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JURISPRUDENCIAJuicio ejecutivo. Pagaré de consumo. Integración con documentación adicional. Procedencia
Se revoca el fallo que mandó llevar adelante la ejecución, debiendo la firma comercial actora adjuntar los documentos base del negocio jurídico reflejado en el título traído a ejecutar, al tratarse de un pagaré de consumo.
En la ciudad de Corrientes, a los diez y ocho días del mes de octubre del año dos mil diez y siete, encontrándose reunidos en el Salón de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Nº 1, los señores Jueces Dres. Analía I. Durand De Cassís y Julio Eduardo Castello, con la Presidencia de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni, asistidos de la Secretaria autorizante, tomaron en consideración el Expte. Nº 122225 (J.C.C. N° 4), caratulado: “CARSA S.A. C/ RAMIREZ JOSE LUIS S/ PROCESO EJECUTIVO”; venido a esta Sala por el recurso de apelación interpuesto por la demandada, José Luís Ramírez Morel, contra la Sentencia Nº 91 de fecha 02III17.
Que conforme a las constancias de autos, corresponde que emitan voto en primero y segundo término, los Dres. Julio Eduardo Castello y Analía I. Durand De Cassís respectivamente.
A continuación el señor Vocal Dr. Julio Eduardo Castello formula la siguiente:
RELACION DE LA CAUSA
La señora Juez a quo ha relacionado detenidamente en su fallo los antecedentes obrantes en autos. A ello me remito «brevitatis causa». S.Sa., en su pronunciamiento no hace lugar a las excepciones de prescripción, nulidad e inhabilidad de título y demás planteos opuestos a fs. 17/23. Manda llevar adelante la ejecución contra el Sr. José Luís Ramírez, hasta que el acreedor se haga íntegro pago del capital reclamado, por la suma de $9.541,08, con más los intereses y costas conforme a los considerandos respectivos. A fs. 61/66 vta., apela el demandado José Luís Ramírez Morel. Corrido el pertinente traslado, el mismo fué contestado a fs. 71/72 vta. Concedido el recurso en relación y en ambos efectos se elevan a la Excma. Cámara las presentes actuaciones. A fs. 78 se llama Autos para Sentencia, integrándose la Sala con sus miembros titulares. Dicha integración se encuentra firme y consentida y la causa en estado de resolución.
La señora Vocal Dra. Analía I. Durand De Cassís presta conformidad a la precedente relación de la causa.
A continuación la Excma. Cámara plantea las siguientes:
CUESTIONES
PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida?
SEGUNDA: ¿Debe ser confirmada, modificada o revocada?
A la primera cuestión, el señor Vocal Dr. Julio Eduardo Castello dijo: I.Que el recurso de nulidad implícito (art. 254 C.P.C.) en la apelación, no fué sostenido al expresarse agravios. Como dice Loutayf Ranea, «si en las oportunidades adecuadas (memorial o expresión de agravios) no se hace concretamente el planteo de nulidad, esta actitud implica un abandono del recurso expresamente interpuesto o implícitamente comprendido en el de apelación.» (El Recurso de Apelación en el Proceso Civil, T.II, Nº 410, pág. 435, Bs.As., 1989; conf. De Santo, Tratado de los Recursos, T.I, Recursos Ordinarios, pág. 460, Bs.As., 1999; Serantes Peña Palma, Código Procesal Civil comentado, pág. 245, Bs.As., 1993; Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, Nº 341, pág. 603, Bs.As., 1998; Fenochietto, Código Procesal Civil Comentado, pág. 277, Bs.As., 2000).
II.Que por ello y no surgiendo del trámite ni de la sentencia vicios que pudieran determinar una declaración de nulidad oficiosa, es que estimo que este recurso debe ser desestimado y así voto.
A la misma cuestión, la Dra. Durand de Cassis dijo: Que adhiere.
A la segunda cuestión, el Dr. Julio Eduardo Castello dijo: I.Que la persona jurídica “CARSA S.A., por apoderado demandó a José Luís Ramírez por cobro de la suma de nueve mil quinientos cuarenta y un pesos con ocho centavos con más intereses y costas. Lo hizo por vía ejecutiva. Presentó como título siete pagarés con cláusula “sin protesto”, a fecha y con mas intereses y costas. La parte ejecutada se presentó por derecho propio y con patrocinio letrado y opuso las excepciones de nulidad, inhabilidad del título y prescripción de la acción. Planteó además, reconvención por cobro de dinero.
