Tiempo estimado de lectura 25 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIAResponsabilidad del propietario del camión cisterna y del soldador, por la explosión del mismo cuando se le iban a realizar refacciones
Se revoca la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios intentada alegando el sentenciante ausencia de relación causal entre la conducta del propietario del tanque cisterna y el daño.
En la ciudad de Pergamino, el 14 de Julio de 2017, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en los autos N° 2752-16 caratulados «SATUF, ISABEL ADELA Y OTROS C/ CHADE, CARLOS MIGUEL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.DEL./CUAS.(EXC.USO AUT.Y ESTADO)(98)», Expte. N° -53599- del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 Departamental, encontrándose el Dr. Roberto Degleue excusado a fs. 426, se ordenó la integración de este Tribunal y se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Graciela Scaraffía y Bernardo Louise estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
CUESTIONES:
I) ¿ Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.
II) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la PRIMERA CUESTION la señora Jueza, Graciela SCARAFFIA dijo:
El señor Juez de Primera Instancia 1) rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva -no seguro- deducida por la citada en garantía, Federación Patronal Seguros S.A., con costas a su cargo por resultar perdidosa y reguló los honorarios de los letrados intervinientes.
2) Hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los terceros citados a juicio, Sr. Rubén Angel Rotelle, Sr. Roberto Ramón Pujol y Sr. Carlos Alberto Schaab, en consecuencia, rechazó la demanda incoada en su contra, con costas a cargo del demandado Sr. Carlos Miguel Chade y la citada en garantía. Reguló los honorarios de los letrados intervinientes.
3) Rechazó la demanda de daños y perjuicios incoada por la parte actora, con costas a su cargo por resultar vencida. Reguló los honorarios de los letrados intervinientes, por las tareas realizadas en autos. Reguló los honorarios de los Perito Oficiales y del perito Ingeniero Químico designado en autos.
Tal decisorio fue objeto de los recursos de apelación por la actora a fs. 404 y por la citada en garantía a fs. 408, los que fueron concedidos a fs. 405 y 409 respectivamente. A fs. 452 se ordenó expresar agravios a la actora y a fs. 458 a la citada en garantía. A fs. 465/9 se agrega la expresión de agravios de la actora y a fs. 470/2 la de la citada en garantía. A fs. 473 se ordenaron los traslados. A fs. 474/6 es evacuado por la demandada y a fs. 477/8 por la citada en garantía. A fs. 479 no habiendo la parte actora y los codemandados representados por el Dr. José María Belgrano, evacuado el traslado conferido a fs. 473, se les dió por perdido el derecho que han dejado de usar. A fs. 484 se llama autos para dictar sentencia providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
AGRAVIOS PARTE ACTORA: (fs 465/469)
a) Señala que al ser las reglas de juzgamiento en sede civil distintas a la de penal, se pueden emitir pronunciamientos diferentes sin violar el principio lógico de identidad. Por lo que el dictado del archivo por el Fiscal actuante no impediría la valoración de los aportes de responsabilidad con criterios diferentes en esta sede.-
b) Se queja de la conclusión del a-quo en cuanto señala que la conducta de la víctima interrumpió en forma total el nexo causal; atribuyendo ese desacertado criterio a su juicio, en la circunstancia de que no se evaluó la peligrosidad del tanque ni del combustible que portaba, ni la relación entre la explosión del mismo y el incumplimiento de parte del propietario de la normativa aplicable al caso.-Y para ello dice que acude a la declaración del propio demandado Chade en sede penal. Dice que los análisis de los expertos son coincidentes en señalar la alta peligrosidad del combustible y los vapores que pudieron quedar en la cisterna.
