Se confirma la sentencia que rechazó la demanda incoada contra el Estado por los daños y perjuicios sufridos ante la investigación llevada a cabo en una causa penal en la que la actora fue inicialmente imputada y posteriormente se declarara su falta de mérito, pues la reclamante no ha podido acreditar la antijuridicidad como recaudo imprescindible para la procedencia de la responsabilidad por actividad irregular del Estado.
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