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JURISPRUDENCIAHomicidio culposo. Conducción imprudente de automotor. Riña. Estado de necesidad justificante. Recurso de casación. Sentencia condenatoria
Se confirma la sentencia que halló responsable penalmente al chofer de un medio de transporte público, por el delito de homicidio culposo, al atropellar a un transeúnte con quien había discutido minutos antes, al no probarse un estado de necesidad justificante por la posible afectación a la integridad del conductor o de los pasajeros.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 1 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, se reunió la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por la jueza María Laura Garrigós de Rébori y los jueces Gustavo A. Bruzzone y Luis M. García, asistidos por el secretario de cámara Santiago Alberto López, a fin de resolver el recurso de casación deducido en la causa número 36.698/2013/TO1/CNC1 caratulada “P., R. M. s/ homicidio culposo”, de la que RESULTA:
1°) Por veredicto del 9 de junio de 2015 y sentencia del 16 siguiente, el Tribunal Oral en lo Criminal n° 18 condenó a R. M. P., a la pena de tres años de prisión en suspenso, cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores y costas, al resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo automotor (artículos 29 inciso 3°, 40, 41 y 84 del Código Penal, y artículos 396, 398, 400, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación -fs. 690/690vta. y fs. 691/725 respectivamente).
El suceso que se le atribuyó tuvo lugar aproximadamente a las 3:00 del 16 de julio de 2013, en la intersección de la calle Combate de los Pozos y la avenida Independencia de esta ciudad, oportunidad en la cual a través de una maniobra imprudente causó la muerte de J. D. P., cuando conducía el colectivo de la línea n° 37, interno n° …, dominio …
En esa ocasión, circulaba al mando del citado automotor por la calle Combate de los Pozos y, previo a llegar al cruce con la avenida Independencia, debió frenar la marcha de la unidad, ya que P… se colocó en el medio de la calle y delante del ómnibus.
A continuación, P. mediante insultos le reclamó que lo trasladara, a lo que se negó, respuesta que generó que aquél ascendiera al automotor en cuyo interior le arrojó golpes mediante patadas a P. sin impactaren él, ya que se parapetó detrás de uno de los caños de la estructura del colectivo.
En estas circunstancias y avanzando P. sobre la persona de P., logró hacerlo descender de la unidad. Inmediatamente a esta secuencia, P. subió de nuevo al colectivo y cerró la puerta delantera, mientras que P., que quedó en la calle, comenzó a arrojar patadas contra el vehículo y produjo diferentes daños en los vidrios de la puerta delantera y el espejo retrvisor. Mientras P. acometía contra la estructura del micro, más precisamente en el lateral derecho, fue que P. puso en marcha el colectivo, realizando una maniobra imprudente mediante la cual terminó pisando a la víctima.
Esta maniobra fue el giro que hizo del ómnibus hacia su derecha conociendo la presencia de P. en ese sector, cuando ya no tenía visibilidad de ese lateral por la rotura del espejo retrovisor, golpeando de tal modo a la víctima, lo que provocó su caída y el desplazamiento debajo del automotor, para ser arrollado por las ruedas duales traseras, debido al avance que llegó a concretar en la conducción del vehículo.
A raíz de este suceso, P. sufrió múltiples lesiones, siendo internado en el Hospital Ramos Mejía donde el mismo día aproximadamente a las 11:00 se produjo su deceso.
2°) La representación letrada del condenado, a cargo del Dr. Silvio Omar Piorno, alzó sus críticas contra el pronunciamiento a través del recurso de casación glosado a fs. 726/743.
Dos fueron los pilares de su articulación, que canalizó por vía del artículo 456, inciso 1°, del Código Procesal Penal de la Nación, al considerar que existió un error in iudicando, a saber: atipicidad de la conducta y, subsidiariamente, disminución de la pena y su cumplimiento.
Respecto del primer agravio, expuso que no podía examinarse el dolo sin que previamente se hubiera establecido la presencia del tipo objetivo del delito de que se trata. Al respecto, señaló que la conducta debe presentar un plus que permita poner en peligro el bien jurídico tutelado y que se debe corroborar algunas de las pautas establecidas por el legislador, como la imprudencia, la negligencia y la impericia. Que las manifestaciones subjetivas de imprudencia vertidas en la sentencia no se pueden considerar, por haber existido, como explicó en su alegato final, un estado de necesidad e inclusive de defensa de la integridad física propia del chofer como de los pasajeros.
