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JURISPRUDENCIASociedades. Contratos parasocietarios. Derecho de preferencia. Pérdida de la calidad de socio
Se confirma la sentencia que desestimó la indemnización pretendida en el marco de un contrato parasocietario, pues todas las tenencias del grupo familiar se transfirieron dentro del marco de consenso que inspiró el propósito del citado contrato suscripto entre los socios originales, y que el actor, teniendo conocimiento de todo ello, no ejerció el derecho de preferencia, ahora requerido, total o parcialmente, antes de perder su calidad de socio.
En Buenos Aires, a los 2 días del mes de noviembre de dos mil quince, se reúnen los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, con asistencia de la Señora Secretaria de Cámara, para entender en los autos caratulados “Salaberry Carlos Alberto c/ Singer Roberto Oscar y otros s/ ordinario» (Expte. N° 65193/2008, originarios del Juzgado del Fuero Nro. 2, Secretaría Nro. 3, en los cuales, como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo establecido en el art. 268 C.P.C.C.N., resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctora María Elsa Uzal, Doctora Isabel Míguez y Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers. El Señor Juez de Cámara Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers no interviene en el presente Acuerdo por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara Doctora María Elsa Uzal dijo:
I. Los hechos del caso.
1) En fs. 19/25, se presentó Carlos Alfredo Salaberry -por apoderado- y promovió demanda contra Roberto Oscar Singer, Ivone Ana Drisner, Carlos Rubén Maksemchuk, Erica Singer, Martha Hilda Singer, Karin Vivian Joerg, Andrea Catherine Joerg e Ingrid Martha Ivone Joerg, persiguiendo el pago de una indemnización que tendría su causa en el incumplimiento de una cláusula penal prevista en un pacto parasocietario que habría sido celebrado el 9.3.1989.
Relató que Ralf Singer fue el fundador de Expreso Singer Sociedad Anónima de Transportes, originariamente una sociedad cerrada familiar, siendo sus socios los integrantes de su familia y los cónyuges de sus hijas mujeres que se fueron agregando, entre ellos, el actor.
Contó que, a iniciativa de aquél, los socios originarios suscribieron un pacto externo al estatuto de la sociedad en el que se estipuló que en caso de venta o transferencia de acciones de la empresa por parte de alguno de los socios debía otorgarse preferencia a los restantes y que, en caso de incumplimiento, estos últimos podrían reclamar al transmitente, en concepto de indemnización, el equivalente al 50% de las acciones que se hubieran transferido, o en su defecto, el valor proporcional del patrimonio neto que ellas representaban.
Señaló que la limitación a la transmisibilidad de las acciones iba a ser introducida en el estatuto, pero que la enfermedad y el posterior fallecimiento del fundador de la sociedad, Ralf Singer, impidió que ello ocurriera.
Manifestó que luego de divorciarse de la hija del fundador y como consecuencia de la liquidación de la sociedad conyugal, su porcentual accionario quedó reducido al 5,88 % del capital social. Agregó que producido el deceso del fundador y luego de su divorcio se lo trató de excluir de los negocios sociales.
Siguió diciendo que tomó conocimiento que entre agosto y octubre de 2007, los demandados ofrecieron en venta sus tenencias accionarias y que fueron adquiridas por la familia Zbikoski.
Manifestó que, posteriormente, se vio obligado a vender a los nuevos adquirentes, su porcentaje accionario, dado que no deseaban tener otros socios y que le advirtieron que realizarían un aumento del capital, de modo tal que su porcentual accionario se vería sensiblemente disminuido.
Destacó que los demás socios lo excluyeron de todas las negociaciones llevadas a cabo para la venta de la mayoría accionaria y que le ocultaron el precio, mediante la invocación de una cláusula de confidencialidad.
De otro lado, alegó que la duración del convenio referido estuvo dada por el plazo de vida de la sociedad, por tratarse de una convención accesoria y necesariamente vinculada al ente. Asimismo, sostuvo que el plazo de prescripción se debería computar a partir de que la obligación se tornó exigible y que hasta el momento en que se efectuó la venta de las acciones a terceros, ninguna otra transferencia lo tornó operativo.
