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JURISPRUDENCIAResponsabilidad del escribano. Ardid. Estafa. Documentación apócrifa. Daño moral. Pagos. Responsabilidad objetiva
Se confirma la sentencia que atribuyó responsabilidad civil a una escribana, al concluirse que el hecho de que la parte vendedora -para sustraerse de sus obligaciones tributarias- haya fraguado los sellos en los comprobantes de pago correspondientes, haya llevado a un engaño a la notaria y a la compradora acerca de la inexistencia de deuda sobre el inmueble objeto del contrato, no alcanza carácter interruptivo que fracture el nexo causal por tratarse la suya de una obligación de resultado.
Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, fin de pronunciarse en los autos caratulados: “B. G. A. c/ F., E. N. Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS”
La Dra. Beatriz A. Verón dijo:
1.1.- Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 1953/1965 vta. se alzan las partes y expresan agravios a fs. 2024/2025 vta. la actora, a fs. 2026/2030 el Colegio de Escribanos, a fs. 2031/2039 T., y a fs. 2041/2046 la citada en garantía. Las respuestas formuladas se encuentran agregadas a fs. 2049/2050 vta. del Banco Patagonia y a fs. 2053/2073 del actor.
Seguidamente seguiré tal orden para sintetizar los motivos de las apelaciones deducidas.
1.2.- El actor se limita a criticar la imposición de costas respecto a la acción que ejerciera respecto al Banco Patagonia que fuera rechazada.
1.3.- El Colegio Público de Escribanos se dirige a impugnar lo decidido en cuanto al fondo del caso sub examine, la misma procedencia de la acción reparatoria, pues aduce que junto con la escribana interviniente fueron víctimas de la estafa perpetrada por el Sr. M. que mereció condena en sede penal, y razona que ello revela que la profesional actuó de manera correcta.
A todo evento, en cuanto al monto por el que progresó la demanda, considera exagerada la indemnización fijada, y también critica la tasa de interés establecida.
1.4.- T., a su turno, también impugna la atribución de responsabilidad, para lo que pone de resalto la maniobra dolosa de M. por haber presentado documentación apócrifa, ardid que tenía la intención de defraudar, mientras que la escribana se condujo de manera idónea, y para ello cita sendas declaraciones testimoniales.
A todo evento, cuestiona la procedencia de lo reclamado en concepto de daño moral, también su justiprecio que considera elevado, y lo propio respecto al daño psíquico.
También se agravia de la tasa de interés estipulada, y en materia de costas requiere se impongan íntegramente a la actora.
1.5.- La citada en garantía, finalmente, impugna el fallo en crisis por considerar que viola el principio de congruencia, pues la exigencia a la escribana de requerir un nuevo certificado para corroborar los pagos efectuados por M. no fue basamento del reclamo de autos.
Rechaza a su vez que se califique a la obligación como de resultado, y argumenta que por tratarse de una obligación de medios, el factor de atribución es la culpa, y esta no se verificó en la actividad desplegada por la escribana; aduce que la conducta displicente del accionante comprador para con el vendedor al momento de celebrar la escritura ha sido la causa de los daños producidos.
En cualquier caso, aduce que el delito perpetrado por M. resulta eximente de la responsabilidad que aquí se imputa.
2.1.- Pues bien, previo a todo análisis, cabe señalar que el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994, contempla de manera expresa lo tocante a la “temporalidad” de la ley.
Es menester interpretar coherentemente lo dispuesto por su art. 7° sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, así como a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Por ello, corresponde ponderar que en el caso sub examine se trata de una relación o situación jurídica que ha quedado constituida conforme a la ley anterior, y también -por tanto- las consecuencias que emanan de ella, por lo que al haber nacido al amparo de tal legislación, es en definitiva la que se aplica.
2.2.- En otro orden, adelanto que seguiré a los recurrentes en las alegaciones que sean conducentes para decidir este conflicto (C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, entre otros) pues recuerdo que como todas las pruebas no tienen el mismo peso, me apoyaré en las que resulten apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:3201; 144:611), las que produzcan mayor convicción en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa.
En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama «jurídicamente relevantes» (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o «singularmente trascendentes» como los denomina Calamandrei (“La génesis lógica de la sentencia civil», en Estudios sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.).
