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JURISPRUDENCIAAccidente de tránsito. Colisión de moto con camión. Altura del puente. Colisión del camión con el puente. Falta de señalización
Se modifica la sentencia recurrida y se condena al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños y perjuicios sufridos por los actores a causa de la muerte de su hijo, ocurrida en circunstancias en que, conduciendo su motocicleta, impactó contra la parte trasera de un camión que transportaba un conteiner vacío y que, al intentar pasar por debajo del puente del ferrocarril, colisionó con la estructura metálica del mismo, deteniéndose abruptamente sobre la línea de marcha de la motocicleta.
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 12 días del mes de abril de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “STAHL EDGARDO CARLOS AUGUSTO c/ MARINO RICARDO Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)” (Expte. n° 98841/2002) respecto de la sentencia de fs. 1009/1021, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: ROBERTO PARRILLI – CLAUDIO RAMOS FEIJOO – MAURICIO LUIS MIZRAHI -.
A la cuestión planteada, el Dr. Parrilli dijo:
I.- Edgardo Carlos Augusto Stahl y Elizabeth Angélica del Tránsito Cáceres ambos por derecho propio, demandaron a Ricardo Marino; Ernesto Germán Rodríguez; Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; “Transportes Metropolitanos General San Martín”; Ferrocarriles Metropolitanos SA (e.l.); “T.B.A SA”, “Trainment Seguros S.A”, “La Perseverancia Seguros S.A” y “LUA Seguros La Porteña S.A.”, éstas últimas en los términos del art. 118 de la ley 17.418, por los daños y perjuicios sufridos a causa de la muerte de su hijo Federico Alejandro Sthal ocurrida el día 20 de diciembre de 2001, en circunstancias en que, conduciendo su motocicleta por la Avda. Sarmiento (altura Lugones) de esta Ciudad, impactó contra la parte trasera izquierda del camión Fiat, modelo 619 T1, color blanco, dominio … y semi, marca ONDA TRAYLER, modelo 1981, dominio …, ambos propiedad de Ricardo Marino (ver fs.77/87 causa penal), conducido por Ernesto Germán Rodríguez y asegurado en “La Perseverancia Seguros S.A”, que transportaba un conteiner vacío y, al intentar pasar por debajo del puente del ferrocarril General Bartolomé Mitre, colisionó con la parte lateral inferior de la estructura metálica del referido puente, deteniéndose abruptamente sobre la línea de marcha de la motocicleta conducida por Sthal.
En la sentencia de fs.1009/1021, luego de considerar que el camión conducido por Rodríguez circulaba con una altura de 4,20 metros y que ésta resultaba superior a la permitida en la legislación de tránsito condenó exclusivamente a Ricardo Marino, Ernesto Germán Rodríguez y “La Perseverancia Seguros S.A”, rechazando la demanda con relación a los otros demandados.
Contra la referida sentencia obrante a fs. 1009/1021 interpuso recurso de apelación el apoderado de los actores a f. 1022, el cual fue concedido a f. 1050 y fundado mediante la expresión de agravios agregada a fs. 1449/1530, cuyo traslado se contestó a fs. 1555/1570 por el Gobierno de la Ciudad, a fs. 1571/1572 por el Estado Nacional y a fs. 1586/1590 por “La Perseverancia Seguros S.A”.
Por su parte, la aseguradora del demandado Rodríguez interpuso recurso de apelación a f. 1030 el cual fue concedido a f. 1445 y fundado mediante la expresión de agravios agregada a fs. 1531/1554, cuyo traslado se contestó a fs. 1574/1585 por la parte actora y a fs.1591/1601 por el Gobierno local, quien controvirtió tales agravios.
II.-Antes de entrar en el examen del caso y dado el cambio normativo operado con la entrada en vigencia del actual Código Civil y Comercial debo precisar que, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo.
