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JURISPRUDENCIAJuicio ejecutivo. Pagaré. Relación de consumo. Prueba. Rechazo. Facultades del juez
Se revoca la decisión que rechazó la ejecución pretendida por el actor, al considerar que no se había desvirtuado la presunción de que detrás del pagaré ejecutado subyacía una operación de crédito para el consumo, pues la relación que vinculó a las partes no apareció manifiesta como para someterla a las disposiciones de la ley 24240. Por ello, se resolvió que resultó apresurado presumir la existencia de un crédito para el consumo o una operación aprehendida por el art. 36 de la ley de defensa del consumidor, y la facultad del juez debe limitarse en la etapa liminar del proceso al análisis formal del instrumento con el que se deduce la ejecución, más aún cuando el mismo se encuentra mencionado por el inciso 5 del art. 523 del Código Procesal.
Buenos Aires, 11 de octubre de 2016.
1. El ejecutante apeló en fs. 10 la decisión de fs. 7/9, que rechazó la ejecución promovida con sustento en el pagaré copiado en fs. 4.
Los fundamentos del recurso fueron expuestos en fs. 12/14.
La Fiscal General ante la Cámara emitió dictamen en fs. 20/21.
2. Liminarmente cabe señalar que el decisorio impugnado rechazó la presente ejecución, al menos hasta tanto no se desvirtuara la presunción de que se trata de una operación de crédito para el consumo, ni se optara por preparar la vía ejecutiva mediante el acompañamiento del instrumento previsto por el art. 36 de la ley 24.240.
Para decidir de tal modo, el juez de grado concluyó que el ejecutante era una persona que revestía la calidad de “proveedor” en los términos del art. 2 de la ley 24.240, en tanto que el ejecutado era un “consumidor o usuario” según lo establecido por el art. 1 del mencionado plexo normativo. En tal situación, el Juez a quo presumió que el documento copiado en fs. 4 era, en realidad, un “pagaré de consumo” y, como tal, su ejecución resultaba inadmisible; desde que su libramiento habría tenido como único fin eludir el cumplimiento del deber de información previsto en la LDC, y se habría efectuado como un “acto de cobertura” para obtener la vía expedita de cobro del crédito.
Dicha decisión fue recurrida por el ejecutante, cuya crítica se concentra en (i) la forma en que el Juez a quo interpretó la relación jurídica habida entre las partes; y (ii) la doctrina plenaria que fue citada, como así también el análisis realizado acerca de la causa de la obligación.
3. Descripto el escenario fáctico que gobierna el caso, corresponde señalar que, como principio, la facultad del juez en esta etapa liminar del proceso debe limitarse al análisis formal del instrumento con que se deduce la ejecución (arg. cpr 531); siendo claro que su rechazo queda reservado para aquellos supuestos en que la confrontación de los aspectos formales de la pretensión con el derecho positivo resulte evidente.
Sentado ello, repárase que de las constancias obrantes en la causa y de la literalidad del documento traído a ejecución (pagaré copiado en fs. 4) no se advierte la existencia de elementos de convicción suficientes que permitan inferir que la relación que vinculó a las partes pueda ser encuadrada en una relación de consumo de conformidad con las disposiciones de la ley 24.240.
En efecto, véase que las circunstancias señaladas en el decisorio en crisis no dejan de ser, al menos por ahora, una mera hipótesis conjetural; y frente a ello, júzgase que no cupo presumir en este estadio embrionario del proceso, cual lo hizo el sentenciante de grado, que el ejecutado sea un “consumidor o usuario” en los términos de la LDC 1, cuando éste ni siquiera ha sido oído y, menos aún, concluir definitivamente sobre la invalidez del pagaré que se pretende ejecutar pues, en definitiva, ello requiere de un acabado análisis de la materia litigiosa, del derecho aplicable a la cuestión (CN: 43 y ley 24.240:36, 37 y 65) y de los elementos que eventualmente puedan arrimar los litigantes (conf. CNCom., Sala E, 18.3.15, “BBVA Banco Francés S.A. c/ González, Cristian Hernán s/ ejecutivo”; íd., 8.7.14, Sala A, “Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Pinto, Andrea s/ ejecutivo”).
En síntesis, dado que en el sub lite la relación subyacente que vinculó a las partes no aparece manifiesta como para someterla a las disposiciones de la ley 24.240, conclúyese que resultó apresurado presumir la existencia de un crédito para el consumo o una operación aprehendida por el art. 36 del mencionado plexo normativo (en igual sentido, esta Sala, 17.9.15, “Banco Santander Río S.A. c/ Dallochio, José Daniel s/ ejecutivo”; íd., CNCom, Sala A, 9.12.14, “Comafi Fiduciario Financiero S.A. c/ Sosa, Natalia s/ ejecutivo”).
4. Por último, obsérvese que el instrumento en que se basó la acción se encuentra mencionado por el inc. 5° del art. 523 del Código Procesal y su examen revela que, prima facie, tal documento cumple con los requisitos de admisibilidad de la ejecución.
En tales condiciones, y sin perjuicio de lo que pudiera resolverse ante eventuales planteos defensivos del ejecutado, júzgase pertinente revocar la decisión impugnada y ordenar se provea la causa de conformidad con la naturaleza de la pretensión.
5. Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por la Representante del Ministerio Púbico, se RESUELVE:
Admitir la apelación de fs. 10 y revocar la decisión de fs. 7/9; sin costas por no mediar contradictorio.
Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).
Notifíquese a la Fiscal General mediante la remisión de los autos a su despacho y, oportunamente, devuélvase sin más trámite, confiándose al juez de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes.
Firman los suscriptos por hallarse vacante la vocalía n° 12 (RJN 109).
Pablo D. Heredia
Gerardo G. Vassallo
Horacio Piatti
Prosecretario de Cámara
Ley 24240 – BO: 15/10/1993
Banco Hipotecario SA c/Tangir, Andrés s/ejecutivo – Cám. Nac. Com. – Sala F – 12/02/2015
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores – Cám. Nac. Com. – En pleno – 29/06/2011
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