Con sustento en lo dictaminado por la Procuradora General de la Nación, se rechaza el derecho de la solicitante a la percepción de los salarios caídos del trabajador fallecido -quien había sido suspendido y procesado por cometer un delito-, pues para la procedencia de lo solicitado se requería que el proceso administrativo y penal se resolviera definitivamente y no por un hecho fortuito como la muerte del trabajador.
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