En relación a ello, afirmó que P. ante un hecho imprevisto reaccionó con cordura, templanza y el deber de cuidado que la ley exige a un conductor profesional de transporte, intentando disuadir al agresor para que deponga su actitud. Sin embargo, éste, quien refería ser profesor de artes marciales y que lo iba a lastimar, golpeó a su defendido -quien pensó que “…las cosas podían pasar a mayores…”, y rompió distintas partes del vehículo, siendo por ello arbitraria la afirmación de que únicamente intentó destruir propiedad privada.
Agregó, que al advertir que el agresor se retiraba, P. intentó escapar del lugar, y que las afirmaciones en la sentencia en el sentido de que iba a doblar por avenida Independencia son subjetividades, ya que no se demostró la posición en la que quedó el colectivo luego de arrollar a la víctima. Sobre este punto, criticó la actuación policial.
Afirmó que los testigos “…pudieron ver todos algo y ninguno todo…”, siendo que el tribunal intentó recomponer y armar las declaraciones para tener una representación de lo sucedido; que en esa labor no se tomaron en consideración los descargos de su defendido, y que el peritaje de ingeniaría vial concluyó correctamente que la víctima fue arrollada por las ruedas duales traseras, a diferencia de lo expuesto por algunos testigos que refirieron que lo fue con las delanteras.
Explicó que no discutía la materialidad del acontecimiento sino la imprudencia que se endilgaba a P., pues lo que intentó fue retirarse del lugar. Que en caso de haber permanecido allí para llamar al 911, P. podría haber ascendido nuevamente al colectivo (cuyas puertas estaban rotas y podían ser abiertas manualmente), para continuar la agresión hacia P. o los pasajeros.
Concluyó, con sustento en ello, que existió un error in iudicando al dar por verificada la adecuación típica de la conducta reprochada a P.
En relación a su segundo agravio, partiendo del criterio de que la pena debe adecuarse a la culpabilidad por el hecho ilícito cometido, consideró que la sanción impuesta a P. no responde a ese postulado. Puso de resalto que es un trabajador que nunca tuvo causas penales ni multas de tránsito, que los pasajeros lo consideraron un chofer correcto que no respondió a las agresiones y que en todo momento trató de protegeros, que hace veinte años que conduce colectivos siendo su trabajo el sustento familiar, razón por la cual en el supuesto del nombrado la pena impuesta no es socializadora.
3°) Concedido el recurso por el tribunal de origen y habiendo dispuesto la Sala de Turno otorgar al presente el trámite previsto pr el artículo 465 del catálogo procesal (fs. 744/745 y fs. 755 respectivamente), el 31 de marzo pasado se celebró la audiencia respectiva, a la que concurrieron el imputado junto con su abogado defensor, y el Dr. Guillermo Morosi por el Ministerio Público Fiscal. No hubo en la audiencia representación de otras partes (fs. 761).
Al exponer ante la sala, el letrado del recurrente aclaró que su crítica estaba circunscripta a una cuestión de puro derecho, más allá de algunas salvedades que podía formular en atención a que los hechos no llevaban a la sentencia; a la que tildó de arbitraria. Explicó, que en el marco de la agresión que sufrió P., cuyo contexto describió, aquél intentó escapar del lugar, y fue en ese momento en que ocurrió una nueva agresión de P. en la que cayó bajo las ruedas del colectivo y murió.
Señaló que la sentencia, en el pasaje que leyó en la audiencia, reconoció que P. fue agredido, siendo que la conducta negligente que se le atribuyó consistió en que intentó escapar, lo cual constituía un fundamento arbitrario.
A preguntas del tribunal, respondió que aquella parte del fallo que refiere que “…P. incurrió en una conducta negligente al tratar de evadir una agresión que estaba sufriendo…”, demostraba que no se analizaron debidamente los hechos.
Aclaró que no discutía el resultado muerte y que P. intervino en el mismo, y que la solución que proponía era que se revierta la sentencia y se realice un nuevo juicio, ya que su defendido se encontró ante en un estado de necesidad. Al respecto, explicó que aquél no pudo medir, por determinadas circunstancias, como ser, por carecer del espejo retrovisor que había roto el agresor y porque lo perdió de vista, que éste estaba al costado del colectivo.
