Se anula la decisión que declaró la extinción de la acción penal por prescripción y sobreseyó al imputado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, por considerar que los cargos públicos desempeñados por los miembros de la Administración de Programas y Planes Especiales del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación justifican la suspensión del curso de la prescripción en los términos del artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal.
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