquier otro modo”, lo cual revela la intención del legislador de no limitar la persecución a un grupo de acciones taxativamente enumeradas. Se trata de un tipo penal abierto que abarca todas las modalidades de comisión posibles (cfr. D’Alessio, Andrés J. -Director-, “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado”, Tº II, Parte Especial, Ed. La Ley, segunda edición, 2009, pág. 1416).

En esta redacción que vengo analizado los activos -dinero o bienes- debían provenir de un delito en el que el agente no hubiera participado – aunque ello fue modificado posteriormente por la Ley 26.683 que tipificó el autolavado.

Sostuve en el precedente citado que de ello se infería la necesaria existencia de un delito previo. El grado de certeza con el que debe probarse la existencia del delito subyacente ha suscitado controversias, pero la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias admiten que no es necesario que el delito antecedente resulte acreditado por una sentencia judicial firme tanto en su configuración típicamente antijurídica como en la autoría responsable del acusado. Basta que se haya demostrado en la causa donde se ventila el lavado de activos que el primer hecho era típico y antijurídico (cfr. en el mismo sentido, causa nº 6754 de la Sala I de esta Cámara, “Orentrajch, Pedro y otro s/rec. de casación”, Reg. Nro. , rta. el 21/03/2006).

La determinación del delito precedente también resultaba de importancia dado que en el art. 279 del C.P. establecía una limitación de la escala punitiva en función de la menor pena que, en abstracto, se establece para el delito subyacente – razonable límite que el sistema normativo vigente no ha mantenido-.

Para que la conducta pueda considerarse típica debe demostrarse su idoneidad para producir la posibilidad de que los bienes adquieran una apariencia de licitud.

En este punto, me permito citar otra vez aquella publicación de casi veinte años atrás, en la que de manera primaria me referí al tema, esquematizando el fenómeno del proceso de lavado de dinero en tres fases diferentes: colocación, estratificación e integración (cfr. publicación citada, pág. 104/105).

La primera etapa consiste en depositar el activo en una institución financiera o mezclarlo con el producido por una empresa. Generalmente, se depositan montos en entidades financieras a través de una documentación falsa o de empresas de fachada.

La segunda etapa es un proceso de transferencias electrónicas entre cuentas y bancos, realizando el mayor número de transacciones posibles para dificultar el conocimiento del origen real.

La última etapa, de integración, es la que proporciona la explicación lógica de la riqueza: se incorpora al dinero formalmente en el circuito económico, aparentando ser de origen legal (venta de propiedades, explotación de empresas, industrias, etc.).

En cuanto a la tipicidad subjetiva del delito de lavado de activos -aspecto cuestionado por la defensa-, corresponde referirse a la postura de la doctrina mayoritaria en cuanto sostiene que el autor puede actuar con dolo directo o con dolo eventual (Trovato, Gustavo Fabián, “La recepción de las propuestas del GAFI en la legislación penal argentina”, en “Política Criminal y Blanqueo de Capitales”, Madrid, 2009, pág. 74; Rodríguez Villar Pacífico y Bermejo, Mateo Germán, “Prevención del Lavado de dinero en el sector financiero”, Buenos Aires, 2001, pág. 110).

Es decir, el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes por parte del sujeto activo, no implica que éste debe saber a ciencia cierta cuál fue la concreta figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico concurrentes sobre el caso, sino que basta con que al tiempo de realizar la operación, el sujeto activo perciba que los hechos son constitutivos de una infracción delictiva, es decir, que sospeche de la procedencia ilícita de los bienes.

A su vez, en el año 2011, se produjo una reestructuración integral mediante la reforma introducida por la ley 26.683, que trasladó la regulación del delito de lavado de activos desde el art. 278 del C.P., que derogó, hacía el art. 303 del C.P., bajo el título llamado “Delitos contra el orden económico y financiero”.

A la luz de estas premisas emprenderé el examen de la sentencia que los recurrentes reclaman.