3.1.- Por razones de método abordaré en primer lugar la cuestión sustantiva de fondo.
Al respecto, en grado de adelanto y por las razones que comienzo a desarrollar, propiciaré la confirmación del fallo apelado.
3.2.- En efecto, sabido es que en general las obligaciones que emanan de los servicios profesionales son obligaciones de medios, lo que ha sido captado por la normativa del nuevo régimen codificado al interpretar fielmente la jurisprudencia de los tribunales y la doctrina de los autores en torno al régimen velezano (art. 1767).
No obstante, en lo que atañe a la tarea del escribano y la consecuente responsabilidad comprometida, su desarrollo revela aristas específicas que denotan su complejidad intrínseca, por lo que resulta menester detenerse en el análisis en torno a si la conducta desplegada se ajusta o no de manera estricta al “plan prestacional” comprometido (cfr. mi voto in re “Reichenbach, Joaquín Osvaldo c/ Lanzani, Héctor Enrique s/ Ds. y Ps.”, Expte. n° 107.306/2001, del 30/9/2.008; esta Sala, “Milesi, Marta Susana c/ Merovich, Ricardo y otros s/ Ds. y Ps.”, del 28/8/98, elDial – AA19A8).
En cuanto a la naturaleza de las obligaciones del notario, se entiende que no debe adoptar un rol meramente pasivo, pues está precisado a preocuparse en todo lo que interese a la validez y eficacia del acto que autoriza. Ello obedece a que la ley somete a la habilitación para el ejercicio de la profesión notarial a una infinidad de cautelas que, además de asegurar la capacidad profesional, se encaminan a requerir del escribano, más que la tarea mecánica de redactor de las voluntades que se le manifiestan, la de consejero de las partes (CNCiv., Sala M, Rec. N° 1487 del 30/4/98, elDial – AE8C).
3.3.- El análisis de los hechos es revelador del engaño pergeñado por la parte vendedora, y por tanto coincido con los apelantes en que tanto la compradora accionante como la escribana demandada resultaron víctimas de la conducta ilícita (dolosa) del co-contratante.
Ahora bien, sin perjuicio de ello, corresponde analizar si ello reviste carácter eximente de la responsabilidad que se imputa en autos, y la respuesta negativa se impone.
En efecto, el hecho que la parte vendedora para sustraerse de sus obligaciones tributarias, haya fraguado los sellos en los comprobantes de pago correspondientes, haya llevado a un engaño a la notaria y a la compradora acerca de la inexistencia de deuda sobre el inmueble objeto del contrato, no alcanza carácter interruptivo, pues la maniobra perpetrada resulta insuficiente como reclaman las apelantes.
Como fundamento de dicha decisión, jurisprudencia y doctrina distan de ser pacíficas, y así desde una perspectiva clásica que se apoya en la culpa como criterio de atribución, se sostiene que en materia contractual es suficiente la prueba del resultado desacertado para inferir que el deudor no adoptó las previsiones apropiadas que las circunstancias requerían (Llambías, Jorge, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. I, Nº 109).
Se trata una presunción de la culpa del deudor de tipo iuris tantum, por lo que era carga de las apelantes arrimar elementos para persuadir con convicción la diligencia que constituye pago y/o la fuerza mayor derivada del ilícito de un tercero en tanto resultó ajeno a la negligencia o imprudencia de la notaria; es decir, acreditar que a pesar de la conducta diligente de la notaria, no se podía prever o evitar el ardid que obstaculizó el cumplimiento de sus obligaciones, lo que no se verifica en el sub examine.
A similar resultado se arriba en caso de encuadrar la responsabilidad de la accionada en el terreno de las obligaciones de resultado, las que reconocen fundamento de corte objetivo.
