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JURISPRUDENCIAJuicio ejecutivo. Pagaré. Préstamo. Entidad bancaria. Relación de consumo. Integración. Contrato de consumo
En el marco de un juicio ejecutivo, se declara la nulidad de la intimación de pago cursada, dado que, previamente a proceder a la ejecución, se debe evaluar si el pagaré objeto de la misma es o no de consumo. Para ello, la ejecutante -entidad bancaria- debe integrar el título con la documentación adicional relativa al negocio causal, conformando un título complejo que deberá contener información clara y veraz, y además cumplir con los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley del Consumidor para las operaciones de financiación o crédito para el consumo.
Salta, 14 de noviembre de 2017.
Y VISTOS: Estos autos caratulados: “HSBC BANK ARGENTINA S.A. vs. GARCÍA, Eduardo Javier y FIGUEROA BALMORIA, Paola Josefina s/Ejecutivo, embargo preventivo”, Expte. Nº 573.270/16 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos de 3ª Nominación; Expte. Nº 573.270/16/17 de esta Sala Tercera, y
CONSIDERANDO
El doctor José Gerardo Ruiz dijo:
I) Los demandados, con el patrocinio letrado del doctor Rodrigo Javier Lobo, interponen, a fs. 41, recurso de apelación en contra de la sentencia de fs. 36/38, que rechazó los planteos formulados a fs. 27/29, y mandó llevar adelante la ejecución en su contra por la suma de $ 62.775,49, con más intereses e I.V.A., desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago, y las costas del juicio.
En su memorial de fs. 43/44, los recurrentes dicen que si bien la sentenciante ha realizado una correcta interpretación y encuadre de los hechos invocados en el incidente, omitió intimar al ejecutante a integrar el título en los términos del artículo 36 de la Ley 24.240. Consideran que se ha equivocado al tratar a ambas partes en un pie de igualdad al resolver la cuestión, pues no procuró informe alguno a los fines de conocer el contrato subyacente. Señalan que, en virtud de la Ley 24.240, el actor es quien tiene que demostrar la causa fuente del título. Estiman que la señora Jueza de la anterior instancia ha echado por tierra la tutela que el legislador intentó prescribir a favor de los consumidores en contra de las cláusulas vejatorias y de intereses abusivos de los contratos-formularios como los de los bancos en la toma de crédito. Sostienen que no se ha tenido en cuenta, además, el artículo 3º de la Ley específica ni la presunción legal a favor de su parte y en contra de la entidad financiera, que lucra con la oferta de los créditos para la toma por parte de los consumidores. Aseveran que entre las partes existe una relación de consumo que habilita la aplicación de la Ley 24.240, especialmente su artículo 36. Agregan que, en el caso, la entidad bancaria se limitó a negar dicha relación, sin dar cumplimiento acabado con el deber de explicarse.
Corrido el pertinente traslado, es contestado a fs. 47/49, por el doctor Carlos Cornejo Costas, apoderado del ejecutante, quien destaca que los apelantes no han logrado desvirtuar que, como lo sostuviera la señora Magistrada, el hecho de que su parte sea una entidad financiera y ellos personas físicas, no implica, necesariamente, la aplicación de los principios del Derecho del Consumidor. Advierte que la contraria no ha señalado cuál fue el destino del dinero recibido y además no ha negado la deuda. Puntualiza que la pretensión de integrar el título ejecutivo, permitiendo la discusión de la causa y el monto de la obligación, está vedada por el artículo 554, inciso c) del Código Procesal Civil y Comercial.
A fs. 55, emite dictamen el señor Fiscal de Cámara, quien opina que el memorial constituye una mera discrepancia con lo resuelto en Primera Instancia.
II) Conforme a los antecedentes de autos, a fs. 4/5, el HSBC Bank Argentina S.A. dedujo acción ejecutiva en contra de los demandados, por la suma de $ 62.755,49, en base a un pagaré sin protesto o a su orden, librado el 9 de noviembre de 2015, por una suma originaria superior (fs. 3). Al respecto, y sin acompañar las constancias pertinentes, adujo el apoderado del actor que los demandados habían realizado pagos parciales, por lo que se reclamaba una suma menor a la consignada en el título.
