Se confirma -en lo principal- la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución al considerar que los pagarés derivaban de una relación de consumo en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional y que éstos cumplían con la totalidad de los requisitos estipulados en el artículo 36 de la ley 24.240. Es que existían en la causa variados elementos que permitían presumir la existencia de una relación de consumo subyacente al libramiento de los pagarés, como ser que la ejecutante era una entidad financiera, quedando de tal modo encuadrada dentro del concepto de proveedor dado por el artículo 2 de la ley de defensa del consumidor, y que las partes se hallaban ligadas en virtud de una operación de naturaleza financiera a partir de lo consignado en los instrumentos base del reclamo.
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