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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Convenios de la OIT. Tratados internacionales. Remuneración. Asignaciones no remuneratorias. Convenio Colectivo
Corresponde modificar parcialmente la sentencia de primera instancia y condenar a la demandada a pagar a cada uno de los actores las diferencias salariales que surgen de la incidencia del carácter remuneratorio de las sumas percibidas en concepto de “asignaciones no remuneratorias”, sobre el aguinaldo, las vacaciones y las horas extras. Se destaca la aplicación del criterio amplio de remuneración establecido en el Convenio 95 de la OIT.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo de 2.015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:
La Dra. Graciela A. González dijo:
I. El Sr. Juez “a quo”, a fs.243/249, hizo lugar parcialmente a la demanda orientada al cobro de las diferencias salariales originadas en el pago de vales de alimentos (incidencia sobre SAC, vacaciones y horas extras) y desestimó aquellas reclamadas en base al pago de rubros que eran abonados como conceptos “no remunerativos” provenientes de la negociación colectiva, y las peticionadas respecto de los turnos diagramados y el premio por productividad. Tal decisión es apelada por los accionantes a tenor del memorial de fs.250/260 y por la demandada de acuerdo a la presentación de fs.263/264.
II. Los accionantes se quejan porque no se admitió el carácter salarial de las asignaciones denominadas “no remunerativas” pactadas a través de los acuerdos colectivos que así las otorgaron. Cuestiona también el rechazo de la incidencia de la naturaleza salarial de los vales y de las asignaciones antes mencionadas, en la determinación de los importes correspondientes en concepto de premio por productividad y en el rubro “turnos diagramados”. Insisten en solicitar la inconstitucionalidad del art.6 del dec.198/2008. Apelan el período objeto de condena y requieren se extienda hasta la fecha del dictado de la sentencia definitiva, así como la tasa de interés fijada.
Se queja asimismo la demandada, toda vez que el sentenciante de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 103 bis de la L.C.T. en cuanto no reconoce carácter remuneratorio a los vales alimentarios. Refiere la quejosa, con relación al primero de los agravios deducidos, que la sentenciante de grado omitió tener en cuenta que los vales alimentarios entregados a los actores, fueron entregados en virtud de lo establecido en el art. 103 bis de la L.C.T. conforme la ley 24.700, texto vigente que así lo autorizaba en la época. Apela la imposición de las costas.
III. En orden a la crítica formulada por la demandada, tal como lo he sostenido entre otros in re “Ayala, Gladis Noemí c/COTO C.I.C. S.A.”. Sent. 96.232 del 4/12/08 de la Sala II, el dispositivo legal cuestionado en su constitucionalidad se aparta de las previsiones del Convenio Nro. 95 de la OIT – en forma concordante así lo ha establecido esta Sala I en reiterados pronunciamientos (cfr. “Lombardo, Marcela Beatriz y otros c/Telefónica de Argentina SA s/diferencias de salarios”, SD 88.721 del 13/5/2013; “Gajardo, Denis Alejandro c/Telecom Argentina SA s/diferencias de salarios”, SD 89.633 del 17/3/2014).
En efecto, el convenio 95 de la OIT es un tratado de acuerdo al art. 5º del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, que dispone que este ordenamiento se aplica “a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional” y por tanto, conforme el art. 27 del mentado Convenio de Viena, no se le puede oponer ninguna norma de derecho interno, dejando a salvo -claro está- el principio de primacía de la Constitución.
El art. 1º del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección del salario de 1949 (Nº 95), ratificado por la República Argentina el 24 de septiembre de 1956, establece: “A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.
