Se revoca la sentencia que rechazó la demanda tendiente a obtener el beneficio de pensión por el fallecimiento del conviviente de la actora y se condena a la ANSeS a dictar un nuevo acto administrativo que le reconozca dicha calidad en los términos del artículo 53 inciso d) de la ley 24.241. Se entiende que aun cuando la cohabitación efectivamente se haya visto interrumpida, ello no puede ser atribuido a una decisión libre de los convivientes, sino que resultó un corolario forzoso del agravamiento de las conductas violentas y peligrosas del causante, circunstancia que no puede ser obviada sin incurrir con ello en un rigor formal excesivo que llevaría a requerir a la parte, para conservar el derecho a pensión, el asumir cualquier riesgo para ella o sus hijos y perpetuar la cohabitación a cualquier precio.
Pension por fallecimiento conviviente interrupcion de la cohabitacion violencia familiar maltratos
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