c) Por último se duele de la valoración del a-quo que indica una ausencia de relación causal entre la conducta del propietario del tanque cisterna y el daño, señalando el quejoso que el demandado infraccionó el deber de seguridad y prudencia (art. 902 del Cod. Civ) actuando de manera dolosa al violentar los arts. 506,521 y 1072 del Cod. Civ. según lo prescripto por la Ley 24.051 (arts. 45,46,47 y 48) carácter riesgoso de las sustancias transportadas en los términos del art. 1113 C.C. Señala que el demandado era transportista habitual y que llevó a soldar la cisterna sin previamente haberla lavado como imponen las leyes y reglamentos (reglamento 282/07 ) y ley 11.729 y res. 1177/2002.-
d) Denuncia una incorrecta valoración de la prueba omitiéndose a su criterio la prueba documental (cuadernillo con leyes y resoluciones de la Secretaría de Política Ambiental) y la pericia química que no fueron mencionadas.-
AGRAVIOS DE LA CITADA EN GARANTIA FEDERACION PATRONAL: (fs 470/472)
A través de su apoderado denuncia una errónea interpretación del art. 56 Ley 17.418 señalando, luego de la cita de fallos y doctrina, que el incumplimiento de la carga prevista por el art. 56 por parte del asegurador, no resulta invocable cuando se trate de situaciones de NO SEGURO, de esta manera la omisión de expedirse de la compañía aseguradora no podrá conmutar la falta de cobertura.-
Las citas invocadas coinciden en que el hecho que la compañía no se haya expedido en el plazo contemplado del art. 56 L.S. no implica de modo alguno aceptación si el seguro al que está referida la denuncia, no cubre el riesgo al que se pretende atribuir.-
En síntesis dice que la carga impuesta por el art. 56 solo puede referirse a situaciones que estén comprendidas dentro del ámbito de cobertura, remarcando que en la especie el siniestro acaeció en circunstancias extrañas, ajenas o desvinculadas a la conducción o tránsito de la unidad, situación que no estaba cubierta. De tal modo solicita que se revoque el fallo sentando una correcta interpretación y que se le apliquen las costas al citante.-
De la plataforma fáctica acreditada surge que el siniestro que da lugar a la pretensión se produjo el 5 de octubre de 2007 alrededor de las 15.10 hs. y conforme la descripción del parte policial preventivo agregado a fs. 14 de la IPP 4328/07 que mas inmediatez tuvo con el hecho; se da cuenta de una explosión de un camión tanque en la Ruta Nacional 8 Nro. 224 y A. Storni, lugar donde funcionaba el taller metalúrgico denominado «El Trébol». El camión combustible era Marca Ford Cargo 1772 Patente CUH 855 con el tanque del acoplado patente ANR 570 el que se encuentra deformado y con roturas varias, dando cuenta esta descripción que a pocos metros del mismo se encontraba el cuerpo de quien en vida fuera Miguel Angel Pacilo y se detalla que la explosión se produjo en el momento que el nombrado Pacilo iba a realizar trabajos de soldadura en el cisterna del acoplado, generándole lesiones mortales la explosión (fs 14, 22/26 , 54/59) de la Investigación Penal Preparatoria ya identificada, que fuera ofrecida como prueba instrumental y resultara común a las partes en este proceso.-
Uno de los capítulos que viene puesto en crisis por la parte actora es el atinente a la responsabilidad en cuanto el aquo ha evaluado que la culpa de la víctima ha roto en forma total el nexo causal, rechazando la pretensión .Partiendo el quejoso de que el archivo en sede penal no tiene influencia en sede civil.-
Reiteradamente ha señalado esta Alzada que el archivo dictado en sede penal o más allá -el sobreseimiento- no resulta vinculante para juzgar la responsabilidad civil, en tanto las conductas se evalúan con reglas propias, pudiendo decidirse un aporte causal relevante en sede civil o lo contrario, a quien fuera sobreseído en sede penal.-
Ciertamente de la causa penal se desprende que el archivo dictado por la Fiscal actuante dictado a fs. 91 de la IPP mencionada, fue sujeta a pedido de revisión del letrado de los particulares damnificados y que ese decisorio fue confirmado por la Fiscal General a fs 103/105, desestimando aquella.-
Pero ello no empece al análisis de los aportes causales de los protagonistas con reglas propias, resultando desde esta óptica erróneo el concepto del operador de primera instancia cuando señala que debe tener por cierto «que la víctima como recaudo a los fines de comprobar la existencia de gases combustibles arroja dentro del tanque un papel encendido para inmediatamente producirse la explosión cuya onda expansiva provoca su deceso » (fs. 91 de la causa penal) agregando que de no considerar esta situación se vulneraría el principio lógico de identidad.-
Entiendo que esa conclusión del a-quo es errónea en tanto el archivo decidido en sede penal y la descripción de la conducta en aquel, (siendo además que no hubo pronunciamiento condenatorio sino archivo frente a la inexistencia de delito), no anclan de manera alguna el decisorio civil, pudiendo arribarse o no a resultados distintos conforme el análisis de la prueba y las conductas desplegadas por los protagonistas.-
