Se confirma la resolución que aprobó la liquidación efectuada como debido por el recurrente en concepto de tributos e intereses, ya que la autoridad administrativa está facultada a fijar los que se discuten en el caso (art. 794, CA), y en tanto se sujeten a los límites de la delegación no puede sostenerse, en principio, que de ese modo se transgredan derechos o garantías constitucionales.
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