Agregó, que se probó que al ser impactada, la víctima estaba de pie al lado del vehículo, y que el accidente se produjo cuando P. intentó arrancar la unidad y P. nuevamente comenzó a propinarle patadas, lo que provocó que pierda la estabilidad y caiga bajo las ruedas. Que ello no pudo ser advertido por su defendido porque la víctima previamente había dañado el espejo retrovisor. En base a estas razones, sostuvo que se verificó un estado de necesidad, y que P. no tenía otra posibilidad de actuar, pues en el marco de esa agresión no pudo evaluar otra cosa más que intentar retirarse.
Al replicar el Fiscal General, dijo que lo que se discutía es la significación jurídica de la manera de reaccionar P., frente a la agresión de P.
Afirmó que P. modificó en juicio su versión de los hechos, ocasión en la que refirió que quiso escapar, respecto de aquella que brindó en la etapa de instrucción, cuando manifestó que giró por avenida Independencia para ir a la Comisaría 28ª. Que todos los testigos fueron contestes al referir que empezó a girar a la derecha, y si bien era correcta la afirmación de que no tenía espejo retrovisor, sabía que P. estaba en la vereda a la derecha por sus gritos y las patadas, siendo que inclinó la unidad a sabiendas de que estaba ahí.
Aseguró que no había motivos que justificaran el giro, pues la línea 37 debe seguir en esa intersección por la calle por la que se desplaza el colectivo; a cinco cuadras por esa misma arteria hay una seccional, tampoco había obstáculos que entorpecieran la circulación y el semáforo estaba en luz verde.
Agregó que en el juicio la parte recurrente argumentó que P. obró en legítima defensa y que ahora invocó un estado de necesidad, pero que igual en ambas hipótesis lo transcendente es evitar un mal por un medio menos lesivo, lo que no ocurrió en autos.
En sintonía con ello, expuso que no había manera de que P. pudiera ingresar al colectivo porque las puertas estaban cerradas, y que hay una conexión entre la violación del deber de cuidado con el resultado de la muerte, pues, si hubiera continuado la marcha en el sentido de circulación previsto para la línea o llamado a la policía, este resultado nunca hubiera tenido lugar.
A su turno, y a preguntas del tribunal, la defensa replicó que siempre invocó que existió un estado de necesidad en defensa de la integridad propia y de los pasajeros respecto de los cuales P. tenía un deber de cuidado. Que la afirmación de que si intentó doblar o no eran conjeturas, dado que nadie realizó tal afirmación, y sólo quedó la duda sobre ello.
Al respecto, refirió que aquello que dijo su defendido en el debate “…fue que la dirección cuando él fue a arrancar, le quedó doblada hacia la derecha porque, cuando la persona se colgó del colectivo, y él intentó arrancar con la persona colgada y las puertas cerradas, él giró el volante hacia la derecha para arrimarlo al cordón y no permitir el paso de cualquier vehículo por la derecha. Entonces, en eso se produce la agresión y cuando P. aprovecha el momento (…) para sacar el freno de mano y, como el colectivo es automático, salir, se encontró con que la dirección estaba doblada hacia la derecha y ahí es donde enderezó…” (conf. minuto 22:20/23:01 del audio de la audiencia). Seguidamente, criticó la labor de la fuerza de seguridad en el lugar del evento
Por último, refirió que P. afrontó sólo la situación dado que nadie lo ayudó, se preguntó si podía esperarse que asuma el comportamiento que postuló la fiscalía, y reiteró que lo único que hizo fue arrancar el colectivo para irse. Que las únicas pruebas que pueden considerase son las que se ventilaron en el debate, al que no se agregó por lectura la indagatoria de P. en instrucción, y recordó que P. estaba visiblemente exaltado.
Finalizada la audiencia y practicada la pertinente deliberación, se arribó al siguiente acuerdo.
La jueza María Laura Garrigós de Rébori dijo:
I) Luego de analizar la articulación y la ulterior exposición de la defensa ante la sala, aprecio que no existe un hilo conductor que, a partir de las premisas argumentales que esbozó, ilustren agravios serios y sinceros que merezcan subsanación.
