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JURISPRUDENCIAAsociación ilícita. Arrepentido. Ley 27304. Regulación legal. Rechazo del acuerdo de colaboración
Se rechaza la solicitud de homologación del acuerdo de colaboración entre el señor fiscal de instrucción y el imputado, declarándose improcedente el pedido de aplicación de la figura del “arrepentido”, pues aún no ha tenido recepción en el ordenamiento procesal de la Provincia de Córdoba. Se exhorta tanto a la Legislatura como al Ministerio Público de la provincia para que establezcan reglas para la aplicación de la figura del arrepentido ya que se impone la necesidad de una regulación específica y previsible que precise cuál es el estatus jurídico de quien se acoge a este régimen.
Córdoba, dos de noviembre de dos mil dieciocho.
Y VISTA: La presente causa caratulada “A., J. M. y otros p. ss. aa. asociación ilícita, etc. p/agregar» (expte. SAC ________ ), venida a despacho a fin de resolver la solicitud de homologación del acuerdo de colaboración entre el señor fiscal de instrucción de distrito I turno I y el imputado N. F. A. y relacionado a los autos principales: “A., J. M. y otros p.ss.aa. asociación ilícita, etc. (SAC ________ ).-
Y CONSIDERANDO: Que surge de las presentes actuaciones, el certificado de fs. 01 en donde el encartado N. F. A. solicitó una entrevista con el fiscal.
Que con fecha veintiuno de septiembre del corriente se formuló un acuerdo de colaboración entre el fiscal de instrucción Dr. Enrique Gavier y el encartado N. F. A., con la presencia de su abogado defensor -Dr. Damián Morales-, conforme a las prescripciones de la Ley 27304.-
Que se le receptó declaración de imputado a N. F. A. en cinco oportunidades (ver fs. 03/21) en virtud del referido acuerdo.-
CONCLUSIONES: Luego de analizar la solicitud del Sr. Fiscal, los elementos de la causa, la regulación de fondo y procesal, y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, entiendo que no corresponde hacer lugar al pedido, dado que la ley que establece la figura del “arrepentido” aún no ha tenido recepción en el ordenamiento procesal local.
Dicha conclusión se sigue de lo resuelto por el TSJ en la causa Reynoso (Resolución 515, del 24/11/2016). Allí, la mayoría del tribunal se pronunció, en una situación análoga, en contra de aplicar la figura sin recurrir a una regulación específica, a la vez que rechazó la posibilidad de aplicar por analogía las normas del CPPN (que fue la postura de la minoría). Sostuvo que la solución adecuada era que el legislador provincial estableciera una reglamentación específica o que, al menos, se esperara a las instrucciones generales por parte de la máxima autoridad del Ministerio Público. En aquella resolución se discutía la posibilidad de aplicar lo prescripto por el art. 59 del CP (según Ley 27147). Dicho artículo constituye la plasmación de ideas relativas al principio de oportunidad -el problema central era la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio- y en la misma ley se condicionaba su aplicación a lo que establecieran “las leyes procesales correspondientes”.
La Ley 27304 del “arrepentido” también recepta, a mi criterio, un principio de oportunidad. En el caso, no se renuncia completamente al castigo, pero sí a parte de él por razones de conveniencia. Con otras palabras, se abandona el principio según el cual todos deben responder por sus delitos conforme a su responsabilidad para dar lugar una pena menor si el sujeto aporta información útil para el proceso. También aquí, como allá, la ley nacional condiciona su aplicación a una regulación provincial al decir que se invita “a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes a los efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente ley”.
Siguiendo el fallo Reynoso, corresponde, entonces, o bien esperar a que la legislatura provincial se haga eco del pedido nacional o bien, al menos, esperar a directivas generales del Ministerio Público para lograr uniformidad y predictibilidad en el tratamiento de una figura tan novedosa para un sistema jurídico (penal y) procesal penal como el nuestro.
La figura tiene, además, otras dos peculiaridades que también sugieren la necesidad de una regulación específica. La primera es que el CPPN, por lo menos hasta que se logre instrumentar la última reforma, ha puesto siempre la investigación, por regla, en manos del juez de instrucción (art. 26), tradición que ya ha sido abandonada hace décadas en la provincia, en pos de un sistema más acusatorio. Por ello es que una regulación específica para nuestro sistema procesal podría ser diferente a la federal. La segunda particularidad está referida a la concreta declaración del imputado arrepentido. La legislación nacional ha previsto una consecuencia positiva para quien aporte información al proceso: la atenuación de la escala penal aplicable al delito, que, en el caso, tendría la correspondiente a la de la tentativa (art. 41 ter CP). Pero con buen tino ha condicionado la procedencia del instituto a la necesidad de que la información sea veraz, previendo graves sanciones para quien aporte información falsa sobre la posibles responsabilidades de terceros. La posible pena tienen un mínimo de cuatro años y un máximo de diez de prisión (art. 276 bis, CP).
Estimo que una regulación específica y previsible del modo en que tal declaración debe ser llevada adelante, y que precise cuál es el estatus jurídico de quien se acoge a este régimen, también se impone atento la gravedad de lo que está en juego.
RESUELVO: No hacer lugar al pedido formulado por el Sr. Fiscal de homologación del acuerdo y a la vez exhortar tanto a la Legislatura como al Ministerio Público de la provincia para que establezcan reglas para la aplicación de esta figura.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE Y REMÍTASE A LA FISCALIA INTERVINIENTE.
PERALTA, José Milton
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA
VIGNA, María Alejandra
SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA
Parrilli, Oscar s/nulidad – Cám. Nac. Crim. y Correc. Fed. Sala I – 11/09/2018 – Cita digital IUSJU031218E
034022E