No hay duda alguna que es de aplicación a este caso la normativa del art. 1113 del Cod. Civil segundo párrafo, ultimo supuesto, y en esta inteligencia por tratarse de una responsabilidad objetiva, en tanto el demandado resultaba ser propietario de un camión cisterna de transporte de combustible que dejara para ser reparado; siendo el accionado quien debe acercar toda la prueba conducente a los fines de exonerarse de su deber de reparar el daño, y para ello es necesario la acreditación de que el mismo se produjo por el hecho de la victima o por el hecho de un tercero por quien no debe responder, correspondiendo entonces examinar las actuaciones para saber si esta carga fue alcanzada por el demandado, destacando que lo haré conforme las reglas de la sana crítica poniendo énfasis en aquellos medios de prueba que resultan esenciales para formar mi convicción (art. 384 del CPCC y su doctrina).-
Adelantando opinión estimo que se trata aquí de un caso donde los aportes causales que llevaron al lamentable siniestro fueron concurrentes, habiendo mediado un aporte relevante del dueño del camión y también de la víctima, lo que difiere sustancialmente con la solución dada en primera instancia y que me lleva a propiciar la revocación de la sentencia en este punto.-
Para ello me asiento normativamente en el art.1113 del Cod. Civil que establece el factor objetivo de atribución de responsabilidad por manejar o usar cosas riesgosas.-En la especie el dueño del camión cisterna se servía y tenía a su cuidado una cosa generadora de riesgo, debiendo responder por los daños ocasionados, más en la especie no sera en su totalidad ya que se ha acreditado también un aporte de la víctima.-
Esto surge a mi juicio de las experticias rendidas en autos, claramente el Ingeniero Químico a fs. 183/188 y ampliación de fs. 197/199 al evacuar los puntos de pericia de las partes, ilustra en detalle acerca de numerosas cuestiones, algunas de las cuales son determinantes para resolver esta causa.-En efecto, describe «…. que la nafta es un producto altamente inflamable considerándose como de primera calidad y punto de inflamación es – 11°c.-Relatando que sus vapores son altamente explosivos con el aire en una gama de concentración muy amplia por encima de 44 Qc y pueden formarse mezclas explosivas vapor-aire.-Puntualiza en el punto 3 que «los vapores-gases que se generaron en el recipiente son iguales a los que las naftas tienen, y se conservan en las cisternas del transporte; todo esto si el mismo está lleno o vacío (pueden ser de distintos compuestos que transportan Gas Oil; en menor proporción pero generan vapores y más densos» .-El punto 4 al dar su respuesta el experto dice que «El hecho de haber permanecido el tanque cisterna al sol a horas del mediodía en épocas de verano durante varias horas, al abrir la cisterna y producirse el contacto vapor-aire y/o chispa se generó la explosión».-
El punto 5 resulta relevante para determinar la responsabilidad que tenía el propietario del camión cisterna al dejar el mismo para ser reparado y es justamente el tipo de lavado que el experto llama vaporización describiendo que se trata de agua caliente que genera vapor y que la tarea se realiza de 3 a 5 hs.-
Este proceso llamado «Vaporización de la cisterna» está en la reglamentación exigida por los entes nacionales provinciales y municipales de acuerdo a la ley 11.720 Resol complementaria Ley 12.355 arts. 9, 10 y 11 .-Es eso o en menor proporción de seguridad se pueden efectuar dos viajes transportando Gas-Oil y llenar la cisterna con agua (estas haciéndolas derramar un buen rato y supuestamente así no quedan vestigios de vapores» .-pero al haber riesgos debe efectuarse una prevención.-
Estimo que es fundamental para decidir la causa esta porción de las respuestas técnicas dadas por el perito , en el mismo sentido el informe pericial obrante a fs 343del Ingeniero Electricista Osvaldo Erquicia , que por otra parte no han sido disconformadas por los litigantes, en cuanto me ilustran para saber que hay un marco de prevención importante y contemplado en la legislación específica, también citada por el experto, que estaba en cabeza del propietario del camión cisterna antes de llevarlo a reparar: esto es el proceso de vaporización descripto en el punto 5, para aventar resultados dañosos, erigiéndose esto como un deber de seguridad a cargo del dueño de la cosa riesgosa .-Sin embargo no lo hizo con lo cual veo aquí una concausa con el siniestro provocado.-