Asimismo, consideró que el referido convenio resultaba oponible a los sucesores universales de los accionistas firmantes, con fundamento en que éstos recibieron las acciones junto con la totalidad de los derechos y también de las obligaciones inherentes a ellas.
2) En fs. 140/150 se presentaron Roberto Oscar Singer, Martha Hilda Singer, Carlos Rubén Maksemchuk e Ivone Ana Drisner, contestaron la demanda instaurada en su contra y solicitaron su rechazo, con costas.
Efectuaron una negativa de los hechos invocados por su contraria y dieron su versión de lo acontecido.
Impugnaron la validez del acuerdo con fundamento en que el mismo carece de plazo de vigencia. Señalaron que la obligación de otorgar una preferencia a favor de los restantes accionistas para la adquisición de acciones implica una restricción a la transmisibilidad de las mismas, que se pretendió introducir mediante un acuerdo parasocietario, cuando conforme el estatuto social de Expreso Singer S.A.T. al tiempo en que se efectuaron las transferencias, la transmisibilidad de acciones era libre.
Agregaron que las cláusulas restrictivas no pueden operar sine die, salvo que ello se pacte en forma expresa o que se introduzca en el contrato social y acompañe la duración de este último.
Manifestaron que con posterioridad a la firma del convenio y con anterioridad a la venta del paquete mayoritario, se efectuaron transferencias accionarias que no respetaron ningún derecho de preferencia a favor de los demás accionistas; y que ello fue así porque en realidad el convenio no era exigible. Específicamente, refirieron una transferencia accionaria efectuada por Ralf Singer a favor de Salaberry (acta de directorio del 10.3.1989) y otra de este último a favor de su ex-cónyuge (en agosto de 2001, conforme una nota dirigida al directorio de la empresa).
Invocaron el art. 218 inc. 4 del Cód. de Comercio y alegaron que la conducta de Salaberry posterior a la firma del convenio, es incompatible con su pretensión, la cual resultaría contraria a la buena fe.
Manifestaron que el convenio entrañó sólo un compromiso de orden moral y de respeto hacia el fundador de la sociedad, mientras éste viviera; pues de lo contrario se habría estipulado un plazo de vigencia o se habría introducido la cláusula en el estatuto social, ya que existió sobrado tiempo para hacerlo.
De otro lado, invocaron que en el mencionado acuerdo tampoco se previó un plazo para ejercer el derecho de preferencia contrariando lo previsto por el art. 153 de la ley 19.550, lo cual lo tornaría nulo.
Señalaron que la cláusula que previó una indemnización equivalente al 50 % de las acciones transferidas o en su defecto el valor proporcional patrimonial por ellas representado, considerando la situación del accionante es contraria a la moral y a las buenas costumbres, lo que determinaría su nulidad.
Afirmaron que el actor no se encontraba en situación de ejercer el derecho de preferencia y que su intento de hacer valer dicha cláusula importa un manifiesto abuso del derecho que conduciría a un notable enriquecimiento ilícito.
De otro lado, manifestaron que el convenio resultó inoponible a los sucesores universales que no lo suscribieron: Carlos Rubén Maksemchuk, hijo de José Santiago Maksemchuk; Karin Vivian Joerg, Andrea Katherine Joerg e Ingrid Martha Ivone Joerg, hijas de Leonor Singer.
También destacaron que aquéllos no tenían conocimiento de la existencia del convenio, sino hasta que recibieron cartas documento remitidas por el actor; que no existía ninguna atestación al respecto en el registro de acciones de la sociedad. Alegaron que el art. 3417 del Cód. Civil no resulta aplicable al caso, toda vez que el art. 1195 del mismo código dispone que no se transmiten a los sucesores universales las obligaciones emergentes de los contratos que sean inherentes a las personas de los celebrantes.
Manifestaron que se trató de un convenio con un marcado carácter intuitu personae; y que sólo podría extenderse a terceros si ellos lo admitieran, lo cual no ocurrió.
Sostuvieron que el contrato parasocial se extingue para la parte que pierde su situación o estado de socio y que el adquirente de la participación social no lo sustituye como parte en el contrato parasocial.