II.Que el Juez a quo desestimó todas las defensas y mandó llevar adelante la ejecución. Apeló la ejecutada expresando seis agravios que son los siguientes. El primero es que su parte opuso nulidad e inhabilidad de titulo conforme a la ley de Defensa del Consumidor y el Juez a quo resolvió por vía del C.P.C. El segundo agravio es que el Juez a quo considera que no está acreditada una relación de consumo. El tercer agravio es que no se aplica la ley 24.240 y que se resuelva por vía del C.P.C. En el cuarto agravio es que no se dió intervención al Agente Fiscal y no se substanció la reconvención. El quinto agravio es la condena a pagar intereses de una tasa muy elevada. Y el sexto agravio es la imposición de costas a su parte.
III.Que substanciado y contestado el recurso de apelación, el recurso fué concedido en relación y ambos efectos.
IV.Que entrando a conocer los agravios de la ejecutada, en el orden en el cual fueron expuestos, tenemos en primer lugar la alegación de nulidad de la ejecución. En el juicio ejecutivo las defensas son estrictamente formales. La ejecutada no respetó esta formalidad. Según el párrafo final del art. 545 la nulidad es inadmisible cuando hubo posibilidad de oponer excepciones. Ello no es el caso de autos en el cual el ejecutado pudo excepcionar y así lo hizo (inc. 1°). Y además, no hubo trámite previo de preparación de la vía ejecutiva. Es decir que, en este aspecto, la demandada no sufrió ninguna violación de su derecho de defensa.
V.En cuanto a la inhabilidad del título, la ejecutada se queja de que no se aplicó la ley del consumidor. Como esta ley implica conocer de la legitimidad de la causa, ello es inadmisible en el juicio ejecutivo (art. 544, inc. 4° C.P.C). Que finalmente debo aclarar que no escapa a mi entendimiento que la ejecutada opuso excepción del inc. 4° del 544 C.P.C. que requiere necesariamente y como requisito de admisibilidadla negativa de la deuda. Pero lo que sucedió en el caso de autos es, en primer lugar que, además de las excepciones del inc. 4°, se opuso excepción de prescripción liberatoria. Y por sobre todo, que la ejecutada pretendió “contra legem” desnaturalizar el juicio ejecutivo con planteamientos deferidos a los fundamentos requeridos a la causa de la obligación. Así, pues, lo que hice fue demostrar que, aún con legislación de fondo nueva, la estructura del juicio ejecutivo sigue siendo extraña a la causa de la obligación.
VI.Que el segundo agravio se refiere a la prueba de una relación de consumo. Ello es inadmisible en el juicio ejecutivo. El título es en su naturaleza, un acto abstracto. Y por ende, esta abstracción está protegida por el art. 238 del nuevo Código unificado. Para entrar a conocer la causa se requiere que haya sido cumplido (art. 283 C.U.) que en esto concuerda con el art. 553 del C.P.C. Por tanto este agravio lo desestimo.
VI.Que el tercer agravio es improcedente, siempre conforme a los arts. 283 C.U., y 553 C.P.C., como está dicho. No se ha denegado la consideración de la causa. Lo que sucede es que se respeta el orden de su tratamiento.
VII.Que la falta de intervención del Agente Fiscal requiere, como mínimo, la comisión de un delito conforme a las leyes Penales de la Nación. Y en el caso de autos este delito no aparece y la ejecutada se abstiene, cuidadosamente, de mencionar cual es. Por otra parte, nada le impide a la ejecutada hacer la denuncia ante la autoridad del fuero penal. Es decir que, por ende, no hay agravio u por tanto desestimo la queja. En cuanto a la falta de substanciación de la reconvención, es de señalar que el presente es un juicio ejecutivo. Y en este tipo de juicios no se aplica la reconvención que es propia de los juicios de conocimiento (arts. 357 y 358 C.P.C.) Desestimo pues, el agravio.