En efecto, en la obligación de resultado no hay una presunción de culpa, sino que directamente se responde sin culpa, es decir, de manera objetiva (Picasso, Sebastián, “Obligaciones de medios y de resultado», JA, 1996-II-713; ídem, “La culpa y el incumplimiento en las obligaciones de medios», LL 2000-C-991; Bueres, Alberto, Responsabilidad civil del escribano, Hammurabi, 1984, p. 55 y ss.; ídem, El acto ilícito, Hammurabi, 1986, pág. 53 y ss.; Zavala de González, Matilde, Responsabilidad por riesgo. El nuevo artículo 1113, Hammurabi, 1987, p. 232; Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos, Instituciones de derecho privado. Obligaciones, Hammurabi, 1999, t. 2, pág. 601; Vázquez Ferreyra, Roberto, «La responsabilidad contractual objetiva», LL 1988-B-998; Agoglia, María M., Boragina, Juan C., Meza, Jorge, Responsabilidad por incumplimiento contractual, Hammurabi, 1993, pág. 121 y ss.).
Tal como expone Bustamante Alsina, si se trata de la prueba de la culpa en las obligaciones de resultado, llegamos a la necesaria conclusión de que en ellas basta al acreedor comprobar el incumplimiento, pero no porque la culpa se presuma como vulgarmente se afirma, sino porque estando ella fuera de cuestión, no solamente no le incumbe al acreedor tal prueba, sino que resulta inoperante la prueba de la falta de culpa que eventualmente pretenda producir el demandado. El deudor solamente se libera con la prueba del casus (Teoría general de la responsabilidad civil, Abeledo-Perrot, 1989, p. 301).
Este ha sido el criterio seguido por este Tribunal (in re “Carrieres, Carlos Eduardo c/ Fernández, Carlos Alberto y otros s/ Nulidad de acto jurídico”, Expte. N° 82.834/2008, del 15/9/2.015, con primer voto de mi colega Dra. Zulema Wilde).
Es que el presupuesto fundamental de la responsabilidad contractual es el incumplimiento, y éste implica, precisamente, un obrar contrario al plan de conducta del deudor que constituye el objeto de la obligación. Si lo prometido era un resultado, el incumplimiento se patentiza por la sola falta de obtención de aquél, sin que la culpa juegue allí papel alguno. En consecuencia, el deudor de una obligación de fines no puede exonerarse probando su falta de culpa (lo que bien podría hacer si estuviéramos ante una presunción en ese sentido).
Este último encuadre es el que finalmente ha triunfado, al menos en cuanto resulta el contemplado por el nuevo régimen codificado en la dinámica interpretación de los arts. 1768 y art. 1723 CCyCom., norma esta última que recepta la doctrina sentada Alberto Bueres en la obra citada (Responsabilidad civil del escribano, Hammurabi, 1984, p. 55 y ss.).
Así se ha resuelto que la relación contractual entre el escribano y su cliente encuadra en las normas que regulan la locación de obra que puede ser caracterizada como obligación resultado. Por ello, de la frustración del interés perseguido por el acreedor (mero incumplimiento) surge la responsabilidad del deudor y si éste quiere eximirse de responsabilidad únicamente podrá demostrar la presencia de una causa ajena que interrumpa la relación causal. Cuando el escribano asume la obligación de autorizar una escritura pública que contenga el negocio jurídico, dicha escritura debe ser válida y a ese resultado queda obligado, pues su frustración originará su responsabilidad, que es de naturaleza objetiva. (CNCiv., Sala K, in re “Di Chiara, Norma Ángela c/ Peralta, Oscar Edgardo y otros s/ Ds. y Ps. Ordinario”, del X/8/2.010).
3.4.- Sentado todo lo expuesto, me abocaré ahora a explicar las razones que me persuaden a considerar insuficiente la maniobra dolosa del vendedor para eximir de responsabilidad como pretenden las apelantes.
En efecto, para comienzo por señalar que la relación que se establece entre el escribano y los otorgantes del acto jurídico que pasa por ante el registro a su cargo se enmarca en una “locación de obra intelectual”, regida por los artículos 1493 y s.s. del Código Civil (cfr. CNCiv., Sala A, voto del Dr. Jorge Escuti publicado en ED 179-92).