En consecuencia, de acuerdo al sistema de derecho transitorio contenido en el art. 7° del nuevo Código y como ya lo ha resuelto la Sala (ver mi voto en autos: “D. A. N y otros c/ C. M. L. C S.A y otros s/daños y perjuicios – resp. prof. médicos y aux” del 6-8-2015), la relación jurídica que origina esta demanda, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas- de acuerdo al sistema del anterior Código Civil- ley 17.711, interpretado, claro está, a la luz de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país porque así lo impone una correcta hermenéutica y respeto a la supremacía constitucional.
Por otra parte, debo decir que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros) y tampoco es obligación ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las apropiadas para resolver (art. 386 in fine del Código Procesal; CSJN, «Fallos»: 274:113; 280:3201; 144:611).
III. La actora se agravia porque se rechazó la demanda respecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que “la sentencia descarta la responsabilidad del GCBA inaplicando la ley 24.449 y sus normas reglamentarias, mediante una conjetura absurda sobre la señalización con un único cartel que indicaba la altura del puente” (ver f. 1453).
De igual modo, cuestiona el rechazo respecto de “Ferrocarriles Metropolitanos SA”, Transporte Metropolitano General San Martín S.A”, Trenes de Buenos Aires S.A., Trainment S.A. y Lua Seguros La Porteña S.A. pues sostiene que “ha quedado demostrado que todas estas empresas accionadas incumplieron la responsabilidad objetiva habiendo asumido la obligación de seguridad por resultado, consistente en la señalización de la altura del puente sobre la carretera debía ser visible, suficiente y adecuada, en consonancia con el principio de buena fe” (ver f. 1468). Agrega que “la actividad y responsabilidad de las demandadas está legalmente regulada, son prestatarias en materia de tránsito, transporte y seguridad vial, y deben responder por el uso irresponsable del espacio público en condiciones que infraccionan su reglamentación” (ver f. 1474). Por último, cuestiona por escasos los montos asignados a “valor vida y pérdida de chance”; “daño psíquico”; “tratamiento psicológico” y “daño moral” y la imposición de costas.
Por su parte, “La Perseverancia S.A” afirma que el Sr. Juez ha realizado una “errónea imputación de responsabilidad en virtud de lo que se desprende del art. 53 de la ley 24.449” (ver f. 1531 vta.). A su vez, afirma que se “atribuyó la responsabilidad del hecho al codemandado Ernesto German Rodríguez, haciendo caso omiso, de la atribución de culpa establecida en la causa penal” (ver fs. 1531 vta./1532) y cuestiona que “el sentenciante no valoró, ni ponderó en lo más mínimo, la negligente e imprudente conducta seguida en el evento dañoso por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” (ver f. 1536 vta.). Asevera que no se valoró la conducta de la víctima quien “circulaba a una distancia inferior a la reglamentaria de separación de 2 segundos” (ver f. 1538 vta.). Por último, apela los montos asignados a “valor vida”, “daño moral”, “tratamiento psicoterapéutico” por considerarlos elevados y la tasa de interés aplicada.
IV. Frente a la pluralidad de demandados que han sido traídos por la parte actora a este prolongado proceso y la responsabilidad que se les endilga se hace necesario determinar cuál fue la causa adecuada del daño cuya reparación reclaman los actores y por consiguiente, quién es el o los responsables.