Al ser intimados de pago, los ejecutados dedujeron, a fs. 27/29, incidente de nulidad por excepción de inhabilidad de título, en contra del progreso del juicio ejecutivo pidiendo, con el fin de que no se desnaturalice el trámite ejecutivo de la acción cambiaria del pagaré, y conciliarlo con la tutela del consumidor, se intime al actor, previo a dar curso a la pretensión, que acredite que no se trata de una relación de consumo o, en caso contrario, integre el título en los términos del artículo 36 de la Ley 24.240. Aseveraron que el pagaré había sido librado en el marco de una relación de consumo y que correspondía, por ende, la vía sumaria. Señalaron que del documento no surgía la finalidad del crédito otorgado ni que la entidad bancaria se dedicaba a la prestación de servicios financieros.
Al contestar el traslado del planteo incidental, a fs. 31/33, el ejecutante solicitó su rechazo, aduciendo que no se trataba de ninguna de las excepciones previstas en el Código de forma y que no se había negado la deuda.
La señora Jueza de Primera Instancia (fs. 36/38) denegó el planteo de nulidad, en el entendimiento de que la sola condición de las partes no es suficiente para determinar la existencia de una relación de consumo, sino el destino dado al dinero. Consideró que, como los ejecutados no demostraron dicho destino, y no surgía la causa del título, atento a la negativa del actor, no podía afirmar que la relación jurídica estuviera enmarcada en la Ley del Consumidor.
III) Liminarmente, debe advertirse que los ejecutados no pretenden la nulidad de la ejecución, sino del trámite, es decir, de la intimación de pago efectuada sin la integración del título.
En un reciente caso registrado en el Tomo XXXIX-S, fº 243/247 del Libro de Protocolos de Sentencias Definitivas (del 2 de junio de 2017), la Sala IV, que integro, se ha referido a una cuestión similar a la planteada en autos, no obstante lo cual, en aquella oportunidad la entidad bancaria había presentado la documentación vinculada por el préstamo, sin cuestionar que la relación fuera de consumo. Así, textualmente, se dijo: “El artículo 36 de la ley 24.240 establece una serie de requisitos, a la hora de instrumentar operaciones de crédito para consumo, orientados a garantizar que el consumidor cuente con información cierta, detallada y veraz, a la que tiene derecho. Consiste en un deber calificado de información para los proveedores de servicios financieros. Se trata de un derecho de los consumidores, justificado en la situación de asimetría en la que se ven situados en la relación de consumo. Si bien el deber de información juega un papel destacado la llamada «etapa precontractual», el mismo se encuentra presente en toda la relación de consumo. En este sentido se dispone que los proveedores deberán consignar de modo claro al consumidor, bajo pena de nulidad: c) El importe a desembolsar inicialmente y el monto financiado; d) La tasa de interés efectiva anual; e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total; f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere. Ante el incumplimiento de esta previsión, esto es, cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Dicho deber de información deberá conjugarse con las previsiones del artículo 42 de la Constitución Nacional, el artículo 4º de la Ley del Consumidor, el artículo 1.110 del Código Civil y Comercial y las previsiones constitucionales locales, en cuanto establecen que la información deberá ser adecuada, veraz, cierta, clara, detallada, gratuita, comprensible, transparente y oportuna (cfr. Stiglitz, Gabriel A. Hernández, Carlos A. Barocelli, Sergio Sebastián, La protección del consumidor de servicios financieros y bursátiles, La Ley Online: AR/DOC/2991/2015). En concordancia con la norma citada, el artículo 1.382 del Código Civil y Comercial dispone que el banco debe comunicar en forma clara, escrita o por medios electrónicos previamente aceptados por el cliente, al menos una vez al año, del desenvolvimiento de las operaciones correspondientes a contratos de plazo indeterminado o de plazo mayor a un año. Esta norma postula un deber dinámico de información sobre el desenvolvimiento de las operaciones de plazo indeterminado o mayor a un año. Se trata de proveer al cliente bancario de información relativa a la evolución de las operaciones activas y pasivas, amortizaciones, saldos de deuda y devengamiento de intereses (cfr. Lorenzetti Ricardo Luis, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, t. VII, pág. 248).”
