Se rechaza el recurso de casación interpuesto contra la decisión confirmatoria del rechazo del requerimiento fiscal de instrucción en el entendimiento de que, al estimar que el terreno en cuestión conformaba un bien de dominio público municipal, la Administración hizo uso del privilegio excepcional de proceder directamente y por sí misma -es decir, sin necesidad de recurrir a la vía judicial-, por autotutela, en virtud de la ejecutoriedad que caracteriza a los actos administrativos.
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