Se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la resolución que dispuso un embargo millonario sobre los bienes de los funcionarios públicos investigados penalmente por delitos relacionados con actos de corrupción, al no vislumbrarse una afectación irrazonable, ilegal o arbitraria de los derechos constitucionales invocados. Ello así, máxime teniendo en cuenta los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de corrupción y recupero de los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos.
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