Al respecto, señala Rodríguez Mancini que “aparece en esta definición (la del art. 1º del convenio precitado) una importante similitud con la del artículo 103 de la LCT, pero a su respecto no puede decirse que una ley puede modificar otra ley dada la posición de superioridad normativa que posee el convenio. De acuerdo con esto debería reputarse inconstitucional y por lo tanto no válido cualquier dispositivo que, apartándose de la noción amplia que allí se establece, califica como no remuneratorio una ganancia, bajo cualquier denominación o método de cálculo, que se paga en efectivo, fijada por la legislación nacional debida por un empleador a un trabajador a través de un contrato de trabajo, escrito o verbal, que se corresponde con el trabajo efectuado o que deba efectuar o por servicios prestados o que deba prestar….” (conf. Rodríguez Mancini, Jorge, “Cuestiones sobre remuneración y prestaciones no salariales”, Revista de Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni, 2004-2, págs. 40 y ss).
En cuanto al alcance de las previsiones del Convenio Nro. 95 sobre normas tutelares del salario, estimo conveniente precisar que, tal como lo puntualizó el Dr. Oscar Zas al votar in re “Sosa Stella Maris c/ Segar Seguridad S.R.L. s/ despido” (CNAT, Sala V, S.D. 69.764 del 29-06-07) el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT al analizar el caso venezolano sostuvo que se “la acumulación de decisiones encaminadas a no reconocer el carácter salarial de los subsidios concedidos en virtud de las leyes y reglamentos … tiene como consecuencia la disminución del importe de las cantidades protegidas en concepto de salario en proporciones tales que deforma el concepto mismo de salario…» (conf. Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Venezuela del Convenio sobre la protección del salario, 1949 -núm. 95- y del Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 -núm. 158-, por lo que no comparto el criterio que entiende que las previsiones del mencionado convenio posibilitan asignarle carácter no salarial a algún concepto encuadrable en aquella definición (ver en ese sentido López Igareta Luciana Paula c/ Solvens Promociones y Marketing SRL y otros s/ despido» – CNAT – SALA IV, 28/9/06) puesto que el salario, por ser tal, goza de especial tutela, incluso a nivel internacional y la desactivación de la protección por vía reglamentaria a nivel nacional, vulnera tales garantías.
En este mismo sentido se expidieron entre otros: Bustos Fierro, Marcelo, (“Vales alimentarios: de nuevo como beneficio social. La ley 24.700 y el incumplimiento del convenio 95 de la O.I.T.”, D.T. 1996-B, p. 2693) y Goldín, Adrián O. (“Los convenios internacionales del trabajo, su impacto en la jurisprudencia y legislación argentina”, D.T. 2005, p. 1531) al señalar que como se trata de “vales” destinados a la compra de alimentos -no distinto del que habitualmente tiene buena parte del salario- su “desalarización” tiene como evidente finalidad la de abaratar su costo; para ello se consagra su carácter no remunerativo que implica que en relación a su importe no se tributa a los diversos regímenes de la seguridad social ni se le tiene en cuenta para la determinación de los créditos de los trabajadores que tienen su base de determinación en el salario (ej. vacaciones, indemnizaciones por preaviso y despido, etc.). Es pues un artificio consistente en tratar a parte de la remuneración como si no lo fuera, lo que constituye una franca transgresión al Convenio 95 de la OIT.
En tal línea argumental David Duarte sostuvo: “…Cabe entender que el legislador denomina a los beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de la seguridad social, no remunerativos, no dineraria, no acumulable ni sustituible en dinero que otorga el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Es claro que un salario digno también tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos involucrados. Es decir que por su objeto la ley no nos está dando un concepto diferenciado de lo que es salario”. A su vez señaló que “Como prestación de naturaleza jurídica de la seguridad social se puede afirmar que no es asignación familiar ya que tiene una finalidad claramente definida en la Constitución Nacional y está regulada específicamente por otra norma contemporánea (ley 24.714) y a cargo del Estado. Al ser el empleador quien se compromete a afrontar el pago del beneficio parece asimilarse a los salarios por enfermedad inculpables” (conf. Duarte, David, “Mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia”, D.T. 2003-A, p. 39). Por lo demás, cabe considerar que a pesar de que se diga que tiene la misma naturaleza de la seguridad social queda claro que cubren contingencias distintas. El objeto del beneficio en cambio sería asistir a los trabajadores dependientes que evidencien una desmejorable calidad de vida, de ellos o de su familia a cargo. Sin embargo, si ello fuera así la prestación -en cabeza de los empleadores- debería cubrir a todos los ciudadanos que tuviesen una desmejorable calidad de vida, lo que no ocurre en el caso de los vales alimentarios que se enmarcan dentro del trabajo contractual.