VIII.Que el agravio referido a los intereses no tienen sustento. La tasa de condena es la que utiliza esta Sala para estos juicios. Al respecto tenemos dicho que si los intereses se originan en la convención de las partes, han de liquidarse conforme a la tasa pactada (conf. Llambías, Código Civil Anotado, T.II, vol. A., pág.371, Bs.As., 1979). Mientras no se vulnere el orden público, los jueces carecen de facultades para modificar los contratos, aunque estos no sean justos, ya que el art.1197 del Código de Velez hoy art. 959 continúa siendo uno de los pilares de nuestro ordenamiento civil (conf. Salas Trigo Represas, Código Civil Anotado, T.II, págs. 39 y 40, Bs.As., 1976; mi voto en Fallo Nº 14 de 16III01, expte. Nº 1037, fallo 17 del 11IV12, expte N° 78879 Sala N° 1, entre otros). Por otra parte no se ha explicado en que consiste el exceso. Por tanto desestimo este agravio.
IX. Que el agravio no se refiere a la condena en costas. Habida cuenta el resultado de la sentencia de remate, el Juez a quo, correctamente, aplicó el art. 558 C.P.C. También desestimo este agravio.
X.Que por lo expuesto me expido por la confirmación de la recurrida, con costas y así voto.
La Sra. Vocal Dra. Analía I. Durand De Cassís dijo: I.Viene a mi conocimiento en el carácter de votante en segundo termino. Formularé disidencia por las razones que paso a exponer.
La cuestion involucra el tratamiento de una temática, que se viene presentando en la praxis judicial, en relación al uso dado al pagaré, como un instrumento que se suscribe para garantizar una operación de consumo; es decir una doble registración, el contrato de consumo o compra de mercaderías para uso personal por un lado mas el pagaré. Es lo que se ha dado en denominar el “pagaré de consumo”.
II.Para referirnos al tema y fijar postura no podemos dejar de advertir que con el advenimiento del Código Unificado, en donde se le dedica un Capítulo especifico al tema, en la Sección de los contratos, arts. 1092/1122, se ratifica de alguna manera la politica diseñada en la CN, art.42 en donde los consumidores son uno de los grupos de personas, que por su situación de vulnerabilidad tienen un trato especifico no solo en la manda constitucional sino que también se ha regulado por ley especial, N° 24.240, y ahora también en la norma general.
Esta normativa coexiste con la regulación de los titulos valores, en este caso un pagaré, que se caracteriza por su abstracción cambiara, siendo una de sus consecuencias mas relevantes, que puede recurrirse para su cobro al juicio ejecutivo, litis de conocimiento abreviado, que no propicia la revisión causal, como principio general, dado que los títulos valores tienen determinados caracteres – abstracción, literalidad y autonomía que le otorgan un valor de circulación, y por lo tanto de percepción, diferenciado de otros instrumentos utilizados para los negocios jurídicos.
En la actualidad son esas dos normativas las que se ponen en pugna, la de la abstracción cambiaria que impide la consideración de la relación causal por un lado y por el otro la consumeril, con su nota de orden público, y evidentemente de carácter tuitivo.
Se sostiene que estan en pugna porque el pagaré es utilizado en las relaciones de consumo, no habiendose adoptado medidas especificas al respecto, como en el derecho comunitario europeo, en donde los instrumentos cartulares como el que se analiza, no está permitido su uso en las relaciones de consumo.
Esta temática ha venido requiriendo interpretaciones de la jurisprudencia, generandose corrientes de pensamiento disímiles. En tal sentido resulta esclarecedora la nota de Saux Edgardo, comentando el Plenario de la Cámara Civil y Comercial de Azul, Pcia. De Bs.As, publicada en LL, del 27/3/017 denominada, “El pagaré de consumo: una figura no legislada y controversial”.
Porque aquí ya no estamos ante la determinación de la competencia territorial, vista como una de los aspectos protectorios que brinda la legislación al consumidor, sino ante determinación de la habilidad del pagaré, librado en el marco de una relación de consumo.
Ya he tenido oportunidad de hacer referencia al tema de manera tangencial, al formular una adhesión fundada, al voto del Sr Camarista preopinante, cuando la cuestión principal de la defensa de inhabilidad, se resolvió con una argumentación de índole procesal, como la falta de negación de la existencia de la deuda, art. 544 del CPCC, y la circunstancia de la admisión de la actora que hubo pagos parciales, por ello la suma reclamada no coincidía con la del instrumento. Las alegaciones hecha con referencia al derecho del consumidor, fueron complementarias, habiendo sostenido la suscripta, “ Así la cuestión y siendo que “ la llave de entrada” a la aplicación del régimen de protección requiere como premisa insoslayable la previa acreditación de la existencia de la relación de consumo.” (ver Expte.118233, sent.N° 66/2016).