A mi modo de ver confunde, por ejemplo, una causa de justificación, en el caso, la producción de un mal para evitar otro grave e inminente (art. 34, inc. 3° C.P.), con lo que podría ser una situación de imprevisibilidad, derivada ahora del hecho de que, en oportunidad en que P. intentó escapar -según su versión, las ruedas de la unidad estaban dobladas en atención a la maniobra anterior que realizó para acercar a P. al cordón cuando se colgó del colectivo. Ello, sin soslayar que al deducir el recurso, señaló que también podía interpretarse al accionar de su pupilo a modo de legítima defensa (art. 34, inc. 6° C.P. -fs. 734).
Por una cuestión de orden en el análisis, y más allá de algunas salvedades que realizó la parte recurrente, hay que tener presente que la reconstrucción histórica del evento por parte del tribunal a quo no fue puesta en tela de juicio y que la discusión se ciñe al tinte antijurídico con el que se interpretó el proceder de P. En palabras de la defensa, única parte que impugnó la sentencia, lo que se discute es la imprudencia que se le endilgó (fs. 735vta.), siendo este un cuestionamiento de “…puro derecho…” (minuto 2:30/2:40 audio de la audiencia), pues a su modo de ver actuó ante un estado de necesidad justificante.
Resta poner de resalto, que al debate oral no se incorporó por lectura la declaración indagatoria que prestó el imputado en la etapa de instrucción, razón por la cual a pesar de la mención que se realizó en el recurso de casación, no habré de considerarla a los fines de este pronunciamiento, como tampoco a las referencias relativas a que P. fue arrollado por las ruedas duales traseras, que se encontraba de pie al lado del vehículo y que el espejo retrovisor estaba roto al momento del impacto, dado que en tales términos fue que se tuvo al episodio por probado.
También entiendo oportuno aclarar que, en base a su desarrollo posterior, cuando la defensa mencionó que no podía examinarse el dolo, en realidad incurrió en un error involuntario, al igual de los colegas de juicio en oportunidad de desechar la eximente propuesta en su alegato, dado que a pesar que señalaron que se analizaba el supuesto contemplado en el artículo 34, inciso 2° del Código Penal, su evaluación versó respecto de la situación prevista en su inciso tercero, siendo ello lo que se encuentra en sintonía con el alegato.
Por último, tampoco encuentro en la parte valorativa de la sentencia el pasaje que leyó ante la sala el Dr. Piorno, lo que me lleva a concluir que en realidad se trató de una interpretación suya del pronunciamiento, en lugar de una afirmación de los magistrados de juicio.
II) Partiendo entonces de la propuesta de evaluación de la defensa, hay que tener presente que una situación de estado de necesidad justificante se estructura en la mayor preponderancia para el orden jurídico del bien que se protege en relación al que se vulnera; en la inminencia del mal que se pretende evitar, esto quiere decir, que es actual; el autor debe ser ajeno al mismo; y, la ausencia de otros medios menos lesivos a través de los cuales pudiera evitarse.
“…El fundamento de la justificación es que no puede evitarse aquella situación de peligro grave e inminente por otro medio que no sea causar un daño a otro bien ajeno. (…) No puede esperarse la usualmente lenta reacción del Estado, ni el Derecho puede pretender que la persona se cruce de brazos frente al peligro para un bien o interés jurídico, propio o ajeno, de mayor valor que el afectado en definitiva. (…) El mal que se pretende evitar debe ser inminente, mayor que el realmente causado y el necesitado debe haber sido extraño a su aparición…”(1).
En el puntual caso de autos, más allá de la referencia de que fue arbitraria la consideración de los magistrados de que P. únicamente intentó destruir propiedad ajena, lo cierto es que la parte recurrente no demostró cuál era el bien jurídico penalmente tutelado de mayor preeminencia a la vida de P. que se pretendió proteger.
Es que, sin perjuicio de la incontrovertida agresión de éste último, detonante de los sucesos posteriores, nada indica que hubiera llegado al extremo de poner en peligro la vida de P. o los pasajeros (en caso de interpretar a éstos como bienes jurídicos preponderantes), siendo insuficiente la afirmación de que “…las cosas podían pasar a mayores…”. Véase, que no se discutió que aquél al momento de realizar la maniobra ya no estaba en el interior del colectivo y que sus puertas estaban cerradas, por lo que ningún riesgo en tal sentido se verificó en esa oportunidad. Máxime, teniendo en cuenta que la estructura de un colectivo, es susceptible de proporcionar una cierta protección ante la agresión que a propia mano pudiera desplegar una persona sobre el referido bien.