Se ha resuelto -en sentido que comparto- que el notario es responsable en caso de no tomar los recaudos que le son exigidos por normativa vigente, para otorgarle veracidad y eficacia a comprobantes de pago entregados por la vendedora sin tener la precaución de solicitar nuevos certificados ni verificar su autenticidad. En todo caso corresponde persuadir con convicción que el caso fortuito o la fuerza mayor derivados del ilícito de un tercero fueron ajenos a la negligencia o imprudencia de la notaria quien, además, a pesar de su conducta diligente no habría podido prever ni evitar el ardid que obstaculizó el cumplimiento del resultado comprometido (CNCiv., Sala “A”, voto del Dr. Ricardo Li Rosi in re “Emprendimientos M.N. SRL c/ K. K. A. s/ Ds. y Ps.”, del 01/6/2.012, MJ-JU-M-73420-AR | MJJ73420 | MJJ73420).
La operatoria revela el incumplimiento prestacional pues la demandada no requirió nuevos certificados de deuda que corroboraran los pagos supuestamente efectuados según la documentación apócrifa que le fuera entregada. Tal conducta hubiera bastado para desarticular la maniobra dolosa del vendedor, y como fundamento de esta conclusión me apoyo en la “garantía”, criterio seguido por este Tribunal en los autos citados (“Carrieres, Carlos c/ Fernández, Carlos A. s/ Nulidad de acto jurídico”, Expte. N° 82.834/2008, del 15/9/2.015; ver Ubiría, Fernando, Derecho de daños en el Código Civil y Comercial, Abeledo Perrot, 2015, págs. 207/210).
La accionada se encontraba compelida a actuar de tal manera, pues solo a través de la práctica del pertinente control es posible dejar a suficiente resguardo los intereses de los contratantes involucrados, exigencia que por cierto no luce desmedida ni se escapa del cumplimiento prestacional para el que cuenta con pleno control o dominio causal.
La ejecución diligente por parte de la profesional garantiza la consecución del negocio económico jurídico en el que interviene, lo que resulta no solo posible sino exigible en el tráfico negocial actual para otorgar la seguridad jurídica que justifica su intervención, nutrida sin duda por la buena fe que emana del 1° inciso del epicéntrico art. 1198 del CC.
En este contexto es que cabe juzgar la conducta de la accionada, quien acorde con la jerarquía de las funciones que legalmente le incumben como fedataria pública en las que está comprometido el buen orden y el interés de la sociedad toda, no podría escudar su actuación en la que vulgarmente se considera diligente y resulta habitualmente exigible de otros sujetos.
3.5.- En suma, la naturaleza de la prestación comprometida en función de los intereses implicados objeto de tutela, me persuaden en la solución anticipada.
No resulta posible asignarle a la conducta dolosa del vendedor carácter o naturaleza fracturante del nexo causal como alegan las apelantes (art. 513 CC).
La corroboración del carácter fidedigno de los pagos alegados por el vendedor, lejos de representar una exigencia desmedida o diferente a la que fundamenta la pretensión esgrimida en autos, se encuentra enraizada en el interés creditorio tutelado y alcanzada dentro del marco de actuación ejecutada (prestación), incluso aunque se la mida o pondere con la vara de la diligencia profesional como reclaman las apelantes según los términos de los sabios arts. 512, 902 y 909 del Código de Vélez.
El rechazo de las quejas formuladas es por tanto la solución que se impone.
4.1.- Respecto al daño moral (nocimiento cuya reparación se fijó en la suma de $80.000), se quejan los condenados al pago sobre su procedencia y/o en cuanto al justiprecio que estiman exagerado.
4.2.- Por lo pronto recuerdo que participo del criterio que aprehende con amplitud el daño moral, al considerar que este perjuicio no queda reducido al clásico pretium doloris (sufrimiento, dolor, desesperanza, aflicción, etc.) sino que, a más de ello, apunta a toda lesión e intereses (jurídicos) del espíritu cuyo trasunto sean unas alteraciones desfavorables en las capacidades del individuo de sentir lato sensu, de querer y de entender (Bueres, Alberto J., «El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general», en» Revista de Derecho Privado y Comunitario», Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, nº 1, 1992, p. 237 a 259; Pizarro, Ramón Daniel, «Reflexiones en torno al daño moral y su reparación», en J.A. 1986-111-902 y 903; Zavala de González Matilde, «El concepto de daño moral», J.A., 985-I-727 a 732).