IV) En el sub judice, los demandados, como se adelantara, pretenden dos cosas: 1) que, previo a dar curso a la pretensión, se intime al actor para que acredite que no se trata de una relación de consumo y, 2) que, en caso contrario, se lo intime a integrar el título en los términos del artículo 36 de la Ley 24.240. Es decir, han solicitado se coloque en cabeza de la entidad bancaria la carga de presentar los instrumentos que sirvieron de base al préstamo de dinero, de los que, en definitiva surgirá si se trata o no de una relación consumeril.
El actor, al contestar el planteo nulidificatorio no negó que la causa del título sea una relación de consumo, sino que pidió el rechazo del incidente por no tratarse de una excepción de inhabilidad de título en los términos del artículo 554 del Código de rito.
El fallo en cita continúa diciendo: “Como es de público conocimiento, es práctica usual en el mercado financiero, que los bancos soliciten a sus clientes -en oportunidad de otorgar un préstamo y de forma concomitante con la celebración del contrato de mutuo-, la suscripción de un pagaré, por el monto total del crédito otorgado. Los pagarés son títulos de crédito -cfr. Decreto Ley 5965/63-, que por sus características de literalidad y abstracción, instrumentan un derecho que pierde vinculación con la causa de su libramiento y que puede ser ejercido por vía ejecutiva, procedimiento que también excluye la discusión respecto de la causa del título. Por tanto, permiten recuperar la acreencia de forma rápida y segura, dan mayor seguridad al crédito y favorecen la circulación de la riqueza. Generalmente tales documentos no comprenden en su texto -que debe determinar el alcance del derecho que contienen-, los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 24.240. Por esta circunstancia, la doctrina y la jurisprudencia debaten actualmente si los denominados “pagarés de consumo” -librados como consecuencia de una relación de consumo- y los derechos cartulares que éstos instrumentan, pueden ser ejercidos por la vía ejecutiva. Dentro de las posturas que aceptan su calidad de títulos ejecutivos algunos entienden que debe permitirse, en el marco del juicio ejecutivo, la discusión sobre la causa (cfr. SC Mendoza, Sala I, “Garbarino SAICEI c/ Cataldo, Javier Francisco s/ ejecución”; La Ley Gran Cuyo 2016 (julio), 443; CApel. CC. de Azul, en pleno, “HSBC Bank Argentina c. Pardo, Cristian Daniel s/ cobro ejecutivo”, 09/03/2017; La Ley 27/03/2017; cita online: AR/JUR/1822/2017). Otros tribunales consideran que no puede oponerse defensas causales contra los mismos, porque tal discusión es ajena a un trámite ejecutivo (Cám. 5a. de Apel. CC. de Córdoba, “Cañete, Sebastián c. Cañada, Adolfo Nemesio y otro s/ ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagarés – recurso de apelación”, 15/07/2015; La Ley Online: AR/JUR/29218/2015; CApel. CC. de Pergamino; “Mutual de los Asoc. al Club Social y Dep. Indep. de Sgto. Cabral c. Ale, Adrián Alberto s/ cobro ejecutivo”, 11/03/2015; La Ley Online: AR/JUR/1779/2015). Luce evidente que en esta materia entran en conflicto dos micro sistemas, sustentados cada uno de ellos, en bienes jurídicos diferentes. La teoría de los títulos de crédito, busca la protección del crédito y del mercado financiero. Parte de la premisa de sostener que cualquier dificultad que se introduzca en la facultad de percepción de los acreedores, tornará más costoso el crédito y ello repercutirá en perjuicio del mercado financiero, ponderando la importancia que tiene para el desarrollo de la economía en general. Por su parte, la normativa específica relativa a las relaciones de consumo, no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del artículo 42 de la Constitución Nacional y la correlativa contenida en el artículo 38 de la Constitución Provincial-, radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante, es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico (La relación de consumo y su vinculación con la eficaz protección de los derechos reconocidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2012-1, p. 77 y sigtes.; cfr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “G., A. C. c. Pasema S.A. y otros s/daños y perjuicios”, 01/04/2015, La Ley 2015-C, 512; CApel. CC. Salta, Sala IV, t. XXXIX-S, fº 213).”