Sobre este punto, señaló la defensa que un reingreso de P. a la unidad era posible en virtud de los daños que provocó a la puerta, mientras que la sentencia descartó esa posibilidad (“…la posibilidad de reingreso era nula…” -conf. fs. 723). Lo cierto, es que se trató de una apreciación subjetiva de la parte sin sustento alguno, en tanto no desarrolló el error en que incurrió el tribunal a quo al realizar esta afirmación. Es decir, se reduce a una mera afirmación, sin consideraciones respecto del material probatorio.
Ante el escenario descripto, la potencialidad de daño de P. al instante del evento era exclusivamente sobre el rodado, y no había riesgos para la integridad física del conductor o los pasajeros, como correctamente se valoró en la sentencia.
Las circunstancias expuestas llevan a descartar, por un lado, la inminencia del mal que se pretendía evitar, y, por otro, que el que se provocó fuera de menor entidad al que se pretendía resguardar, sin perjuicio de que, como también se indicó en el pronunciamiento, nada impedía que se realice la maniobra en debida forma o adoptar un medio menos lesivo al elegido.
Llegado este punto, es oportuno señalar que el estado de necesidad que alegó, implica un cierto obrar consiente que, si bien determinado por las circunstancias, se encuentra bajo el control del sujeto. El abogado defensor insistió ante la sala que, al reiniciar la marcha, “…se encontró con que la dirección estaba doblada hacia la derecha y ahí es donde enderezó…”.
A mi modo de ver ello resulta una contradicción, pues, mientras que a través de la primera hipótesis lo que se pretende es justificar el giro, esto es, la acción de su pupilo, por otro lado se la presentó como de imposible previsión y fuera de su control. Es decir, realizó la maniobra en vista a neutralizar la agresión de P. o estuvo fuera de su dominio por un factor ajeno, pero ambos argumentos no pueden coexistir porque se excluyen mutuamente.
Al mismo tiempo, si fue él quien acercó a la víctima al cordón cuando se colgó para evitar el paso de otros vehículos, el que pretenda escudarse en una supuesta imprevisión o desconocimiento de las ruedas giradas a la derecha, constituye una nueva contradicción, pues la unidad estaba bajo su conducción, y, por lo tanto, sabía esa circunstancia porque fue quien realizó la maniobra previa. Ello, desde luego, sin desconocer que su condición de chofer profesional le imponía verificar las contingencias del tránsito previo a iniciar la marcha, en el caso, que la dirección apuntara hacia el lugar al que se quería dirigir.
Algo similar ocurre con la referencia de que no pudo medir por carecer de espejo retrovisor y porque lo perdió de vista, que la víctima estaba al costado del colectivo. Si este fuera el caso, se sumerge, entonces, en el paradigma de la sentencia, en cuanto le atribuyó una maniobra imprudente por haberla realizado, a sabiendas de que P. estaba a la derecha, “…a ciegas…”, “…sin tener visibilidad sobre el sector…”, “…sin contar con el dispositivo de seguridad…” (espejo), y por haber infringido el artículo 39, inciso b) de la ley 24.449, y los artículos 4.1.2 y 6.1.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre estos aspectos, vale aclarar, ningún tipo de crítica esgrimió.
Desde este punto de vista, la afirmación de que P. perdió la estabilidad y cayó bajo las ruedas en atención a los golpes que le estaba propinando a la unidad, es insuficiente para rebatir la conclusión del tribunal a quo de que el giro que realizó a la derecha en modo imprudente e innecesario, porque en su trayecto debía seguir derecho y no había obstáculos que se lo impidieran, fue el que llevó al resultado lesivo.
Lo concreto, es que no hay una manera coherente de exponer los agravios, pues la falta de relación entre los argumentos poco ayuda para advertir un error en la labor del tribunal de juicio.
En contraposición, la sentencia expuso de manera clara y precisa el modo en que se desarrolló el análisis, las distintas pruebas que se consideraron, el poder de convicción que se otorgó a cada una de ellas, y señaló la normativa legal que se violó y en base a la cual se extrajo el actuar imprudente del imputado.