La otra se ubica en la conducta de la propia víctima. Y las desprendo también del ilustrado informe del Ingeniero Químico cuando señala al evacuar los puntos de pericia de la parte demandada (punto 1) responde «El soldador de por sí debe proveerse de los elementos de seguridad exigidos por la ART los cuales deben ser provistos por la empresa o la patronal, tanto sea para realizar un trabajo dentro o fuera de un ambiente» y en el punto 2 a la pregunta concreta de cuales son las medidas de seguridad que debe adoptar un oficial soldador para realizar trabajo de soldadura en un tanque, en las circunstancias de tiempo, persona y lugar en la que se encontraba la víctima. Responde: «que el procedimiento habitual es que el propietario debería recurrir a un establecimiento especializado que le extiende la constancia de acuerdo al proceso de vaporización de la cisterna contra entrega del certificado u oblea» (ya he analizado que este deber estaba a cargo del propietario del camión y no fue cumplido).-Informa también el perito que «el dueño del camión entrega al dueño del taller la oblea para que el trabajo esté exento de riegos y asegurar así que pueda realizar la tarea» y «El soldador debe munirse de los elementos de protección personal y los elementos de trabajo para realizar la tarea «.-
Determina que la causa del accidente (fs. 186 vta.) «fueron los gases que contenía la cisterna del camión, que no había sido previamente vaporizada».-
Los resultados concluyentes de este informe valorados conforme las reglas de la sana crítica (art. 386 del CPCC y su doctrina) y aplicando normativamente lo dispuesto por el art. 1113 del Cod. Civil y su doctrina, siendo que se trata de una responsabilidad con un factor objetivo de imputación, cual es la cosa generadora de riesgo, concluyo de la prueba analizada que hubo un aporte causal de ambos litigantes, debiendo responder en un cincuenta por ciento 50% la parte demandada.-
A fs. 187 el experto indica lapidariamente que «Lo más importante fue que el dueño y portador de la unidad a reparar no cumplió con la seguridad e higiene (leyes mencionadas) para que el profesional de la soldadura realizara la tarea sin riesgo alguno.-Las herramientas que se utilizan son: soldaduras eléctricas y/o máquinas de alambre continuo.-El dueño del taller debe exigir la oblea o certificado de Higiene y Seguridad enumerados previamente.-Las sustancias explosivas se controlan y verifican con aparatos llamados explosímetros».-
Se desprende claramente un incumplimiento bilateral de las condiciones impuestas por la ley y la reglamentación: esto es el propietario no cumplió con la «vaporización de la cisterna» antes de entregar su camión para ser reparado , siendo su aporte relevante; pero por el otro lado la víctima no exigió la oblea que le aseguraba que ese proceso de desvaporización había sido realizado y tampoco contó con las medidas de seguridad que le eran exigidas por su labor para realizar el trabajo.-Ambos participaron causalmente con el resultado dañoso.-
Estos informes técnicos si bien fueron objeto de explicaciones por las partes no fueron neutralizados por otras pruebas, no encontrando mérito para apartarme de las mismas.-Reuniendo en un todo las exigencias del ritual en cuanto contienen las explicaciones detalladas de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se fundan, de la que no advierto motivos para apartarme (art. 474 del CPCC y su doctrina), aconsejando la sana critica aceptar sus conclusiones frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor (arts. 384, 472, 474 del CPCC, CC0102 MP 80462 RSI-577-91 I 23-7-91, JUBA7).-
Para ambos (propietario del cisterna y soldador) resulta aquí aplicable el art. 902 del Cod. civil que dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencia posible de los hechos.-Ciertamente a Pacilo le eran aplicables estas reglas puesto que numerosos testigos dan cuenta de su largo desempeño en esas tareas tales como Juan Carlos Castañares a fs. 301, Vitalio Mansilla a fs. 302 quienes fueron compañeros de trabajo en oportunidades que describen detalladamente el primero y los herederos reclamantes en autos quienes afirman en el libelo de demanda a través de la representante legal que se desempeñaba como oficial múltiple soldador con 12 años de antigüedad (fs. 37vta.). También al propietario del cisterna quien debía saber que previo a dejarlo en el taller debía cumplir con el mandato establecido en las reglamentaciones referidas que ordena un proceso de vaporización y la obtención de la oblea para asegurarle al tallerista que podía realizar el trabajo.-
Esta norma impone una cierta previsibilidad en el obrar del agente exigiéndole un deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento según las circunstancias del caso.-
De todo lo analizado propicio entonces la admisión del reclamo, estableciendo que el porcentaje de responsabilidad por el que deberá responder la parte demandada es en un 50% del total de condena.-
De lo solicitado en demanda habrá de analizarse entonces los rubros y su cuantificación.-