Sostuvieron que no existió por parte de ellos incumplimiento contractual, ni doloso, ni culposo, alegando que los firmantes del convenio conocían que el Sr. Salaberry no tenía ninguna posibilidad de ejercer la preferencia, por lo que no existió un obrar negligente, ni intención de frustrar el derecho de aquél. Señalaron que el actor reconoció que tomó conocimiento del ofrecimiento de venta de las acciones, pese a lo cual no mostró voluntad de ejercer el derecho de preferencia, dado que no podía realmente ejercerlo.
Recordaron que vendieron el 94,12 % del capital social a un sólo comprador y en un único acto, por lo que el actor habría tenido que ofrecer ese porcentaje del valor patrimonial proporcional del 100% de las acciones según patrimonio neto o un valor mayor acorde el valor real o de mercado de las acciones. Destacaron que cuatro días después el actor vendió sus acciones, conducta que evidenció que el actor no estaba en condiciones de afrontar la preferencia.
Agregaron que la venta de las acciones por parte del actor implicó una renuncia tácita al derecho de invocar el convenio y señalaron que de esta manera el actor se colocó en posición de ex-accionista, cuando el convenio era para accionistas.
Recordaron que el actor reconoció que tomó conocimiento de que el nuevo adquirente aumentaría el capital social y que se vería disminuido su porcentual accionario. Sostuvieron que ello resultó una confesión en cuanto a su falta de recursos para acompañar el aumento de capital y del mismo modo, para ejercer el derecho de preferencia.
Finalmente, adujeron que Salaberry vendió sus acciones en forma voluntaria, señalando que de haber existido algún vicio, pudo haber promovido acción contra el nuevo adquirente en los términos del art. 954 del Código civil o del art. 251 de la LS.
Concluyeron en la falta del factor de atribución de la responsabilidad civil, en la inexistencia del daño y en la falta de relación causal entre el hipotético daño y el incumplimiento atribuido.
3) En fs. 161/172, se presentaron -por apoderado- Ingrid Martha Ivone Joerg y Karin Vivian Joerg y contestaron demanda en los mismos términos descriptos precedentemente.
4) Lo propio hizo Erica Singer en fs. 229/244, también en los mismos términos.
5) Abierta que fue la causa a prueba se produjo la que surge de las certificaciones de fs. 638 y vta. y fs. 736.
6) Puestos que fueron los autos para alegar, hicieron uso de ese derecho los demandados Roberto Oscar Singer, Ivone Ana Drisner, Martha Hilda Singer, Carlos Rubén Maksemchuk, Ingrid Martha Ivone Joerg y Erica Singer (fs. 780/797. En fs. 799 se tuvo por no presentado el alegato de la parte actora por extemporáneo.
II. La sentencia apelada.
En la sentencia de fs. 807/815 el a quo juzgó que el demandante no se encontraba legitimado para reclamar como lo hizo.
Con base en la prueba instrumental en que se fundó la acción y haciendo una aplicación por analogía de las pautas aplicables a las personas legitimadas para promover la acción prevista por el art. 251 de la LSC, consideró que en el caso la legitimación activa requería que la condición de accionista debía mantenerse, como principio, durante toda la sustanciación del juicio y que, por lo tanto, resultaba carga de la parte actora acreditar ese carácter y su mantenimiento, mediante la presentación de las acciones correspondientes.
El juez de grado destacó que en la especie se procuró el forzado cumplimiento de una cláusula penal incorporada -en exclusivo beneficio de los accionistas- en un pacto parasociertario del año 1989, cuando su promotor perdió el necesario estado de socio al decidir, y concretar, la venta de su tenencia accionaria.
El sentenciante consideró que con la transmisión de las acciones se transmitió junto con ellas la totalidad de los derechos y de las obligaciones inherentes a tal condición, entre ellos la posibilidad de exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el convenio parasocial.
En esa inteligencia, juzgó que la reconocida venta de las acciones se constituyó en óbice dirimente para el ejercicio de los derechos nacidos del pacto, remarcando que expresamente se consignó que la preferencia estaría dada para «accionistas» y que la mentada venta, aun forzosa o involuntaria, implicó la pérdida del estadio de socio, con todo lo que ello representa.