Rodríguez Mancini aseveró certeramente que “…Vale la pena insistir como punto de partida de este análisis en que el artículo 103 (L.C.T.) ha definido la remuneración de una manera particular que excede el concepto económico dentro del cual se parte de la existencia de un rédito o ganancia (ventaja patrimonial) originada en la prestación laboral y se la dota de una extensión que excede la consideración de la contraprestación por el trabajo recibido del factor productivo, ligando la noción a un marco más amplio en el cual se considera a la contraprestación como originada en: El trabajo recibido, la existencia del contrato y la puesta a disposición de la fuerza de trabajo”.
Así, observa que “…la retribución del factor trabajo está representada por una contraprestación que signifique una ganancia, un rédito, una ventaja patrimonial de quien prestó el servicio… en este último concepto está la clave de la justificación o injustificación de la exclusión, de la disminución del contenido de la contraprestación. Y en ese sentido basta con penetrar en el significado de la mencionada ventaja patrimonial. Esto se puede simbolizar sencillamente con la referencia a que tendrá esa calidad cualquier ingreso que aumente el nivel del patrimonio del trabajador -con la salvedad ya hecha acerca de una causa que sea ajena a la contraprestación, a la compensación, o como quiera llamarse a la retribución por el servicio recibido-, pero también representará una ventaja patrimonial la evitación de un gasto, esto es de una disminución de aquel nivel. Y en esto encontramos que las distintas prestaciones a las que se ha dado en llamar beneficios sociales o sinónimos ensayados para disimular el carácter remuneratorio de los pagos también producen una ventaja patrimonial. Esta se concreta por un ingreso o por un ahorro, así es de sencillo el dato que debe observarse para establecer el equilibrio que debe superarse con el pago que se realiza. Cualquier razón que se pretenda esgrimir para justificar la exclusión salarial tendrá que superar este test económico sobre el cual descansa la estructura básica de la institución salarial. Y cuando se observa que a través de las exclusiones se imputa a un concepto no remuneratorio un pago que al fin provocaría un ingreso o un ahorro, nos hallamos ante una vulneración de la ecuación económica que afecta la justicia del trato sinalagmático sobre el que descansan el contrato y la retribución…” (conf. Rodríguez Mancini, Jorge, “Cuestiones sobre remuneración y prestaciones no salariales”, Revista de Derecho Laboral, Rubinzal-Culzoni, 2004-2, p. 40/4).
Finalmente, considero que a esta altura no pueden soslayarse los fundamentos que llevaron al legislador a dictar la ley 26.341, que claramente hablan de la inconstitucionalidad de los vales alimentarios incorporados a la L.C.T. por la ley 24.700 (ver Trámite Parlamentario 012 -16/03/2007-; Nº de expte. 0771-D-2007 en www.diputados.gov.ar). Allí -entre otros argumentos- se expuso que más allá de la jerarquía supralegal del Convenio 95 OIT (art. 75 inc. 22 C.N.), y de que la legislación nacional debe ajustarse a sus disposiciones, la experiencia en estos años ha revelado indiscutiblemente, además del incumplimiento a nivel internacional, la falta absoluta de sinceridad en la inclusión de los vales alimentarios como «beneficios sociales» dado que en todos los casos estos han sido entregados como consecuencia directa del contrato de trabajo sin miramientos en las condiciones particulares de cada trabajador y sin consideración de las necesidades cuya satisfacción subyace en todo beneficio social”.
Por último cabe recordar que este criterio también fue sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Pérez, Aníbal c/ Disco S.A.” al declarar la inconstitucionalidad del inc. c) del art. 103 bis de la L.C.T.
