Se revoca la decisión que rechazó la ejecución pretendida por el actor, al considerar que no se había desvirtuado la presunción de que detrás del pagaré ejecutado subyacía una operación de crédito para el consumo, pues la relación que vinculó a las partes no apareció manifiesta como para someterla a las disposiciones de la ley 24240. Por ello, se resolvió que resultó apresurado presumir la existencia de un crédito para el consumo o una operación aprehendida por el art. 36 de la ley de defensa del consumidor, y la facultad del juez debe limitarse en la etapa liminar del proceso al análisis formal del instrumento con el que se deduce la ejecución, más aún cuando el mismo se encuentra mencionado por el inciso 5 del art. 523 del Código Procesal.
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