Asimismo, señaló que el propio actor, al cursar las misivas que precedieron a estas actuaciones, reconoció su calidad de ex accionista de Expreso Singer S.A., por lo que -consideró- que mal podía invocar los derechos y las prerrogativas inherentes a esa pretérita condición, pues ello implicaría un venire contra factum propium, inadmisible procesal y sustantivamente.
Por ende, rechazó la demanda, con costas.
III. Los agravios.
Contra la sentencia de la anterior instancia se alzó la parte actora, quien expresó agravios a fs. 835/840 vta. En fs. 847/851 vta. obra la contestación de los codemandados.
La parte actora se agravió de que el juez a quo analizara y declarara, de oficio, la falta de legitimación de su parte. Sostuvo que, de ese modo, el juez se apartó de la traba de la litis, sin respetar el principio de congruencia y violando su derecho de defensa en juicio.
Asimismo, se agravió de que el sentenciante hiciera una aplicación por analogía del art. 251 de la LS al caso de autos para concluir en la falta de legitimación de su parte. Sostuvo que en el caso se presenta una situación totalmente diferente a aquélla prevista por esa normativa (impugnación de Asambleas) y que para reclamar el cumplimiento de la cláusula penal prevista en el convenio, el carácter de socio debe ser exigido a la fecha de la venta de las acciones, mas no, con posterioridad a la misma. Destacó que a esa fecha era accionista de la sociedad y que, posteriormente, tuvo que dejar de serlo como consecuencia de la posición desventajosa en que quedó luego de que los demás socios vendieran sus tenencias accionarias.
Agregó que la legitimación de su parte nació cuando los demandados vendieron sus participaciones accionarias y remarcó que el fondo del asunto no es propiamente societario, sino relativo a un reclamo basado en una cláusula penal prevista en un contrato suscripto entre las partes.
Sostuvo que el a quo se equivocó al enmarcar el caso dentro del ámbito societario, considerando que cabe enmarcarlo en el ámbito contractual.
IV. La solución propuesta.
Vistos los agravios traídos por la parte actora, liminarmente, cuadra determinar si el magistrado de grado se encontraba autorizado, o no, a analizar en la sentencia definitiva, oficiosamente, la legitimación ad causam de la parte actora. En su caso, habrá de determinarse si en el sub lite se configuró, o no, un supuesto de falta de legitimación activa. Eventualmente, también habrá de analizarse si la actora tiene derecho a percibir la indemnización perseguida.
1. El caso y la pertinencia del examen de la legitimación activa.
Debe recordarse que la “legitimación para obrar” es la cualidad emanada de la ley para requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso, que, en la mayoría de los casos, coincide con la titularidad de la relación jurídica sustancial (cfr. Colombo, Carlos, J. “Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación – comentado y anotado”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1969, pág. 241).
Tiene dicho esta Sala, que la legitimatio ad causam requiere la correspondencia del derecho sustancial con la persona que lo hace valer. La pauta para determinar la existencia de legitimación procesal está dada, en principio, por la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso (cfr. esta Sala A, 28.06.07, mi voto in re: “Daly y Compañía S.A. s/ quiebra c/ Cadbury Schweppes Public Limited y otro”; idem, 23.12.08, in re: “Adaka S.A. c/ Automóvil Club Argentino Asociación Civil (ACA) s/ ordinario”; entre otros).
En efecto, la legitimación para obrar o procesal es un requisito de admisibilidad de la pretensión procesal, en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa. Por ende, la pretensión debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, lo cual no obsta para que el sujeto pasivo que carezca de tal atributo sea citado al proceso y asuma en él la calidad de parte demandada, circunstancia que le permitirá, eventualmente, hacer valer su propia falta de legitimación y, por consiguiente, la inadmisibilidad de la pretensión contra él deducida. La ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de “falta de acción” (sine actione agit) (véase: Palacio, L. E., “Derecho Procesal Civil”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1967, T° 1, págs. 413 y sgtes.).
En la especie, los demandados no opusieron formalmente la defensa de falta de legitimación activa al contestar la demanda, sin embargo alegaron que el actor, al vender sus acciones, se colocó en posición de ex – accionista y que el acuerdo era para accionistas, planteo que conlleva una defensa de la naturaleza indicada.
