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JURISPRUDENCIAEntrega de camión. Demora excesiva. Responsabilidad del concesionario. Privación de uso
En el marco de un juicio por daños y perjuicios, en el que se persigue el resarcimiento por los daños generados a raíz de la demora sufrida en la entrega de un camión 0 km que adquirió el actor, se confirma en lo principal la sentencia que admitió parcialmente la demanda y condenó a las demandadas.
En Buenos Aires, a los 14 días del mes de Julio del año 2017, reunidas las Señoras Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdo, fueron traídos para conocer los autos caratulados: “METAL POL S.A. contra FORD ARGENTINA S.C.A. Y OTRO sobre ORDINARIO” (EXPTE. N° 51690/2015) en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden: Doctoras Matilde E. Ballerini, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. La Sra. Juez Dra. Ana I. Piaggi no interviene en la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N).
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
La Señora Juez de Cámara Dra. Matilde E. Ballerini dijo:
I. A fs. 45/48 Metal Pol S.A. promovió demanda contra Ford Argentina S.C.A. y Sur-Cam S.A. solicitando se los condene al pago de ciento cincuenta mil pesos ($150.000) con más sus intereses y costas por los daños y perjuicios que alegó haber padecido como consecuencia de la demora sufrida en la entrega de un camión 0 km que adquirió de las accionadas.
La sentencia dictada a fs. 182/189, a cuya exposición de los hechos me remito en orden a evitar estériles reiteraciones, admitió parcialmente la demanda y condenó a las defendidas a abonarle a la actora setenta y cinco mil pesos ($75.000) con más sus intereses y costas, en concepto de privación de uso.
Para así resolver, el Sr. Juez a quo concluyó que el plazo insumido por las accionadas para efectivizar la entrega del vehículo adquirido por Metal Pol S.A. resultó excesivo y que por ello correspondía indemnizar al comprador por el tiempo en que se vio imposibilitado de utilizarlo.
Asimismo, extendió la responsabilidad al concesionario codemandado por considerar que también tuvo participación en la operación convenida, habiendo facturado y percibido ciertos importes por gastos administrativos, de flete y patentamiento, etc.
En punto a la graduación de la condena, indicó que ante la ausencia de pruebas que permitiera precisar el daño efectivamente padecido, correspondía que sea fijado prudencialmente en los términos del art. 165 CPr. Bajo tales parámetros, estableció el importe indemnizatorio en la suma de setenta y cinco mil pesos ($75.000) con más intereses desde el día en que el vehículo debió ser entregado (30/10/2004).
II. Contra dicho pronunciamiento se alzaron la accionante y ambas codemandadas.
Metal Pol S.A. fundó su recurso con la pieza de fs. 205/207, contestada por Sur-Cam S.A. a fs. 219/220 y Ford Argentina S.C.A. a fs.225/226. Éstas a su vez, hicieron lo propio con los agravios expresados a fs. 201/203 y fs. 208/212vta. respectivamente, respondidos por la contraria a fs. 214/217 y fs.222/223vta.
Ambas codemandadas cuestionaron el importe fijado por el anterior sentenciante en concepto de privación de uso. Señalaron que no se habían producido pruebas que demostraran la configuración y cuantía del padecimiento reclamado. Asimismo, Sur- Cam S.A. se agravió porque se extendió la condena a su parte. Insistió en que se trató de una venta directa entre Ford Argentina y la actora y que ella sólo se limitó a hacer la entrega del vehículo.
Por su parte, la única crítica expresada por Metal Pol S.A. refiere a la indemnización reconocida, la cual calificó de reducida y solicitó su aumento.
III. Razones de orden metodológico aconsejan comenzar por el análisis del agravio expresado por el concesionario codemandado respecto a la extensión de la condena a su parte.
Más allá del indudable esfuerzo dialéctico, estimo que la queja en estudio no logra conmover los fundamentos esbozados por el anterior sentenciante en el pronunciamiento atacado.
La participación del concesionario codemandado en la operación de compraventa que vinculó a los justiciables parece, a criterio de esta vocal preopinante, como un hecho incuestionable.
