Se confirma la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo iniciada en representación de un menor discapacitado, a efectos de que el Estado Provincial le otorgue la pensión especial por discapacidad, concluyéndose que no podía ser un impedimento la falta presupuestaria o bien el orden de prioridades para postergarla o denegarla por tiempo indeterminado, puesto que estaban en juego normas convencionales de jerarquía constitucional que no podían encontrarse en rango inferior a una reglamentación ministerial.
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