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JURISPRUDENCIAContrato de colaboración empresaria. Falta de concreción. Indemnización
En el marco de un juicio ordinario, se admite parcialmente la demanda intentada y se condena a pagar a la actora la suma reclamada más intereses, debido al incumplimiento contractual del contrato de colaboración empresaria celebrado.
En Buenos Aires a los 3 del mes de mayo de dos mil dieciséis, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “IARPLAS SA C/ PLASTIFERRO TUBOS SA, S/ ORDINARIO”, Expediente COM 13716/2011 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Barreiro, Ojea Quintana y Tevez.
Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 843/849?
El Señor Juez de Cámara doctor Barreiro dice:
I. Los antecedentes.
Presentaré, resumidas, las aristas dirimentes del conflicto suscitado que estimo útiles para su elucidación.
[1] IARPLAS SA, por medio de apoderado, promovió demanda contra Plastiferro Tubos SA por cobro de $ 1.898.000 -o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse-, con más los intereses y las costas.
Explicó que el 27.01.2011, suscribió un contrato de colaboración empresaria con Plásticos Mendoza SA, en virtud del cual debía proveer a ésta última caños plásticos para que ejecute una obra. Transcribió algunas de las cláusulas del contrato en cuestión.
Dijo que en razón de ello se contactó telefónicamente con Plastiferro Tubos SA para negociar la compra de la materia prima y que finalmente, la misma se instrumentó en la factura pro forma N° … de fecha 11.3.2011 que fue cancelada con la entrega de valores diferidos, debidamente recibidos por la demandada.
Afirmó que ante la falta de entrega de la mercadería, cursó a su ahora contendiente una carta documento el 21.3.2011 intimándola a la entrega de los caños y que luego le envió dos misivas más.
Sostuvo que a causa de la conducta disvaliosa de Plastiferro Tubos SA se vio imposibilitada de cumplir con las obligaciones asumidas frente a Plásticos Mendoza SA, motivo por el cual ésta última rescindió el contrato de colaboración.
Tras explayarse sobre los desajustes financieros que padeció por culpa de la demandada, en el apartado V. detalló los daños sufridos. Así reclamó: 1) en concepto de utilidad no percibida por la pérdida del contrato con Plásticos Mendoza $ 800.000 -o lo que en más o en menos resulte-, 2) resarcimiento a la mentada empresa: $ 450.000, 3) pérdida de utilización del dinero: $ 323.000, 4) quita de dinero en el pago de la empresa Caarma SRL: $ 75.000 y, 5) descrédito comercial: $ 250.000.
Ofreció prueba y fundó en derecho su pretensión.
[2] En los pronunciamiento recaídos en fs. 554/555 y fs. 569, se resolvió tener por no contestada la demanda y se ordenó el desglose de la pieza presentada por Plastiferro Tubos SA.
II. La sentencia.
En el decisorio de fs. 843/849 el juez a quo admitió parcialmente la demanda incoada por Iarplas SA contra Plastiferro Tubos SA y la condenó a pagar a la primera la suma de $ 75.000, con más los intereses allí determinados.
Con carácter liminar señaló el magistrado que, frente a la falta de contestación de la demanda y de conformidad con lo establecido en el cpr: 356, inc. 1, correspondía tener por ciertos los hechos invocados en el escrito de inicio y declarar reconocida la documental acompañada. No obstante ello, aclaró que el Tribunal no estaba obligado a acceder en forma automática a las pretensiones de la actora quien, va de suyo, no estaba eximida de aportar a la causa elementos de convicción para justificar la legitimidad de su reclamo.
Juzgó acreditada la compraventa mercantil con la factura pro forma nro. …, emitida con posterioridad al presupuesto que elaboró la demandada y con el recibo de pago provisorio que da cuenta de la entrega de cheques -de propiedad de un tercero, Caarma SA-. Además, recordó que la perito contador explicó que la actora registró en su Libro Diario la entrega de valores a Plastiferro Tubos SA.