No sólo así lo acredita la documentación obrante en autos (ver “solicitud de pedido”, factura y recibos de fs. 24/30 reservados en sobre nro.CI V51690/2015 y en copia a fs. 7/20), sino que también dio cuenta de ello el Gerente de Servicios del concesionario, Sr. Walter Ariel Ramírez, quien en su declaración testimonial refirió a que el vendedor que participó en la operación (evidentemente refiriéndose a un empleado de Sur-Cam S.A.) era quien transmitía los reclamos que la actora realizaba como consecuencia de la demora en la entrega del camión (ver fs. 159vta).
Por lo demás, las relaciones internas entre el fabricante-concedente y su concesionario no pueden servir de justificación para eludir la responsabilidad frente a los perjuicios que le ocasionan a sus compradores (conf. art. 1195 C.Civ). En este sentido, si se vio favorecido por la venta de la unidad, aun cuando sólo hubiera lucrado por los servicios de patentamiento y flete como arguyó la apelante (aunque el cambio del motor presumiblemente debe haber redundado en algún provecho hacia su parte), no puede pretender desentenderse de los daños que dicha operación -por la cual se benefició- ocasionó en su cliente. En todo caso, si así lo considera, deberá posteriormente ser reclamado ante su concedente, en el marco del vínculo que los une.
En consecuencia, se rechaza el agravio.
IV. A continuación, se analizaran en forma conjunta las quejas vertidas por los justiciables respecto a la indemnización reconocida en concepto de privación de uso.
Como se dijo, las demandadas cuestionan su admisión por entender que no se produjeron pruebas que acrediten su configuración. Por su parte, la actora calificó de insuficiente el monto reconocido y solicitó su elevación.
La privación de uso consiste en la imposibilidad material de utilizar el rodado y el consecuente daño que se infiere al titular del bien, impidiéndole su utilización con el efecto de una obvia reducción de las posibilidades para la que está destinado (conf. CNCom., esta Sala, in re: “Ramos de Ganbino, Noemí Cristina c/ Empresa de Transportes Martínez, línea 234 int. 30 y otros”, del 30/03/1994; ídem, in re: “Sobrero Julio c/ Boston Compañía Argentina de Seguros S.A. s. ordinario”, del 18/10/2006, entre muchos otros).
En forma pacífica, la jurisprudencia ha dicho que la mera indisponibilidad material -y jurídica- del rodado a raíz del obrar de la reclamada, configura por sí un daño indemnizable (conf. CNCom., Sala C, in re: “Grosso Juan c/ HSBC La Buenos Aires Cía. de Seguros s/ ordinario”, del 19/04/2005; ídem, in re “Rodríguez Edrulfo c/ Guini Automotores s/ sumario, del 5/04/2005; ídem, in re “Zamoratte Raúl Alberto c/ Círculo de Inversores S.A. s/ ordinario” del 18/03/2003, entre otros) y produce una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria que no requiere ser probada (conf. CSJN, fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065).
Nos hallamos ante una prueba in re ipsa, es decir, que surge inmediatamente de los hechos, que su vinculación no se encuentra sujeta a cánones estrictos, y que no es, por lo tanto, imprescindible aportar prueba directa sobre tal padecimiento (conf. Bustamante Alsina, Jorge, en «Equitativa reparación del daño no mensurable», publ. en LL. 1990-A-654).
A modo ilustrativo, obsérvese que así también lo receptó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 1744, donde establece lo siguiente: «Prueba del daño. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos».
De tal premisa, se infiere una clara excepción a la regla general de la carga de la prueba cuando los daños surgen notoriamente per se de los mismos hechos que lo ocasionaron. En tal sentido, los «hechos notorios» son aquellos hechos comunes, conocidos y tenidos por ciertos por la generalidad de las personas, que por investir tal calidad excluyen la posibilidad de que sean puestos en duda por el órgano judicial (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, en «Código Civil y Comercial de la Nación» comentado, T. VIII, pág. 514, Ed. Rubinzal- Culzoni, Bs. As., 2015).