El rubro pedido que habrá de proceder como valor vida (llamado por el letrado lucro cesante) es aquel que indemniza el valor económico en relación con lo que podía producir el causante, es decir la ayuda económica de que se vieron privados los damnificados a causa de la muerte de quien la proporcionaba, previsto en el art. 1085 del Cod. Civil.-Así para determinar el valor presunto que el hecho dañoso generaba para los otros tendré en cuenta el aporte de lo que se ven privados los reclamante a consecuencia del siniestro, teniendo en cuenta la edad de la victima, las tareas que desempeñaba, la expectativa de vida, y todas las circunstancias particulares que fueron acumuladas en esta causa, entiendo que el perjuicio económico en análisis producido por la privación del sostén económico refiere a la viuda y el hijo menor que la misma representó al momento de demandar, fijándose para este rubro el importe de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) (art. 165 del CPCC y su doctrina).-
El daño moral reclamado en demanda se fija en la suma única de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000).-Teniendo en cuenta que se pretende resarcir la muerte de quien en vida fuera el marido y padre de los reclamantes de autos.-
A estos importes deberán aditarse los intereses que se describen en la parte resolutiva.-
Otro punto de agravio fue traído por el apoderado de la compañía aseguradora en cuanto se desestima la defensa de no seguro opuesta y le aplica las costas. El quejoso señala que el a-quo hizo una errónea aplicación del art. 56 de la ley 17.418 en tanto no ha contemplado que la regla general de cumplir con la carga impuesta se ve excepcionada cuando se esté frente a una inexistencia de seguro o bien cuando el siniestro denunciado resultado ajeno al riesgo cubierto, señalando que ello acontece en la especie y no ha sido bien evaluado por el sentenciante. Agrega que la carga del asegurador impuesta por el art. 56 LS solo pude referirse a situaciones que estén comprendidas dentro de la zona de cobertura pero no cuando se trate de circunstancias o situaciones no cubiertas.-
De las constancias de la causa surge que el demandado al evacuar el traslado a fs. 68vta. alude específicamente a la existencia de una Póliza de seguros contratada sobre la Unidad en cuestión y que denuncia vigente entre el 8/06/2007 y 8/12/2007, solicitando la citación expresa de Federación Patronal Seguros S.A.; quien en su presentación de fs. 87/97 señala que el amparo aseguraticio del contrato no alcanza al infortunio en el que resultara víctima Pacilo, denunciando la existencia de no seguro por riesgo no cubierto.-
Esta presentación fue controvertida por el apoderado de la parte actora en cuanto señala que es tardía, en tanto la entidad aseguradora no cumplió con la carga impuesta por el art. 56 L.S. dentro del plazo establecido siendo aplicable la sanción allí impuesta.-
Alude además que la defensa no es oponible al tercero en tanto no puede oponerse a la víctima una defensa surgida del contrato ,en todo caso debe pagar y repetir contra su asegurado. El juez ha desestimado la defensa de no seguro y esta porción la voy a confirmar.-
Comenzaré por señalar que el tratamiento de la cuestión debe ser minucioso y con adecuación a la normativa prevista por la Ley de Defensa al Consumidor que es aplicable a los contratos de seguros.-
Es que en la especie la cobertura de riesgos asumidas por Federación Patronal sobre un tanque cisterna en el cual se transportaba combustible con la potencialidad riesgosa de esa actividad, debe ser evaluada minuciosamente, sobre todo desde la perspectiva del asegurado.-
No me convencen las argumentaciones vertidas por el apoderado de la entidad quien pretende exonerarse señalando que el riesgo no estaba cubierto, porque la sola alusión de que en la póliza se habia contratado responsabilidad civil en la conducción del mismo, no satisface ni remotamente la complejidad del tema.-
La póliza acompañada por la citada en garantía no da más luz al tema, ya que al examinar los riesgos cubiertos se alude a fs. 61/62 a responsabilidad civil, robo y/o hurto, incendio total, destrucción total, explosión. Consignándose en objeto del seguro: acoplado y semiremolque y el destino se individualiza cargas peligrosas.-
De modo tal, que habiéndose consignado expresamente al destino carga peligrosa, no puede livianamente sostener que se trataba de cobertura en accidentes de tránsito cuando circulara el tanque cisterna.-
Más aún, la complejidad del tema y el objeto supuestamente cubierto, ameritaban sin duda alguna que la obligación legal prevista por el art. 56 L.S. cobrara en este caso concreto mayor entidad; ya que debido al objeto del seguro (tanque cisterna de transporte de combustible) había una mayor necesidad expresa de cumplir con la carga de expedirse que lisa y llanamente la aseguradora omitió.-
