Se confirma la sentencia de grado que rechazó la pretensión indemnizatoria deducida por el actor por los daños y perjuicios derivados de la privación ilegal de la libertad de la que fuera víctima, a consecuencia de la conducta irregular del personal policial, que habría fraguado declaraciones con el objetivo de incriminarlo en hechos en los que nunca intervino. Para así decidir, el tribunal sostuvo que no encontrándose acreditado el error judicial invocado ni una irregular prestación en el servicio de justicia o función judicial, no puede responsabilizarse al Estado por su actividad lícita, en tanto los actos judiciales resultan ajenos, por naturaleza, a este tipo de resarcimiento.
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