De seguido, tras examinar la documental incorporada y sin desconocer que las partes no habían estipulado un plazo para la entrega de la de la mercadería, concluyó que la demandada no había cumplido con las obligaciones asumidas.
En la situación descripta, señaló el sentenciante que correspondía determinar si el incumplimiento en que incurrió la accionada había ocasionado los daños denunciados en el escrito de inicio:
(a) Desestimó los reclamos efectuados en concepto de “Pérdida de chance”, “Pérdida contractual-utilidad no percibida-Pérdida de la chance”, “Resarcimiento a la firma Plásticos Mendoza SA” y “Pérdida de utilización del dinero”. Ello así pues, si bien la actora alegó que la compra de materiales estaba destinada a cumplir con un convenio que había suscripto con la empresa Plásticos Mendoza, el ejemplar original que de tal acuerdo acompañó carece de fecha cierta y por ello, resulta inoponible a terceros.
De otro lado, añadió, la actora no produjo prueba informativa idónea tendiente a acreditar la existencia de la presunta cocontratante Plásticos Mendoza SA;
(b) Admitió la suma de $ 75.000 en concepto de “Quita de dinero en el pago de la empresa Caarma SRL” dado que el acuerdo al que arribaron dicha empresa y la parte actora, quedó debidamente acreditado con la pericial contable practicada en autos y;
(c) Rechazó el rubro denominado “Descrédito comercial” por considerar que no fue adecuadamente acreditado.
Finalmente, en atención al progreso parcial de la demanda, las costas fueron distribuidas del modo siguiente: 80% a cargo de la parte actora y 20% en cabeza de la demandada.
III. Los recursos.
La parte actora apeló la sentencia en fs. 850. Concedido libremente el recurso en el proveído de fs. 851, el escrito de expresión de agravios fue glosado en fs. 861/873 y su responde en fs. 875/878.
Plastiferro Tubos SA, dedujo recurso de apelación contra el decisorio dictado por el Juez de grado en fs. 854. Atendida la presentación en fs. 855, los agravios fueron vertidos en fs. 859/860 y contestados por la actora en fs. 882/886.
[a] Las quejas de Iarplas SA -en las que en sustancia se expresa disconformidad con el modo en que el a quo valoró la prueba rendida en la causa- pueden sintetizarse del modo siguiente: (1) critica que el juez considerara que el convenio que hubo suscripto con Plásticos Mendoza no tiene fecha cierta y por ello no puede ser opuesto a la demandada -recuerdo: a quien se pretende responsabilizar por las consecuencias dañosas que se siguieron de la ruptura de tal vínculo-. Sostiene que no es cierto que su parte no hubiera producido prueba informativa idónea tendiente a acreditar la existencia de la cocontratante “Plásticos Mendoza”. Ello pues, oportunamente la hubo ofrecido y fue el magistrado quien la consideró innecesaria. A todo evento, aduce que la pericial contable da cuenta de la existencia del mentado acuerdo, al igual que la carta documento del 5.04.2011, mediante la cual Plásticos Mendoza comunica la rescisión del vínculo. Además, la pericia actuarial da cuenta de la entidad del perjuicio económico padecido y; (2) le agravia el modo en que fueron impuestas las costas del proceso.
[b] Plastiferro Tubos SA cuestionó, en primer término, que el magistrado de grado considerara que entre las partes existió una relación comercial y que el contrato mercantil quedó probado con la factura pro forma nro. …. Ello pues, el mentado instrumento no tiene ninguna validez legal y no puede registrarse en los libros contables.
Sostiene que la operación se reflejó en la factura nro. … de fecha 31.3.2011 más, como la condición de pago anticipado no se cumplió, nunca pudo perfeccionarse la compraventa.
Finalmente, critica la admisión del rubro “Quita de dinero en pago de la empresa Caarma SRL”.