He sostenido esa conclusión aduciendo que no bastan las “inferencias presuntivas” para inhabilitar la ejecución de titulos cambiarios.
Es decir que esta temática no ha sido abordada expresamente, sí la referida a la competencia, habiéndose fijado criterio, por mayoría sobre su admisión.
Por lo tanto interpreto que esta es la oportunidad para establecer postura en la misma, sin que ello afecte la consistencia de las decisiones adoptadas hasta la fecha. Esta aclaración es relevante realizar dado el valor epistémico que tienen los precedentes, tanto a nivel horizontal (en el mismo tribunal), como vertical (por instancias), para el logro de diversos valores útiles para el servicio de justicia como ser, previsibilidad, transparencia, economía, todos aspectos relacionados con el valor seguridad Juridica (Conf. Conf. Juan González Bertomeu, “¡Sin precedentes!”, JA II 2009, suplemento N° 9).
Por ello es que se advierte como positivo, la consideración de los precedentes por la Sra. juez de la instancia, mas allá de los criterios que prevalezcan.
III.Hoy se ha reeditado el tema, a más de un año, y es el demandado quien introduce la defensa con sustento en la LDC y a través de la inhabilidad de titulo y nulidad como figuras procesales.
También introduce la defensa de prescripción con sustento en el régimen normativo de la tarjeta de crédito, que también fue invocada.
La sentencia rechazó tales argumentos pues sostiene que el pagaré fue librado conforme el régimen del DL 5965/63; que no ha probado la demandada que el pagaré se originó en una relación de consumo; que la prescripción es de tres años por lo tanto.
El apelante en tiempo y forma expresa sus agravios, que se resumen en prieta síntesis en los siguientes; que la sentencia es incongruente y ha sido dictada en fraude a la ley consumeril; que el DL 5965/63 es inaplicable, prevaleciendo otro bloque legislativo que es de orden público; que conforme la doctrina de las “cargas probatorias dinámicas”, la carga está en cabeza de la actora, mejor posicionada e la relación; que se deben observar los objetivos de la entidad financiera; que ello es de público conocimiento; que contraviene la CN y los arts.1094 y 1095 del CUN. También se agravia por la no intervención del Ministerio Fiscal, por los intereses e imposición de costas.
IV.Así las cuestión, debe adoptarse un criterio con referencia a esta situación que se presenta con frecuencia. Es que, el juez no puede desentenderse de la realidad que le circunda y que se presenta en el litigio. La tarea vital que tiene el mismo implica no solo darle sentido a los textos legales, sino que su finalidad también debe ser establecida. Una finalidad valiosa y justa (Caso Ocampo de la SCBA del 6/4/2016, con voto del Dr. Lázarri, citado en el parágrafo II del voto del Dr. Louge Emiliozzi del Plenario de la Cam.Civ. y Com. de Azul del 9/3/2017 LL 27/3/2017.
En dicho plenario se han formulado el siguiente interrogante ¿Resulta viable la integración dentro del mismo proceso ejecutivo del «pagaré de consumo» con documentación adicional al mismo, de modo de tener por cumplimentados los requisitos exigidos por el régimen de protección al consumidor plasmados en el art. 36 de la ley 24.240 y así resulte hábil como título ejecutivo?. Acerca del tema se han suscitado tres posiciones.
Una más estricta que se opone categóricamente a la incorporación de las reglas del consumidor en el juicio ejecutivo, por lo que si el pagaré reúne los requisitos del decreto – ley 5965/63 es suficiente para despachar la ejecución.
Otra más flexible que no solo acepta la incorporación de estas reglas sino que además permite la inferencia de la existencia de una relación de consumo atendiendo a la calidad de la parte, sin el agregado de ningún tipo de documentación adicional. Pero, si advierte que subyace una relación de consumo el titulo, a los efectos de la ejecución, es declarado inhábil.
Un criterio intermedio, entre estas dos posturas extremas, sostenido por la mayoría de la Cámara Civil y Comercial de Azul, que se expidió en plenario, permite dentro del mismo proceso ejecutivo y antes del dictado de la sentencia de primera instancia, la integración del título con documentación adicional. Criterio que compartiré por las siguientes razones.
En primer lugar, porque esta solución respecta el principio protectorio del consumidor y permite a su vez que el titulo valor conserve su ámbito de pertenencia, es decir, la finalidad para la que fue creado.