Como enseñaba Llambias, la complejidad para saber cuándo el efecto dañoso que está a nuestra vista debe reconocer su causa en el obrar del sujeto, a quien se le exige responsabilidad, deriva de que “la realidad social no es simple: los hechos no aparecen perfectamente dibujados, sino que, de ordinario, integran un conjunto o masa de acontecimientos que actúan como factores determinantes, condicionantes o coadyuvantes de sucesivos fenómenos” y explicaba que el derecho “no se satisface con una pura relación de causalidad material, puesto que no es una física de las acciones humanas. Aún averiguando que tal hecho deba aceptarse como causa de tal efecto dañoso, esto sólo no basta para concluir que el autor de aquel hecho tenga que afrontar la reparación del daño producido. Antes de ello, el derecho se preguntará si es justo que así sea, pues todas las conclusiones a que él llega están contempladas bajo el prisma de la justicia. De ahí que, según la índole del hecho originario del daño, y especialmente de acuerdo al reproche o censura que merezca la conducta en cuestión, será menester dilatar o restringir aquella relación de causalidad material, para que resulten o no comprendidas en ella tales o cuales consecuencias del hecho originario. De ese ajuste o corrección bajo el prisma de la justicia, del nexo de causalidad material, surge que la causalidad jurídica, es decir, la que el derecho computa a los fines de la pertinente responsabilidad” (cfr. Tratado de Derecho Civil – Obligaciones- Tomo 1, 4ª ed, Perrot, Buenos Aires, 1983, p.366).
De allí que en nuestro derecho “causa de un daño” es solo aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producir el resultado. Las demás condiciones, que no producen normal y regularmente ese efecto, serán sólo condiciones antecedentes o factores concurrentes (arts. 901 y concs del Código Civil).
Dicho de otro modo, la causa adecuada actúa como el principio en que virtualmente está contenido el efecto. La condición, en cambio, “opera como ambiente o atmósfera propicia para que la causa actúe” (ver Puig Peña, citado por Trigo Represas Félix A- López Mesa Marcelo, en “Tratado de la Responsabilidad Civil”, Tomo I, p.609, n° 951).
El apoderado de los actores intentó e insiste en determinar una “única unidad fáctica”, y así trajo al proceso a todos los sujetos que tuvieron algún contacto con el hecho, transformando en causa a todas las condiciones que dieron origen al accidente a través de unificarlas a modo de la teoría de la “conditio sine qua non”, rechazada por la jurisprudencia y doctrina nacional (cfr. Bueres – Highton, “Código Civil…”, Tomo 2B, p.429). Dicho razonamiento no puede prosperar en tanto que la afirmación de que la suma de las fuerzas que han contribuido al resultado ha de ser considerada la causa de este, es incompatible con la otra afirmación de que cada una de estas fuerzas puede ser calificada de causa del evento (cfr. Llambías, op. cit). Para decirlo con Birkmeyer: Si: m+n+o=p, entonces ni m ni n ni o =p” (cfr. Gimbernat Ordeig Enrique “Delitos cualificados por el resultado y causalidad”, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, p. 52).
V. Surge del dictamen realizado por el perito ingeniero mecánico, perteneciente a la División de Ingeniería Vial Forense de la Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal Argentina, obrante a fs.166/167 de la causa penal n° 107.673/2001, que tramitara por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción n° 33, Secretaría n° 170, que en el puente donde sucediera el accidente, sobre la izquierda del mismo, más precisamente entre el 1er y 2do carril de la Avenida Sarmiento, existía un cartel indicativo de su altura de 3,90 metros con 2 flechas a modo de acotación vertical y sin otro tipo de leyenda o inscripción.
Dicho experto agregó que “El cartel está ubicado en un lugar donde se dificulta su visualización ya que queda parcialmente tapado por la propia estructura metálica del puente y además por el follaje de los árboles. Cabe destacar además que este cartel se encuentra manchado en sus bordes con pintura de color verde del mismo color del puente, resultando obvio que por descuidos fue manchado en ocasión de haber pintado el puente, y esto dificulta aún más su temprana visualización. El empalme de la Av. Lugones para tomar la Av. Sarmiento hacia Libertador, es al mismo nivel mediante curva a la derecha, desde la cual no se llega a ver el cartel antes referido; recién saliendo de dicha curva, a una distancia de 78 metros, se puede empezar a ver el cartel, sabiendo de la existencia del mismo y “buscándolo” con la vista, pero en rigor de verdad, durante la conducción normal ese cartel se lo puede ver cuando ya está muy próximo al puente y pasa casi inadvertido. Para los vehículos que vienen circulando por la Av. Sarmiento desde Costanera hacia Libertador se presenta el mismo problema, es decir que desde lejos el cartel queda tapado por los árboles y recién se puede ver en proximidad del puente” y en lo que respecta a la altura del camión conducido por Rodríguez informó que “en la pericia a fs.121 se indica que la misma era de aproximadamente 4,20 metros…” (ver f.167).