En primer término cabe señalar, en tanto fue cuestionado por la defensa que en la sentencia se incluyó la denominada “Operación Trabajo” cómo hecho precedente del lavado de activos, que en el fallo recurrido se tuvo por debidamente probado que C. A. S., quien era el proveedor de los fondos y el ideólogo de la organización investigada en autos, dirigió, organizó y financió operaciones de narcotráfico de carácter trasnacional generadoras de significativas ganancias ilícitas, al menos desde el año 2003, por lo que no se advierte la contradicción invocada por la defensa de que el a quo considerara sucesos ocurridos previamente al año 2004.

Con relación al argumento defensista de que los hechos considerados como precedentes no generaron ganancias y que no se encuentra comprobada la vinculación entre los hechos precedentes y los aumentos patrimoniales de los imputados, lo cierto es que que independientemente que los montos totales de las operaciones de narcotráfico terminaran de abonarse con posterioridad a que se completara el envio, pudo comprobarse la percepción de dinero en tramos iniciales de las mismas, y también se demostró que la actividad ilegal se prolongó por diez años en los que evidentemente los encausados obtuvieron rédito económico, siendo la actividad muy lucrativa a la luz del patrimonio adquirido desde el año 2004.

Por otro lado, entiendo que los juzgadores han efectuado, en el caso, un examen global y abarcativo de los distintos elementos probatorios disponibles, evitando fragmentarlos, de modo de conservar la visión de conjunto y la correlación que, sin espacio para la duda, han arrojado certeramente los distintos elementos de cargo. En tal sentido, esto ha permitido al Tribunal extraer sus conclusiones a la luz de los criterios de la sana crítica racional, como correcta derivación de las constancias de la causa.

Cabe tener presente que la defensa se agravia por cuanto considera que el a quo efectuó una errónea valoración de la prueba obrante en autos, y cuestionó que se encontrara acreditado el aspecto subjetivo del tipo penal por el que resultaron condenados V. P. y V. F.

Sobre dicha cuestión, sólo habré de señalar que las manifestaciones expuestas en la presentación casatoria no resultan suficientes para controvertir el amplio plexo probatorio reunido en autos que acredita la versión inculpatoria, en tanto no obra en los actuados prueba alguna que logre corroborar la versión esbozada en el recurso de casación de la defensa. Tampoco logra la defensa exponer argumentos suficientes que permitan apartarse de lo acreditado por el a quo.

A ello corresponde agregar que la posición invocada muestra simplemente una discrepancia con la forma en la que el Tribunal a quo valoró la prueba, toda vez que no funda de manera fehaciente de qué manera dicha valoración ha sido errónea, limitándose a señalar que no existe una sola prueba directa, cuando, como bien ha sido reseñado, la prueba resulta suficiente para fundar la imputación en orden al tipo penal de lavado de activos agravado.

Conforme a la prueba reunida en autos el a quo fundadamente concluyó que S. S. V. P. y S. V. F. realizaron diversas maniobras y operaciones para poner en circulación el dinero que provenía del narcotráfico, destinadas a que los diversos bienes adquiridos ostentaran una apareciencia de licitud.

Así con relación a S. S. V. P. el a quo señaló que en carácter de directora y accionista de las sociedades de las que formó parte, realizó transacciones tales como compraventas de inmuebles, de vehículos, de acciones, y demás actos tendientes a generar un patrimonio distinto de aquél desde donde provenían los fondos.

Se sostuvo que como cónyuge de C. A. S. le brindó cobertura para crear empresas que no tenían actividad, no tenían empleados, y la única función era adquirir bienes para ponerlos como pertenecientes a esas firmas, siendo ella quien “manejaba los hilos” de la organización, conforme surge de las escuchas telefónicas reunidas en autos.

También se comprobó que en el período que va del año 2004 a 2015 fue una pieza fundamental en la ingeniería societaria armada por su marido para aplicar los fondos originados en el tráfico de estupefacientes desde nuestro país hacia Europa, integrando las sociedades LUGIN SRL, Abuela Clementina SRL, CASILUGI SRL, Katrine SA, presidente de KA & SO SA, CS Entertainment SRL, La Próspera SA, Mitsubiscars y Co SA, entre muchas otras reseñadas en la sentencia.