Consecuentemente propicio confirmar la naturaleza remuneratoria del beneficio alimentario reconocido mensualmente a los trabajadores y, por ende, desestimar la queja de la demandada Telecom Argentina S.A.
IV. En cuanto al recurso de los demandantes respecto de la decisión del judicante de grado de declarar la validez de las cláusulas colectivas que establecieron la entrega de asignaciones no remunerativas mediante Actas Acuerdos suscriptas entre el sindicato que agrupa a los actores y la demandada, por haber sido debidamente homologadas por el Ministerio de Trabajo sin que los actores hubieran interpuesto recurso administrativo ni impugnación alguna, adelanto mi criterio favorable a su pretensión.
Liminarmente creo necesario señalar que, a mi modo de ver, todas las normas jurídicas, cualquiera sea su fuente y aun las provenientes de un convenio colectivo de trabajo, son susceptibles de ser tachadas de inconstitucionales.
Tanto es así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reiteradamente, e incluso en su nueva integración, ha declarado la inconstitucionalidad de normas de ese origen (ver entre otros, “Madorrán Marta C. c/Administración Nacional de Aduanas s/reincorporación” sentencia del 3/5/07 M. 1488 XXXVI y “Figueroa, Oscar F. c/Loma Negra CIASA” del 4/9/84, Fallos 306:1208).
En efecto, el hecho de que el rubro se origine en un convenio colectivo no priva al órgano jurisdiccional de la posibilidad de analizarlo en su legitimidad porque la disponibilidad colectiva no puede avanzar sobre garantías consagradas por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales. Desde tal perspectiva, a mi juicio, si bien la disposición convencional pudo ser homologada -en ejercicio de control de legalidad que le compete al poder administrador-, ello no constituye un obstáculo para que, si se corrobora su ilegitimidad, el dispositivo cuestionado no sea aplicado en el caso concreto.
Como lo sostuve en anteriores ocasiones, cabe reconocer que, generalmente no ha sido necesario recurrir al difícil expediente de confrontar normas provenientes de la autonomía colectiva y homologadas por el poder administrador (con los efectos erga omnes que ello conlleva) en determinado contexto fáctico e histórico con las normas y garantías constitucionales que rigen el instituto en juego. Ello se debe a que, en primer término se debe analizar su validez y vigencia dentro de la particular distribución de contenidos normativos que establecen los arts. 8 de la LCT y 7 de la ley 14.250 según los cuales corresponde restar toda eficacia a las disposiciones de los convenios colectivos que resulten menos favorables a las establecidas en la ley. Sin embargo, esa no es a mi juicio la única vía para no aplicar una norma convencional vigente si, como en el caso, la contradicción se planteó respecto de normas de jerarquía superior.
La demandada sostuvo en su defensa que habiendo sido homologados los acuerdos colectivos en cuestión, la vía intentada por los actores resultó desacertada, pues no iniciaron recurso administrativo alguno ni impugnaron las actas por medio idóneo. No comparto dicho criterio puesto que, como lo he sostenido en casos similares, considero que no se le puede exigir a los trabajadores individualmente afectados que recurran al mecanismo previsto en la ley 19549 para obtener la nulidad de la homologación ministerial -de cuya existencia y alcances incluso pueden no haber tomado razón en tiempo oportuno- y que, tampoco es necesario para plantear la invalidez de la norma con base constitucional que previamente se declare la nulidad del acto administrativo que la homologó, porque también ese procedimiento sujetaría al dependiente a los plazos y formas previstas en la legislación adjetiva. A mi entender, la invalidez de una norma (legal o convencional) por resultar repugnante a la Constitución Nacional puede ser declarada en el caso concreto aun sin cuestionarse su génesis (trámite parlamentario, validación administrativa, etc.) y este también parece haber sido el temperamento que en su hora adoptó nuestro Máximo Tribunal.