En segundo lugar, porque no existe regulación expresa de un instrumento que contemple la relaciones de consumo, como sería por ejemplo “el pagaré de consumo”, lo que lleva en la práctica a utilizar ese papel de comercio para instrumentar las relaciones con particulares en la adquisición de un bien o de un servicio de consumo financiado, desvirtuándose con ello la finalidad propia de los títulos de crédito. Esta falta de regulación expresa podría generar una vulneración del derecho de información del consumidor colocándolo en una situación de debilidad fáctica y jurídica que no puede ser soslayada.
Ante este panorama, se advierte como pertinente la solución que se propicia, pues por un lado se respeta la protección del consumidor, si lo hubiere, sin decretar la inhabilidad del pagaré. Deberá tenerse presente que la cristalización de la relación causal en el mismo papel es de imposible cumplimiento y conduciría a la abolición de la cartular como titulo de crédito, decretándose sin más la eliminación del régimen cambiario y de la vía ejecutiva, dejando al pagaré sin función como cartular. Por otro, también se proteje al págaré como titulo de crédito y dentro del juicio ejecutivo, rescatando la protección del crédito, pero a la vez circunscribiéndolo a su ámbito propio, las relaciones comerciales.
Guiarse solo por la “abstracción” de los mismos sería desconocer la realidad negocial que han tenido estos instrumentos de crédito, creados en principio para las relaciones entre comerciantes y para su comercio, al extender su uso a relaciones en que una de las partes es un usuario o consumidor. Fenómeno que se conoce con el nombre de “comercialización del derecho civil”, instituto propios del comercio aplicados a la relaciones de consumo, con un débil contralor de las autoridades de aplicación y fiscalización, llámese BCRA o Registro de Personas Jurídicas.
Por lo que, esta interpretación implica una armonización de fuentes, que no desnaturaliza el juicio ejecutivo sino que “armoniza” las reglas y principios del derecho cambiario con las reglas del consumo ante la presencia de elementos “serios y adecuadamente justificados” que permitan determinar la existencia de una relación de consumo. Lo que requiere de un examen meditado por parte del juzgador, a efectos de determinar ya no la competencia sino la habilidad o inhabilidad del título.
La armonización de fuentes contemplada en los arts. 1 y 2 del CU, es lo que la doctrina y jurisprudencia ha llamado la interpretación sistemática entendida como aquella que requiere de una mirada integradora del sistema juridico en donde se halla inserto el caso, no solo de la aséptica subsunción del mismo en la norma aislada. Es la injerencia de los principios y valores en el quehacer judicial, con una interpretación finalista, que en un inicio se circunscribió a los temas de derecho constitucional, pero que luego atravesó todo el sistema juridico.( La interpretación de la ley, Enrique Marí, Facultad de derecho de la UBA, para Eudeba, B.As. 2014).
Analizando el art. 1 del CU dice Lorenzetti R. que el caso, es el supuesto de hecho de la norma, pues todo el derecho privado regula casos, controversias y no meras declaraciones abstractas. Los mismos deben ser resueltos conforme un sistema de fuentes , vistas como “criterios” a los quese recurre en el proceso de creación normativo, lo cual requiere una mirada a las fuentes formales (ley,costumbre, jurisprudencia obligatoria, decisiones de los organismos internacionales, en los supuestos previstos por la CN) y las materiales (doctrina y jurisprudencia no obligatoria) ( Conf. Código Civil y Comercial de la Nación, comentado, T.1, p. 26/33, Rubinzal Culzoni, Bs.As., 2014).
Debe recordarse que el CC ya hacía referencia, en otra redacción acorde con la época de su sanción , en el art. 16 a la interpretación expresando: “Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá….”, norma directriz de textura abierta que generó una muy rica doctrina y jurisprudencia (Conf. JJ Llambías, CC Anotado, T.I, Abeledo Perrot, Bs.As. 1982).
V.La interpretación que se propicia pretende encontrar una vía sustancial y procesal adecuada, para la operatividad de tales títulos. Si bien se advierte que la misma implica la admisión de un “ titulo complejo e integrado con aptitud ejecutiva”, con cobijo en el art. 101 y concordantes del DL 5965/63; en los arts. 523 y concordantes del CPC local y arts.1/4, 36,37 y concordantes de la LDC. Tambien es una manera de acentuar el deber de colaboración del proveedor trayendo todas las pruebas que obren en su poder.