El a quo refirió de forma fundada que S. S. V. P. “no era una novata en cuestiones societarias, ni podía ignorar los compromisos que implicaban formar parte del directorio de una persona jurídica. Para sus primeras participaciones societarias debemos remontarnos al año 2000, cuando constituyó LUGIN SRL con su padre S. V. F. Esto demuestra que [no] desconocía las responsabilidades inherentes a la creación de una sociedad comercial” y que “la vorágine de sociedades, compraventas y operaciones, en la Argentina y en el exterior, con vertiginoso crecimiento que experimentó a partir del año 2004 debieron ser una llamada de atención” (cfr. fs. 32746).

Por ello se concluyó que no resultaba comprensible que la nombrada integrara sociedades sólo para adquirir bienes, asumiendo responsabilidades formales e incluso percibiendo dividendos u honorarios, pero sin actividad alguna. Dicha administración y participación societaria permitió la adquisición y aplicación de fondos de procedencia ilícita, y habilitó mantenerlos en circulación en el mercado formal.

Por otro lado, V. P., además de ser socia y directora, fue un invaluable aporte para C. A. S., prestándose para consolidar las operaciones de su esposo. En cuanto al alegado desconocimiento del origen ilícito de los bienes, corresponde señalar que, como bien señala el a quo “los negocios ilícitos de S. no podían resultarle ajenos, a tal punto que varias de las sociedades de las que participaba fueron allanadas en el 2008 por una causa en la que S. se hallaba involucrado, secuestrándoles los Libros contables de las sociedades. La conducta desplegada la debió hacer presumir que actuaba como testaferro de su esposo, en razón de la magnitud del dinero que se aplicaba a la operatoria de lavado (cfr. fs. 32745 vta.).

A su vez, se encuentra acreditado que los ingresos de V. P. provenían de empresas, muchas de las cuales solo se dedicaban a la compra de bienes, sin empleados ni actividad alguna, y sus presentaciones y declaraciones juradas ante la AFIP no pudieron determinar las fuentes de los ingresos, ni tampoco el dinero que empleó para la compra de acciones, capitalización y demás operatorias detalladas en la sentencia recurrida.

Tampoco desarrolló actividad independiente alguna de las sociedades creadas por su esposo, y constituidas para dotarlas de una imagen de legalidad, disimulando su verdadera intencionalidad de inyectarles dinero proveniente de actividades ilícitas. Su perfil patrimonial no brindaba capacidad económica para las operaciones realizadas.

Con relación a S. V. F., el a quo tuvo por acreditado que, tenía amplia disposición sobre el dinero de la organización. Él era quien se encargaba de recibir el dinero y administrarlo, e intervino en operaciones de compra y administración de bienes para la organización, y fue quien realizó los giros de divisas a Lorenzo y Pescia, a Italia y España.

De la información de la AFIP surge que estuvo como gerente en LUGIN SRL desde el 12/06/03, en CASILUGI SRL desde el 15/12/05, y en ANISA SRL desde el 16/10/08, y como vicepresidente de NS Administraciones desde el 26/05/11. Fue empleado de las Sociedades KATRINE SA y KA & SO SA durante los períodos 11/04 a 11/06 y 11/06 a 03/09 respectivamente. Se jubiló desde diciembre de 2011; formó parte de las sociedades LUGIN SRL, CASILUGI SRL, SACASI SA, ANISA SA, LC PRODUCCIONES SRL, ARISTOBULO DEL VALLE 2480 SA, y conformó la FUNDACIÓN S..

Compartió con C. A. S. titularidades de cuentas bancarias, vínculos societarios y realizó transacciones de adquisición o venta de bienes por su encargue (tanto a título personal como empresarial), actuando en diversas ocasiones como apoderado de las firmas cuestionadas. Al ser una persona de confianza de C. S. no podía desconcer del origen ilícito del dinero.

Además las exteriorizaciones patrimoniales declaradas por V. F. carecen de toda justificación económica. A ello corresponde agregar que el nombrado constituyó sociedades, adquirió inmuebles que luego transfirió, utilizando para ello fondos que provenían de las actividades ilícitas de C. A. S.