“Lo cierto es que en nuestro sistema jurídico el artículo 36 de la ley 24.240 se encuentra vigente y sus requisitos deben ser cumplidos. La finalidad de la misma es que el consumidor cuente, durante toda la relación contractual, con la información necesaria para ejercer sus derechos. Es claro que la solución que impide la discusión sobre el contrato de préstamo, torna en letra muerta a esta disposición legal pues, al permitir al otorgante del crédito ejercer su derecho por vía ejecutiva, con fundamento en que se encuentra instrumentado en un pagaré, sin que pueda oponerse defensas basadas en el negocio que sirvió de causa para su libramiento, se consagra un mecanismo legal que lo faculta a obviar el cumplimiento de la norma y en definitiva, a utilizar un instituto legal como los títulos de crédito, para un fin no querido por el ordenamiento jurídico. Frente a tal postura, sólo queda al consumidor la posibilidad de pagar la totalidad del monto reclamado por la entidad bancaria y luego accionar haciendo valer las defensas causales que pudiera tener.”
“Tal solución luce reñida con lo dispuesto por el artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto dispone que las convenciones particulares no puede dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público y que el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal, que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trate de eludir.”
“Frente a esta antítesis aparente, la jurisprudencia ha elaborado dos soluciones posibles. La primera de ellas es quitarle al pagaré de consumo, el carácter de título ejecutivo, en cuyo caso el otorgante del crédito deberá accionar en base al contrato de mutuo, ya sea por la vía ordinaria o por vía ejecutiva. La segunda postura propugna integrar el pagaré con el contrato de mutuo y con toda la documentación pertinente, a fin de dar efectividad a lo normado en el artículo 36 de la ley 24.240.”
V) En el caso, se aprecia que el actor inició la ejecución con fundamento en un pagaré sin protesto o a su orden, que consigna la tasa de los intereses compensatorios y punitorios. Al contestar la incidencia deducida por los ejecutados, el demandante no acompañó documentación alguna vinculada con los préstamos personales que sirvieron de causa al libramiento del pagaré, por lo que no fue posible determinar si el crédito fue otorgado para consumo personal, ni conocer la tasa nominal anual, la tasa efectiva anual, el detalle del capital y los gastos, copias de resúmenes de la caja de ahorro de los ejecutados de la que se debitaron algunas cuotas mensuales, según aduce el Banco, etc. De ese modo, se privó a los demandados de ejercer el debido control y de ofrecer prueba.
La jurisprudencia mayoritaria sostiene que la solución que mejor concilia los intereses en juego, en casos como el que nos ocupa, es aquella que no le resta carácter de título ejecutivo al pagaré de consumo, pero habilita la discusión respecto de la causa de libramiento. Se comparte esta postura, en la medida en que el consumidor haya tenido oportunidad de ejercer debidamente su derecho de defensa y ello sólo es posible si la entidad bancaria, al promover la ejecución, acompaña constancias que acrediten que el pagaré no fue librado en el marco de una relación de consumo o, en caso contrario, integrar el título con la información detallada en los artículos 1381 del Código Civil y Comercial y 36 de la Ley 24.240.
Por el contrario, la sentenciante colocó la carga de probar la naturaleza de la relación de consumo en cabeza de los demandados, ante el simple silencio del Banco y, en tales condiciones, rechazó el planteo y mandó llevar adelante la ejecución.