Importa una minoración en la subjetividad de la persona de existencia visible derivada de la lesión a un interés no patrimonial, o, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél en el que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste, y anímicamente perjudicial (Pizarro, Ramón, Vallespinos, Carlos, Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, t. 2, pág. 641).
A decir de Borda, la antigua jurisprudencia solía fijar la indemnización del daño moral en un porcentaje generalmente pequeño y nunca superior al daño patrimonial. Es una solución inspirada en la idea de que el daño moral era algo así como un apéndice del daño material, una suerte de “extra”, y era, por cierto, una concepción errónea ya que se trata de daños distintos, cuya importancia -y la cuantía de su reparación- debe quedar librada al prudente arbitrio judicial, habiendo muchos casos en los que el daño moral es mucho más importante que el daño material (Borda, G., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. I, pág. 175).
4.3.- Sentado ello, corresponde tener en cuenta las características del negocio económico jurídico ya que resulta un parámetro objetivo para la determinación del presente quantum, mas no resulta el único elemento ponderable.
En efecto, no escapa a la suscripta -como tampoco escapó a la ponderación del juez de grado- el hecho no controvertido que el actor fuera detenido por personal policial y que debiera requerir asistencia legal en materia de derecho penal, así como también que haya tenido que intervenir en el proceso que se desarrollara en sede represiva (cfr. voluminosas actuaciones que tengo a la vista en Expte. N° 1049/1154).
Por tanto, al ponderar la legítima afectación espiritual producida en el accionante, quien a la fecha del acto escriturario tenía 32 años, en virtud de la facultad que asiste al órgano jurisdiccional en los términos del art. 165 del CPCCN, propicio rechazar las quejas formuladas.
5.1.- En cuanto al daño psicológico cuya indemnización se estipulara en $25.000, también propondré su confirmación.
5.2.- En efecto, comienzo por señalar respecto a la naturaleza de este particular nocimiento, que se trata de una modificación o alteración de la personalidad que se expresa a través de síntomas, inhibiciones, depresiones, bloqueos, etcétera, cuya forma más acabada de acreditación es el informe psicopatológico (ver esta Sala in re “Dasa, Juan M. c/ Cascardo, Edgardo J. s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 63.793/2.010, del 11/10/2012; ídem, “Mendoza Geraldino c/ GCBA s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 110.751/2004, del 11/11/2010; ídem “Gómez, Zulma c/ Ttes. La Perlita S.A. y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 63.344/2002, del 02/5/2007, entre otros; Milmamiene, José, “El daño psíquico”, en Los nuevos daños, coord. Carlos Ghersi, págs. 72/78).
Ello es lo que lo diferencia del daño estrictamente moral o espiritual pues si bien ambos afectan el equilibrio espiritual del damnificado, aquél reviste connotaciones de índole patológica (CNCiv., Sala K, “Mello, María M. c/ Transporte del Oeste S.A. s/ Ds. y Ps.”, del 19/10/2007; ídem, Sala B, “Tonus, Gastón c/ Creao, Pablo s/ Ds. y Ps.”, del 10/9/2004), por lo que lo que aquí se indemniza es la falta de salud mental (CNCiv., Sala B, “R. G., O. L. c/ T.B.A. s/ Ds. y Ps.”, del 29/8/2009) (ambos precedentes son publicados por la “Revista de Derecho de Daños”, 2009 – 3, “Daños a la persona”, págs. 363/364).
Todo daño inferido a la persona corresponde apreciarlo en lo que representa como alteración y afectación, no sólo del cuerpo físico sino también del ámbito psíquico del individuo, con el consiguiente quebranto de la personalidad, de manera que importa un menoscabo a la salud, considerada en su aspecto integral (cfr. “Paparella, Mauro Daniel c/ Empresa San Vicente SAT Línea 74 de Transporte Público y otros s/ Ds. y Ps.”, Expte. N° 2.526/2.008, del 04/6/2.013).
5.3.- Sentado ello, en la experticia agregada a fs. 1506/1511 que ponderaré en los términos de los arts. 386 y 477 del rito, practicados los tests de rigor, la perito informó que a raíz del suceso de autos se agravaron los rasgos de personalidad de base del accionante y las defensas de sus rasgos psicopáticos, extremos que han contribuido a potenciar su inseguridad y desvalorización (fs. 1508/1509).