IV. La solución.
(1) Dado el contenido de los agravios sintetizados en el apartado precedente, considero apropiado examinar -en primer lugar- las quejas de la demandada en la que se señala que la factura pro forma y el recibo provisorio no son válidos para instrumentar una relación comercial y, además, cuestiona la admisión del reclamo indemnizatorio por el pago que la actora efectuó a la empresa Caarma SRL.
Adelanto que los argumentos plasmados por la defendida no alcanzan el estándar que establece el cpr: 265. Es que, no puede perderse de vista que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el Tribunal. Esta crítica debe ser concreta y razonada. Crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; mientras que razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso, ya que debe tratarse de un razonamiento coherente a la sentencia que se impugna (Fenocchietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado”, T. I, pág. 834/39, Astrea, Bs. As. 1985).
En efecto, el contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica concreta y razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (Fenocchietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado”, T. I, pág. 836/37, Astrea, Bs. As. 1985).
Ciertamente, el discurso de la apelante -en el que pretende prevalerse de instrumentos que no han sido incorporados a la causa- no desvirtúa la construcción argumental que plasmó el a quo para concluir como lo hizo. Nótese que no solo la misma se adecúa a la letra del ccom: 208 sino que además, han sido debidamente ponderados los distintos elementos de prueba colectados en este juicio. Y, entre ellos, cabe mencionar por su trascendencia en materia comercial (arg. ccom: 63), la pericia contable practicada sobre los libros de la actora (v. fs. 704 vta., fs. 711 y vta.).
A ello cabe aditar que también el magistrado ponderó las consecuencias que se siguieron de la falta de contestación de la demanda.
Entonces, en las condiciones descriptas, las quejas serán desestimadas.
(2) En cuanto concierne al primer agravio de Iarplas SA, comenzaré por señalar que el art. 1034 del Cciv, -norma que se encontraba vigente al tiempo en que se produjeron los hechos debatidos en autos y corresponde aplicar aquí, conforme posición que hube plasmado en las causas “Sabatteri, Pablo Guillermo c/ Liderar Cía. De Seguros SA, s/ ordinario” del 29.12.2015, y en “Ospital Carlos R. c/ Francisco Osvaldo Díaz SA y otro, s/ ordinario” del 1.12.2015- establece la regla de que los instrumentos privados, aún después de reconocidos, no prueban contra terceros o contra los sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos. Y el art. 1035 enumera los supuestos en que los instrumentos privados adquieren fecha cierta con relación a los terceros y a los sucesores singulares de las partes.
Según algunos autores la exigencia de la fecha cierta es totalmente inaplicable a los contratos comerciales. Por consiguiente la fecha de un documento o contrato comercial puede ser probada por cualquier medio y, especialmente por los libros de comercio.
En sentido diametralmente opuesto se ha sostenido que los arts. 1034 y 1035 tienen plena aplicación a la materia comercial, salvo en aquellas situaciones excepcionales en que -como la prenda (ccom: 581- la ley alude simplemente a un documento escrito, sin mencionar el requisito de la fecha cierta.
Finalmente una tercera corriente de opinión que me parece la correcta, entiende que los arts. 1034 y 1035 del Código Civil, son igualmente aplicables a la materia mercantil; pero siendo la fecha un elemento de los contratos y pudiendo éstos ser probados en materia comercial por cualquiera de los medios establecidos en el ccom: 208, con las limitaciones fijadas en los arts. 209, 210 y 211 de éste último código, resulta de ello que, cuando fuere desconocida por los terceros la fecha de un contrato comercial, podrá ser probada por cualquiera de los medios admitidos en esta materia y no solamente por los especificados en el art. 1035 del cciv. (Rodolfo O. Fontanarrosa, Derecho Comercial Argentino, Tomo II, pág. 105 y ss, Víctor P. de Zavalía – Editor, Buenos Aires, 1979).
Partiendo de la referida tesitura, adelanto que no comparto la solución provista por el juez de grado en el apartado III del decisorio sometido a revisión.
