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JURISPRUDENCIAQuiebra. Planteo de nulidad. Nulidad de la notificación. Defensa en juicio. Cesación de pagos. Cheques
Se confirma la resolución que rechazó el planteo de nulidad de la notificación deducido, al concluirse que, si bien el perjuicio aparecía por la ausencia de copias suficientes, ello no permitía por sí atender los agravios cuando efectivamente el presunto deudor no había desconocido los hechos atribuidos, pudiendo además introducir defensas para repeler la pretensión. Ello así, máxime si el quejoso nada alegó sobre la cesación de pagos que se le imputó, como consecuencia del incumplimiento de la obligación contraída a causa del libramiento de los cheques traídos por el promotor de la petición falencial.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2018.
Y Vistos:
1. Viene apelada por la sociedad citada, la resolución de fs. 135/36 que rechazó el planteo de nulidad que dedujera en fs. 123/124 y demás articulaciones formuladas.
Los agravios fueron vertidos en fs. 182/85 y contestados a fs. 227/229.
2. Se impone recordar que la nulidad procesal es la privación de los efectos imputados a los actos del proceso que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y que, por ello, carecen de aptitudes para cumplir el fin a que se hallen destinados (conf. Palacio Lino, «Derecho Procesal Civil, T° I, pág. 387).
Sobre esos lineamientos, ha sido establecido que en materia procesal, no hay nulidad de forma si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de la defensa, lo que implica que la nulidad pedida por el solo interés de la ley o para satisfacer meros pruritos formales, cuando no exista agravios, debe ser desestimada (conf. CNCiv., Sala B, ED 5714; Sala C, ED 37-515). De otro lado, aquel que pide la nulidad, soporta la carga de alegar las defensas o pruebas que se vio privado como consecuencia del acto viciado y asimismo, el perjuicio sufrido (conf. art. 172 párrafo segundo CPCCN).
3. No escapa al conocimiento de esta Sala que la notificación es el acto mediante el cual se pone en conocimiento de las partes o de los terceros, las providencias judiciales, determinando la ley que, en principio, deba practicarse en el domicilio real, rodeado de formalidades específicas (art. 339, CPCCN), pues se encuentra involucrada la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Y que, quien impugna de nulidad un acto de notificación, debe expresar y acreditar la existencia de un perjuicio, con ajuste a las condiciones de ese requisito como así también las defensas que tendría para oponer (doctrina del plenario de este Tribunal in re «Peirano, Leopoldo c/Di Leo, Ana s/ordinario», del 12.08.91).
Si bien el perjuicio aparecería por la ausencia de copias suficientes, ello no permite per se, atender los agravios cuando efectivamente el presunto deudor no ha desconocido los hechos atribuídos, pudiendo además introducir defensas para repeler la pretensión.
Y en tanto el quejoso, nada alegó sobre la cesación de pagos que se le imputa como consecuencia del incumplimiento de la obligación contraída a causa del libramiento de los cheques traídos por el promotor de la petición falencial, el recurso no puede prosperar.
Es que, justamente en el caso en estudio, el presunto fallido ni siquiera insinuó la existencia de alguna defensa o dato exculpatorio (esta Sala, «Recalde, Federico Augusto s/Quiebra» del 28/6/11) con lo cual la doctrina mencionada no resulta aplicable al «sub exámine».
4. Por su parte, el argumento de que no corresponde el ejercicio simultáneo de las vías individual y colectiva, no se compadece con la requisitoria normativa del art. 80 de la ley 24.522, que sólo exige la verificación sumaria de la existencia de un crédito (Cfr. esta sala en autos. “Bernal Adrian Horacio le pide la quiebra Calamani Suarez Eliseo y otro del 14/6/2016”).
Así, de la propia compulsa de las constancias existentes en este expediente se sigue que existe un crédito líquido -y que se predica impago- a favor de la actora que al 18 de mayo de 2017 ascendía a $ 402.854,88 suma comprensiva de capital e intereses (fs. 34), sobre la base de cheques que fueran rechazados por ausencia de fondos, que habilitan el requerimiento de quiebra del deudor; pues constituyen una típica -aunque no excluyente- forma de exteriorización del estado de insuficiencia patrimonial como hecho revelador de la cesación de pagos en razón de la mora en el cumplimiento de una obligación (art. 79 inc. 2 LCQ).
Y en tanto no existe norma positiva que imponga al acreedor el agotamiento de la ejecución individual promovida sin éxito contra su deudor, como resultado de habilitación de esta vía prevista en la LCQ:83 (cfr. esta Sala, 2/2/2010, “Telenova Argentina SA s/ pedido de quiebra por Murman Fernando Andrés»; íd. 2/3/2010, «Nip Tuck SA s/ pedido de quiebra por Metrocop SA»; íd., 27/05/2010 «Guelman Alejandro Damián s/ pedido de quiebra por Kaplan Carolina Graciela; íd. 12/8/10, «Zicolillo Jorge Ignacio s/ped. de quiebra por Ribak Marcos»; íd. 22/11/11, «Lioy Juan Pablo s/pedido de quiebra por Garigiola Germán Enrique»; íd. 8/3/2012, «Argensada SA s/ pedido de quiebra por Cardoso Ventura Alejandro»; id, 27/12/13 «Oda Construcciones s/pedido de quiebra»; en igual sentido CNCom. Sala A,14/9/05,»Colucci Marcel Gustavo le pide la quiebra Colucci Delia del Carmen»; íd. Sala D, 30/5/00, «La Adolfina SA s/ped. de quiebra por Ratti, Luis Fernando», íd. Esta Sala 11/2/2016 “Extersa S.A s/ pedido de quiebra c Monserrat, Javier Esteban”, entre otros), los agravios del quejoso no pueden prosperar.
Por último, destacase que no existe juicio de antequiebra y que la jurisprudencia que cita, no resulta de aplicación al caso habida cuenta que la sociedad resulta obligada directa.
5. Corolario de lo expuesto, se resuelve: a) desestimar la apelación del accionado, confirmando el pronunciamiento de fs.135/136.
Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.
Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).
Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional)
Rafael F. Barreiro
Alejandra N. Tevez
María Eugenia Soto
Prosecretaria de Cámara
Ley 24522 – BO: 09/08/1995
027036E