Como sostiene el autor citado inicialmente, Saux, se presenta un complejo panorama hermenéutico que requiere de una meditada labor judicial, lo que ya se ha dicho, y es en tal sendero que se propone esta solución.
Con referencia a la misma ha sostenido dicho autor: “ Es cierto que la integración causal en materia de procesos ejecutivos es excepcional, por cuanto en principio desvirtúa el sentido de la cambial, y su designio instrumental de lubricante – o acelerador del tráfico negocial de rango mercantil.” “Pero nos parece, y coincidimos en ello con la mayoría en el Plenario, que en el supuesto (no legislado todavía) del denominado pagaré de consumo, esta integración causal permite mantener la vía ejecutiva cuando el ejecutante acredita cabalmente haber dado cumplimiento a los recaudos tuititvos (del ejecutado) que consigna el art. 36 de la LDC, evitándose tal modo una consecuencia que es tan disvaliosa como la que se quiere evitar ( el abuso por parte de los proveedores de bienes y servicios mediante la doble documentación del negocio causal. El mutuo, o el alquiler y los pagarés correspondientes al vencimiento de cada cuota): el incumplimiento sistemático por parte de los consumidores del pago de las obligaciones asumidas en el negocio jurídico consumerista, al ser conocedores de la ineficacia jurídica de los pagarés de marras, y además la consecuente retracción del crédito que tal extremo generaría, en tal caso, en su perjuicio.”
Estos son algunos de los diverso aspectos que presenta la problemática, que se han tenido en cuenta para proponer la solución que se auspicia.
Los demás agravios no serán objeto de tratamiento dado la solución que aquí se propicia.
VI.Visto así el tema y existiendo la posibilidad de que se trate de un supuesto de una relación cambiaria que involucre derechos del consumidor es que se propicia la revocación de la recurrida en todas sus partes, debiendo el aquo tan pronto reciba estos autos, requerir que la firma comercial actora adjunte los documentos base del negocio jurídico reflejado en el título traído a ejecutar, asegurando la bilaterialidad, para luego expedirse acerca de la habilidad del mismo teniendo en cuenta además las disposiciones referidas al consumidor.
Las costas, dado lo novedoso del tema y sujeto a interpretación, serán distribuidas por su orden (art.68, segundo párrafo, del C.P.C. y C.). Así voto.
La Sra. Presidente Dra. Maria Eugenia Sierra de Desimoni dijo: 1) A fin de asegurar la efectividad del derecho cartular, el Dcr. Ley 5965/63 otorga fuerza ejecutiva al pagaré (arts. 60 y 103), estableciendo algunas normas al respecto, como ser su carácter ejecutivo y la inoponibilidad al portador de buena fe de las excepciones personales válidas contra los precedentes titulares (art. 18). Por lo cual, en cuanto a su trámite, la ejecución del pagaré queda sometida al código procesal local. El C.P.C.C. en su art. 523 inc. 5, incluye al pagaré entre los documentos que pueden ser cobrados por el trámite del juicio ejecutivo. Si bien nuestro C.P.C.C. regula las ejecuciones especiales: hipotecaria, prendaria, comercial y fiscal, deja de lado la ejecución cambiaria. Este ordenamiento legal no regula explícitamente la ejecución cambiaria como categoría autónoma. «El titular de una letra de cambio goza de un derecho subjetivo de naturaleza cambiaria que surge de la ley de fondo, pero a la vez existe un aspecto procesal vinculado con la forma en que habrá de ejercerse tal derecho admitiéndose la posibilidad de dos vías procesales distintas: el juicio sumario o la vía ejecutiva» (LAS ACCIONES CAMBIARIAS. Arduino, Augusto H. L. Publicado en: LA LEY 27/03/2013 , 1 ).
2) La abstracción cambiaria consiste en la desvinculación de la obligación cartular de la relación causal originaria que motivó la creación o circulación del título. El carácter abstracto del pagaré es material y no sólo procesal, está configurado en el art. 18 y art. 103 del Dcr. Ley 5965/63, cuando establecen la inoponibilidad al portador de las excepciones fundadas en los tenedores anteriores. Se refiere a que las vicisitudes de la relación causal no afectan a la relación cambiaria. Esto es, la validez y eficacia del negocio cambiario, resulta independiente de la validez y eficacia de la relación subyacente. En los títulos abstractos, la relación subyacente, sus modalidades, sus alcances, su licitud y aun su propia existencia, no impacta en los derechos que el documento va atribuyendo a los terceros portadores de buena fe. Esta abstracción no es meramente procesal, en el sentido de que todo portador de buena fe goza de la presunción en su favor de que el título tiene causa y que la misma es legítima.