Ello pues, más allá de que la prueba documental arrimada a la causa (aclaro que guarda una adecuada secuencia temporal) no resultó negada por la demandada, la verdad es que en autos existen copiosos elementos que permiten tener por cierta la existencia de un contrato de colaboración empresaria anudado entre la aquí actora y la empresa Plásticos Mendoza SA.
Por otra parte el juez debe tener por propósito, dentro del cauce procesal adecuado, desentrañar la verdad jurídica objetiva y, por consiguiente, indagar en base a los hechos que surgen de la causa cuál es la versión más probable de lo que realmente sucedió, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación formulada contundentemente en el conocidísimo precedente “Colalillo” hace más de medio siglo (Fallos 238:550). Pero en el proceso civil la verdad puede estar sujeta sólo a lo que se quiso o pudo evidenciar y sometida a la regulación probatoria. Es usual, entonces, que aparezca retaceada, oculta o parcialmente aludida.
Adviértase que, como se ha producido en el caso presente, cuando los argumentos de las partes se hallan en franca contradicción, compete al juez llevar adelante la construcción de la versión fáctica que más se acomode a las circunstancias de lo que verosímilmente puede haber sucedido, optando si así fuera necesario por descartar totalmente la versión de una de ellas, si cuenta con base que lo persuadan suficientemente para formular esa interpretación (esta Sala, 21.03.2013, “Paip SRL, c/ Saporitti SA, s/ ordinario”, íd., 8.08.2013,“Romulan SRL, c/ Banco Comafi Fiduciario Financiero SA, s/ ordinario”; íd., 5.11.2013, “Badessich, Andrés Juan c/ Bodega y Cavas de Weinert SA, s/ ordinario”).
Sentado ello, paso de seguido a fundamentar mi parecer:
(i) Véase que el referido instrumento y su Anexo I, obran en versión original reservados en el sobre grande nro. 098827 y, como señalé anteriormente, no resultó desconocido por la demandada. En el mentado contrato aparecen descriptas con suficiencia las obligaciones asumidas por la actora y las penalidades (v.gr. resarcimiento monetario) para el caso de incurrir en incumplimiento.
Aclaro que conforme lo acordado, la primera entrega de materiales debía tener lugar el 28.03.2011 y la segunda el 30.04.2011.
(ii) En fs. 128 del sobre se incorporó la carta documento (CD…, Correo Argentino) que Plásticos Mendoza SA envió el 5.04.2011 a la parte actora comunicándole su decisión de declarar resuelto el contrato suscripto el 27.01.2011, en atención a los incumplimientos en que su proveedora hubo incurrido.
La misiva en cuestión fue respondida por la accionante el 11.04.2011, conforme da cuenta el ejemplar reservado en fs. 130. En esa oportunidad y en cuanto aquí interesa referir, explicó que: “Lamentablemente, para nuestra firma, el no cumplimiento de nuestras obligaciones emergentes del contrato de colaboración empresaria suscripto con Uds., con fecha 27 de enero de 2011, ha sido pura y exclusivamente por el no cumplimiento con nosotros de la firma PLASTIFERRO TUBOS SA. Asimismo estamos haciendo las gestiones tendientes al cobro indemnizatorio a tales fines y poder hacer indemne vuestro daño que reitero ha sido ajeno a nuestra esfera de responsabilidades…”. Esta carta, agrego, fue recibida por el Sr. Marchetti, tal como puede leerse en el formulario de estilo (v. fs. 129). No es posible ante el cuadro de situación expuesto, soslayar la validez probatoria de esos instrumentos, desde que se trata de comunicaciones fehacientes cursadas entre los contratantes.
(iii) Como consecuencia de los hechos descriptos más arriba, las partes suscribieron un Acuerdo el 26.4.2011 en el que Iarplas SA asumió la obligación de abonar a Plásticos Mendoza SA una indemnización de $ 450.000. Se indicó allí la modalidad en que sería cancelada la cifra en cuestión, la que entre otras incluía la entrega de una vehículo Volkswagen Bora, dominio JSN:274 de propiedad de Iarplas SA.