En este marco recuérdase que, en la sentencia definitiva, valorando los elementos probatorios aportados durante el transcurso del proceso, el juez debe pronunciarse acerca de la existencia o inexistencia de legitimación para obrar, aun en la hipótesis de que el demandado se haya abstenido de plantear, en oportunidad de contestar la demanda, el problema referente a la falta de legitimación (conf. Palacio, Lino, «Derecho Procesal Civil», T°. VI, pag. 135, Abeledo Perrot, Bs. As., 1977; en igual sentido: CNCom. Sala D, 29.10.98, «Honigman de Brandt c/ Círculo de Inversores SA de Ahorro para fines determinados s/ Ord.»; id. Sala B, 04/09/1995, “Goldser SA c/ Granero Aníbal S/ Ord.”).
En este mismo orden de ideas también se ha dicho que cabe declarar de oficio por parte del sentenciante de grado, como del tribunal de alzada la falta de legitimación para obrar -la que no solo es una facultad, sino un deber del magistrado examinar-, antes de analizar la fundabilidad de la pretensión incoada, en cualquier momento y aun cuando se dicte sentencia (conforme esta sala A, 24.9.98, «Flor de Lis SA c/ Guarneri, Juan y Otro»; id. 29.12.99, “Madanes Mónica C/ Aluar Aluminio Argentino SA s/ Sum”; Sala B, 30.11.76, «Tarena c/ Pons s/ Quiebra»; Sala C, 22.02.90, «Basf Argentina SA c/ Romero y Fernández SRL s/ Ord.”.; en igual sentido: esta Sala A, 27.6.06, «Castro, Alejandro c/ Xerox Arg. SA s/ Ordinario»; Sala E, 09.06.09, «Lah Ukmar, Viviana c/ Miguens, Ernesto Gabriel s/ Ordinario»).
Es claro pues que en el sub lite, cupo al a quo examinar formalmente la existencia de legitimación activa al momento de plantearse la demanda y se encontraba habilitado y obligado a abordar la cuestión al momento de dictar sentencia, como lo hizo. En consecuencia, el agravio sobre el punto debe ser rechazado.
2) Sentado ello, corresponde ahora determinar si en el sub lite se configuró, o no, un supuesto de falta de legitimación activa.
En la especie la parte actora pretende que se condene a los demandados a abonarle la indemnización prevista en el convenio celebrado el 9.3.1989 entre los socios de Expreso Singer S.A.T., para el caso de incumplimiento de lo allí acordado en relación a la transferencia o venta de acciones de esa sociedad.
En el referido convenio, la totalidad de accionistas de Expreso Singer S.A.T -entre ellos el aquí actor- pactaron que en caso de venta o transferencia de acciones de la empresa por parte de alguno de los socios debía otorgarse preferencia a los restantes y que, en caso de incumplimiento, estos últimos podrían reclamar al transmitente, en concepto de indemnización, el equivalente al 50% de las acciones que se hubieran transferido, o en su defecto, el valor proporcional del patrimonio neto que ellas representaban (véase fs. 27).
En el sub lite no se encuentra controvertido que, con fecha 17.10.2007, la totalidad de los accionistas de Expreso Singer S.A.T. – con excepción del actor- vendieron sus participaciones accionarias a un tercero (véase fs. 92/108) y no se ha acreditado que aquéllos hubiesen ofrecido la compra de esas acciones al Sr. Carlos Alfredo Salaberry para que pudiera ejercer su derecho de preferencia.
En este marco, nos encontramos pues, ante una pretensión que se sustenta en la existencia de un convenio entre socios, en el que éstos reglaron el modo de transferir sus acciones y las consecuencias de su incumplimiento, que se trata de un acuerdo de los que la doctrina ha denominado como contratos parasociales.
2. Los contratos parasociales.
Las realidades de la vida económica, los requerimientos de las actividades empresarias, las participaciones de sociedades en sociedades, los vastos fenómenos de grupos de sociedades, fueron factores que pusieron de relieve la fragilidad de un esquema que no aceptaba vinculaciones intermedias entre las sociedades y sus accionistas, sin embargo, la adopción del principio mayoritario resultó un estímulo para los entendimientos, las alianzas, los acuerdos, ocasionales o permanentes, a través de los cuales los accionistas podían prevalecer en las asambleas y fueron desarrollándose así las prácticas de los contratos parasociales que, a través de un largo proceso, han alcanzado, con mayor o menor amplitud, un reconocimiento en el derecho comparado.