Por otra parte resulta de aplicación la Ley de Defensa al Consumidor, en cuanto al estar a la naturaleza jurídica el contrato de seguros es un contrato de consumo, donde el predisponente es una empresa prestadora de servicios, por lo que el contratante o asegurado resulta ser un mero consumidor adherente al modelo convencional propuesto unilateralmente por la entidad empresarial, de modo tal que en la interpretación de este tipo de contratos ha de estarse al sentido más favorable al consumidor (en este caso aquel que contratara con la empresa aseguradora.-
En este sentido se ha dicho que «Al contrato de seguro se le aplican las disposiciones de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (16) y su decreto reglamentario 1798/1994 (17), en los temas que le son atingentes, por tratarse de un contrato de consumo ((arts. 1 inc. b, 2 y 37). Es dable recordar, que esta ley ha receptado el criterio que «se considerarán consumidores o usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o …social». En esta línea se ha expresado que el asegurado debe ser considerado como un débil jurídico «frente al asegurador, por lo que es necesaria la observancia de un orden público-económico de protección» y que con base en lo expuesto «debe realizarse un control sobre las cláusulas abusivas ejercitable en sede administrativa (preventivo) y judicial teniendo en consideración la necesidad de estimular el acceso al aseguramiento, los fines del instituto y la función jurídico-económica social que persigue» (CC0001 LZ 73708 RSD: 171/2016 S 21/09/2016 JUBA B5026412).
Así, esta línea de pensamiento recogido en numerosos fallos judiciales fue recepcionado expresamente con la sanción del Código Civil y Comercial Unificado.-
Propicio entonces la confirmación de la desestimación de la defensa de no seguro decidida en primera instancia, incluyendo a la entidad aseguradora en la condena que se dispondrá en la parte resolutiva.-
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,
VOTO POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión el señor Juez BERNARDO Louise por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la SEGUNDA CUESTION la señora Jueza, Graciela SCARAFFÍA dijo:
De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora revocando la sentencia apelada.-
En consecuencia, por las motivaciones aquí dadas y en el porcentaje indicado en los considerandos, se hace lugar a la demanda incoada por la parte actora contra el demandado CARLOS MIGUEL CHADE y FEDERACION PATRONAL COMPANIA DE SEGUROS , debiendo la parte demandada abonarle a la actora dentro del plazo de diez dias de notificada la presente, el importe de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) en concepto de pérdida de chance y PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000) en concepto de daño moral, con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días a través del sistema Home Banking de la entidad actualmente denominado Banca Internet Provincia o «BIP» en su modalidad tradicional desde la fecha de ocurrencia del siniestro y hasta el efectivo pago.-
2) Rechazar el recurso de apelación deducido por el apoderado de la citada en garantía, confirmando el rechazo de la defensa de no seguro decidida por el aquo. Con costas a su cargo.-
3) Costas a la parte demandada (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
Diferir la regulación de honorarios de letrados y peritos por los trabajos en primera y segunda instancia hasta tanto obre en autos liquidación firme (art. 51 ley 8904).-
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Bernardo LOUISE por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
SENTENCIA:
1) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora revocando la sentencia apelada.-
En consecuencia, por las motivaciones aquí dadas y en el porcentaje indicado en los considerandos, se hace lugar a la demanda incoada por la parte actora contra el demandado CARLOS MIGUEL CHADE y FEDERACION PATRONAL COMPANIA DE SEGUROS , debiendo la parte demandada abonarle a la actora dentro del plazo de diez dias de notificada la presente, el importe de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000) en concepto de pérdida de chance y PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000) en concepto de daño moral, con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días a través del sistema Home Banking de la entidad actualmente denominado Banca Internet Provincia o «BIP» en su modalidad tradicional desde la fecha de ocurrencia del siniestro y hasta el efectivo pago.-
2) Rechazar el recurso de apelación deducido por el apoderado de la citada en garantía, confirmando el rechazo de la defensa de no seguro decidida por el aquo. Con costas a su cargo.-
3) Costas a la parte demandada (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
Diferir la regulación de honorarios de letrados y peritos por los trabajos en primera y segunda instancia hasta tanto obre en autos liquidación firme (art. 51 ley 8904).-
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.-
022901E