Las constancias de titularidad del bien y su transferencia fueron incorporadas a la causa en fs. 131/138 del sobre y corroboradas con el informe del Registro Nacional de la Propiedad Automotor de fs. 673/678.
(iv) De otro lado, sobre el referido acuerdo interesa recordar que la perito contador en fs. 706 de su dictamen informó que -aclaro que la transcripción será parcial-: “Finalme nte a fojas 24 de Libro de Actas de Directorio N° 1, rubricado ante la Inspección General de Justicia con fecha…, se encuentra asentada el acta del 26 de abril de 2011 donde el Presidente del Directorio de Iarplas SA manifiesta que se llegó a un acuerdo de rescisión con la empresa Plásticos Mendoza SA, ante el incumplimiento del contrato celebrado, debiendo abonarles en concepto de indemnización la suma de $ 450.000, detallando las condiciones de pago. A fojas 25 y 26 de dicho libro se transcribe textualmente el Acuerdo entre parte del 26 de abril de 2011”.
Agregó más adelante: “Por su parte al folio 18 del Libro Diario N° 1, rubricado ante la Inspección General de Justicia …, se encuentra registrado el asiento de fecha 26/4/2011, donde se devenga la penalidad que surge del Acuerdo…reflejando la entrega del rodado por $ 88.000; el efectivo pagado por $ 112.000 y el saldo a pagar de $ 250.000”.
No ignoro que la pericia fue cuestionada por Plastiferro Tubos SA (v. fs. 720/722), más la inconsistencia de sus alegaciones se hizo visible con las aclaraciones que la experta contadora brindó en fs. 728/732.
De lo anterior se sigue que asiste razón a la actora en punto a la probada existencia del contrato que suscribiera con la empresa Plásticos Mendoza SA, sin que se erija en obstáculo para así concluir la suerte que corrió la producción de la prueba informativa oportunamente ofrecida por Iarplas SA. Entonces, en el punto examinado, corresponde revocar lo decidido por el juez a quo.
(3) Concatenado con lo anterior, recuerdo que la actora se quejó del rechazo del rubro “utilidad no percibida por la no concreción del contrato de colaboración empresaria suscripto por Plásticos Mendoza SA”.
Interesa recordar que al expedirse en el escrito de demanda sobre el rubro en cuestión (v. fs. 157 y ss., ap. V. V-1.) Iarplas SA sostuvo -aclaro que la transcripción será parcial-: “…la demandada le ha hecho perder a mi mandante un contrato (con la firma de renombre Plásticos Mendoza SA) de fundamental trascendencia…”, “Percibiría la suma de $ 2.020.000 de la siguiente forma…”, “…de haberse cumplido con la buena fe que la actividad mercantil requiere la firma Iarplas SA debería haber pagado en mercaderías aproximadamente la suma de $ 250.000 en una primera etapa y otros $ 900.000 en una segunda etapa quedándole una utilidad que ascendería a un total de $ 800.000 aproximadamente”.
Pues bien, ciertamente el perito contador se expidió sobre este tópico empero, soslayó los desembolsos que debía afrontar la actora para adquirir los materiales correspondientes a la segunda etapa de entrega (esto es: $ 900.000) prevista en el contrato que la unía a Plásticos Mendoza SA. Por tal razón, es plausible concluir que su estimación sobre la entidad del perjuicio ($ 1.776.232) resultó del todo imprecisa (v. fs. 712 vta.).
El perito actuario, en cambio, analizó pormenorizadamente la cuestión en el apartado 3 de su informe (fs. 779/780) y concluyó -incluso utilizando un gráfico- que la utilidad no percibida es de $ 880.231,24.
