Se rechaza la demanda por daños y perjuicios iniciada por el actor contra la Provincia demandada, luego de que fuera sobreseído en una causa penal en la que estuvo procesado con prisión preventiva. Para decidir así, se interpretó que, para que proceda la responsabilidad estatal por “error judicial”, debe acreditarse su gravedad y la ilegitimidad y/o irracionalidad de la medida decidida. Ninguno de los requisitos fue acreditado, atento a que la resolución tomada por el juez penal fue respaldada por su superior cuando fue apelada.
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