No es tarea del juez de revisión, en base a una mera enunciación de desacuerdo, suplir la argumentación de las partes, lo que equivaldría a que abandone su posición imparcial ante el proceso. Por el contrario, corresponde a éstas demostrar las deficiencias en la labor jurisdiccional que se cuestiona, y, lo cierto, es que en mi opinión las críticas apuntadas son suficientes para concluir que la parte no rebatió debidamente la sentencia.
III) Respecto de los agravios vinculados con la pena impuesta, coincido con la mensuración, inhabilitación y modo de cumplimiento que se fijó en el pronunciamiento, pues, en mi opinión, el tribunal a quo realizó un correcto balance entre las agravantes y atenuantes que correspondía considerar en el caso, y, en base a ello, fue que fijó la sanción.
La defensa también consideró que en el caso de su defendido la pena no es resocializadora, y que se debió partir del precepto de la mínima expresión del derecho penal.
A diferencia de la representación letrada del recurrente, comparto la consideración de los colegas de juicio en el sentido de que ante su carácter de chofer profesional, correspondía exigirle a P. un mayor cuidado en la conducción y de apego a la normativa de tránsito. La conexión de su obrar con un resultado de suma gravedad (muerte), que también se debe evaluar a la hora de fijar el monto de la pena, impone una sanción superior al mínimo legal que propuso la defensa, resultado atinada la que se estableció.
IV) Por lo expuesto, concluyo que la sentencia recurrida constituyó una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias de la causa, y, por ello, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación deducido por la defensa, con costas (artículos 40, 41 y 84 del Código Penal, y artículos 445, 469, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
El juez Gustavo A. Bruzzone dijo:
Adhiero al voto que antecede.
El juez Luís M. García dijo:
a. Comparto con la jueza que me ha precedido en la votación que el recurso de la defensa es formalmente admisible, en cuanto ha sido dirigido por quien se considera agraviado de la sentencia condenatoria.
Sin embargo, considero conveniente aclarar que toda vez que los planteos propuestos se ajustan a los presupuestos del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación, el examen ha de llevarse a cabo con los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Casal, Matías Eugenio” (Fallos: 328:3399) que impone el esfuerzo por revisar todo lo que sea susceptible de revisar, o sea de agotar la revisión de lo revisable (confr. considerando 5 del voto de los jueces Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti; considerando 11 del voto del juez Fayt, y considerando 12 del voto de la jueza Argibay). Según ese estándar, la jurisdicción de revisión ha de quedar circunscripta a los agravios presentados y no implica una revisión global de oficio d la sentencia (art. 445; vide también consid. 12, párrafo 5, del voto de la jueza Argibay en el caso citado).
El escrito de interposición del recurso de casación difícilmente satisfaría las exigencias de fundamentación que requiere el art. 463 CPPN, sin embargo, puesto que la doctrina de la Corte Suprema impone no sujetar al recurso contra la sentencia de condena a rigorismos formales, ha de realizarse el mayor esfuerzo posible para entender de qué se agravia el recurrente a lo largo de su confuso escrito de f. 726/743.
A este respecto se observa que la defensa pretende que se absuelva al imputado porque habría movido el vehículo de transporte e una situación de necesidad que excluye la pena, y que también impugna la medida de la pena impuesta al condenado, como autor del delito de homicidio culposo cometido en la conducción imprudente de un vehículo automotor (arts. 45 y 84 CP).
Ambos tópicos han sido abordados por la jueza Garrigós de Rébori, que me ha precedido en la votación, y adelanto que he de adherir en lo sustancial a la solución que propone, por lo que sólo he de agregar algunas aclaraciones.
b. El recurrente postula en su recurso que “la conducta de P. no fue imprudente, dado que intentó salir del lugar de donde estaba siendo agredido, y en caso de haber tomado la decisión de quedarse en el lugar para llamar al 911, nadie garantiza que P. no hubiera ascendido nuevamente al colectivo (cuyas puertas ya estaban rotas y podían ser abiertas manualmente) y proseguido con la agresión, hacia el mismo P. o hacia algún pasajero” (fs. 735 vta.).