En esas condiciones, estimo que tiene suficiente entidad la versión que expuso la actora en su escrito de inicio y, consecuentemente, correspondería acceder a su pretensión. Recuérdese que el lucro cesante es la ganancia o utilidad que ha dejado de percibir el acreedor con motivo del incumplimiento (conf. Borda, “Tratado de Derecho Civil Argentino – Obligaciones”, Perrot, Bs. As., 1967, T. I, pág. 125).
Empero no puede perderse de vista que la ganancia denunciada por la actora es una “ganancia bruta” y, en rigor, en términos económicos la ganancia es justamente la porción que percibe efectivamente el empresario luego de deducidos los gastos que conlleva la realización de cualquier actividad comercial.
Ciertamente no se conoce la entidad de aquellos gastos pero en mi parecer ello no es un obstáculo para admitir el rubro en análisis. En efecto, el supuesto del cpr: 165 in fine, lo que el derecho dispone -y, antes, lo que la razón impone- es que la persona probadamente dañada, pero afectada por un daño de monto no comprobable, reciba alguna indemnización, de modo que exista alguna reparación a su daño y aunque ella no se corresponda exactamente con la cuantía -ignorada y no cognoscible- de ese daño; incluso, y por lo expuesto, será sencillamente imposible determinar si la indemnización se corresponde o no con la cuantía del daño.
En tal situación, el órgano jurisdiccional a quien compete la realización de tan dificultosa y delicada tarea, solo debe cuidar y evitar, incurrir en el extremo del exceso -de modo de apartar la posibilidad de que la indemnización constituya un rédito o ganancia para el sujeto dañado- y en el extremo del defecto -de modo de no establecer una indemnización irrisoria, que desnaturalice el sentido y alcance de la reparación debida al daño por el sujeto responsable por tal daño-. Entre ambos extremos, el órgano jurisdiccional ha de actuar sobre la base de una prudente discrecionalidad (CNCom, Sala D, 22.03.2001, “Labonia Alejandro Fabián c/ Banco Río de la Plata SA, s/ ordinario”; esta Sala, 31.10.2013, “Rivolta Miguel Angel, c/ BBVA BANCO FRANCES SA, s/ ordinario”).
Partiendo del marco teórico referenciado, considero adecuado reconocer a favor del actor el importe equivalente al 60% del pretendido; esto es: la cantidad de $ 480.000
Sobre dicho importe se devengarán intereses en la modalidad en que fueron establecidos en la anterior instancia pues, lo decidido en punto a éste tópico, no mereció cuestionamiento alguno por parte de Iarplas SA.
Añadiré, finalmente, teniendo en cuenta la postura asumida en numerosos precedentes por mi distinguida colega de esta Sala, Dra. Alejandra N. Tevez, con relación al cómputo de los intereses según lo dispuesto por el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. esta Sala, “Díaz Víctor Alcides c/ Fiat Auto SA de Ahorro para fines determinados y otros”, del 20/10/2015; íd., “Guzman de San Félix c/ Plan Ovalo y otro, s/ ordinario” del 29/10/2015; íd., “López Dolores Gregoria c/ Telecom Personal SA, s/ ordinario” del 19/11/2015; entre otros), que a mi modo de ver la solución del a quo con respecto a la tasa de interés aplicable no se ve alterada por lo legislado en el Título V, Sección 2 de la ley 26.994, desde que el perjuicio que se repara con los rubros bajo examen quedaron consumados al amparo de la legislación anterior. Ante esa coyuntura, sería impropio de la función jurisdiccional resolver la cuestión bajo el prisma de la normativa ahora vigente (conf. esta Sala, voto de la mayoría, “Guzman de San Félix c/ Plan ovalo y otros, s/ ordinario” del 29/10/2015; íd., “López Dolores Gregoria c/ Telecom Personal SA, s/ ordinario” del 19.11.2015; íd., “Zazzarino, Gustavo Adrian c/ Liderar Cía. Argentina, s/ ordinario” 29.12.2015; id., “Fernández, Jorge Eduardo, c/ La Caja de Seguros SA, s/ ordinario” 26.11.2015).