Si como afirmara el Sr. Juez de la anterior instancia, la altura máxima permitida para los camiones era, por aquél entonces, 4,10 metros, no habría dudas de la responsabilidad que se endilgara a su propietario y al conductor Rodríguez. Mas ocurre que eso, no es así.
Como bien señala el apoderado de los referidos codemandados, el decreto 79/98, reglamentario del art. 53 de la ley 24.449, a fin de adecuar la normativa a las disposiciones del MERCOSUR, dispuso que “las dimensiones máximas establecidas en el inciso c) del artículo 53 de la ley, se complementan con las siguientes: Alto: cuatro metros con treinta centímetros (4,30 m)”
Ese error de la sentencia desmorona el razonamiento que llevara al Sr. Juez a condenar a Marino, Rodríguez y su aseguradora, pues demuestra que el camión contaba con la altura reglamentaria para circular y lo hacía por lugar permitido (ver dictamen pericial realizado a f. 721/732) y nos conduce a ubicar la causa adecuada del accidente en la negligencia y falta de servicio del Gobierno local, que no tomó las debidas precauciones para indicar la altura del puente y evitar así, que el camión quedase repentinamente atascado, transformándose en un obstáculo imprevisible e inevitable para Federico Alejandro Sthal, quien circulaba detrás de aquel y al impactarlo perdió la vida ( art. 1074, 1112 y 1113 del CC ver en este sentido esta Cámara, SALA “H” in re, “El Cóndor E.T. S.A. c. Municipalidad de Buenos Aires” del 29/11/1996, publicado en La Ley Online: AR/JUR/1850/1996, con comentario de Manuel Cuiñas Rodríguez, “Accidentes de circulación y responsabilidad del Estado Municipal”, publicado en LA LEY 1998-F , 492 , Responsabilidad Civil Doctrinas Esenciales Tomo IV 1155).
Así lo entendió el Sr. Juez que intervino en el referido proceso penal, cuando el 13 de marzo de 2002 dictó el sobreseimiento del Ernesto Germán Rodríguez, afirmando: “… las nuevas probanzas colectadas a partir del auto de falta de mérito dictado a fs.119 no agregan elemento cargoso alguno en contra de Ernesto Germán Rodríguez. Tales probanzas, por el contrario permiten aseverar que los hechos acaecidos resultaron producto de la fatalidad y no como consecuencia de una conducta negligente, inexperta o imprudente del imputado. En efecto, el informe producido por el Actuario a fs. 98, producto de su observación “in situ” señala la imposibilidad de visualizar el cartel de señalización de altura del puente del ferrocarril existente en la intersección de las Avdas. Sarmiento y Lugones, como consecuencia de las ramas de los árboles existentes en el lugar, los que tapan su visión a distancia. Así también en idéntico sentido se expiden los responsables del informe pericial producido por la División Ingeniería Vial Forense de la Superintendencia de Policía Científica… En consecuencia, entiende el proveyente que de las constancias arrimadas al presente, no surgen indicios de que el imputado Rodríguez hubiera actuado negligentemente, con impericia o en forma imprudente, causando la muerte de Federico Alejandro Stahl, por cuanto no se ha determinado que obrara infringiendo disposiciones de tránsito, ni que lo hiciera negligentemente o que no hubiera hecho caso a las exigencias que su actividad laboral le imponen, sino más bien que como consecuencia de una deficiente señalización vial y mantenimiento de la misma, se produjo el hecho que condujo a la muerte a la víctima”
En consecuencia, además de los fundamentos que he expuesto, aquéllos explicitados en sede penal y que sustentaron el sobreseimiento de Rodríguez hacen que no se pueda sostener la condena dictada en la anterior instancia contra el referido, a tenor de lo dispuesto en el art. 1103 del Código Civil, según el cual, después de la absolución del acusado, no se podrá alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución (en igual sentido, actual 1777 del CCyC).