No entiendo necesario examinar si es dogmáticamente correcta la pretensión de la defensa en punto a si una situación de necesidad excluye la tipicidad, o sólo la pena, porque en todo caso, la argumentación del recurrente se apoya en una afirmación fáctica que no está establecida en los fundamentos de hecho de la sentencia, de los que, por lo demás, tampoco se hace cargo.
Se ha tenido por probado en la sentencia que el imputado “causó la muerte de J. D. P., en la intersección de las calles Combate de los Pozos y la Avenida Independencia de esta ciudad de Buenos Aires, en circunstancias que conducía el colectivo de la línea nro. 37, dominio …, interno nro. …”. Según la reconstrucción el imputado debió frenar la marcha porque J. D. P. se colocó en el medio de la calle y delante del ómnibus, lo insultó y le reclamó que lo trasladara, y ante la negativa del conductor ascendió, le arrojó patadas pero no lo alcanzó porque aquél se parapetó detrás de uno de los caños. Finalmente el imputado logró hacerlo descender de la unidad e “inmediatamente a esta secuencia, P. subió de nuevo al colectivo y cerró la puerta delantera, mientras que P. que quedó en la calle, comenzó a arrojar patadas contra el vehículo y produjo diferentes daños en los vidrios de la puerta delantera y el espejo retrovisor”. Según la sentencia, “Mientras P. acometía contra la estructura del micro, más precisamente en el lateral derecho, fue que el imputado puso en marc ha el colectivo, realizando una maniobra imprudente, mediante la cual terminó pisando a la víctima”. Aclaró el a quo que “[e]sta maniobra fue el giro que P. hizo del ómnibus hacia su derecha conociendo la presencia de P. en ese sector, cuando ya no tenía visibilidad de ese lateral por la rotura del espejo retrovisor, golpeando de tal modo a la víctima, lo que provocó su caída y el desplazamiento debajo del automotor, para ser arrollado por las ruedas duales traseras, debido al avance que llegó a concretar el imputado en la conducción del vehículo”. Tuvo finalmente por probado el a quo que el arrollado falleció ese mismo día debido a las múltiples lesiones sufridas.
La Defensa ha argumentado en la audiencia sobre el riesgo de que el señor P. ascendiese nuevamente y agrediese al conductor.
En la sentencia ha sostenido el Tribunal que “[o]tro dato que refuerza la exigibilidad de otra conducta distinta a la finalmente adoptada por P,, fue que P, ya había descendido del colectivo y este tenía sus puertas cerradas, con lo cual la posibilidad de reingreso del mismo al micro y que pusiera en peligro la integridad de los pasajeros era inexistente” (fs. 719 vta./720). Se releva también que en otro pasaje afirmó que “[t]ampoco se ha recreado de la prueba producida que en algún momento estuviera en peligro otro bien jurídico de mayor valor que la propiedad, como la vida del propio P. ni de los otros pasajeros, ya que cuando P. bajó del micro, el imputado cerró la puerta, con lo cual la posibilidad de reingreso al mismo era nula” (fs. 723).
La defensa afirma que la puerta estaba rota, y que existía el riesgo de que el señor P. volviese a ascender y a agredir al conductor. Observo que según lo asentado en el acta del debate la defensa sólo había planteado que el imputado “intentó evadirse, intentó dejar de ser agredido”, sin embargo, no había sostenido la tesis de que la puerta estaba rota y que existía el riesgo de que el agresor volviera a ascender al colectivo (confr. fs. 688).
A ello se suma que el recurrente no ha ofrecido ningún argumento, más allá de la mera afirmación de que la puerta estaba rota, para refutar la afirmación de la sentencia en punto a la imposibilidad de que el señor P. reingresase porque el chofer haba cerrado la puerta. En esas condiciones, concluyo que el recurrente no ha demostrado error en la reconstrucción fáctica, y por ende, tampoco, que el imputado hubiese hecho la elección de poner en movimiento el colectivo frente a un hombre irascible y violento que daña a la carrocería, como medio razonablemente necesario en las circunstancias del caso para poner a salvo su integridad física o la del pasaje.