(4) Corresponde a esta altura examinar la restante omisión señalada en el escrito de expresión de agravios presentado por la actora; esto es: “el resarcimiento a la firma Plásticos Mendoza SA” por la suma de $ 450.000.
Adelanto que la admisión de la crítica se impone y ello es así porque, las razones que hube expuesto en el apartado 2, puntos (iii) y (iv) a las que me remito en honor a la brevedad, aparecen ratificadas por el perito actuario designado en la causa en su dictamen de fs. 777/783.
Dicho en otros términos, la actividad probatoria que Iarplas SA desplegó (fundamentalmente pericial contable y pericia actuarial), vino a confirmar la versión que expuso en el escrito de inicio; esto es: que como consecuencia del incumplimiento en que incurrió Plastiferro Tubos SA, no pudo cumplir con los compromisos que asumió al suscribir un contrato de colaboración empresaria con Plásticos Mendoza SA, a quien luego debió indemnizar en la modalidad establecida en el “Acuerdo de partes” del 26.4.2011.
Entonces, cumplida que fue por Iarplas SA la carga que le imponía el cpr: 377 se impone acoger el reclamo por la suma de $ 450.000. Sobre dicho importe, se devengarán los intereses establecidos en la anterior instancia, de acuerdo a los fundamentos que expuse más arriba.
(5) Finalmente, la modalidad en que fueron impuestas las costas fue criticada por la accionante.
Ciertamente, en atención a la forma en que se resuelve la cuestión, corresponde modificar lo decidido por el juez de grado. Es que, la condena en costas al vencido, constituye un resarcimiento que la ley conforme la prescripción contenida en el cpr. 68, reconoce al vencedor para sanear su patrimonio de los perjuicios que le ocasione el pleito. La misma debe ser entendida como reparación de los gastos razonables y justos, generados durante el devenir del proceso para accionar o para defenderse.
Por tanto, el vencimiento lleva consigo tal condena principio éste resultante de la aplicación de una directriz axiológica de sustancia procesal, en cuya virtualidad debe impedirse que la necesidad de servirse del proceso se convierta en daño (CNCom, Sala B, 28.3.89, “San Sebastián c/ Lande, Aron”); es decir, es una institución determinada por el supremo interés que el derecho cuyo reconocimiento debe transitar por los carriles del proceso, salga incólume de la discusión judicial (CNCom, Sala B, 12.10.89, “De la Cruz Gutiérrez, Graciela María, c/ Círculo de Inversores SA”; esta Sala, 11.10.2011, “Koldobsky Liliana Estela c/ Koldobsky Carlos David s/ ordinario”; íd., 10.07.2012, “Galli, Horacio Alberto c/ Euroderm SRL, s/ ordinario”).
En virtud de lo anterior, la demandada deberá cargar con la totalidad de las costas devengas en este pleito.
V. Conclusión.
Por todo lo expuesto si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas propongo al Acuerdo: (a) admitir las quejas de la parte actora y consecuentemente, extender la condena impuesta en la instancia de grado a los rubros “utilidad no percibida por la no concreción del contrato de colaboración empresaria suscripto por Plásticos Mendoza SA” por la suma de $ 480.000 y “el resarcimiento a la firma Plásticos Mendoza SA” por la suma de $ 450.000, de acuerdo a los fundamentos establecidos en los puntos (3) y (4) de la presente, (b) desestimar las quejas de Plastiferro Tubos SA y, (c) imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arg. cpr: 68).
Así voto.
Por análogas razones el doctor Juan Manuel Ojea Quintana adhiere al voto que antecede.
La Dra. Tevez agrega:
1. Comparto en lo principal la solución propiciada por el distinguido vocal preopinante. No obstante, y respecto a los intereses moratorios devengados a partir del 01.08.15, adelanto que arribo a idéntica conclusión mas por distintos fundamentos.