Lo expuesto no implica desconocer que la invalidación de normas de origen convencional debidamente homologadas ofrece justificados reparos porque, como lo puntualizó la doctrina especializada “justamente se considera que la negociación colectiva -en la que participan los representantes de los actores sociales y la autoridad estatal- es la que mejor garantiza el avance de la legislación social y, en esa línea de pensamiento, la revisión judicial de lo acordado por las partes colectivas que, a su vez, obtuvo la homologación de la autoridad ministerial, conlleva admitir la intromisión de la autoridad jurisdiccional en el ámbito de la autonomía colectiva y por fuera de la vía recursiva prevista para cuestionar los actos de la administración” y que “en el ámbito negocial inciden otros factores -además de los técnico jurídicos- que las partes signatarias y, en especial, las entidades representativas del sector trabajador han debido considerar (y en su caso, aceptar, repeler, debatir y/o consensuar) para arribar a los acuerdos cuestionados y no es posible considerar la inadvertencia de los actores sociales al momento de adecuar sus pretensiones” (conf. Garcia Vior, A, “Aplicación del Convenio 95 de la OIT por los tribunales argentinos” en RDL 2010-2, “Normas Internacionales del Trabajo y Derecho Interno”, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, octubre 2010, pág. 361 y ss.).
Sin embargo, como se ha señalado a nivel doctrinario en forma reiterada (ver también trabajos de Seco, Ricardo F. en RDL 2010-2, “Normas Internacionales del Trabajo y Derecho Interno”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, octubre 2010, págs. 291 y ss y de Monsalvo, Manuel en “La naturaleza salarial como límite a la autonomía de la voluntad colectiva”, CTDL N° 10, “La remuneración y otros beneficios”, AAVV, García Vior (coord.) págs. 61 y SS), más allá de la índole o gravedad de las circunstancias valoradas en los diversos contextos económicos, sociales y políticos en que se llevan a cabo las negociaciones, no parece razonable que se continúe con esta práctica en el ámbito negocial cuando sus efectos nocivos ya se han hecho notar en los hechos (tanto en el ámbito contractual como previsional) y tal temperamento ha sido descalificado -por su contenido u objeto- por los tribunales nacionales.
En cuanto a asignaciones no remunerativas fijadas a través de decretos del Poder Ejecutivo Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su inconstitucionalidad con fundamento en lo dispuesto en el art. 14 bis C.N. y en el art. 1° del Convenio 95 OIT al decidir la causa “González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A. y otro” (CSJN G.125, XLII del 1975/2010). Del criterio desarrollado en los considerandos de dicho fallo (ver en especial, considerandos 4° y 5° del voto mayoritario) y de lo expuesto con anterioridad en el precedente “Pérez Aníbal R. c/ Disco” (CSJN, sentencia del 1/9/09) se colige con meridiana claridad que ni el legislador, ni el poder administrador pueden otorgarle a un rubro salarial una naturaleza nominativa distinta a la que corresponde a su esencia, por lo que mucho menos podrían considerarse legitimados los actores sociales para así proceder -ya sea a nivel individual o mediante concertación colectiva-.
Tales precisiones a mi juicio permiten advertir la existencia de un fuerte cuestionamiento con base constitucional y supralegal de toda norma -cualquiera fuere su origen- que a través de recursos meramente terminológicos se intente desconocer la esencia salarial de una prestación que, por su adecuación a las previsiones del art. 103 LCT y a las del art. 1° del Convenio 95 OIT, naturalmente lo tiene.
En consecuencia, propicio modificar la sentencia de grado y declarar la inconstitucionalidad de las cláusulas convencionales que le otorgaron carácter no remuneratorio a las asignaciones dinerarias allí fijadas y que han sido objeto de reclamo, y condenar a la demandada al pago de la incidencia de esas asignaciones sobre la liquidación de SAC, vacaciones y horas extras.
V. Los actores apelan el rechazo de las diferencias salariales por la incidencia de los vales alimentarios y de las asignaciones no remunerativas sobre los rubros bonificación por productividad y turnos diagramados, al cuestionar los alcances de la base de cálculo establecida en los arts. 19 y 42 del CCT 547/03 “E” y el concepto de salario básico fijado en el respectivo convenio colectivo.