En este escenario, cabe mencionar que, tal como lo sostuviera el colega que lidera el presente acuerdo, el Tribunal ha efectuado una correcta ponderación de los diversos testimonios del personal que intervino en el análisis de los informes sobre la situación patrimonial de cada uno, el análisis de las conversaciones telefónicas, las que junto con el resto de los elementos probatorios, permiten acreditar lo ocurrido en las maniobras y operaciones de lavado de dinero.

Todos estas pruebas autónomas e independientes reunidas en la causa permiten acreditar debidamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se cometió del delito juzgado.

Entonces, de adverso a lo sostenido por las defensas, la condena impugnada fue sustentada sobre la base de una adecuada valoración del material probatorio de cargo reunido durante el debate, a la luz de los arts. 398 y 399 del C.P.P.N. y conforme las reglas de la sana crítica racional.

En función de lo hasta aquí expuesto, corresponde recordar que la doctrina de la arbitrariedad posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos 295:2206 y sus citas; 330:133, entre otros).

De allí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido de modo reiterado que dicha doctrina no es invocable en tanto la sentencia contenga fundamentos jurídicos mínimos que impidan su descalificación como acto judicial (Fallos: 290:95; 325:924 y sus citas, entre otros), déficit que, vale señalar, no ha sido demostrado en autos.

En síntesis, el Tribunal a quo realizó un profundo análisis del material probatorio sobre el que asentó la decisión condenatoria dictada, por lo que constituye un acto jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y razonado de las constancias comprobadas en la causa en observancia al principio de la sana crítica racional o libre convicción, sin que las objeciones formuladas por los recurrentes logren demostrar la arbitrariedad que alega (arts. 123, 398, 404, inc. 2 y 471 -todos a contrario sensu- del C.P.P.N.).

IV. El impugnante también se agravió del decomiso de una serie de bienes inmuebles dispuesto en autos, en tanto consideraron que no debieron ser abarcados por la medida porque habían sido adquiridos por el “Grupo S.” con anterioridad al año 2005.

Con relación a ello, no puede olvidarse que el “lavado de dinero” es un delito organizado, transnacional y complejo.

Tal como tuve ya tuve la oportunidad de recordar, organismos internacionales de los que la Argentina es parte como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Lavado de Activos) o a nivel regional el GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), emiten recomendaciones y protocolos para combatirlo. Y, en función de ello, para que los Estados, sobre todo los de este hemisferio donde el sistema financiero es considerado más vulnerable para el ingreso de activos de procedencia ilegal, modifiquen su legislación interna de acuerdo con las exigencias o estándares mínimos requeridos por aquellos.

Eso ha sido resultado del crecimiento de la delincuencia transnacional organizada, los medios con los que cuentan estas organizaciones para incorporar a las economías formales los fondos de origen ilícito (que lo transformaron en una actividad criminal muy compleja que se vale de inagotables técnicas y procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento) y la necesidad de la comunidad internacional de prevenir los efectos nocivos de estas conductas, que han hecho que se ponga particular empeño en la revisión de las recomendaciones del GAFI y su incorporación a las legislaciones nacionales a fin de actuar con eficiencia tanto en la prevención del lavado de activos, así como en el financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas vinculadas con los aquellos delitos que transcienden las propias fronteras de un país determinado (cfr. mi voto en la causa Nro. FRE 2021/2014/TO1/62/CFC15: “S., C. Y. y otros s/ rec. de casación”, Reg Nro. 106.18.4, rta. el 12 de marzo de 2018).

Específicamente, en su Recomendación 4, el GAFI, ha sostenido que los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a) bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes, …o (d) bienes de valor equivalente.”. Y que estas medidas deben incluir la autoridad para: (a) identificar, rastrear y evaluar bienes que están sujetos a decomiso; (b) ejecutar medidas provisionales, como congelamiento y embargo, para prevenir manejos, transferencias o disposición de dichos bienes; (c) adoptar medidas que impidan o anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar o embargar o recuperar los bienes sujetos a decomiso; y (d) tomar las medidas de investigación apropiadas.”