Digo esto porque el contenido de la expresión «hecho principal» comprende a la materialidad del hecho sustancial y a la relación de causalidad.
La materialidad del hecho sustancial consiste en los datos fácticos que dio por verificados el magistrado penal y son decisivos para excluir la responsabilidad civil del demandado absuelto en la sede criminal. (LLAMBÍAS, Límite de la cosa juzgada penal, en ED; 84-775).
La relación de causalidad, a su turno, hace a la existencia del hecho.
En consecuencia, si el juez penal sobreseyó porque consideró que el daño que se le atribuía al imputado no guardaba relación de causalidad con su obrar, tal decisión acerca del nexo causal ya no puede discutirse ni ser objeto de revisión en la sede civil.
Determinada entonces la causa adecuada del daño, y no existiendo prueba alguna que pueda sustentar la culpa de la víctima, el Gobierno de la Ciudad Autónoma se erige como el único responsable por lo que he de propiciar al Acuerdo se dicte condena en su contra cuya ejecución deberá quedar ajustada a lo dispuesto en el art. 22 de la ley 23.982 y artículos 399 y 400 del CCAyT de la CABA y se revoque aquélla dictada en la anterior instancia contra Ricardo Marino, Ernesto Germán Rodríguez y “La Perseverancia S.A”
Lo expuesto conlleva también el rechazo de la demanda contra las empresas explotadoras de servicios ferroviarias traídas al proceso y sus respectivas aseguradoras. Corrobora esa conclusión que los propios actores en su escrito de demanda (ver fs. 48/70), afirmaron: “…el decreto 779 reglamentario de la ley 24.449 de tránsito y seguridad vial (B.O. 1995/11/15) específicamente en el anexo L al art. 22 (sistema de señalización vial uniforme) responsabiliza al organismo municipal (codemandado Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires) al disponer que es responsable de la calidad, diseño, prestación, funcionamiento y conservación de los dispositivos de señalización, aclarando que es responsabilidad básica y fundamental de todas las autoridades de aplicación de la normativa del tránsito en la vía publica, la preservación de la integridad y visibilidad de dispositivos (…) Pero lo más importante que se dispone en la reglamentación aludida precedentemente, es que la señal deba estar a una distancia no menor a quince metros del objeto al que hace referencia de modo que al ser visto por el conductor de cualquier vehículo, pueda detenerse antes del mismo” (ver fs. 52/52 vta.).
En suma, la falta de señalización sólo puede atribuirse al Gobierno local y esa fue, como ya dijera, la causa adecuada del daño porque la mera existencia del puente como cosa inerte no genera un riesgo en si mismo. El riesgo existió desde el momento en que el encargado de señalizar la altura omitió hacerlo como correspondía.
Finalmente, no es obstáculo a la conclusión precedente lo afirmado por el Gobierno local en punto a que: “se llegaría a la insensatez de responsabilizar al Estado local de todos los accidentes producidos en el ámbito de su territorio, porque el presupuesto fáctico de los mismos es que fracasó el deber de contralor (…) no puede afirmarse, como lo pretende la actora, que exista un deber de evitar todo daño, sino en la medida de una protección compatible con la tutela de las libertades y la disposición de medios razonables desvirtuaría al Estado de Derecho en un Estado de naturaleza “orwellina” o sea, un Estado omnipresente, gendarme y opresivo a contramano del sistema democrático imperante en nuestro país ” (fs. 1562 vta. y 1563 vta.)