2. De acuerdo con averiguaciones hechas desde esta Vocalía, no hay reglamentaciones específicas del BCRA que establezcan diversas tasas de interés moratorio para las distintas relaciones jurídicas a partir de la entrada en vigencia -el 1ro. de agosto del corriente año- del Código Civil y Comercial de la Nación (conf. arg. art. 768 inc. “c”, del CCyC
Me explico
Como premisa inicial, sostengo que los intereses moratorios producidos a partir del 01.08.15 son una consecuencia no agotada de la relación jurídica y que, sobre tal base, deben regirse por la ley nueva (conf. arg. art. 7, 1er. párrafo, CCyC.; conf. Moisset de Espanes, Luis; “Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 (Código Civil)”, pág. 19, Ed. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976).
Así, desde mi perspectiva interpretativa del derecho transitorio aunado al contenido de las disposiciones del art. 768 del CCyC., los nuevos accesorios devengados por la mora ya no pueden ser fijados de acuerdo a las pautas de los arts. 565 del CCom. y 622 del CCiv.
En este sentido, el art. 768 del CCyC. dice sobre los intereses moratorios que: “A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a. por lo que acuerden las partes; b. por lo que dispongan las leyes especiales; c. en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central“.
En el caso, no hay tasa acordada por las partes ni dispuesta por ley especial. Así, en este supuesto, la cuestión debe decidirse de acuerdo a lo previsto en el último inciso del transcripto art. 768, es decir, “…por tasas que se fijen según reglamentaciones del Banco Central”.
Desde este enfoque conceptual, las diversas tasas de interés moratorio que el BCRA determine, en su caso, habrán de aplicarse a todas aquellas relaciones jurídicas que no tuvieren una prevista ni por las partes ni por la ley.
Ahora bien.
Pese a que el art. 768 inc. “c.” del CCyC resulta de aplicación inmediata, como señalé, al día de la fecha no existen reglamentaciones actuales del BCRA que determinen, de acuerdo al art. 768, inc. c del CCyC., cuáles son estas tasas.
Así las cosas y en este estado inicial de situación, frente a la ausencia de reglamentación especial actual, el deber de los jueces de resolver (art. 3 del CCyC) y vistos los usos, prácticas y costumbres imperantes, juzgo que, por el momento, procede continuar con la aplicación de la tasa activa usualmente utilizada por este Fuero Comercial (“S.A. La Razón s/ quiebra inc. de pago profesionales (art. 288)”, del 27.10.94 y esta Sala F “Moreno Constantino Nicasio c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. s/ ordinario”, del 01.08.13.) y que coincide con aquella propuesta por mi colega preopinante.
3. Con estas aclaraciones y salvedades adhiero al voto del Dr. Barreiro.
Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:
Rafael F. Barreiro
Juan Manuel Ojea Quintana
Alejandra N. Tevez
María Florencia Estevarena
Secretaria
Buenos Aires, 3 de mayo de 2016.
Y Vistos:
Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: (a) admitir las quejas de la parte actora y consecuentemente, extender la condena impuesta en la instancia de grado a los rubros “utilidad no percibida por la no concreción del contrato de colaboración empresaria suscripto por Plásticos Mendoza SA” por la suma de $ 480.000 y “el resarcimiento a la firma Plásticos Mendoza SA” por la suma de $ 450.000, de acuerdo a los fundamentos establecidos en los puntos (3) y (4) de la presente, (b) desestimar las quejas de Plastiferro Tubos SA y, (c) imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arg. cpr: 68).
Notifíquese al domicilio electrónico o en su caso, en los términos del art. 133 CPCC (Ley 26.685, Ac. CSJN 31/2011 art. 1° y 38/2013; R.P. de esta Cámara Nro. 71/2014). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.
Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).
Rafael F. Barreiro
Juan Manuel Ojea Quintana
Alejandra N. Tevez
María Florencia Estevarena
Secretaria
008670E