Cabe recordar que el art. 19 establece, para los trabajadores que se desempeñen en turnos diagramados, el pago de un adicional mensual equivalente al 18% del salario básico más antigüedad, mientras que el art. 42 fija un premio por productividad y presentismo de pago semestral, equivalente al 30% del sueldo básico del mes y del valor antigüedad en que corresponda abonarlo.
He tenido ocasión de señalar que el salario básico no incluye los vales de alimentos, tanto que al fijar las escalas salariales correspondientes, el convenio establece el valor de los vales de alimentos por fuera del sueldo básico fijado. De hecho, el art. 6 del decreto 198/08 que reglamentó la ley 26.341 estableció expresamente que “las sumas que adquieran carácter remuneratorio de conformidad con lo previsto en los artículos 3º y 6º de la Ley Nº 26.341 integran la remuneración de los trabajadores sin incorporarse a los salarios básicos, salvo acuerdo o convenio colectivo de trabajo que así lo disponga”. La parte actora insiste en el planteo de inconstitucionalidad de esta norma reglamentaria, pero lo concreto es que el análisis de la normativa convencional propiamente dicha es la que brinda respuesta a la cuestión, como fuera antes señalado, a lo que cabe agregar que aún prescindiendo de las consideraciones acerca del régimen colectivo, lo concreto es que la norma reglamentaria no lesiona derechos constitucionales puesto que admite la naturaleza salarial, siendo ésta la cuestión esencial, más allá de la forma en que el pago de ese adicional sea incorporado al esquema retributivo que corresponda al trabajador de acuerdo a su actividad.
Consecuentemente, si bien tal como se decidió en grado y se propone confirmar en este pronunciamiento, los vales alimentarios revisten carácter salarial y forman parte de la remuneración percibida por el trabajador, no se encuentran comprendidas en el salario básico, por lo que no deben tenerse en cuenta para el cálculo de los adicionales otorgados por el convenio colectivo en concepto de turnos diagramados, productividad y presentismo. Similar es el criterio a adoptar respecto de las asignaciones dinerarias abonadas como no remunerativas pues el hecho de que las mismas sean reconocidas como salariales no implica su incorporación a los montos fijados convencionalmente por las partes como “salario básico”.
VI. No ha sido cuestionada por la demandada la extensión temporal de la condena, y sí lo ha sido por la parte actora. La sentencia de grado determinó la procedencia de la incidencia de la naturaleza salarial de vales alimentarios en el SAC, vacaciones y horas extraordinarias por el período 15/9/2006 hasta la fecha de la interposición de la demanda (26/8/2009, fs.57vta.). La parte actora pretende se extienda ello -y también respecto de las asignaciones convencionales a las que a través de la presente se les otorga naturaleza salarial- hasta el dictado de la sentencia.
Cabe asimismo hacer lugar a la queja referida, toda vez que los reclamantes cumplieron con la ampliación de demanda, efectuada a fs.229 (traslado respondido por la demandada a fs.240) en los términos del art. 331 del C.P.C.C.N. y que comprendió tanto la incidencia de las asignaciones no remunerativas como de los vales alimentarios, por lo que de conformidad a la doctrina sentada en el Fallo Plenario 202 dictado en la causa «Condori Limachi, Daniel c/ Valentini, L.” del 9/12/74, cabe modificar la decisión de grado en cuanto al período objeto de condena, que abarcará desde el 15 de septiembre de 2005 hasta la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia (9/6/2014), con excepción de los coactores Guiñazú y Filippi, que egresaron con anterioridad según se extrae de los Anexos de la pericia contable obrantes en sobre por cuerda (ver fs.30 -5/7/2009- y fs.56 -8/1/2009-, fechas de egreso, respectivamente).
VII. Por último propicio modificar la tasa de interés dispuesta en la sentencia de grado, apelada por la parte actora, y fijarla conforme la Resolución de Cámara de fecha 21 de mayo de 2014 (Acta Nro. 2601) desde que cada suma es debida.