Nadie pretende un Estado gendarme, sólo se trata, en este caso, de señalizar correctamente la vía publica para evitar accidentes, no pudiendo endilgársele al conductor del vehículo responsabilidad alguna por no haber prestado una atención mayor que contrarrestase el incumplimiento de los demandados (cfr. esta Cámara, Sala «F», del 17/09/91, R.: 90.592).
Por lo expuesto, he de propiciar al Acuerdo se dicte condena contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya ejecución deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 22 de la ley 23.982 y artículos 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributrario de la CABA y se revoque aquélla dictada en la anterior instancia contra Ricardo Marino, Ernesto Germán Rodríguez y “La Perseverancia S.A”. Asimismo, se confirme el rechazo de la demanda respecto de los restantes demandados y sus respectivas aseguradoras.
VI. Resuelta la responsabilidad examinaré seguidamente los agravios del actor respecto de los rubros indemnizatorios pues aquéllos expresados por “La Perseverancia S.A” han devenido abstractos al haberse rechazado la demanda en su contra.
El Sr. Juez fijó la suma de $250.000 para cada uno de los padres del fallecido en concepto de “perdida de chance por la muerte del hijo” (ver f. 1017 y f. 1020 punto B, apartado XV).
La parte actora se agravió por el monto fijado al considerar que “la fijación del importe indemnizatorio no se adecua al valor vida y pérdida de chance de Federico Alejandro Stahl, en función de las condiciones y circunstancias personales de la víctima y de los actores (…) no se han conjugado los elementos fácticos acreditados con la solución propuesta, faltando el razonamiento dirigido a sopesar las consecuencias disvaliosas que derivan del contenido económico pasmoso del pronunciamiento y, en este aspecto el agravio suscita cuestión federal suficiente a tenor de la jurisprudencia de la CSJN para casos análogos” (ver f. 1481 vta)
La vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes.
En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue (conf. Fallos 316:912; 317:1006 y 1921).
Ahora bien, para fijar la indemnización por el valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas sino que es menester computar las circunstancias particulares de la víctima y de los damnificados: edad, grado de parentesco, profesión, posición económica, expectativa de vida, etc. (conf. Fallos 317:1006 y sus citas), siendo de aplicación los arts. l084 y l085 del Código Civil que rigen todos los hechos ilícitos que tienen por resultado la muerte de una persona, sean dolosos o culposos, puesto que la intención del autor no cambia la sustancia del acto contrario a derecho (conf. art.ll09 del Código Civil; Belluscio en colaboración con Kemelmajer de Carlucci, en «Código Civil Comentado», T 5, pág.165).
En suma, a los fines de la fijación del resarcimiento es preciso valorar las circunstancias de la causa, sin olvidar que queda librada a “la prudencia de los jueces, fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla” (art. 1084, segunda parte).
Bajo las pautas indicadas, considerando que el hijo de los actores tenía 39 años al momento del accidente, que percibía aproximadamente $ 2.000 como jefe de noticias de Argentina Televisora Color S.A (ATC S.A), la posibilidad de incrementar esos ingresos dada la formación universitaria y profesional del joven fallecido y que sus padres contaban con 69 y 70 años a la fecha del accidente, no encuentro razones para incrementar la cuantía fijada en la anterior instancia que considero razonable (art. 165 del CPCCN) por lo que habré de proponer al Acuerdo se la confirme.
VII. El Sr. Juez de la anterior instancia indemnizó con $50.000 el daño psíquico y con $8.300 el costo de tratamiento a cada uno de los actores (ver f.1019 primer párrafo y punto XII y f. 1020, punto B, apartados XVI y XVII)
El apoderado de los actores manifestó que “causa agravio la sentencia que fija un monto por demás exiguo en concepto de indemnización por daño psíquico, (…) y es que la sentencia es discriminatoria y por eso inconstitucional, al asignar un importe indemnizatorio que resulta simbólico, irrisorio, prácticamente irreal” (ver fs. 1504/1505)
Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues, la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportiva, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109; 312:752, 2412; 315:2834; 316:2774; 318:1715; 320:1361; 321:1124; 322:1792, 2002 y 2658; 325:1156; 326:847 y 334:376, entre muchos otros).
