Se rechaza el planteo de inconstitucionalidad interpuesto respecto del límite de la apelación en razón del monto (establecido en el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), al no advertirse afectación alguna a los criterios consagrados en la Constitución Nacional, ya que está resguardado el derecho de defensa y el debido proceso. Es que la garantía de la defensa en juicio supone la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia, y esa posibilidad se verifica con la promoción del proceso ante el juez de primera instancia con competencia en la materia, sin que represente agravio constitucional la inapelabilidad establecida en la mentada norma, ya que la multiplicidad de instancias judiciales no es requisito que se asiente en norma de tal jerarquía.
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