1. La abstracción no opera cuando, aunque sobre la base de un título de crédito abstracto por naturaleza, como es el pagaré, se encuentran frente a frente deudor y primer tomador del título. Y dice Cámara: “la circunstancia de que cuando se encuentran enfrentados en el proceso las partes inmediatas puedan valer las excepciones causales o que el deudor promueva ulteriormente juicio de repetición por pago sin causa, no modifica la calidad del documento abstracto cuya obligación es eficaz prescindiendo de la causa” (Cámara Julio. Letra de Cambio y vale o pagaré. Hector Cámara y Mariano H. Mark. 1ª Ed. Lexis Nexis. Arg. 2005, V. 1 pp. 155/156).
1. La circulación del crédito es de carácter primordial y determinante de la economía actual. Para que esa circulación cumpla su finalidad, la transmisión de los derechos de contenido patrimonial debe efectuarse en forma simple, con seguridad y certeza, valores estos indispensables para eu exista confianza ente las partes que negocian, y tranquilidad para quien adquiere el derecho.
El artículo 36 de la ley 24.240 (texto ref. por la ley 26.361) establece los requisitos que deben tener los contratos de operaciones financieras para el consumo o las de crédito para el consumo. Prescribe que, “En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad: a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios. b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios. c) El importe a desembolsar inicialmente -de existir- y el monto financiado. d) La tasa de interés efectiva anual. e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total. f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses. g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar. h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere. Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato. La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo.
En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado. El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo indicado en la presente ley. Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor” (Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N° 26.361 B.O. 7/4/2008).
1. El Derecho del Consumidor regula un sistema protectorio de orden público, que necesariamente se proyecta al proceso civil y comercial. Resulta por ello imprescindible su adaptación.
En tal sentido, que el juez brinde al ejecutante, la posibilidad de acompañar documentación complementaria acreditante de que el pagaré tiene su causa en una operación de crédito para consumo y del cumplimiento de las exigencias del art. 36 de la LDC, es una manera de armonizar ambos estatutos. De la misma, junto con el título, se deberá correr traslado al ejecutado.
Recibir las pruebas que propone la Dra. Durand de Cassis no va en contra de la abstracción cambiaria, porque estamos en un juicio entre obligados directos. Se flexibiliza el juicio ejecutivo para adaptarlo a la tutela del consumidor. Por lo cual considero que es un modo de obtener una solución satisfactoria y equilibrada de los intereses en juego, mediante la atenuación de los límites de conocimiento en el proceso ejecutivo.
Remitir la cuestión al denominado «juicio de conocimiento posterior» postergaría la posibilidad del ejercicio judicial de los derechos del consumidor, en los casos en que la relación de consumo surge evidente.
6) Por lo expuesto, y siendo que prima facie nos encontraríamos frente a una relación de crédito para el consumo debido a las características de la ejecutante CARSA S.A., las constancias del título donde se lee “exija su factura de compra, locación o servicio recibido…” y las circunstancias alegadas por el deudor al oponer la excepción de inhabilidad de título y nulidad de la ejecución, adhiero al voto de la Dra. Durand de Cassis y me expido en idéntico sentido. ASI VOTO.
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, pasado y firmado, todo por ante mí, Secretaria autorizante, de lo que doy fe.
SENTENCIA
Corrientes, 18 de octubre de 2017.
Por los fundamentos de que instruye el Acuerdo precedente;
SE RESUELV E: 1º) Hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocar el Fallo Nº 91/2017, debiendo el aquo tan pronto reciba estos autos, requerir que la firma comercial actora adjunte los documentos base del negocio jurídico reflejado en el título traído a ejecutar.2 º) Imponer las costas de alzada por su orden.3 º) Insértese copia al expediente, regístrese, notifíquese y oportunamente vuelva al juzgado de origen.
Fdo. Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni (Presidente de Cámara).-
Dra. Analía Inés Durand De Cassis – Dr. Julio Eduardo Castello (Jueces de Cámara).-
Dra. María Silvina Carsos (Secretaria).-
HSBC Bank Argentina c/Pardo, Cristian Daniel s/cobro ejecutivo – Cám. Apel. Departamental Azul – 09/03/2017 – Cita digital IUSJU013775E
022970E