En primer lugar debo decir que no hay obstáculo en reconocer en indemnizar el daño psíquico como permanente y el tratamiento respectivo porque la realización de este último no implica que necesariamente el daño pase a ser transitorio, sino que tiende a evitar el agravamiento del cuadro (ver en este sentido, esta Sala, mi voto, in re, D.A.N y otros c/ C.M. Los C. S.A. y otros s/daños y perjuicios (47177/2009) del 6-8.2015 y precedentes de la Sala “E” allí citados).
Tampoco se trata de indemnizar el daño moral dos veces – (más allá de ponderar esta indemnización al momento de fijar la cuantía de la partida antes referida)- pues a diferencia del agravio moral que resulta transitorio, la lesión verificada en la pericia ha afectado la integridad psíquica de los actores en forma permanente y les generó incapacidad (ver en este sentido, esta Sala, “Díaz Héctor Rafael c/ Aranda Miguel Ángel y otros s/ daños y perjuicios”, exp. N° 89.653 del 06/10/15) que el perito ha estimado en un 15% de por un diagnóstico de duelo patológico moderado (ver f. 662).
Sobre la base de lo antes expuesto, considerando que se ha indemnizado por separado el daño moral, en uso de las facultades conferidas en el art. 165 del Código Procesal, juzgo prudente incrementar la suma reconocida por daño psicológico a $ 100.000 para cada uno de los actores, comprendiendo en la misma el costo del tratamiento psicológico.
VIII. El Sr. Juez de la anterior instancia indemnizó en concepto de daño moral con la suma de $150.000 a cada uno de los actores (ver f.1019 vta y 1020 punto XVIII).
El apoderado de los actores manifestó que ocasiona agravios la sentencia que reconoce la procedencia de la reparación para el daño moral, pero la fija en montos írritos que desnaturalizan el instituto.
Expuso que la muerte del hijo significó “una modificación disvaliosa en el espíritu de sus padres reclamantes” y se agravió porque no hubo una correcta aplicación del art. 1083 del código civil, hoy actualizado en el art. 1740 del nuevo digesto, requiriendo que se fije la suma de $1.000.000 para cada uno de los actores (ver f. 1515).
No es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de este rubro pues sólo la víctima puede saber cuánto sufrió al estar en juego sus vivencias personales.
De allí que su determinación- como lo recordara la Corte IDH- debe ajustarse a los principios de equidad (cfr. caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párrafo 86), sin olvidar el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado y que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no es accesorio de éste último (cfr. CSJN, Fallos: 321:1117; 323:3614 y 325:1156, entre otros).
Sobre lo antes dicho, teniendo en cuenta la pérdida repentina del hijo de los reclamantes y del apoyo emocional que su figura, sin dudas, representaba para sus padres, la estimación que realizaran los propios demandantes que resulta sensiblemente inferior a lo que ahora pretenden, la tasa activa fijada para el cálculo de los réditos y que se indemnizó por separado el daño psicológico, así como el costo del tratamiento respectivo, no encuentro que razones para incrementar las sumas reconocidas en la anterior instancia y propongo al Acuerdo rechazar las quejas y confirmar lo resuelto.
IX. En cuanto a las costas de ambas instancias, inclusive las originadas en la intervención de Ricardo Marino; Ernesto Germán Rodríguez y su aseguradora “La Perseverancia S.A” y con excepción de lo que se resolverá en el apartado siguiente respecto de las generadas en la intervención de los restantes demandados, propongo que se impongan, en ambas instancias, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que resulta vencido pues no encuentro razones para apartarme del principio objetivo de la derrota (art. 68 y 279 del Código Procesal).