En efecto, ya la ley brasileña de sociedades por acciones de 1976 aludía a los “acuerdos de accionistas” y el Código de Sociedades Comerciales de Portugal de 1986 legislaba sobre los “acuerdos parasociales”, aunque en el derecho comparado se los conoce como pactos, convenciones, consorcios, acuerdos extra – estatutarios o sindicatos de acciones. La doctrina en general admite la validez de este tipo de pactos entre las partes, aunque señalando que nunca podían afectar a terceros, ni aún en el supuesto de que éstos tuviesen conocimiento de su contenido (conf. Anaya, J. “La sindicación de acciones”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Anales, Segunda Época, Año XLI, N° 34, 1996, pág. 133 y doctrina allí citada.)
Se trata de contratos destinados a regular aspectos determinados de la sociedad o de las relaciones de los socios con ésta o en el contexto de ésta, sin formar parte del contrato social. Se trata de convenciones que no integran el contrato social sea porque no son adoptadas mediante los mecanismos necesarios -particularmente por no ser convenidas por todos los socios al formarse la sociedad, o por no ser adoptadas conforme a los mecanismos requeridos para la modificación del contrato social, mediante su aprobación por asamblea, publicidad, etc.-, o porque no han sido adoptadas conforme a los mecanismos formales exigidos para integrar el contrato social o, por último, por incluir reglas que, aunque referidas a la sociedad, no son susceptibles de integrar el contrato social (Cabanellas de las Cuevas, “Derecho Societario – Parte General – Los socios. Derechos, obligaciones y responsabilidades”, Ed. Heliasta S.R.L., pág. 435/36).
Específicamente, en el caso se trata de un “pacto de bloqueo” o “sindicato de bloqueo”, una especie de “pacto parasocial”, cuyo objeto es establecer limitaciones o condicionamientos a la transmisibilidad de las participaciones sociales de los integrantes del sindicato a terceros no sindicados, otorgando o no derechos de opción de compra preferente a sus adherentes y en general se establecen para evitar que entre un tercero ajeno al elenco de socios existente (véase: Rovira, “Pactos de Socios”, ed. Astrea, Buenos Aires 2006, págs. 276 y 282).
Otra característica inherente a estos contratos radica en la profunda personalización de las relaciones entre las partes, que se traduce en las restricciones a la libre transmisibilidad de las participaciones sociales. Es que en el objeto de esos pactos hay un amplio espacio inherente a la concordancia de líneas de acción entre personas que se dispensan recíproca confianza y consideran útil un duradero entendimiento; a tal fin establecen reglas de procedimiento que les permitirán acordar la implementación de políticas empresarias y la programación de acciones a través de reuniones frecuentes, en discusiones simplificadas y personalizadas (véase Anaya, ob. cit., pág. 155 y doctrina allí citada).
Se ha dicho que mediante los contratos parasociales los socios, disponen, al margen y separadamente del ordenamiento societario que los rige, de los derechos que de él derivan, obligándose recíprocamente a ejecutarlos de un modo predeterminado (conf. Anaya, J. ob. cit., Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Anales, Segunda Época, Año XLI, N° 34, 1996, pág. 133 y doctrina allí citada.), aunque se ha señalado que estos acuerdos no deben afectar la conducta de los intervinientes o de otras personas en el ejercicio de sus funciones de administración o fiscalización (véase art. 17, inc. 3 Código de Sociedades Comerciales de Portugal).
El Maestro Anaya explicaba que las estipulaciones de los socios son ajenas aunque colaterales al contrato social o estatuto, con un alcance integrativo o aun derogatorio de lo establecido en éste y aún de las reglas que son connaturales al tipo, destacando que es de la esencia del contrato parasocial la voluntad de los firmantes de vincularse al margen del contrato o estatuto.
Así, enseña que las relaciones jurídicas entre los socios quedan separadas en dos campos, aún en el supuesto de que todos los socios participen en el contrato parasocial. Este último será la fuente de las relaciones en uno de los campos, mientras que en el otro, derivará del contrato social y, en principio, permanecerá insensible al primero.