c. La defensa impugna la medida de las penas impuestas al imputado. En el escrito de interposición ha sostenido que “[l]a pena impuesta desocializará a R. M. P. Si se analiza la cuestión, P. es un trabajador que nunca tuvo causas penales ni multas de tránsito, los pasajeros lo consideraron chofer correcto que no respondió a las agresiones del fallecido y que trató en todo momento de protegerlos. P. trabaja desde hace más de 20 años como chofer de colectivos, y con su trabajo es el sustento familiar” (fs. 737 vta.). Ha afirmado que el a quo ha errado, al “valorar en la graduación de la pena, distintos agravantes que no se ajustan a la realidad demostrada en el debate” (fs. 738). No ha ofrecido, sin embargo, ninguna argumentación sustancial que ponga en evidencia cuál habría sido el error de juicio o valorativo en que se habría incurrido al establecer la pena.
Adelanto que, por una parte, el recurrente no demuestra cuál sería su agravio en lo que concierne a la pena de inhabilitación especial para conducir vehículos por cinco años, pues el Tribunal Oral se ha ceñido a aplicar el mínimo de la escala legal establecida en el art. 84, párrafo segundo, CP.
Si su agravio debe entenderse dirigido a impugnar la pena de prisión en suspenso impuesta, corresponde entonces relevar cuáles han sido los fundamentos de esa decisión.
El Tribunal Oral ha anunciado en la sentencia que se apartaría del mínimo legal previsto en el art. 84 del Código Penal, pero que tampoco acogería la petición de pena mayor solicitada por el Sr. Fiscal General. A continuación ha relevado como agravante, en especial, “la condición de conductor profesional de R. P., lo que permite exigirle un mayor cuidado en la conducción, como también en la evitación de situaciones de peligro para terceros dentro del tráfico vial”. A este respecto ha expresado que “La expectativa social de un correcto comportamiento, apegado a las normas de quienes desenvuelven este tipo de rol, como es la conducción de un transporte público, y la confianza depositada en que ello sea de esa forma, es mayor de lo que pueda esperarse de un conductor particular promedio, con lo cual la defraudación a dicha expectativa en estos casos resulta cualitativamente más grave”.
En otro orden, en la sentencia se han considerado como atenuantes “la carencia de antecedentes penales del imputado, su edad, como también su grado de instrucción, su inserción en el medio laboral y el favorable marco familiar que lo rodea, conforme lo que surge del informe socio ambiental de fs. 9/11”. Y también dio relevancia de atenuación a la actitud de la propia víctima, en estos términos “También no podemos obviar dentro de estas circunstancias, el contexto violento en que interactuó con la propia víctima, que indudablemente incidió en el fatídico desenlace que tuvo el hecho sometido a juicio”.
El recurrente no ha ofrecido ningún argumento crítico para refutar el criterio de agravación antes transcrito, ni tampoco ha demostrado que los elementos de atenuación relevados hubiesen sido insuficientemente sopesados, o que se hubiese omitido considerar alguno de atenuación relevante que la defensa hubiese invocado en su alegato final.
Por lo demás, la alegación de que la pena de prisión tendrá efecto “desocializante” no se hace cargo de que su ejecución ha sido dejada en suspenso, ni de demostrar cuál sería ese efecto, más allá de su inscripción en el registro de condenas.
d. Con estas adiciones, adhiero a la solución que viene propuesta.
4º) En virtud del resultado de la votación que antecede, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional RESUELVE:
RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa a fs. 726/743, y confirmar la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de impugnación, con costas (artículos 40, 41 y 84 del Código Penal, y artículos 445, 465, 468, 469, 530 y 531 Código Procesal Penal de la Nación).
Se deja constancia que el juez Gustavo A. Bruzzone participó de la deliberación y emitió su voto, pero no firma la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 399 Código Procesal Penal de la Nación).
Regístrese, notifíquese y comuníquese (Acordada 15/13 CSJN y Lex100). Fecho, cúmplase con la remisión dispuesta, sirviendo la presente de atenta nota.
María Laura Garrigós de Rébori
Luís M. García
Ante mí:
Santiago A. López
Secretario de Cámara
S. C. s/homicidio culposo – Cám. Penal Venado Tuerto – 08/11/2013
Nota:
(1) Código Penal y Norma Complementarias –Análisis doctrinario y jurisprudencia, David Baigún/Eugenio Raúl Zaffaroni, Tomo 1, editorial Hammurabi, paginas 627/628, julio de 1997.
009395E