Conforme lo hasta aquí expuesto, propongo modificar la sentencia de grado, y disponer que los accionantes resultan acreedores a las diferencias salariales que surjen de la incidencia del carácter remuneratorio de las sumas percibidas en concepto de “vales alimentarios” y “asignaciones no remunerativas” sobre las vacaciones y las horas extras (al 50% y 100%) por el período comprendido entre las fechas indicadas en el considerando anterior.
La complejidad de los cálculos a efectuarse, me llevan a proponer -como lo hiciera el judicante de primera instancia- que la liquidación de los respectivos montos de condena sea efectuada por el perito contador designada de oficio, en la oportunidad prevista en el art. 132 de la L.O., bajo apercibimiento de remoción y pérdida de honorarios, los que incluirán los intereses fijados en el presente pronunciamiento.
VIII. Conforme el nuevo resultado del litigio que se propone, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas efectuada en grado y apelada por la parte demandada (art. 279 CPCCN), y proceder a su determinación en forma originaria. Así, en atención a la existencia de vencimientos parciales, propicio distribuir las costas de ambas instancias en un 90% a cargo de la parte demandada y un 10% a cargo de los actores (art. 71 CPCCN).
IX. Se difiere la regulación de honorarios de Alzada para la etapa del art.132 de la LO, tal como fuera dispuesto en origen respecto de los trabajos allí cumplidos.
X. En síntesis, propongo: 1°) Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia y condenar a la demandada a pagar a cada uno de los actores, las diferencias salariales que surgen de la incidencia del carácter remuneratorio de las sumas percibidas en concepto de “asignaciones no remuneratorias”, sobre el aguinaldo, las vacaciones y las horas extras por el período que abarca las fechas indicadas en el considerando VI de la presente sentencia; 2º) Mandar a liquidar al perito contador los conceptos diferidos a condena, en la etapa prevista en el art. 132 de la L.O. conforme los parámetros allí indicados; 3º) Dejar sin efecto la imposición de costas e imponerlas en ambas instancias en un 90% a cargo de la parte demandada y un 10% a cargo de la parte actora; 4º) Diferir las regulaciones de honorarios para la etapa del art.132 de la LO.
La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:
Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede, y en cuanto al Considerando IV, dado que coincido básicamente en el carácter remuneratorio de las asignaciones dinerarias otorgados mediante acuerdos convencionales, adhiero a la propuesta y me remito a los fundamentos expuestos en SD 87154 “Bravo Aurora Itati c/Actionline de Argentina SA s/despido” Causa Nº 42643/09 del 28/10/11 y SD 87178 “Cisneros Laura V. c/Nieves del Chapelco SA s/despido”. Causa Nº 32394 del 31/10/2011, entre muchos otros más.
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1°) Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia y condenar a la demandada a pagar a cada uno de los actores, las diferencias salariales que surgen de la incidencia del carácter remuneratorio de las sumas percibidas en concepto de “asignaciones no remuneratorias”, sobre el aguinaldo, las vacaciones y las horas extras por el período que abarca las fechas indicadas en el considerando VI de la presente sentencia; 2º) Mandar a liquidar al perito contador los conceptos diferidos a condena, en la etapa prevista en el art. 132 de la L.O. conforme los parámetros allí indicados; 3º) Dejar sin efecto la imposición de costas e imponerlas en ambas instancias en un 90% a cargo de la parte demandada y un 10% a cargo de la parte actora; 4º) Diferir las regulaciones de honorarios para la etapa del art.132 de la LO.
Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.
Graciela A. González
Jueza de Cámara
Gloria M. Pasten de Ishihara
Jueza de Cámara
Ante mí:
Verónica Moreno Calabrese
Secretaria
En … de … de 2015 se dispone el libramiento de cédulas. Conste.
Verónica Moreno Calabrese
Secretaria
En … de … de 2015 se dispone el libramiento de cédulas. Conste.
Verónica Moreno Calabrese
Secretaria
En … de … de 2015 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.
Verónica Moreno Calabrese
Secretaria
001845E