Se prevé asimismo que “Los países deben considerar la adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión que están sujetos a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales.”.

Similares objetivos fijó el Grupo de Acción Financiera de América del Sur (el citado GAFISUD).

Justamente, la regulación autónoma del delito de lavado de activos en el Código Penal Argentino, ha sido inspirada en los compromisos de orden internacional que ha adoptado el Estado Argentino.

En ese sentido no puede ignorarse el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado.

En consecuencia, el aseguramiento de las herramientas de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos así como para avanzar en esta línea en las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito en forma oportuna y eficaz, es fundamental.

En efecto, con meridiana claridad se expone en el Informe de Gestión UIF 2016, que es precisamente el poder económico el que otorga poder real a la empresa criminal, a punto de que el poder territorial, el poder de fuego, el poder corruptor y hasta la posibilidad de acceso de delincuentes a cargos públicos, poniendo en riesgo la calidad institucional y democrática, entre otras “fortalezas” del crimen organizado, se sustentan y dependen todas del poder económico que el emprendimiento criminal resulta capaz de generar. Y es por ello que se presenta sustancial garantizar la efectividad del debilitamiento de la esta amenaza consolidando, en lo pertinente al caso que nos ocupa, los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, el lavado del producto del delito; contribuyendo a afianzar el orden público interno que favorece la convivencia pacífica entre los argentinos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país con la comunidad internacional.

En el aludido informe se puso de resalto que estos riesgos señalados fueron subestimados, al punto de que no se elaboró una estrategia eficaz que permitiera ordenar el esfuerzo estatal en esta materia. Lo que, como se adelantó, torna necesario en la etapa que nos ocupa: la de investigación judicial, juzgamiento y represión del delito de lavado de activos, la interpretación normativa que implique un mayor aseguramiento de la implementación de procesos judiciales que resulten eficaces a ese fin.

A la luz del escenario descripto, los motivos casatorios esgrimidos por la defensa sólo muestran una discrepancia con los fundamentos expuestos por el Tribunal a quo, y no logran desvirtuar los fundamentos desarrollados por los jueces intervinientes para determinar que los inmuebles en discusión debían ser objeto de decomiso (art. 23 del C.P.). Es que, contrariamente a lo afirmado por la defensa, se encuentra debidamente acreditado que los bienes referidos fueron adquiridos por la empresa criminal investigada al momento en el que se desarrollaron las maniobras de lavado de activos.

Con relación al inmueble decomisado de la calle Melián … de esta ciudad, comparto en lo sustancial lo expuesto por el doctor Mariano Hernán Borinsky, en tanto más allá de que S. V. F. adquirió el inmueble en cuestión el 11 de julio 2003 en carácter de gestor de negocios para su hija, lo cierto es que S. S. V. P. aceptó tal compra el 15 de septiembre de 2005.

Por todo lo expuesto, la resolución recurrida resulta correctamente fundada y no presenta fisuras de logicidad en su razonamiento. Es que, las conclusiones a las que se arriba en el fallo constituyen la derivación necesaria y razonada de las constancias de la causa, y la aplicación del derecho vigente al caso.

V. Con relación al agravio vinculado con la mensuración de la pena efectuada por el tribunal sentenciante, comparto, en lo sustancial, las consideraciones expuestas por el doctor Mariano Hernán Borinsky, en tanto el tribunal de la instancia anterior valoró correctamente las circunstancias agravantes y atenuantes que operan como pautas en la mensuración de la pena impuesta a las recurrentes, a tenor de lo normado en los arts. 40 y 41 del Código Penal.

Por lo demás entiendo que tampoco debe prosperar el agravio por el que la defensa cuestionó que no le resultó posible conocer el verdadero valor económico de la sanción impuesta, colocando a los encausados en una situación de incertidumbre, toda vez que en la misma sentencia el a quo especificó que las multas impuestas serán determinadas en el incidente respectivo y serán efectivas en el término de treinta (30) día de quedar firme la misma.