X. Con relación a las costas devengadas por las actuaciones de los restantes demandados y sus aseguradoras, considerando que en tanto los actores no intervinieron personalmente en el hecho y, por consiguiente, desconocían algunas circunstancias del mismo, bien pudieron creerse con derecho a deducir su pretensión en la forma en que lo hicieron, es decir, contra todos los sujetos que trajeron al proceso (ver en este sentido, SCBA, in re, Cardozo, Perla B. c. Pilotes Franki Argentina y otros», del 18/9/90 en DJBA, 141-4683 y Zavala de González, M., «Resarcimiento de daños», t. 3, p. 419/420), por lo que propongo al Acuerdo admitir las quejas de los actores (ver f. 1516) e imponer las costas generadas en la intervención de los referidos en el orden causado (art. 68 última parte del CPCCN)
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: 1) hacer lugar a las quejas del actor y de “La Perseverancia S.A”, con el siguiente alcance: Condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aclarando que la ejecución deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 22 de la ley 23.982 y artículos 395; 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA y revocar la condena dictada en la anterior instancia contra Ricardo Marino, Ernesto Germán Rodríguez y “La Perseverancia S.A”. Asimismo, confirmar el rechazo de la demanda respecto de los restantes demandados y sus respectivas aseguradoras; 2) incrementar la suma reconocida por daño psicológico a $ 100.000 para cada uno de los actores, comprendiendo en la misma el costo del tratamiento psicológico; 3) imponer las costas de ambas instancias, inclusive las originadas en la intervención de Ricardo Marino; Ernesto Germán Rodríguez y su aseguradora “La Perseverancia S.A”- con excepción de lo que se resolverá seguidamente respecto de las generadas en la intervención de los restantes demandados- al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que resulta vencido pues no encuentro razones para apartarme del principio objetivo de la derrota; 4) imponer las costas devengadas respecto de los restantes demandados y sus aseguradoras, en ambas instancias, en el orden causado; 5) confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y fue materia de agravios. Así lo voto.
El Dr. Ramos Feijóo , por análogas razones a las aducidas por el Dr. Parrilli, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.
Con lo que terminó el acto: ROBERTO PARRILLI – CLAUDIO RAMOS FEIJOO
Es copia fiel del Acuerdo que obra en la Pág. n° a n° del Libro de Acuerdos de esta Sala “B” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-
Buenos Aires, abril 12 de 2018.-
Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) modificar la sentencia recurrido, condenando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aclarando que la ejecución deberá ajustarse a lo dispuesto en el art. 22 de la ley 23.982 y artículos 395; 399 y 400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, revocando la condena dictada en la anterior instancia contra Ricardo Marino, Ernesto Germán Rodríguez y “La Perseverancia S.A”. 2) modificar la suma reconocida por daño psicológico, incrementándola a $ 100.000 para cada uno de los actores, comprendiendo en la misma el costo del tratamiento psicológico; 3) confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que decide y fue materia de agravios.
Las costas de ambas instancias, inclusive las originadas en la intervención de Ricardo Marino; Ernesto Germán Rodríguez y su aseguradora “La Perseverancia S.A”, se imponen al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que resulta vencido pues no encuentro razones para apartarme del principio objetivo de la derrota
Respecto de los restantes demandados y sus aseguradoras, en ambas instancias, las costas se imponen en el orden causado
Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia, se difiere la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto de las regulaciones practicadas, así como la determinación de los honorarios correspondientes a la tarea desplegada en la Alzada, hasta tanto exista liquidación definitiva aprobada.
Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013).
La vocalía n° 4 no interviene por encontrarse vacante (art. 109 del reglamento para la justicia).
Fecho, devuélvase.-
Fecha de firma: 12/04/2018
Firmado por: DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA
027189E