La entendida diagnosticó la dolencia como “estrés postraumático” y “depresión ansiosa reactiva” (fs. 1509 in fine), y concluyó que la minusvalía alcanza el 35% (fs. 1510), informe pericial que no ha merecido cuestionamiento.
En su mérito, considero que la suma fijada debe ser confirmada.
6.1.- En cuanto a los intereses, cabe destacar que las indemnizaciones fijadas fueron establecidas a “valores actuales” a la fecha de su justiprecio, por lo que allí se ha producido la cristalización de un quid (no el reconocimiento de un quantum).
En el caso de autos no corresponde retrotraer la aplicación de la tasa activa “a partir de cada daño objeto de reparación”, pues ello importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial injustificado: se estaría computando dos veces la “desvalorización” o “depreciación” monetaria: una en oportunidad de fijar montos en la sentencia de grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de una tasa de interés (la activa) que ya registra ese componente en su misma formulación.
6.2.- Aquí se verifica el supuesto fáctico que este Excmo. Tribunal en pleno tuvo en cuenta en la última parte de “Samudio”, es decir, que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el período transcurrido “implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.
6.3.- Por tanto, en suma, a partir de la fecha estipulada y hasta la fecha de la sentencia definitiva de la instancia de grado, se aplicará la tasa pasiva B.C.R.A., y recién a partir de allí y hasta el efectivo pago, se liquidará a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
7.1.- Finalmente, el actor se queja sobre la imposición de costas por el rechazo de su acción contra el “Banco Patagonia”. Con cita del informe pericial, alega que la cuestión era dudosa en torno al rol de tal banco en su relación con “Crédito Imperial”.
7.2.- Por el contrario, considero que la lacónica queja (que justificaría la directa aplicación de los arts. 265/266 del CPCCN), carece de sustento pues como ha resuelto el juez de grado, está probado que la institución demandada no resultó ser la continuadora de Crédito Imperial Argentina S.A., por haber sido ésta un mero agente financiero carente de vinculación con los eventuales clientes de la fiduciante, así como tampoco integró la cadena de comercialización del crédito de la actora.
Ello no lo viene a cuestionar aquí la apelante, y por tanto me persuade a aplicar el art. 68 del CPCCN que sienta como principio la teoría del “hecho objetivo de la derrota”, solución que se justifica en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar, naciendo su imposición del deber del juez de condenar al derrotado (cfr. Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. 1, pág. 280 y ss.).
7.3.- Corresponde por tanto que las costas las pague el vencido, por lo que propongo rechazar esta queja.
8.- En suma, en virtud de las consideraciones efectuadas, doy mi voto para que:
a) Se modifique la sentencia apelada en lo tocante a los réditos (cfr. acápite N° 6);
b) Se la confirme en todo lo demás en cuanto ha sido objeto de apelación y agravio;
c) En función de la naturaleza de las quejas esgrimidas, las costas de Alzada en lo concerniente al fondo del asunto, se imponen a las accionadas perdidosas, y lo propio a la actora en lo tocante a su respectiva queja (art. 68 del CPCCN).
La Dra. Zulema Wilde adhiere al voto precedente.
Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-
Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del _R.J.N).-
Buenos Aires, … julio de 2017.-
Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:
a) Modificar la sentencia apelada en lo tocante a los réditos (cfr. acápite N° 6);
b) Confirmar en todo lo demás en cuanto ha sido objeto de apelación y agravio;
c) En función de la naturaleza de las quejas esgrimidas, las costas de Alzada en lo concerniente al fondo del asunto, se imponen a las accionadas perdidosas, y lo propio a la actora en lo tocante a su respectiva queja (art. 68 del CPCCN).
Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del _R.J.N).
d) Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N°15//13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-
Fecha de firma: 12/07/2017
Alta en sistema: 14/07/2017
Firmado por: BEATRIZ ALICIA VERON, ZULEMA WILDE, JUEZ
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires eleva denuncia Sra. M. B. c/Not. R., A. D., titular del Registro Nº … del Partido de San Martín s/presunta falta de ética – Cám. 2ª Civ. y Com. La Plata – Sala II – 18/05/2017 – Cita digital IUSJU018208E
019058E