Todo lo expuesto, no hace más que reafirmar la improcedencia de exigir al demandante la demostración del perjuicio sufrido, en tanto la privación de uso del automotor supone un daño in re ipsa (conf. CNCom. Sala D, in re, “Clich Horacio Ariel c/ Caja de Seguros S.A s/ ordinario” del 01/12/2016).
Cabe entonces concluir, al igual que lo hiciera el Magistrado de la anterior instancia, que el daño efectivamente existió. Ergo, deben desestimarse las críticas vertidas por las defendidas en este sentido.
V. Ahora bien, a continuación resta determinar el quantum de la indemnización.
Para ello, debe tenerse presente que como contrapartida de la imposibilidad de la actora de utilizar el vehículo de su propiedad, ésta ha obviado incurrir en ciertos gastos, tales como combustible, estacionamiento, talleres, etc.
Es por ello que, si el uso del automotor le ocasiona a su propietario una cantidad de erogaciones, por la máxima compensatio lucri cum damno deben ser deducidos del monto total a indemnizar para no convertir la indemnización en una causa inadecuada de ganancia a favor del damnificado (conf. CNCom. esta Sala, in re, “Piccone Macazaga S.A. c/ La República Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. s/ ordinario” del 29/04/2010, entre otros).
Adicionalmente, debo indicar que es correcto que la actora no ha producido pruebas que permitan a esta vocal preopinante determinar -en forma fehaciente- la extensión del perjuicio padecido. Véase que salvo las manifestaciones vertidas por su parte en el escrito inaugural (fs. 46/48), ningún otro elemento fue aportado a la causa.
Ergo, frente a la ausencia de prueba específica sobre la cuantía del daño de que se trata, la pauta para establecer el resarcimiento debe ser ponderada con criterio estricto (conf. CNCom. esta Sala, in re, “Bandagro S.A. c/ Volkswagen Argentina S.A. y otro s/ ordinario” del 19/05/2014).
En función de lo precedentemente expuesto, ponderando el tiempo por el cual la accionante se vio imposibilitada de utilizar el vehículo adquirido (desde el 30/10/2004 hasta el 11/03/2015), que se trata de un camión que presumiblemente iba a destinarse a un uso comercial, juzgo que corresponde admitir parcialmente las quejas vertidas por las accionadas y reducir la indemnización reconocida en la anterior instancia, fijándola prudencialmente en la suma de treinta mil pesos ($30.000) con más los intereses establecidos en el pronunciamiento recurrido.
VI. En relación a las costas de esta instancia, atento el modo en que se decide, deberán ser soportadas en el orden causado.
Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo: 1) Rechazar el recurso de fs. 194; 2) admitir parcialmente las apelaciones de fs. 190 y fs. 192; 3) en consecuencia, confirmar en lo principal que decide la sentencia dictada a fs.182/189 modificándola exclusivamente con el alcance fijado en el punto V del presente; y 4) imponer las costas de esta Instancia en el orden causado.
Así voto.
Por análogas razones, la Dra. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero adhiere a las conclusiones del voto que antecede. Con lo que se terminó este Acuerdo que firmaron las señoras Jueces de Cámara. Es copia fiel del original que corre a fs. 1310/15 del Libro de Acuerdos Comercial Sala B.
RUTH OVADIA
SECRETARIA
Buenos Aires, Julio 14 de 2017.
Y VISTOS:
Por los fundamentos del acuerdo que precede, se resuelve: Rechazar el recurso de fs. 194; 2) admitir parcialmente las apelaciones de fs. 190 y fs. 192; 3) en consecuencia, confirmar en lo principal que decide la sentencia dictada a fs.182/189 modificándola exclusivamente con el alcance fijado en el punto V del presente; y 4) imponer las costas de esta Instancia en el orden causado. Regístrese y notifíquese por Secretaría, en su caso, conforme Acordadas N° 31/11 y 38/13 CSJN y devuélvase. Oportunamente, cúmplase con la publicación a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada N° 15/13 CSJN.
MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO
MATILDE E. BALLERINI
019030E