VI. Por último y por coincidir, en lo sustancial, con las consideraciones esgrimidas por el doctor Mariano Hernán Borinsky en torno a la impugnación deducida por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera, como querellante, y en atención a las particularidades del caso analizado, entiendo que corresponde anular la decisión recurrida por resultar arbitraria y remitir la causa al a quo a fin de que se dicte una nueva con relación a la intervención de C. Y. S. D´U. en los hechos atribuidos.

En efecto, las premisas en las que el Tribunal sustenta la absolución de C. Y. S. D´U., esto es que el patrimonio de la encausada se encuentra justificado en su actividad comercial -intermediación inmobiliaria- y que supuestamente no se pudo comprobar la conexión entre la nombrada y las maniobras de lavado de activos verificadas en el marco de las actividades que realizaba el “Grupo S.”, no encuentran asidero en el plexo probatorio reunido en autos y no permiten arribar a la conclusión sostenida por el juez sentenciante.

En este punto, coincido con el doctor Mariano Hernán Borinsky en que la resolución recurrida, en lo relativo a la ponderación de los elementos de convicción colectados en el debate -y el consecuente temperamento liberatorio adoptado respecto del delito de lavado de activos-, es portadora de vicios que resienten su fundamentación, en virtud de que en el caso que nos ocupa, la absolución dictada ha derivado de una valoración aislada y fragmentaria de los elementos arrimados al proceso, descartándose arbitrariamente su valor y prescindiéndose de una visión de conjunto, franqueando así el límite de razonabilidad que debe presidir su ponderación.

En este sentido, debe computarse que en la sentencia recurrida no se ha valorado adecuadamente el rol que cumplía la sociedad comercial “Salcroi S.R.L.” -o “CEC Brokers”- y principalmente C. Y. S. -como intermediadora inmobiliaria-, en las maniobras de lavado de activos del “Grupo S.”.

De tal modo, los fundamentos y motivaciones en la que se sustentó la absolución resultan también desde mi punto de vista carentes de basamento probatorio pues revisten una argumentación aparente, lo que equivale a un supuesto de ausencia de consideraciones mínimas y suficientes para arribar al temperamento desincriminatorio aludido, razón por la cual la sentencia en este aspecto presenta fisuras de logicidad en su razonamiento, de ceñirnos a las reglas y al principio de la sana crítica racional (arts. 123, 398, 404, inc. 2), contrario sensu, del C.P.P.N.).

VII. Por todo lo expuesto, adhiero a la solución propuesta por el doctor Mariano Hernán Borinsky.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por compartir sustancialmente las consideraciones vertidas por el distinguido colega que lleva la voz de este Acuerdo, doctor Mariano Hernán Borinsky y que cuenta con la adhesión del doctor Gustavo M. Hornos, entiendo que corresponde hacer lugar a los recursos de casación deducidos por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante (UIF) sin costas y rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de S. S. V. P. y S. V. F., con costas en la instancia; y tener presentes las reservas del caso federal efectuadas por las defensas (arts. 530 y cc. del C.P.P.N.).

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de S. S. V. P. y S. V. F. a fs. 32.866/32.895 vta.; por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

II. HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la parte querellate -U.I.F.- a fs. 32.827/32.844 y 32.849/32.857, respectivamente, ANULAR el punto dispistivo 5º) del pronunciamiento recurrido en cuanto dispuso absolver a C. Y. S. D’U. y remitir a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).

III. TENER PRESENTE las reservas del caso federal efectuadas por las defensas.

Regístrese, notifíquese y comuníquese (Acordada Nº 5/19 C.S.J.N.). Remítase la causa al tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

 

GUSTAVO M. HORNOS

MARIANO HERNÁN BORINSKY

JAVIER CARBAJO

 

  Correlaciones:

R., E. D. y otros s/asociación ilícita – Trib. Oral Fed. Córdoba Nº 2 – 27/06/2019 – Cita digital IUSJU041811E

M., E. E. y otros s/infracción ley 23737 – Juzg. Fed. Mar del Plata – N° 3 – 07/10/2016 – Cita digital IUSJU012661E

 

076766E

       
Cita digital del documento: ID_INFOJU135064

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