Para describir esta disociación, la doctrina suele aludir a la naturaleza individual y a los efectos meramente obligacionales de los contratos parasociales que son inoponibles al sujeto societario, en contrapartida a la naturaleza corporativa de las relaciones societarias y sus efectos oponibles erga omnes propias de las cláusulas del contrato social, aunque ello no empece a la correlación que media entre ambos ámbitos. En este sentido se ha dicho que versando sobre derechos de los socios, los contratos parasociales resultan accesorios del contrato social pues carecerían de causa sin la existencia de éste. Sin embargo, esta dependencia no va en detrimento de la autonomía de los acuerdos parasociales, característica que no pierden cuando todos los socios participen en ellos, ni se menoscaba por la incidencia que tiene el contrato social en los alcances de sus estipulaciones. Por obra de la autonomía, la existencia y el cumplimiento del contrato parasocial solamente vincula a los socios que son parte en él, pero no a la sociedad, a los demás socios, ni a los terceros.
El ámbito atribuido a los efectos de estos contratos se explica porque los derechos y obligaciones que de ellos provienen son distintos de los que provienen de la disciplina legal y estatutaria, a la que no se equiparan ni desplazan. Es decir que estos contratos carecen de idoneidad -ni es su propósito tampoco- para modificar la disciplina de la ley (en cuanto meramente dispositiva) ni del estatuto. Conciernen a la actividad preparatoria que precede al cumplimiento de los actos sociales, lo que se mantiene con relación a la sociedad. La autonomía de estos acuerdos celebrados entre los socios permite justificar su validez, no obstante la incidencia que las relaciones así dispuestas tienen sobre la organización y funcionamiento de la sociedad. Porque no puede desconocerse que al disponer los socios por tal medio de los derechos que tienen su fuente en el contrato social, sus estipulaciones afectan, siquiera de hecho, el esquema de la disciplina societaria (véase Anaya, ob. cit., págs. 148/50 y doctrina allí citada).
De la autonomía y el carácter personal del vínculo se sigue que el contrato parasocial se extingue para la parte que pierde su situación o estado de socio y quien adquiere de un socio la participación social no lo sustituye, sin embargo, como parte del contrato parasocial. Es que la participación en tales pactos no se transmite con las acciones porque ellos generan relaciones que conciernen exclusivamente a los individuos -socios o accionistas- pero no vinculan a las participaciones, cuotas o acciones ni, a la posición de socio que de ellas deriva. Por ende, la personalización de las relaciones entre las partes de estos contratos da la razón de su intransmisibilidad mediante una cesión que acompañe a la transmisión de la participación social y ello se ha entendido aplicable, incluso, en caso de sucesión a título universal (véase: Anaya, ob. cit., pág. 156). Galgano señalaba que los pactos parasociales no tienen ninguna eficacia frente a terceros o respecto de la sociedad; sólo vinculan a los socios que los han suscripto, con exclusión de los sucesivos adquirentes de las acciones, de los suscriptores de nuevas emisiones y de los herederos (véase: Galgano F., “Diritto Civile e Comerciale”, Vol III, T, T° 2, Padua 1980, pág. 74).
Bajo este orden de ideas, debe señalarse que el aquí actor reconoció que, luego de producida la referida venta de la mayoría del paquete accionario de la empresa a un tercero, efectuada por el resto de los socios, también transfirió sus acciones al mismo tercero, con lo cual, en ese momento perdió su calidad de socio de la firma Expreso Singer S.A.T. y consecuentemente, se extinguió para él el contrato parasocial que lo vinculaba con los demás socios que lo habían suscripto.
En el marco descripto, es claro que la finalidad del contrato de marras consistía en limitar el derecho a la disponibilidad de las participaciones sociales de una sociedad cerrada para mantener las acciones en el seno del grupo de la familia Singer, restringiendo el acceso a la sociedad de terceros ajenos a ésta para que la conducción de la empresa se mantuviera dentro de ese ámbito y así evitar injerencias no queridas. Es evidente pues, que el propósito perseguido fue resguardar el interés del grupo conductor en cabeza de cuyos integrantes se reconocía la opción y el derecho a exigir la multa, más que resguardar el derecho individual de cada socio -véase fs. 27-.