VI) En el caso particular, en el que las circunstancias difieren de las consideradas en el precedente antes citado, corresponde agregar a lo ya dicho, que el Código de fondo pone en cabeza de las entidades bancarias y financieras un deber calificado de información -en atención a su posición aventajada frente al deudor, tanto desde el punto de vista técnico como económico-, a fin de garantizar la transparencia de las operaciones. Ordena que la publicidad, la propuesta y la documentación contractual, deban indicar con precisión y en forma destacada, si la operación corresponde a la cartera de consumo o a la cartera comercial, de acuerdo con la clasificación que realiza el Banco Central de la República Argentina, aún cuando tal calificación no prevalezca sobre la que surge del contrato, ni de la decisión judicial.
También se establecen exigencias formales respecto del contrato, disponiendo que el mismo debe especificar la tasa de interés y cualquier precio, gasto, comisión y otras condiciones económicas a cargo del cliente. El banco debe comunicar en forma clara, escrita o por medios electrónicos previamente aceptados por el cliente, al menos una vez al año, el desenvolvimiento de las operaciones correspondientes a contratos de plazo indeterminado o mayor a un año. Transcurridos sesenta días contados a partir de la recepción de la comunicación, la falta de oposición escrita por parte del cliente se entiende como aceptación de las operaciones informadas, sin perjuicio de las acciones previstas en los contratos de consumo -cfr. artículos 1.378, 1.379 y 1.382 del Código Civil y Comercial-. Por su parte, el artículo 1.384 del mismo ordenamiento, establece que las disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.093.
De modo que la entidad bancaria -al iniciar la ejecución-, debió calificar la operación de crédito, precisando si se trata de un crédito para consumo o de cartera comercial. Tal información debe obrar en su poder, porque tiene la obligación de calificar la operación, al momento de la celebración del contrato, a fin de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 1.379 del Código Civil y Comercial. Si la operación fue calificada como un crédito para consumo, queda alcanzada por las disposiciones protectorias consumeriles y ello genera en cabeza de la entidad bancaria, la carga de acompañar con la demanda, la información requerida por el precepto en cita y el artículo 36 de la Ley del Consumidor.
El efectivo cumplimiento del deber de información de la entidad bancaria, ya en el ámbito del proceso, condiciona el ejercicio del derecho de defensa del consumidor toda vez que, si el deudor no conoce la tasa efectiva que se aplicó a la deuda, el sistema de amortización de capital e intereses, los demás gastos, comisiones y condiciones económicas de la operación, se verá impedido de oponer las excepciones a las que eventualmente tuviera derecho. Mal puede controlar si el saldo que se pretende percibir, es ajustado a derecho, si no cuenta con la información necesaria para ello.
Frente a la exigencia introducida por las normas antes citadas y por el artículo 36 de la Ley 24.240, en el caso concreto, no es posible afirmar que el pagaré acompañado, sea por sí solo título hábil para promover la ejecución del saldo adeudado. La entidad bancaria debió acompañar junto con el mismo, la documentación que debe obrar en su poder -por expresa previsión de los artículos 1.379 y 1.380 del Código Civil y Comercial-, a fin de comprobar si la relación es o no consumeril, y permitir a los ejecutados el control del documento abriendo a prueba, en su caso, el incidente (la excepción), para luego resolver respecto del mismo, considerando las defensas causales que tienen derecho a oponer.
Si bien se comparte la postura jurisprudencial que entiende que la solución que mejor concilia los intereses en juego, es aquella que permite la ejecución de los pagarés de consumo, en el marco de un proceso ejecutivo, posibilitando la oposición de defensas fundadas en el negocio que causó su libramiento, no es posible efectuar ese análisis en esta oportunidad, pues no se ha habilitado a los demandados, en la instancia anterior, para ejercer debidamente su derecho de defensa.
