Se confirma el fallo que, al admitir la medida cautelar peticionada, suspendió la ejecución de una resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas, ya que no se ha respetado la garantía del debido procedimiento administrativo en forma previa a la suspensión funcional de los órganos societarios de la entidad societaria, lo que implica soslayar el cumplimiento de las previsiones del art. 96 y ccs. de la ey 3460 y del Decreto Ley 28/00 y su reglamentación, al no conferírsele el pertinente traslado para que formulen su descargo y ofrezcan y produzcan prueba ante una supuesta denuncia en su contra.
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