En el sub lite aparece claro en la línea indicada, que todas las tenencias del grupo familiar se transfirieron dentro del marco de consenso que inspiró el propósito del acuerdo parasocietario suscripto entre los socios originales y que, el actor, tuvo conocimiento de todo ello, sin que se haya acreditado, en modo alguno, que éste hubiera querido ejercer su ahora pretendido derecho de preferencia, total o parcialmente, antes de perder su calidad de socio. En efecto, ninguna prueba ha sido aportada a los fines de acreditar ese extremo, pese a que en su demanda, se reitera, manifestó que tuvo conocimiento de que los accionados, entre los meses de agosto y octubre de 2007, estuvieron ofreciendo la venta de sus tenencias a dos de los más importantes empresarios del transporte automotor del país y que, finalmente, fueron adquiridas por la familia Zbikoski el 17.10.2007 (véase fs. 20 vta. y 21). Por lo tanto, esa conducta importó consentir la transferencia de la mayoría del paquete accionario por parte de sus consocios, a un tercero, sin ejercer su derecho de preferencia y todavía, luego, él mismo, muy poco después, vende también su propia participación, muy minoritaria por cierto (5,88 %), al mismo grupo.
En este contexto, cuando la mayoría de los socios, entre ellos, los suscriptores sobrevivientes del convenio parasocial -con excepción del actor-, decidieron vender las acciones de la sociedad a un tercero, ante la falta de oposición de este último, es claro que aquél pacto quedó resuelto por extinción del fin perseguido en él pues, se reitera, su objeto consistía en limitar el acceso a la sociedad de terceros ajenos a la familia Singer para que la conducción de la empresa se mantuviera en ese ámbito familiar.
Máxime que, posteriormente y casi de seguido, se reitera, el actor perdió su calidad de socio al transferir su propia participación accionaria.
Concluyendo, de las constancias de autos surge que el actor, recién en los meses de enero y febrero de 2008, reclamó a los demandados -admitiendo expresamente su calidad de ex socio- que le abonaran la indemnización prevista en el convenio parasocial para el caso de incumplimiento (véanse las cartas documento remitidas a los ex consocios obrantes a fs. 35/41), es decir, cuando ya había perdido su calidad de socio y, por ende, ya había devenido extinto el contrato con todos sus derechos y obligaciones inherentes, con su pleno conocimiento.
En este marco, al momento de demandar, el actor ya no era accionista de Expreso Singer S.A.T. y tampoco demostró haber intentado ejercer su derecho de preferencia antes de perder su calidad de socio. Es claro pues, que mal pudo entonces, careciendo de toda legitimación sustancial, accionar como lo hizo contra los demandados, con base en un contrato parasocial ya extinguido y agotado en sus efectos.
Lo hasta aquí expuesto determina el rechazo del recurso de la parte actora y la confirmación de la sentencia recurrida en todas sus partes, por los fundamentos expresados.
V. Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo:
Rechazar el recurso de apelación de la parte actora y, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes, confirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68 CPCCN).
He aquí mi voto.
Por análogas razones la Sra. Juez de Cámara Dra. Isabel Miguez adhiere al voto precedente.
Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron las Señoras Jueces de Cámara Doctoras: Isabel Míguez y María Elsa Uzal. Ante mí: María Verónica Balbi. Es copia fiel del original que corre a fs. … del Libro Nro. 125 de Acuerdos Comerciales – Sala «A».
María Verónica Balbi
Secretaria de Cámara
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2015
Y VISTOS:
Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:
a) Rechazar el recurso de apelación de la parte actora y, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes, confirmar la sentencia apelada, con costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68 CPCCN).
b) Notifíquese a las partes y devuélvase a primera instancia.
c) A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas. El Señor Juez de Cámara, Doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers no interviene en la presente resolución por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Isabel Miguez
María Elsa Uzal
María Verónica Balbi
Secretaria de Cámara
Nissen, Ricardo A., La exclusión del socio, Compendio Jurídico, Tomo V, Diciembre 2001,
Monteleone Lanfranco, Alejandro P., Las restricciones estatutarias a la transmisión de acciones, Compendio Jurídico, Tomo VII, Junio 1995,
005693E