VII) Desde esta perspectiva, entiendo que cuando el juez advierte que bajo el pagaré que se pretende ejecutar subyace una relación de consumo debe declarar de oficio la inhabilidad del título, para evitar que con el simple recurso de acudir a títulos cambiarios para instrumentar la deuda se eluda dar cumplimiento al deber de información plasmado en el artículo 36 de la Ley Nº 24.240 y/o se configuren eventuales abusos, como ocurre, verbigracia, en el llenado del pagaré firmado en blanco (doctr. artículos 9 a 12 del Código Civil y Comercial). Nótese que lo que hace el juez, al proceder de ese modo en el marco de un juicio ejecutivo, es simplemente declarar la inhabilidad del título, instituto netamente procesal, y no la nulidad del contrato, instituto propio del derecho de fondo (artículos 36 de la Ley Nº 24.240, 386 y siguientes del Código Civil y Comercial). Tan claro es ello que si por hipótesis el juez declarara la nulidad del contrato también debería ordenar las restituciones correspondientes (artículo 390 del Código Civil y Comercial), cosa que naturalmente jamás ocurre.
Por lo expuesto, y en orden a los principios de economía procesal y de saneamiento, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 41, revocar la sentencia de fs. 36/38 y en su mérito, declarar la nulidad de la intimación de pago de fs. 26. En consecuencia, se deberá ordenar la integración del título para proceder a una nueva intimación de pago a fin de que los ejecutados tengan la oportunidad procesal pertinente para oponer las defensas que consideren eventualmente.
En consonancia con las conclusiones precedentes se ha expresado la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul -en Pleno- el 9 de marzo de 2017 en la causa “HSBC Bank Argentina c/Pardo Cristian D. s/Cobro Ejecutivo“, donde dispuso: “El pagaré de consumo puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal, dentro del mismo juicio ejecutivo, conformando un título complejo que deberá contener información clara y veraz, y además cumplir con los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley del Consumidor para las operaciones de financiación o crédito para el consumo. Dicha documentación debe agregarse en primera instancia, hasta el momento de la sentencia, sin que se admita su integración en la alzada. Los intereses pactados que surjan del título complejo no podrán exceder el límite de la ganancia lícita. Asimismo, resulta oportuno poner en conocimiento del legislador, a la manera de comunicación exhortativa, la conveniencia de regular el denominado pagaré de consumo.”
VIII) Las costas en ambas instancias se imponen por el orden causado, en atención a que la cuestión objeto de discusión resulta novedosa y no existe jurisprudencia uniforme al respecto (artículo 67, segundo párrafo y 273 del Código Procesal Civil y Comercial).
El doctor Marcelo Ramón Domínguez dijo:
En tanto se dispone la nulidad de la intimación en el presente, en base a las consideraciones vertidas en su fundado voto por el doctor José Gerardo Ruiz, me adhiero a la solución propuesta.
Por lo que resulta del acuerdo al que se arriba,
LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA
I) HACE LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 41, por los demandados, con el patrocinio letrado del doctor Rodrigo Javier Lobo. En su mérito, DEJA SIN EFECTO la sentencia de fs. 36/38, DECLARANDO LA NULIDAD de la intimación de pago de fs. 26 y MANDANDO que el acreedor integre el título para proceder a una nueva intimación de pago, en el plazo que disponga la señora Jueza de Primera Instancia. COSTAS de la incidencia, en ambas instancias, POR EL ORDEN CAUSADO.
II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE.
Ley 24.240 – BO: 15/10/1993
Nota al fallo. Junyent Bas, Francisco Una nueva vuelta de tuerca sobre el pagaré de consumo, Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor, Julio 2017, Colección Compendio Jurídico – Cita digital IUSDC285316A
Bagalá, Pablo, El pagaré de consumo: Análisis de su ejecutabilidad, Compendio Jurídico, Setiembre 2013 – Cita digital IUSDC282917A
HSBC Bank Argentina c/Pardo, Cristian Daniel s/cobro ejecutivo, Cám. Apel. Departamental Azul, SALA En Pleno, 09/03/2017 – Cita digital IUSJU013775E
022564E
